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Tras el fallido intento de levantar las actas de expropiación en Artieda, las propuestas de cotas intermedias en Yesa están recibiendo la adhesión de un número creciente de organizaciones sociales y políticas, con un amplio eco en los medios de comunicación aragoneses. Este mismo diario ha presentado unos cálculos de caudales regulados y demandas de agua favorables a la cota intermedia y a dejar el embalse ¡tal como está!

Los que desde hace veinte años venimos propugnando que el debate sobre la política de aguas debía situarse en el terreno de la racionalidad y del pragmatismo, más allá de la mitificación de las grandes obras per se, sentimos una sana alegría ante el cambio experimentado y empezamos a ver compensados los ímprobos esfuerzos realizados.

La experiencia de estos años nos ha enseñado que para que los acuerdos políticos sean viables en la práctica, éstos han de contar con una rigurosa base técnica. Resultó estéril el amplio consenso en torno a proyectos como Campo, Comunet, Jánovas y Santaliestra, pues fueron desechados por su inviabilidad técnica, o el regadío de Monegros recortado por la UE, por citar sólo unos ejemplos. Y los procesos judiciales parecen llevar el recrecimiento de Yesa por el mismo camino. ¿Será la actual propuesta de las cotas intermedias otro globo destinado a pincharse? A veces, la necesidad compulsiva que tenemos los humanos de alcanzar un final feliz nos hace simplificar en demasía las soluciones y errar. La forma y el momento en que se ha lanzado la propuesta –como reacción política a una opinión pública en creciente simpatía con la oposición de los artiedanos a las expropiaciones– nos hacen temer que esta solución mágica que parece contentar a todos tenga también los pies de barro.

¿Cuál es el camino que proponemos para canalizar de forma fructífera este favorable espíritu colectivo en pos del consenso? La andadura ha de iniciarse con un proceso de debate científico-técnico profundo que aporte las bases para el consiguiente diálogo social y la ulterior decisión política final. El gobierno de Aragón no puede repetir el error que cometió el español con el PHN, soslayando la opinión formada de los científicos. Por otro lado, para que las condiciones del diálogo social fueran de respeto mutuo entre las partes habría que retirar la soga del cuello a los afectados, paralizando las obras y los procesos expropiatorios.

En nuestra opinión, los ejes del debate técnico que ha de sustentar la decisión sobre la cuenca del río Aragón deben ser los siguientes: 1) Evaluación del régimen de caudales del río Aragón ante unos escenarios ciertos de cambio climático y de usos del suelo en la cuenca. Es decir ¿cuánta agua lleva y llevará el río en los próximos 50 años? 2) Evaluación del riesgo geológico en el flanco izquierdo de la presa, atendiendo a la advertencia del propio proyecto y a las declaraciones del ingeniero constructor de la actual presa D. René Petit. 3) Análisis y justificación de las demandas de agua: la relación entre recrecimiento y trasvase parece finalmente admitida por todo el mundo. 4) Actuaciones in situ de regulación y mejora de la eficiencia de los regadíos y el abastecimiento a Zaragoza. 5) Evaluación de los efectos sobre los valores patrimoniales del territorio, particularmente los asociados con el Camino de Santiago, el cual se ve notablemente afectado por las cotas intermedias. 6) Análisis coste-beneficio de las actuaciones que se propongan.

Las propuestas de cota intermedia admiten la relación Yesa-trasvase y exploran tímidamente las posibilidades de regulación fuera del cauce del río Aragón, mediante embalses laterales y la necesaria modernización de unos regadíos que tienen un amplio margen de mejora en su eficiencia. Si se avanza en esa dirección, se llega a la conclusión que desde 1986 han defendido los vecinos afectados: se pueden satisfacer las demandas de Bardenas y demás usuarios sin necesidad de recrecer a ninguna cota mediante actuaciones en las cuencas receptoras del agua (Zaragoza ya cuenta con La Loteta). La justificación de tales demandas, el continuar con políticas de oferta, así como la rentabilidad económica y los impactos ambientales de los regadíos también deberían ser objeto de debate en esta fase de reconsideración de los viejos dogmas que parece haberse abierto.

La reducción de caudales que están experimentando los ríos pirenaicos en los últimos 40 años fue un argumento utilizado por el grupo opositor al trasvase -en el que se encontraba el gobierno de Aragón- en la reunión técnica de Bruselas en torno al delta del Ebro. Investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología-Zaragoza y de la Darmstadt Universität de Alemania han cuantificado tal reducción de caudales, achacándola al incremento de la cubierta vegetal tras el abandono de la agricultura de montaña. En la cuenca del Aragón, esta reducción se cifra en un 30% los caudales y previsiblemente llegará al 40% en 2050. Además hay que tener en cuenta la reducción debida al cambio climático, entre el 10 y 30%. Con las simulaciones realizadas se puede adelantar que Yesa recrecido a cota máxima no se llenaría jamás en los próximos 50 años, y a cota intermedia sólo en 14 anualidades. En este caso, el coste del agua adicionalmente regulada saldría a millón. Los ecólogos sabemos que la naturaleza no se encuentra en equilibrio, sino en continuo cambio, por lo que para su gestión hay que utilizar herramientas flexibles y adaptables.

Que vuele pues ese impulso de diálogo y flexibilidad que anima a los aragoneses tras el conquistador gesto de los vecinos de Artieda, y que el gobierno de Aragón lo administre sabiamente para que cristalice en soluciones viables de verdad, basadas en la ciencia más que en las emociones, los deseos de gloria o los intereses coyunturales.

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