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1. El Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) ha hecho pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), favorable, del trasvase del Ebro. Con ella, el Gobierno del PP da por concluida la tramitación del anteproyecto del trasvase y ,a partir de ahora, puede solicitar formalmente fondos a la Unión Europea. Hasta hoy, el Gobierno del PP no había hecho ninguna petición oficial al respecto: es mentira, por tanto, que el PSOE tenga la culpa de que todavía la Comisión Europea no haya concedido fondos para el trasvase.

2. La DIA del trasvase del Ebro es un auténtico atropello jurídico, ya que se ha culminado a pesar de que la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN):

· Exigía la aprobación, en el plazo máximo de un año, del Plan Integral del Delta del Ebro (PIDE), en el que, entre otras cosas, se debe fijar el caudal ecológico del Ebro aguas abajo de la toma del agua a trasvasar (Tortosa). El PIDE sigue sin aprobarse más de dos años después de aprobada la ley del PHN. Por lo tanto, se incumple dicha Ley.

· Exigía (artículo 15 de la Ley del PHN) que se sometieran a evaluación de impacto ambiental todas las obras del trasvase: la DIA incumple, de forma expresa, este requisito.

· Exigía la identificación de los usuarios de las aguas trasvasadas y prohibía que dichas aguas se destinaran a nuevos regadíos. Desde luego, nada de ello ha sido resuelto hasta ahora.

3. La DIA incumple, además, la normativa española y europea sobre evaluación de impacto ambiental, ya que:

· No explica por qué se rechazan las alternativas al trasvase.

· El contenido efectivo de las medidas correctoras queda postergado a la realización de un sinnúmero de estudios.

· No contempla los efectos ambientales y sociales del trasvase sobre las cuencas receptoras.

4. La DIA del trasvase del Ebro es un disparate técnico y económico:

· Las denominadas medidas correctoras son, en su mayoría, estudios pendientes sobre aspectos fundamentales del impacto de la obra, que deberían haberse hecho antes de culminar la DIA. Su inexistencia demuestra que la DIA se ha construido desde la ignorancia y la irresponsabilidad. El resto de las 210 medidas correctoras son, en realidad, un catálogo de buenas prácticas, de carácter genérico y aplicables en cualquier DIA.

· El MIMAM sólo ha tenido en cuenta los informes de la comunidad científica que les han sido favorables, ocultando exigencias concretas y opiniones contrarias en relación con el trasvase del Ebro. En la DIA, además, el MIMAM no ha tenido en cuenta todo lo que el CSIC reclamó cuando se iniciaba el procedimiento de la DIA, pese a lo cual alude de forma permanente a los dictámenes del CSIC. Por ejemplo, el CSIC reclamaba estudiar los efectos del trasvase sobre las cuencas receptoras y el paisaje desde un punto de vista funcional, cuestiones que no se han incluido en la evaluación de impacto ambiental ni en la DIA.

· El Gobierno se apoya, además, en el informe de la Universidad de Berkeley, ocultando que éste exige como requisito imprescindible para la viabilidad del trasvase del Ebro la determinación del régimen tarifario y de los usuarios del agua a trasvasar antes de que se inicien las obras: en la DIA, por el contrario, se afirma que estos extremos se conocerán cuando la obra esté concluida. No cabe mayor irracionalidad económica: la propia Universidad de Berkeley recuerda las quiebras financieras de grandes obras hidráulicas en California y en Arizona, donde se pospuso el régimen tarifario a la terminación de las obras y los potenciales usuarios prefirieron entonces seguir captando aguas subterráneas a pagar agua trasvasada.

· El MIMAM ha ocultado, también, informes desfavorables de sus propios funcionarios durante la tramitación de la DIA, demostrando una vez más su desprecio a los mismos -a quienes se limita a utilizar si no discrepan de la línea oficial-.

· En la DIA no se contesta a quienes señalan el despilfarro energético derivado de las elevaciones (hasta de 900 metros por encima del nivel del mar) que exigirá el trasvase del Ebro, y que equivale al consumo de energía necesaria para desalar la misma cuantía de agua que se pretende trasvasar.

· El proyecto de trasvase del Ebro que se va a licitar está lleno de inconcreciones, que deberá aclarar el adjudicatario; por ejemplo, en cuanto al coste definitivo de los diferentes tramos del trazado, ya que en varios de ellos la DIA no define la opción a adjudicar, estableciendo un abanico de posibilidades cuyo coste económico oscila de 1 a 10. El coste y el contenido del proyecto definitivo, incluyendo además el coste de las medidas correctoras, diferirá bastante, por tanto, de los 4.207 millones de euros cuantificados por el MIMAM desde hace dos años.

· La DIA llega a afirmar que la aportación de aguas desde el Ebro mejorará la calidad de las aguas del Júcar y del Segura, a pesar de que los datos oficiales confirman la pésima calidad del agua a trasvasar, así como que ésta es peor que la del Júcar.

· La DIA no aclara cómo se va a atender la demanda de agua para abastecimiento correspondiente hoy al embalse de Mequinenza, una vez que dicho embalse se utilice para derivar agua hacia el trasvase. Tampoco aclara cuántos embalses serán necesarios para almacenar el agua trasvasada durante el invierno en la cuenca receptora, ya que en absoluto será suficiente el previsto embalse de Azorín.

· El MIMAM infravalora la capacidad del mejillón cebra para invadir las cuencas receptoras: con el trasvase diseñado, es seguro que este molusco invadirá las cuencas receptoras, al igual que ha pasado con otras especies invasoras (como el cangrejo americano).

5. La DIA del trasvase del Ebro supone también un atropello democrático, ya que se ha manipulado de forma grosera la finalidad de toda DIA: servir como cauce de participación ciudadana, en aplicación de exigencias sociales, ambientales y económicas en la toma de decisiones de las grandes obras públicas. Por el contrario:

· El Gobierno del PP comenzó la casa por el tejado. Primero decidió, hace tres años, por razones puramente electoralistas (pensando en su interés partidista, no en los intereses generales) que la única solución a los problemas del agua del Levante era el trasvase del Ebro. Diseñó la Ley del PHN con esta finalidad exclusiva y a continuación, en apenas tres meses, ha culminado la fase de participación pública (?) de la DIA en apenas tres meses, cuando dicha fase dura un año para un tramo de autovía de 50 kilómetros. El trasvase del Ebro, que supone la mayor transferencia de recursos hídricos jamás realizada en Europa, ha sido objeto de un procedimiento apresurado debido a la cercanía de las elecciones generales y al correspondiente interés de poner las primeras piedras de inauguración, aunque luego no se realicen los proyectos.

· El Gobierno del PP ha utilizado el procedimiento de la DIA simplemente como trámite para justificar una decisión política (por “cañetes”) adoptada hace tres años, vulnerando su sentido democrático y pretendiendo justificar, por razones ambientales, decisiones políticas ya adoptadas. Así, el Gobierno del PP no ha tenido el menor reparo -sin complejos, como le gusta afirmar; es decir, sin escrúpulos- en despachar en pocas páginas la obligada respuesta a las más de 65.000 alegaciones desfavorables que ha recibido el anteproyecto de trasvase.

6. En síntesis, una vez más, el Gobierno del PP ha supeditado el cumplimiento de las normas y los valores democráticos que éstas protegen, para insistir en la pretendida panacea de una obra que, por sí sola, nunca solucionará las carencias de cantidad y de calidad de agua en el Levante español. Una obra costosísima de las que ya no se hacen en los países avanzados -véase lo que sucede en California-, puesto que hoy día se apuesta por una gestión más eficiente del agua y por alternativas más baratas y de menor impacto ambiental y social (como las propuestas por el PSOE en su texto alternativo a la Ley del PHN).

7. El Gobierno del PP, además, sigue hablando de su “derecho” a obtener fondos europeos para esta obra, siendo las autoridades europeas las únicas competentes para decidir si un proyecto es merecedor de tales fondos. España tiene garantizada una cuantía de ayudas europeas que podrían aplicarse al trasvase, a las alternativas al trasvase o a cualquier otro proyecto beneficioso para el medio ambiente, en función de la opinión de las instituciones europeas.

Información que nos ha llegado a Ibérica 2000 a través de:
D. Juan Manuel de la Torre Acosta.
Coordinador
Secretaría Federal de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
c/ Ferraz 70.- 28008 Madrid.
Mail:jmtorre@psoe.es

Más información en Internet:
* Política del Agua. Psoe. España.
* Programas Desarrollo Sostenible. Psoe. España.

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