| Observatorio Multinacionales en América Latina |
(1567) |
| ASOCIACIÓN PAZ CON DIGNIDAD. CÓRDOBA. ESPAÑA. |
| Es preciso atender a los principales desajustes existentes en países receptores de inversión extranjera directa (IED) para poder valorar el coste medioambiental, laboral, social y cultural de la llegada de este tipo de inversión. |
¿Por qué un observatorio sobre multinacionales?
Los desajustes de la globalización económica, y el papel de las multinacionales en las nuevas desigualdades globales constituyen cada vez más un asunto central en la agenda de los movimientos sociales.
* Enlace a este lugar de gran interés para el consumidor, en Internet.
Los países periféricos emergen en este contexto de economía global como zonas de clima de inversión favorable para el capital transnacional, que trata de conseguir la flexibilidad necesaria beneficiándose de las condiciones favorables de estos países (naturales, financieras, políticas y jurídicas) y eludiendo aquéllas que estima perjudiciales para sus intereses.
El discurso del progreso y del desarrollo neoliberal acuñado por las multinacionales, las instituciones financieras internacionales (FMI, BM,OMC, G8...) y determinados tratados comerciales ( TLC, MERCOSUR o el ALCA en el caso de Latinoamérica) está entretejido por un conjunto de palabras de significado ambiguo: globalización, flexibilidad, desregulación, etc., que gracias a sus connotaciones liberales pueden contribuir a recubrir con apariencia de libertad una filosofía que no reconoce otro propósito que no sea la maximización del beneficio a cualquier precio.
Es en este marco discursivo donde debe entenderse la eficacia de las estrategias de penetración del capital trasnacional, así como las políticas de atracción de capital extranjero por parte de los Gobiernos latinoamericanos.
Y es en el plano de los hechos: privatización de los servicios públicos, desregulación de derechos laborales, impacto medioambiental, modificación del mercado local, etc. donde deben juzgarse las dinámicas controvertidas de estas políticas.
Es preciso atender a los principales desajustes existentes en países receptores de inversión extranjera directa (IED) para poder valorar el coste medioambiental, laboral, social y cultural de la llegada de este tipo de inversión.
En el caso de las transnacionales del Estado español es pertinente articular un debate sobre su incidencia en Latinoamérica, que desde la década de los noventa emerge como zona preferente de IED española.
Suscribiendo estas premisas, desde la Asociación Paz con Dignidad (dedicada a promover la solidaridad y la realización de proyectos de cooperación con Latinoamérica desde 1996) se impulsa la creación de un Observatorio para el seguimiento de las actividades de las multinacionales del Estado español en Latinoamérica.
El objetivo es suministrar materiales rigurosos y documentados que conecten causas y consecuencias de los desajustes socioeconómicos y medioambientales relacionados con la IED española en Latinoamérica.
Nutriendo así el discurso que se viene articulando desde los movimientos sociales para contrarrestar el de la liberación comercial en base a sus efectos insostenibles y participando en la construcción de un marco de derechos internacionales que regulen la responsabilidad social de las compañías transnacionales.
Caminando siempre hacia la búsqueda de un modelo de desarrollo sustentable en un marco de democracia (entendida como participación ciudadana), equidad de género, respeto ecológico y la defensa de lo público (más allá de lo estatal, tal y como funciona actualmente).
| Insertado
por: Alfonso143 (23/05/2004) |
| Fuente/Autor:
Omal. pazcondignidad.observatorio@nodo50.org |
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| Vivir la realidad Latinoamerican cada dia es lo suficientemente doloroso porque nos demuestran que el mundo es un lugar para unos a costa de hacerlo mas inseguro para otros.De todas formas Latinoamerica debe redescubrirse a si misma en su potencial y Europa reconocer que vive del oxigeno de la Amazonia. |
| Nombre: Monica Soriano Lopez (02/06/2004) |
E-mail: mosori@caoba.entelnet.bo |
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INFORMACIÓN PUBLICADA DE ÚLTIMA HORA, POR ESTA ENTIDAD:
21.03.05 -
Fuertes reacciones en toda América Latina a los TLC
OMAL * aGENCIA Adital.
Chile fue el primer país, hace algo más de un año, en firmar un Tratado de Libre Comercio com Estados Unidos. En diciembre pasado, lo hizo El Salvador y en marzo sucedió lo mismo em Honduras y Guatemala.
Se inició el mes de marzo con la ratificación por los Parlamento de Honduras y Guatemala del TLC (Tratado de Libre Comercio) con Estados Unidos. Ya a mediados de diciembre de 2004 lo había hecho El Salvador y en espera, en medio de fuertes protestas sociales, se encuentran Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. A Centroamérica habría que sumar la celebración de la VII Ronda negociadora entre el gigante norteamericano y Perú, Ecuador y Colombia en la ciudad de Cartagena (Colombia). El objetivo: extender los TLC bilaterales a países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hacia finales de este año para, agregados a los arriba citados, conformar el gran sueño del ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas), a imagen y semejanza del Área de Libre Comercio de América del Norte: Canadá, México y Estados Unidos, que opera desde 1994.
El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica fue acordado en mayo de 2004 e incluía a El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua, a los que se agregó en agosto la República Dominicana. La puesta en marcha efectiva requiere de la ratificación de los parlamentos nacionales de cada uno de esos países, hecho que hasta ahora sólo había cumplido El Salvador. Se va, por consiguiente, con retraso respecto a la agenda manejada por el negociador estadounidense, Robert Zoellick. Al respecto, el presidente del comité que promueve la ciudad de Miami como sede del secretariado permanente del ALCA, Jorge L. Arruzurieta, declaró a finales de enero último que “debemos aceptar la realidad: el proceso de negociación es complicado porque cada sector involucrado defiende sus intereses” (Diario La Jornada, México, 28 de enero de 2005).
Las otras ciudades que compiten con Miami son, entre otras, Puebla, Cancún, Ciudad de Panamá, Puerto España... Guatemala pasó el 11 de marzo a ser el tercer país de la región en ratificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica y EEUU, a pesar de las protestas de diversos sectores sociales que se oponen al acuerdo, como recogía la agencia EFE en una nota ese mismo día. Después de más de tres días de intensas negociaciones entre los bloques legislativos mayoritarios, y en medio de violentas protestas del movimiento social, el Parlamento guatemalteco aprobó de "urgencia nacional" la ratificación del TLC con EEUU.
Con el apoyo de 126 de los 158 diputados de la cámara, el Parlamento obvió el procedimiento normal de aprobar una ley en tres lecturas, y, tras declarar el asunto de "urgencia nacional", lo ratificó. De los 138 legisladores que asistieron a la sesión, sólo los doce de los partidos de izquierda votaron en contra de la ratificación.
Antes, el 3 de marzo, con 123 votos a favor de los 128 diputados que conforman el Parlamento hondureño, este país hizo lo propio. En la oposición, numerosos sectores sociales que consideran que el TLC atenta contra los derechos de los más pobres de la región y que, al contrario, beneficia tan sólo a la gran empresa olvidándose de los miles de hondureños sustentados por la agricultura. Ya el 17 de diciembre del pasado año, El Salvador procedió a la aprobación parlamentaria del TLC con los votos a favor de los partidos de derecha. Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC). En total, 49 votos. Los 35 votos contrarios provinieron del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y del Centro Democrático Unido (CDU).
Las reacciones han sido variadas. La agencia de noticias Inforpress (edición 10 de enero de 2005) daba cuenta de tres posturas interesantes para calcular los efectos del TLC. Por un lado, los grandes exportadores salvadoreños ven más beneficios que desventajas en una relación comercial con los Estados Unidos y prefieren el término ‘desafíos’ a ‘desventajas’ cuando hablan del TLC. Sin embargo, el ex presidente de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños (AMPES), Jorge Mariano Pinto, dejó sentado que “la pequeña empresa no está lista para el TLC”.
Se refería a que la tecnología con la que trabajan es obsoleta, a la falta de créditos, al elevado precio de la electricidad y los problemas sociales de salud y seguridad laboral.
La perversión de las subvenciones agrícolas
Un factor añadido son las subvenciones que reciben las explotaciones agrícolas en los países considerados ricos, caso de Estados Unidos y la Unión Europea, y cuya desaparición no se concreta en el TLC. De hecho, entre Panamá y Estados Unidos, durante la octava ronda de negociaciones (31 enero a 4 de febrero) en Washington, los desacuerdos volvieron a ser, principalmente, agrícolas. El ministro de Comercio, Ricardo Ferrer, afirmó a los medios de comunicación que las discrepancias radican en productos como el pollo, azúcar, patatas, cebollas, aceites vegetales y café (informa Inforpress). Según los productores panameños, el TLC podría arruinarlos pues el gobierno estadounidense subvenciona fuertemente a sus agricultores, además de poseer una tecnología mucho más avanzada.
Al respecto, el Banco Mundial (BM) emitió a principios de enero un informe sobre la pobreza en los países subdesarrollados, titulado ‘El comercio agrícola global y países en desarrollo’, compilado por M. Ataman Aksoy y John C. Beghin. El estudio afirma que el desmantelamiento de barreras arancelarias y subvenciones, medidas necesarias para reducir el índice de pobreza, están al alcance de la mano, pero la industria agrícola y sus asociaciones son muy poderosas en las naciones de mayor riqueza y sólo de la voluntad de éstas depende el éxito de las reformas.
Agrega que si no se reduce el nivel de protección en esos países, el aumento de la productividad en el sector de agricultura dará paso a la sobrepoducción y la reducción de los precios de muchos productos básicos, lo que socavará los esfuerzos de los países pobres orientados a ampliar las exportaciones y aumentar los ingresos en las zonas rurales –donde habita casi el 70% de las personas pobres de los países en desarrollo-.
No parece, sin embargo, que la política de Estados Unidos vaya a girar drásticamente a corto plazo. El lunes 7 de febrero, la administración de George W. Bush entregó al Congreso la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2006, cuya fecha de inicio es octubre de este año. Ahí figura una rebaja en los subsidios agrícolas del 9,6% (587 millones de dólares), si bien no está contemplada como medida de equilibrio frente a los países latinoamericanos firmantes de los TLC, sino como parte de reducción del déficit público –que también afecta a medio ambiente, transporte, vivienda, ayudas sociales...- cuyas previsiones para el final del año contable 2005 sería de 427.000 millones de dólares.
Los recortes se atribuyen en el borrador de la Oficina de Presupuestos a la buena salud del sector agrícola estadounidense, tras dos cosechas con excelentes resultados y precios elevados para el ganado, lo que contribuyó a un alza del 13% en los ingresos de los agricultores en 2004. El documento afirma que “el Gobierno piensa que es apropiado ajustar los niveles de ayuda a los agricultores prevista en la Ley Agrícola de 2002 (Farm Bill) que dio lugar a la distribución de um total de 176.000 millones de dólares” en ayudas. Los sectores que reciben más ayudas son los del algodón y arroz, seguidos del trigo, maíz y soja.
Ahora, el resto del istmo.
Este contrato comercial que es el TLC es el que se aplicará también a Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana, afectando a cada cual en función de sus características socioeconómicas. Pero, los pilares de funcionamiento son los mismos. Uno, es el descrito en torno a la progresiva reducción arancelaria. Otro, es el de los derechos de las empresas. Así, las firmas de Estados Unidos gozarían de los mismos derechos que las empresas nacionales, que dicho de manera aséptica se asemeja a la ecuanimidad. Y no es así, dada la gran diferencia en capital financiero y desarrollo tecnológico de las del norte respecto a las centroamericanas.
Debido a los TLC, las grandes compañías estadounidenses podrán optar, en el mismo plano que las nativas, a los concursos emitidos por las instituciones públicas y a la apertura de servicios públicos al sector privado.
Si hubiera algún tipo de conflicto, los Tratados de Libre Comercio establecen que los tribunales internacionales serán los encargados de resolver las posibles controversias entre los Estados y las empresas. Esto equivale a anular la competencia de las instancias judiciales del país en cuestión.
La directora de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas), Rebeca Grynspan, declaró el 30 de enero último que “Centroamérica tiene la tarea de diversificar su oferta exportable y sus mercados, porque tampoco es bueno una dependencia tan grande y marcada de Estados Unidos”. Y sentenció: “(los TLC) son acuerdos comerciales, pero no estrategias de desarrollo”.
En Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH) emitió um comunicado a fines del pasado año ante la inminente ratificación del Congreso Nacional de Honduras del TLC. Su oposición se fundamenta en los siguientes principios:
- Pondrá en venta las instituciones del Gobierno.
- La salud y la educación estarán en manos privadas.
- Serán anulados los derechos humanos y sociales.
- El conocimiento será considerado una mercancía.
- Se privatizará los genes de los reinos animal y vegetal.
- Se impulsará el monocultivo, destruyendo la diversidad.
- Corren peligro de desaparición las semillas nativas.
- Considera ilegal el comercio justo y comunitario.
- Viola gravemente las leyes ambientales y laborales.
En Costa Rica, el presidente de la Cámara de Industrias (CICR), Jack Kiberman, ha declarado recientemente que “el país tiene la gran oportunidad de realizar cambios que se han postergado por más de 20 años”, cambios que relacionan con asuntos como telecomunicaciones y seguros incluidos en las negociaciones del TLC. El presidente costarricense, Abel Pacheco, por su parte, afirmó que “el TLC puede ser la salvación de este país en muchos aspectos; sin embargo, el convenio internacional no contará con mi beneplácito si éste sirve para aumentar la brecha entre ricos y pobres”.
Donde resulta curiosa la campaña informativa es en Guatemala. Allí, la Asociación Gremial de Exportadores de Productos no Tradicionales (Agexpront) ha decidido lanzarse a la ofensiva sobre los beneficios que, a su juicio, obtendrá la población. Juan Carlos Paiz, su presidente, declaró em rueda de prensa (ver Prensa Libre, 3 de febrero 2005) que el TLC constituye una oportunidad para que Guatemala salga de la pobreza, que potenciará el desarrollo y que para los exportadores el tratado se traduce en más empleo, mayor inversión y transferencia tecnológica, a la vez que promoverá la transparencia y protegerá los derechos laborales y ambientales.
Y sus vecinos nicaragüenses se expresan en la misma línea. El presidente de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (Amcham), René González, urgió a las instituciones de su país a que ratifique cuanto antes el TLC pues en juego está la inversión extranjera directa, a lo que la diputada sandinista Alba Palacios replicó en el diario La Prensa: no se puede aprobar el tratado mientras no se definan los mecanismos de apoyo para los sectores que se verán afectados. De momento, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que versa sobre el TLC ha ampliado el proceso de consultas; de ahí, que quizá hasta dentro de dos meses no se incorpore a la agenda legislativa.
Proteger la salud.
Uno de los sectores más sensibles es el de la salud, con el más que evidente miedo a la privatización de este servicio y al establecimiento de patentes sobre medicamentos esenciales.
Baste recordar que la OMC (Organización Mundial del Comercio), en función de los Acuerdos sobre Derechos de Propiedad Intelectual con el Comercio, establece derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos, otorgando a las industrias farmacéuticas que los producen el derecho de producción exclusiva por 15 años a partir de los cinco años de trámite para la obtención de una patente.
Siguiendo esta pauta, los TLC auspiciados por Estados Unidos con Centroamérica y la Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Perú y Colombia; Bolivia se mantiene como observador hasta que no se resuelva el espinoso asunto de la ley de hidrocarburos) aún va más lejos. Primero, patentes por más de 20 años (la OMC establece 15 años); segundo, implantar las patentes de segundo uso, es decir, cuando a un medicamento se le descubre una segunda propiedad puede establecerse otro período de ‘protección’ añadido; tercero, las patentes sobre cambios en la forma de presentación, por ejemplo, cuando pasa de tableta a ampolla; cuatro, la protección exclusiva de los datos, con lo que las autoridades sanitarias nacionales no podrán sustentarse en un registro previo para aprobar un producto farmacéutico similar durante cinco, ocho o diez años. Y, por último, el impedimento de importaciones paralelas.
* Médicos Sin Fronteras (MSF) hizo saltar de inmediato la voz de alarma, puesto que la población con menores recursos no podría tener acceso a los fármacos por tener un precio muy elevado y, de otra parte, los estados gastarían más en salud al retrasarse la aparición de los genéricos. La salud no se puede negociar con el mismo rasero que cualquier otro bien comercial, sentenció MSF.
Al final de la séptima ronda negociadora, celebrada en Cartagena (Colombia) entre el 7 y el 11 de febrero últimos, no hubo acuerdo ni en esta negociación ni en lo concerniente al sector agrícola, por lo que se ha dispuesto una negociación adicional en Washington a partir del 14 de marzo, que sirva para limar asperezas de cara a la octava y definitiva ronda en Perú el 18 de abril. En la agenda, además, ya están cerrados encuentros bilaterales: 9 y 10 de marzo con Perú; 16 y 17 com Ecuador y 21 y 22 con Colombia.
Los temas a descongestionar son los de propiedad intelectual (patentes), agricultura, aduanas, textiles e inversión, entre otros. Por los mismos días, el Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina, Guillermo Perry, reveló un informe de este organismo en donde denuncia el sesgo antirrural de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, con un claro desconocimiento del impacto que el sector agropecuario tiene sobre la reducción de la pobreza y el crecimiento de las economías. El estudio declara que la mayoría de los subsidios y transferencias al campo favorecen a los grandes productores. Al contrario, advierte que el desarrollo rural es un asunto de interés nacional y, por tanto, es imprescindible atender al conjunto de la sociedad en el fortalecimiento de las actividades rurales, mejorando la calidad de vida de los que trabajan en el medio rural, ya que tal sector y su contribución al producto interno bruto son mucho mayores de lo que indica la estadística oficial.
Los otros contactos.
Los movimientos dentro de las economías de América Latina no dialogan sólo con su gran vecino del norte, sino también con la Unión Europea. El proyecto del ALCA es uno más, si bien el más ambicioso. Como contrapeso actúa sobre todo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, más los asociados Bolivia, Chile y Perú) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN, compuesta por Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela y Colombia). Otros acuerdos son los plasmados en la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y el ya mencionado arriba del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México, conocido por TLCAN o NAFTA).
El MERCOSUR tiene previsto reanudar las negociaciones con la UE en abril. De nuevo, la discrepancia agrícola no parece fácil de sortear, pues es bien conocido que el presupuesto de la UE destina, aproximadamente, un 50% del global a las ayudas agropecuarias y no parece que la política europea vaya a cambiar a corto plazo con la incorporación reciente de diez nuevos países del este europeo, donde la agricultura ocupa una amplia franja de sus economías y su nivel de desarrollo está lejos de la media europea del resto de los países miembros.
La CAN quiere iniciar en noviembre las negociaciones formales para la firma de un TLC con la UE. En los próximos meses, una comisión ad hoc CAN-UE analizará los detalles, según conclusión de la reunión sostenida a mediados de enero. “Nuestro objetivo es que este proceso pudiera completarse con miras a la cumbre (UE- América Latina y Caribe) de Viena del 2006 (mayo)”, declaró a la agencia AFP el secretario general de la CAN, Allan Wagner.
Por último, también interactúan los acuerdos bilaterales. El 1 de febrero reciente entró em vigor los beneficios arancelarios entre Colombia, Argentina y Uruguay, a los que se sumarán Brasil y Paraguay. Se espera que este compromiso sea total entre la CAN y MERCOSUR antes de finalizar el semestre actual. Algo parecido se intenta en Centroamérica, que por un lado espera la llamada de la UE y por otro debate para alcanzar una Unión Aduanera entre Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Las negociaciones quedaron estancadas a principios de año, para cuyo desbloqueo se ha solicitado a la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) una propuesta de armonización arancelaria.
Fernando Blanco.
* Observatorio de Multinacionales en America Latina. Omal.
Información extraída de:
http://www.adital.com.br/site/noticias/15778.asp?lang=ES&cod=15778 |
| Nombre: OMAL (21/03/2005) |
E-mail: pazcondignidad.observatorio@nodo |
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| yo pienso que el tratado libre comercio no nos beneficiara a nosotros como nacion, ya que no podemos competir con otras empresas que que tienen mayor prestigio, como nostros vamos a poder exportar si los productos son mejores los de otros paises |
| Nombre: Rene Mauricio Perez (13/09/2005) |
E-mail: pazcondignidad.observatorio@nodo |
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