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Plan eólico: Así se anula la voz del pueblo

(1465)

ALICANTE. COMUNIDAD VALENCIANA. ESPAÑA.
Sin duda, las centrales eólicas, las cuales conllevan necesariamente la destrucción de suelos, la interacción en frágiles ecosistemas y la ruina de paisajes naturales, son la justificación de los gobernantes para un modelo de producción etiquetado en verde, que nada tiene que ver con el desarrollo sostenible.


Fernando Moles.
Dos cosas importantes para el medio ambiente ocurrían a finales de 1997:

* En primer lugar, y basado en la cumbre de Kioto, la Unión Europea adoptó el Libro Blanco como estrategia y plan de acción energética.

* En segundo término, la Ley del Sector Eléctrico del Ministerio de Industria y Energía, incluyó un Régimen Especial para las Energías renovables (Biomasa, Hidráulica, Eólica, Solar térmica, Solar fotovoltaica y Geotermia).

Se consigue de este modo una inversión necesaria para el período 1997-2010 desde Bruselas de 27,5 billones de las antiguas pesetas, así como la viabilidad en el mercado español para los productores de este tipo de energía.

Era el despegue de las renovables que todos esperábamos.
¿El problema?

En la mayoría de las Comunidades Autónomas de España no existía por entonces un marco legal que ordenase las iniciativas de los inversores, y estableciese unas normas de actuación correctas y respetuosas para el medioambiente.

Uno de los sectores más avanzados técnicamente, con mayor capacidad y potencial, era el de la energía eléctrica producida gracias a la fuerza del viento, la denominada comúnmente energía eólica. Con este panorama, el impulso fue brutal.

Grandes empresas e inversores se lanzaron a un mercado sin explotar, como era el caso de la Comunidad Valenciana, y decenas de anteproyectos cayeron sobre zonas de especial protección, parques naturales, montes públicos y lugares de interés comunitario.

Ayuntamientos, asociaciones vecinales y plataformas ecologistas, solicitaron urgentemente la paralización de dichos anteproyectos y la confección inmediata de un documento para la ordenación de los recursos eólicos que recogiese las directrices para el establecimiento equilibrado y progresivo de este tipo de inversiones.

Y efectivamente, el Gobierno Valenciano tuvo a bien redactar el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, que después de haber sido objeto de alegaciones por parte de particulares, técnicos, ingenieros, ecologistas y Consistorios, sale definitivamente aprobado en julio de 2001.

Dejando de lado las reivindicaciones que se formulaban desde la sociedad a la que iba destinado, el mencionado Plan ha supuesto luz verde legal para el negocio de inversores eólicos y sector de la banca, convirtiéndose como tristemente sucede en otras ocasiones, en una iniciativa empresarial donde la rentabilidad económica es la protagonista, y nada tiene que ver con otros condicionamientos naturales y humanos.

En resumen, el Plan Eólico Valenciano secciona el territorio en dos mitades (litoral e interior de la Comunidad), deja como susceptible de ser explotado el interior, no lleva a cabo ninguna medición de viento, no incluye a pequeños promotores, hace compatibles, con prescripciones, la instalación en Lugares de Interés Comunitario, ni siquiera contempla las Áreas Importantes para las Aves (reconocidas por la Sociedad Española de Ornitología) y, lo que es más grave, otorga a las centrales eólicas y con ello a grandes sociedades y multinacionales, la catalogación de Bien de Utilidad Pública para sus actuaciones.

Este último hecho es desastroso y denunciable, ya que la concesión de utilidad pública para este tipo de producción energética de origen privado, hace que la Ley de Ordenación del Territorio confiera, tanto a las centrales eólicas como a las líneas de evacuación de alta tensión nuevas a realizar un carácter sectorial superior al ordenamiento urbanístico municipal.

Con ello, terrenos protegidos paisajísticamente, ecológicamente, suelos no urbanizables agrícolas, forestales, cotos de caza, suelos de dominio público hidráulico, de protección arqueológica, de carácter rural y tradicional, son de un plumazo modificados y adaptados a la compatibilidad de la construcción de este tipo de centrales.

Los propietarios de dichos terrenos (sean particulares o Ayuntamientos) tendrán que llegar a acuerdos monetarios con los promotores, o someterse a la expropiación forzosa de pleno dominio, y en todos los casos, servidumbre de paso.

Indignados, los habitantes de la zona 15 del Plan Eólico Valenciano (Onil, Castalla, Biar, Sax, Bañeres de Mariola y Petrer), hemos visto como la empresa Guadalaviar consorcio Eólico, Álabe-Enerfín, S.A. (formada por Acciona y Elecnor cada una al 50%), pretende la construcción de seis centrales en uno de los últimos pulmones verdes de la provincia de Alicante.

Para estos pueblos del interior, que ya tienen experiencia en la lucha por este tipos de impactos, el debate es más maduro que la fórmula:
«Energía eólica sí o energía eólica no»; o bien, «Energía eólica sí, ubicación no».

Cogidos de la mano, todos los Ayuntamientos, algunos propietarios afectados, las plataformas cívicas (formada por colectivos tan dispares como sociedades de cazadores, partidos políticos, clubes deportivos, centros excursionistas, amas de casa, grupos de teatro, etc..), junto con la Coordinadora de asociaciones por la Naturaleza, apostamos por una negativa rotunda a la imposición de las centrales eólicas contra la voluntad del pueblo.

Un salto por encima de los Ayuntamientos y habitantes de las comarcas se nos antoja una falta de derecho, de respeto y de coherencia que interpondremos si hace falta jurídicamente a las instancias incluso europeas.

Miguel de Unamuno afirmaba ya a inicios del siglo pasado: ...«para que una sociedad se considere culta y moderna, debería aprender a consumir antes que producir».

Sin duda, las centrales eólicas, las cuales conllevan necesariamente la destrucción de suelos, la interacción en frágiles ecosistemas y la ruina de paisajes naturales, son la justificación de los gobernantes para un modelo de producción etiquetado en verde, que nada tiene que ver con el desarrollo sostenible.

En España sobran más de 15.000 Mw de potencia instalada, y no hay garantías de cerrar ninguna de las centrales que actualmente son más contaminantes (térmicas, nucleares....).

Elegidos por cada uno de los votos de la ciudadanía, los que pretenden gobernar, están obligados desde los Estatutos, la Carta de Aalborg o la misma Constitución Española, a recoger y respetar la opinión popular, así como a velar por sus intereses patrimoniales en los que se encuentran los recursos naturales.

Si no es así, se estará anulando la voz del pueblo, y eso como ya sabemos, se paga en el futuro, y se paga bien caro.
ALICANTE.
Martes, 06 de abril de 2004.

Información publicada en:
* Diario Información. Alicante. (Edición Digital).

* Enlace a la Web de la Plataforma organizada en la Zona 15 del Plán eólico Valenciano.
* Articulos y noticias sobre el Parque eólico en la Sierra del Caballo, en Petrer. Alacant.

Más información relacionada en Ibérica 2000:
* Los pueblos de la Montaña se ponen en pie de guerra para paralizar el plan eólico

COMPARATIVAS en España:
* Gráficas de seguimiento de la demanda de energía eléctrica en tiempo real, potencia eólica instalada y su producción al momento según la información expuesta por la Red Eléctrica Española en Internet.

Insertado por: silvia3942 (07/04/2004)
Fuente/Autor: FERNANDO MOLES.
 

          


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Nombre: emilio  (21/04/2004) E-mail: ecm_gallo@yahoo.es
 

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