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-En los más de 20 cerramientos cinegéticos que existen en esta provincia se han detectado numerosas ilegalidades, como la restricción del acceso a cauces y aguas públicas, vías pecuarias o los cortes de caminos públicos. “Casi todos los vallados de la provincia de Cuenca son ilegales también por estar grapados al suelo y porque sus mallas son de cuadrículas inferiores a lo que marca la ley, para asegurar la permeabilidad de la fauna no cinegética”, señala Carlos Cano, presidente de Ecologistas en Acción de Cuenca. De hecho, en casi todos los casos, afirma Cano, “estos vallados se han instalado de forma invertida, es decir, con la cuadrícula de malla más ancha por la parte superior y la más estrecha por la parte inferior, justo al contrario de lo que debería ser”.

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Vallados cinegéticos e incendios forestales.
Según Ecologistas en Acción de Cuenca, la Administración no controla las densidades de cérvidos en estas fincas cercadas y, así, se impide o dificulta enormemente la regeneración natural de su vegetación. Especialmente grave es este problema en la Serranía Baja de Cuenca, donde se han instalado los vallados tras el grave incendio de 1994, que afectó a más de 15.000 hectáreas de la comarca. Precisamente, en el caso de incendios, se produce una imposibilidad de huida de las reses y una mayor dificultad para las personas. Otro problema añadido es la tendencia a la endogamia, cuando los grupos de ciervos permanecen aislados, lo que junto con las carencias del hábitat favorece, por ejemplo, una menor resistencia a enfermedades como la tuberculosis.
El impacto paisajístico de los vallados, tal y como vienen denunciando los ecologistas a través de diversos informes, se incrementa con otras obras aparejadas como fajas perimetrales, cortafuegos, pistas, etc., generalmente en zonas con importantes desniveles y alto grado de conservación del paisaje.
Otro inconveniente detectado con frecuencia es la dificultad o imposibilidad de acceso de las autoridades competentes para la realización de tareas de policía y vigilancia.

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Falta de sanciones.
Muchos propietarios asumen el pago de multas por las continuas irregularidades que cometen, ya que las sanciones suelen ser meramente económicas, de escasa cuantía, y no resultan obligados a restituir la finca a la situación anterior, modificar los vallados ilegales, etc. Un ejemplo concreto denunciado por Ecologistas en Acción de Cuenca lo constituye el dragado de dos kilómetros del Río San Martín, a su paso por la finca “Dehesas Royo y Palomarejos”, cercada en el año 2000, en los términos municipales de Víllora, Narboneta, Henarejos y San Martín de Boniches: allí se ha arrancado la vegetación de ribera, se ha destruido el ecosistema fluvial y con ello se ha eliminado la fauna piscícola, entre la que destacan el barbo colirrojo o la nutria. Sólo la tenacidad en las denuncias de los ecologistas ha conseguido que se abra de nuevo el expediente sancionador y que se obligue a Marcege S.A., la empresa infractora, a que restaure el daño ambiental provocado. Esta empresa tiene ya un largo currículum de expedientes sancionadores por daños ambientales. En lugar de esforzarse en cumplir las leyes de protección de la naturaleza, se dedica a querellarse contra quienes la defienden –como es el caso de varios miembros directivos de Ecologistas en Acción- o contra quienes defienden los bienes públicos, en el caso de la alcaldesa de Garaballa. “Confiamos en la acción de la justicia”, ha declarado Carlos Cano, presidente de Ecologistas en Acción de Cuenca.

[http://www.cje.org/fcpn/:http://www.cje.org/fcpn/]

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