| La triste realidad de los humedales españoles. |
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| LA LISTA RAMSAR. COMUNIDAD VALENCIANA. |
| Amigos de la Tierra denuncia la lamentable situación de los humedales españoles. Pese a aprobarse recientemente nuevos humedales para la Lista Ramsar, el gobierno español incumple los compromisos del Convenio de los Humedales y su propia normativa relativa a la conservación y uso sostenible de los humedales. |
En septiembre el gobierno español aprobó la inclusión de siete nuevos humedales en la Lista Ramsar, listado que recoge los humedales de importancia internacional.
Estas nuevas inclusiones son Chingudi, Salburua, Colas del
embalse de Ullibarri, Lago de Caicedo-Yuso y Salinas de Añana (en el País Vasco), Saladar de Jandía (en Canarias), Laguna de La Nava (en Castilla y León) y Bahía de Cádiz (en Andalucía).
Con estas inclusiones son ya 45 los humedales españoles en el listado del Convenio de Ramsar, cifra insuficiente si atendemos a la variedad de tipos de humedales presentes en nuestra geografía y a los valores ambientales que albergan.
Esta decisión responde más a un lavado de imagen de cara a la Conferencia de las Partes del Convenio de Ramsar (COP-8) que a una voluntad política de nuestros gobernantes por dotar a estos espacios de las condiciones necesarias para su conservación.
Desde 1996 no se aprobaban nuevos espacios Ramsar, seis años
perdidos para crear una lista más coherente con la realidad y con los criterios del Convenio, teniendo en cuenta que España cuenta con la mayor diversidad de tipos ecológicos de humedales de toda Europa.
Tristemente esto no es más que un hecho aislado en el interés del gobierno por la conservación del conjunto de los humedales. La mitad de los humedales españoles sufren alteraciones o procesos de degradación de distinto grado.
Son los humedales costeros los que se llevan la peor parte, siendo únicamente una tercera parte los que se encuentran en situaciones aceptables de conservación.
Esta lamentable situación se debe especialmente a la presión urbanística y a la construcción de vías de transporte de estas zonas.
Entre los humedales del interior, las llanuras de inundación se hallan en su totalidad alteradas o degradas, los humedales de agua dulce están modificadas en un 62%, los kársticos
en un 54% y los salinos en un 51%. Además, todos estos datos son estimaciones, ya que no disponemos de un inventario oficial que nos dé el diagnóstico preciso de la realidad, pese a que su existencia la establece la normativa vigente.
Únicamente el 10% del total de humedales españoles existentes tiene alguna forma de protección y que de los humedales más relevantes una parte sustancial no lo está o lo está deficientemente. En la mayor parte de los casos nos encontramos con una protección formal e insuficiente, sin medidas concretas de planificación y de gestión (personal investigador, guardería, Plan de Uso y Gestión, ordenación de uso público, etc.)
Pese a los avances habidos en la integración de la conservación de los humedales en decisiones políticas, existe todavía una escasa voluntad y una gran ignorancia entre las administraciones públicas encargadas de su protección.
Siguen existiendo por desgracia multitud de episodios de desecaciones intencionadas, proyectos de carreteras que cruzan humedales, proyectos de urbanizaciones, utilización del humedal como vertedero, etc.
El proyecto más lamentable de los últimos años que generará la degradación de humedales, lo tenemos en el Plan Hidrológico Nacional (PHN), el cual afectará gravemente y de forma irreversible a uno de los humedales más importantes de la península Ibérica, el Delta del Ebro. Otro problema, relacionado con el PHN y con la gestión irracional de agua, que afecta a muchos humedales españoles es la sobreexplotación de los acuíferos para su uso agrícola. Estas acciones, cada vez más generalizadas, consentidas y amparadas por las distintas administraciones, han llevado consigo a la degradación de los dos buques insignia de nuestros humedales: Las Tablas de Daimiel y Doñana.
Para más información:
Daniel Sánchez 649.817.892
Más información en Ibérica 2000:
* Buscar palabra clave en el Indice alfabético: Ramsar
| Insertado
por: cipi-cpn (28/11/2002) |
| Fuente/Autor:
Amigos de la Tierra. Madrid.Mail: madrid.centroiris@tierra.org |
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EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
Publicado en el Levante 2008-03-24
* El PSPV acusa al Consell de "matar" los humedales por intereses urbanísticos.
El portavoz de Medio Ambiente, Francesc Signes, acusó ayer al PP de "matar" 28 humedales valencianos por "intereses urbanísticos" y alertó de que los demás se encuentran "en estado crítico".
A su juicio, el "único responsable" de esta situación es el Gobierno valenciano que "está incumpliendo su obligación legal de protegerlos". Signes explicó en un comunicado que la Ley de Espacios Naturales Protegidos
declara la protección de todas las zonas húmedas de la Comunitat, estén declaradas o no, y con independencia de que tengan algún régimen de protección específico.
Sin embargo, criticó que el Consell de la Generalitat Valenciana "sólo reconoce esta protección a las zonas que ha incluido en su Catálogo", lo que supone "la condena a muerte de muchos humedales valencianos y, con ellos, de
gran parte de nuestros recursos hídricos".
48 humedales en lugar de 76. El diputado socialista destacó que el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana de 2002, incluye 48 humedales, cuando el inventario que manejaba la Conselleria en 1998 contemplaba 76, lo que supone que "28 humedales valencianos se han matado por intereses urbanísticos". "Los humedales han sido las principales víctimas de la saturación urbanística que sufre nuestra costa", apostilló. El portavoz socialista aseguró que "sacrificar los humedales ha sido el peor negocio del presidente de la Generalitat, Francisco Camps", y añadió que el ex portavoz del Partido Popular en las Corts Valencianes, Esteban González Pons, en su discurso sobre presupuestos, reconoció que "si mantenemos nuestros humedales en óptimas condiciones, nos ahorraremos 36 millones de euros al año, que se deberían destinar a corregir la intrusión salina y, simultáneamente, ahorraremos otros 40 millones de euros en infraestructuras de prevención frente a inundaciones, si estas zonas se conservan".
Otra noticia publicada en: Provincias 2008-03-24
Una sentencia europea obliga a aumentar las áreas ambientales. La valenciana está entre las comunidades con más carencias.
El pasado verano, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) condenó a España debido a que no había clasificado el suficiente número de territorios como zonas de protección especial para las aves, que son los espacios
conocidos como las áreas ZEPA. Una de las comunidades autónomas que estaba señalada por el alto tribunal
europeo a consecuencia de sus carencias en este ámbito era la valenciana. Pero no era la única autonomía española que se encontraba en esta situación. A la Comunitat le acompañaban otros territorios como Andalucía, Baleares,
Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. Nada más conocerse el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE, desde la Generalitat se señaló que estaba ultimando una propuesta para la ampliación de las áreas de estas características que existían en el territorio valenciano. Un proyecto que, aseguraron, se iba a aprobar a lo largo de la presente legislatura y que de hecho ya se encuentra en marcha. Y así parece que está ejecutándose, ya que en los últimos meses se han creado varios nuevos espacios que cuentan con esta protección en el ámbito de la geografía valenciana. La sentencia iba un poco más allá en otras autonomías. Los jueces europeos consideraron además que las áreas protegidas en Andalucía, Baleares y Canarias eran completamente insuficientes tanto en el número como en la superficie. Y todo ello teniendo en cuenta las importantes zonas para la conservación de las aves identificadas en el inventario ornitológico realizado en 1998. Y es que hay precedentes. La Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento contra España en el año 2000 al entender que no cumplía con la dirección europea de protección de aves silvestres. Este caso llegó ante el Tribunal Europeo de Justicia en el mes de enero del año 2003. Proceso iniciado en concreto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea atestigua que en la Comunitat Valenciana, pese a que ya se han clasificado varias de estas zonas de protección para las aves antes del
vencimiento del plazo establecido, todavía quedan terrenos que no están clasificados. Unos espacios que, según los tribunales europeos, forman parte de un procedimiento de ampliación de la actual red de ZEPA. Aspecto que también reconocen las autoridades españolas. La Comunitat Valenciana dispone en la actualidad de 18 de estas zonas protegidas para las aves, repartidas en 110 términos municipales distintos. La ampliación de las zonas protegidas para aves corta el crecimiento de 40 municipios
Los alcaldes de los pueblos afectados creen que causará la despoblación.
J. ABIETAR ZAHONERO, VALENCIA
La ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la Comunitat Valenciana va a suponer un grave inconveniente para 40 localidades. Sus términos municipales quedarán completamente bajo esta denominación, impidiéndoles su desarrollo, ya que resulta mucho más
complicado edificar o realizar cualquier actuación en áreas protegidas. Las poblaciones afectadas son Herbés, Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Vallibona, Cinctorres, Vistabella del Maestrazgo, Villahermosa del Río, Xodos, Villanueva de Viver, Montán, Fuentes de Ayódar, Espadilla, Torralba del Pinar, Pavías, Higueras, Ayódar, Suera, Algímia de Almonacid, Aín, Eslida, Alfondeguilla, Chóvar, Azuébar, Tuéjar, Chelva, Calles, Domeño, Chulilla, Sot de Chera, Gestalgar, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Millares, Bicorp y Quesa.
Además, se dan otros muchos casos en los que el terreno protegido por este mismo motivo alcanza porcentajes superiores al 80% del término municipal, restringiendo también las opciones de crecimiento de estas poblaciones, la mayoría de ellas en las provincias de Castellón y Valencia. Esta denominación puede tumbar algunos planes generales de ordenación urbana de los municipios afectados, sobre todo aquellos que se encuentren todavía
en la fase de concierto previo y tengan alguna de las iniciativas proyectadas en el documento en las zonas que ahora van a protegerse especialmente para las aves.
Pero ese no es el único impedimento y por eso todos los Ayuntamientos afectados presentarán alegaciones a la iniciativa. Uno de los más perjudicados es Millares, con todo su término protegido. El alcalde, Higinio Pérez, estaba muy molesto con esta ampliación de ZEPA porque corta de raíz las opciones de crecer del pueblo, "hasta las casas están en el área protegida, no podemos ni hacer un PAI de diez casas para que crezca el casco urbano".
Hay muchos más inconvenientes. Dos empresas están interesadas en hacer parques fotovoltaicos en la población, el primero de 350.000 metros cuadrados y el segundo de cerca de un millón. La creación de estas infraestructuras "solucionaría los problemas de liquidez de nuestro ayuntamiento, pero ahora hay problemas para que se instalen debido a la protección", señaló la primera autoridad. El alcalde de Gestalgar, Raúl Pardos, aseguró que con todo el término municipal protegido "no nos queda más remedio que enfocar la población hacia el turismo, es lo único que nos quedará, no podremos hacer nada más".
La primera autoridad de Chulilla, Enrique Silvestre, aseguró que ahora habrá "muchos problemas para la construcción de cualquier edificio o nave". Pero que en todo caso, no quiso extender más allá su opinión puesto que el Consistorio aún está estudiando los inconvenientes para presentar las alegaciones.
Quien mejor resumió la situación en la quedan estos municipios tras la ampliación de la ZEPA fue el alcalde de Quesa, Jesús Miguel Requena. La cosa es muy sencilla, "los Ayuntamientos están atados de pies y manos, para hacer
cualquier actividad en su población dependerán de la decisión de una autoridad superior". El munícipe de Bicorp, Pascual Gandía, aseguró que ahora "vamos a estar muy limitados y nos van a quitar ingresos". De hecho,
añadió, "no tenemos un parque eólico como otras poblaciones limítrofes porque ya teníamos mucho terreno con esta protección". Cambios de zona El alcalde de Millares añadió que está bien que se creen zonas protegidas para las aves, "pero que las pongan en otros términos municipales y no sólo en el interior dejando términos municipales cubiertos por completo con esta protección". Y es que, además, "no tenemos zonas de
paso de aves" y, en Millares, hay un problema añadido porque "ni la Conselleria ni el Estado tienen un metro de suelo, todo es privado por lo que tendrán que pedir permisos a los propietarios", dijo Pérez. Algo que compartía la primera autoridad de Yátova, Rafael Lisarde, quien aseguró que en la población "no hay zona de paso de aves, queremos que pongan tanta zona protegida, que se las den a otros municipios donde no haya espacios de este tipo". Requena aseguró la ZEPA que afecta a su población "es la más grande de la Comunitat con más de 150.000 hectáreas". El alcalde de Quesa recriminó que la creación de estos espacios "debe de basarse en la proporcionalidad, es ilógico proteger tanto espacio en un
mismo sitio para las mismas aves cuando hay lugares en los que ni viven estos animales pero se protegen". Desde este Consistorio se cree que estas áreas protegidas "sólo perjudican a los pueblos pequeños" y, por este motivo, en sus alegaciones "pediremos que se vuelvan a crear las zonas ZEPA pero atendiendo a un estudio científico y no de manera discrecional o, por lo menos, que no nos cojan todo el término municipal". Todos los alcaldes de las poblaciones coincidieron en señalar que esta medida traerá consigo la despoblación de los municipios del interior debido a que no ofrecerán ningún atractivo. Pascual Gandía reclamó a la Administración Autonómica que alguien "ponga sentido común o los pueblos pequeños se despoblarán sin remedio". Cualquier proyecto que dañe a las aves o su hábitat natural queda totalmente prohibido Catalogar un espacio como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) supone dotar a estos terrenos de un importante elemento de prohibición para la construcción. Este es el motivo fundamental de las quejas que están manifestando, a través de sus alegaciones, los Ayuntamientos afectados por
las nuevas denominaciones que está realizando la Conselleria de Medio Ambiente. De hecho, resulta terminantemente imposible realizar cualquier tipo de actuación que pueda dañar a las aves o al hábitat natural de estas, según señalaron desde la Administración Autonómica. Un ejemplo con el queda claro. Si en una ZEPA está proyectada la construcción de un edificio que afecta a la rama de un árbol en el que una especie de ave está anidando, el recinto deberá de cambiarse de lugar o
directamente ni siquiera llevarse a término por este motivo. Si este nido fuera de una especie que estuviera aún más protegida porque pueda correr peligro de extinción, los impedimentos serían todavía mayores.
Pese a todo, catalogar un espacio con este tipo de protección para las aves no significa que no pueda construirse, según manifestaron desde Medio Ambiente. Cada proyecto que se presente en uno de estos espacios será
estudiado de manera individual porque en cada área es diferente. El 28% de la superficie de la Comunitat tendrá limitado su desarrollo. La actual red valenciana de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ocupa una superficie que supera ligeramente las 277.000 hectáreas. La
mayoría de estos espacios son terrestres y solamente unas 12.200 se encuentran en el ámbito marino. Esto supone que actualmente el 11,3% del territorio valenciano recibe este tipo de catalogación. La propuesta de ampliación hará que esta superficie que cuenta con protección por este motivo llegue al 28,3% de la superficie de la Comunitat
Valenciana. Eso sí, según señalan fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, este aumento todavía no es el definitivo, ya que se trata de una iniciativa realizada antes de las posibles modificaciones que se establezcan después del proceso de participación pública en el que los interesados pueden alegar. En cualquier caso, de ejecutarse todas las previsiones que ha planteado la
Conselleria de Medio Ambiente, supondría un incremento conjunto neto de más de 424.000 hectáreas. Una cantidad de superficie que se consigue con la creación de 13 nuevas zonas protegidas para las aves y también a través de
las modificaciones de distinta entidad en los límites de las 18 áreas de estas características que ya existen en la Comunitat. Debido al resultado de esta ampliación, la red ZEPA valenciana quedará configurada por 31 áreas con una superficie total de 702.000 hectáreas de las que un total de 660.000 corresponden a espacio terrestre. El resto del
espacio protegido, algo más de 41.000 hectáreas, son de ámbito marino. La suma de ambas supondrá más del 28% del territorio de la Comunitat. Las 31 Zonas de Especial Protección para las Aves de la Comunitat que quedarán definidas tras la ampliación son Tinença de Benifassà, Penyagolosa, Planiols-Calaf, Prat de Cabanes, Hontanar, Sierra de Espadán, Islas Columbretes, desembocadura del Mijares, Alto Turia y Calderona. Además, los marjales de Almenara, dels Moros, Pego-Oliva y la Albufera.
Junto a ellas también se incluyen Hoces del Cabriel, Muela de Cortes, Montdúver, Meca, Montañas de la Marina, Mariola, Moratillas, Serra Gelada, río Montnegre, Tabarca, El Hondo, salinas de Santa Pola, Lagunas Mata y Torrevieja. Finalmente Escalona, Els Alforins y sierras del Sur de Alicante. |
| Nombre: Nuria Blay (26/03/2008) |
E-mail: Valencia |
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