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Con motivo de hacerse pública la intención del Ministerio de Vivienda de tramitar una nueva ley que sustituya a la vigente Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998 de 13 de abril, hemos remitido una carta a la Sra. Ministra en la que exigimos la introducción en el nuevo texto de medidas de marcado carácter intervencionista en el sector de la vivienda y el fomento de la vivienda pública como única solución posible al dramático problema de acceso a la vivienda que padecemos los ciudadanos de este país.

Igualmente exigimos la introducción de medidas restrictivas en cuanto a la recalificación de los usos del suelo para la construcción de viviendas, como única solución a la actual situación de crecimiento urbanístico descontrolado que se ha convertido en la principal causa del deterioro de nuestro medio ambiente.

El problema de acceso a la vivienda es la consecuencia de las nefastas políticas en materia de urbanismo y vivienda adoptadas en las últimas décadas por nuestras administraciones que, lejos de adoptar medidas tendentes a garantizar a los ciudadanos el acceso a la vivienda, están fomentando la especulación en el sector inmobiliario, así como la permisividad con la corrupción urbanística. El porcentaje de vivienda protegida ha descendido del 50 por ciento que suponía hasta 1986, a menos del 10 por cien de la totalidad de viviendas que se construyen en la actualidad, dato que coincide con un espectacular incremento de precios en el mismo periodo.

La vivienda pública es la herramienta más eficaz para frenar la subida de precios y garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos y, sin embargo, las administraciones no destinan prácticamente recursos públicos para estas actuaciones, puesto que las escasas inversiones públicas en estas partidas son muy inferiores a los beneficios obtenidos en operaciones urbanísticas (los municipios de la región de Madrid ingresaron 280 millones de euros por subastas de suelo en el año 2002, cuatro veces más de la cantidad destinada a vivienda).

Por otro lado, la Ley 6/1998 del Régimen del Suelo y Valoraciones, inspirada en el falso postulado “a más vivienda, más barata”, introdujo medidas permisivas para la recalificación del suelo. Estas medidas son, por contra, la causa de la multiplicación de los procesos especulativos del suelo, procesos controlados por grandes empresas del sector e incluso, y cada vez en mayor medida, organizaciones mafiosas o criminales, que buscan su propio beneficio, ajenos por tanto a las prácticas del libre mercado, escasamente transparentes y plagados de irregularidades y delitos urbanísticos, que provocan el incremento artificial del precio del suelo y, consecuentemente, del precio final de las viviendas. La corrupción urbanística y ausencia de transparencia ha sido señalada como la principal causa del problema de la vivienda por el Observatorio de Vivienda. Prueba de ello es que, a pesar de que en la actualidad en España se construye vivienda a un ritmo muy superior que en las décadas de los setenta y ochenta, el precio de la vivienda se duplica cada pocos años.

Pero a su vez, la tendencia liberalizadora del suelo impulsada por la Ley 6/1998, además de provocar la subida del precio de las viviendas, es la causa del problema más grave al que se enfrente en nuestros días el medio ambiente: el crecimiento urbanístico descontrolado y la depredación de suelo. La superficie urbanizada en la Comunidad de Madrid, aumentó entre 1990 y 2000 en un 49,2 por ciento, lo que significa que en tan sólo veinte años se habrá urbanizado la misma superficie de suelo ocupada por asentamientos humanos en la región a lo largo de toda su historia, incluyendo la época de la emigración del campo a la ciudad y el desarrollismo. Este modelo es altamente agresivo con el medio ambiente, ya que se construye lejos de los cascos urbanos ampliando la distancia de los desplazamientos a efectuar entre vivienda y centro de trabajo o equipamientos sociales. El modelo obliga a la utilización del vehículo privado, lo que a su vez lleva a multiplicar el número de infraestructuras, fundamentalmente carreteras, o ampliar las ya existentes. A la degradación que la propia carretera provoca en su entorno, se suma la contaminación de la atmósfera por emisión de gases contaminantes, lo que a su vez aleja a nuestro país del cumplimiento de los criterios impuestos por el protocolo de Kyoto, y que el Gobierno se ha comprometido a cumplir.

Además es imprescindible y urgente la adopción de medias de carácter penal para atacar la delincuencia urbanística, así como un cambio de política fiscal, que incentive el alquiler y grave el uso antisocial de las viviendas vacías y el suelo.

Hemos solicitado a la Sra. Ministra una próxima reunión para tratar todos estos temas, anunciándola que nos movilizaremos en caso de que no sean respetadas nuestras reivindicaciones.

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