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JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid.
29 de julio de 2004.
La Fiscalía de Madrid pide penas de cárcel y/o de inhabilitación por delitos de riesgo de catástrofe, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios para dos ex directores generales del Gobierno del PP, para un ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y para otros tres funcionarios públicos en relación con las obras de recrecimiento del embalse de Yesa (que afecta a las comunidades de Navarra y Aragón).

La juez número 19, Mercedes Gutiérrez, dictó el lunes un auto en el que abre el juicio oral contra todos los acusados.

Los hechos han sido investigados en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid merced a una querella del Ayuntamiento de Artieda (Zaragoza) en la que se describen supuestas ilegalidades en los trámites y ejecución de este embalse, uno de los mayores de España, según fuentes jurídicas.

El fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, pide 12 años de inhabilitación (por un delito de prevaricación) y un año y ocho meses de cárcel (por el riesgo de catástrofe) para Carlos Manuel Escartín, director general de Obras Hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente; para Tomás Sancho, ex presidente de la CHE, y para los funcionarios José Luis Uceda y Ángel Núñez. Asimismo, reclama ocho años de inhabilitación para María Dolores Carrillo, ex directora general de Evaluación e Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente.

Señala que Escartín, Sancho y los citados funcionarios decidieron aumentar hasta 521 metros la cota del embalse de Yesa guiados por "intereses privados". Y lo hicieron, según el fiscal, vulnerando los trámites que establece la ley en materia medioambiental y poniendo en riesgo de catástrofe por inundaciones a poblaciones cercanas al embalse. El fiscal revela numerosas ilegalidades.

Por ejemplo, que Uceda y Núñez ocultaron un informe oficial que ponía de manifiesto "el grave problema de seguridad estructural y riesgos sísmicos y geológicos" del proyecto de recrecimiento de Yesa. Y que Escartín y Sancho "presionaron" a Carrillo para que ésta diese luz verde al proyecto de obras pese a que éste carecía del preceptivo informe de impacto ambiental.

42 millones de euros, sin justificar.

Al fiscal le llama la atención sobre la incorporación al proyecto de obras de "una adenda de 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros) no justificadas" cuya finalidad era "favorecer a una constructora". Según el fiscal, Sancho propuso la citada adenda de 7.000 millones basándose en un estudio de la mercantil Euroestudios.

Se da la circunstancia, según el fiscal, de que Euroestudios subcontrató con la firma Barbany y Sancho (BS) Ingeniería, en los cinco años investigados por el juzgado, en tormo a 600.000 euros anuales, mediante encargos vinculados con CHE y la presa de Yesa.

El fiscal apunta que existen vinculaciones entre el acusado Sancho y BS Ingeniería. El ex presidente de la CHE indicó en su día al respecto: "Ni mi esposa ni yo tenemos, desde julio de 1996, relación alguna con BS Ingeniería".

Señaló que el 26 de julio de 1996 renunció "a los cargos y al nombramiento de administrador único" de esa sociedad, antes de ser nombrado presidente de la CHE.

El fiscal reprocha a Escartín la aprobación de los criterios técnicos del concurso, elaborados por Uceda y Núñez a través de Euroestudios. Tales criterios para elegir la mejor oferta eran "arbitrarios", según el fiscal, y permitían elegir la empresa que Escartín "desease".

Escartín manipuló un informe técnico y consiguió que una UTE encabezada por ACS resultase agraciada, "frente a su directa competidora OHL".

Según las diligencias judiciales, el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, denunció ante la entonces ministra Isabel Tocino la vinculación entre Euroestudios y ACS. El 8 de junio de 2000 se adjudicó el proyecto a una UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC.

El 31 de agosto de 2000, Escartín dejó su cargo y se incorporó a ACS en un puesto de nueva creación "con un sueldo de 20 millones de pesetas anuales". En su interrogatorio ante el juez, Escartín reconoció que fue contratado por ACS, aunque manifestó que su contratación fue posterior y para trabajar en asuntos distintos a obras hidráulicas.

Otro hecho que cuenta el fiscal se produjo el 18 octubre de 2002. A propuesta de los ingenieros de la CHE Uceda y Núñez, se adjudicó "por resolución" del ex secretario de Estado de Agua y Costas, Pascual Fernández, el control y vigilancia pública de las obras de recrecimiento de Yesa a favor de la empresa Euroestudios, mercantil que "como es obvio", dice el fiscal, "trabajaba para ACS, empresa adjudicataria de la obra" de Yesa, tasada en casi 200 millones de euros. Se infringe así, señala el fiscal, la legislación "que prohíbe que la vigilancia de una obra se dé a una empresa que ha concurrido al concurso".

Presiones para eludir el estudio de impacto ambiental.
J. A. H. - Madrid.

El fiscal señala en su escrito que hubo "presiones" de Carlos Manuel Escartín y Tomás Sancho hacia la entonces directora de Evaluación e Impacto Ambiental, María Dolores Carrillo, para que ésta diese luz verde a la obra sin que el estudio de impacto se ajustase a la legalidad.

Según el fiscal, la propia directora ha confesado que mantuvo con Escartín y Sánchez "numerosas reuniones" en la que fue "presionada" para que aprobase "rápidamente y sin restricciones el proyecto" de recrecimiento. Añade que Carrillo les pidió un escrito que justificara "la sorprendente decisión que habría que tomar". Sancho aportó "un remedo de informe, sin firma alguna y sin sello de entrada o salida" del registro en el que aludía a la "acuciante necesidad" de aumentar la capacidad del embalse.

Según el fiscal, no era verdad que se necesitase más agua en la zona puesto que "se habían construido anteriormente tres miniembalses". Sancho negó en su día cualquier presión sobre Carrillo y se remitió a lo que ésta declaró ante el juzgado: que en ningún momento se sintió presionada por nadie.

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