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El señor de las sombras de Bogotá
Un pasado de favores a los narcos, un presente de simpatía por los paramilitares.
¿Su eslogan? Mano firme y corazón grande. Retrato del

presidente Álvaro Uribe
JAVIER GIRALDO S.J.
El pasado 26 mayo, a cuatro horas del cierre de los colegios
electorales, la institución que controla los procesos electorales en
Colombia anunció que el candidato Álvaro Uribe Vélez había conseguido el
53% de los votos para la presidencia, y que no era por lo tanto
necesaria una segunda vuelta. No ha sido una sorpresa. A pesar de que su
candidatura haya tenido inicialmente una escasa acogida, a partir del
mes de diciembre de 2001 los sondeos electorales han empezado a
presentarlo como el más valorado. El eslogan de su campaña era, “mano
firme y corazón grande”. El cartel propagandístico oficial lo presentaba
con la mano derecha sobre el corazón, aunque en la calle se decía que la
tenía allí porque se cansó de tenerla tendida hacia adelante, con la
pose del saludo fascista. Una imagen que circulaba en Internet
complementaba este chiste, enseñando una simple transformación de su
figura en el retrato de Hitler con su típico gesto frente a las masas.
Durante la campaña se ha polemizado sobre su imagen, sobre su historia y
sobre sus propuestas. A pesar de la debilidad y los engaños con que
siempre son difundidas las opiniones críticas hacia el status quo, las
voces de alarma llegaban de sectores significativos de la sociedad. No
se pueda afirmar que el país no supiera de que, votándole, se optaba por
la opción de la derecha, propensa a la solución militar del conflicto
armado; partidaria de las ayudas norteamericanas; cercana a los
defensores del capitalismo neoliberal y en donde la unión y simpatía con
el paramilitarismo y con el narcotráfico aparecen como sombras en el
pasado del candidato. El eje de su discurso ha girado alrededor de la
autoridad y la seguridad, aunque ha sido sazonado con anticorrupción y,
como siempre, con promesas que halagan los oídos de los oprimidos,
aumento de viviendas, escuelas, empleos y centros de salud para los más
pobres, cosas que forman parte de la minuta irrenunciable de cualquiera
campaña electoral.

En las últimas semanas de campaña, en las calles de las principales
ciudades colombianas ha circulado, a precio popular, una biografía del
candidato que refería de forma apresurada, sus orígenes más
preocupantes. Fueron reveladas las relaciones de su familia con el
narcotráfico tal como los favores que había devuelto a los cárteles de
la droga y, sobre todo, sus simpatías y sus ayudas a la estrategia
paramilitar del Estado, por añadidura su amistad con los principales
protagonistas y proveedores de fondos de los escuadrones de la muerte;
además se reveló su papel de promotor –durante su mandato en el
departamento de Antioquia [1995-1997]- de una forma de paramilitarismo
legalizado, como han sido las Cooperativas de Seguridad, paradójicamente
llamadas Convivir. Esta biografía, escrita por un corresponsal de
Newsweek, Joseph Contreras, ha elegido el subtitulo, entre paréntesis,
“El Dios de las Sombras”.

Sin embargo, estas alarmas no han producido ningún efecto sobre el
veredicto democrático expresado por las urnas. Los sondeos de opinión
han podido confirmar que sus métodos fueron científicos y los analistas
políticos han abundado en discursos que enseñan como la sociedad
colombiana está convencida de un modelo en que la autoridad del Estado
se debe imponer sobre los violentos para que la democracia pueda
funcionar.

No hay duda que, independientemente de las lecturas que se hagan, la
realidad de la violencia condiciona desde hace muchos años la política
en Colombia. Cuando Andrés Pastrana triunfó, en las elecciones del 1998,
no pocos analistas afirmaron que el triunfo lo debía al líder
guerrillero de los FARC, Manuel Marulanda, que dijo que era más fácil
firmar la paz con Pastrana antes que con el candidato liberal Horacio
Serpa, confirmado como un negociador tramposo. El país estaba ansioso de
paz, después de un cuatrienio como el del gobierno Samper [1994-98], en
el cual no hubo negociación formal con la guerrilla. Pero la sonora
quiebra del proceso de paz de Pastrana [1998-2002] ha llevado a muchos
analistas a afirmar que, esta vez, habría vencido las elecciones quien
fuera apoyado por los paramilitares. Y así ha sido.

Quien busca de interpretar la lógica simple y pragmática que orienta las
decisiones de las grandes masas piensa que razonan más o menos así, si
el camino del diálogo no ha funcionado, para acabar con esta violencia
asfixiante hace falta emprender el camino de la mano dura, [aunque
comporte el sacrificio de muchas vidas], para llegar pronto a una
reconciliación.

Se necesita tener en cuenta que en Colombia actualmente hay al menos 3
millones de refugiados reconocidos y quizás muchos otros millones no
reconocidos; qué desde hace 15 años hay entre 70 y 90 muertes violentas
al año por cada 100.000 habitantes [en los últimos años esto significa
cifras cercanas a 30.000 asesinatos al año] y que de estas un tercio, es
causado por el conflicto social y político; qué el país tiene 4.000
desaparecidos, que van en aumento cada año por centenares; qué todas las
provincias tienen amplias zonas rurales casi despobladas a causa de la
violencia y que casi todo el territorio nacional es considerado zona de
conflicto.

Ciertamente, para entender la política en Colombia es necesario
comprender el conflicto armado, paro hacerlo implica adentrarse en el
laberinto de sus diversas opciones, conformadas por las presiones de los
grandes poderes mundiales que se enfrentan en este microcosmos. Entre
estos grandes poderes está el de los medios de comunicación, que produce
titulares para el consumo mundial de los que, a veces, es casi imposible
librarse.

La imagen del conflicto colombiano que ha sido vendida al mundo es la
del clásico choque entre dos demonios que quieren eliminarse
recíprocamente, pero que cometen el gran pecado de usar como escudo a la
sociedad civil, que no tiene ningún interés en este conflicto y es
víctima inocente de la locura infernal de los violento. Estos dos
demonios son la guerrilla y los paramilitares. El Estado quiere proteger
su sociedad civil de esta guerra absurda, pero sus medios están tan
limitados, con respecto a los de los violentos que se alimentan de
exorbitantes riquezas del narcotráfico, que se hace necesaria la
solidaridad internacional, hace falta que ésta intervenga incluso
militarmente en la solución del conflicto, puesto que está por medio el
delito internacional de narcotráfico, fundido con el de terrorismo.

Esta visión penetra hasta en los sectores teóricamente más preparadas a
resistirse, como los especialistas de Colombia en otros países. En
noviembre del 2000 se han reunido en París 30 intelectuales europeos de
gran prestigio, todos estudiosos de la problemática colombiana, y han
firmado un comunicado en el que el conflicto armado fue definido como
una guerra contra la sociedad.

Me pregunto de qué manera estos intelectuales colombianistas se
alimentan de informaciones y elementos de análisis y hace falta señalar
con tristeza lo difícil que es encontrar fuentes que les permitan llegar
a conclusiones diferentes. (...) Cuando este debate asciende a niveles
más serios, se centra sobre el problema de los métodos de lucha. Nadie
puede negar que los métodos utilizados por las guerrillas colombianas
sean métodos repugnantes. Entre estos se cuentan el secuestro de
personas adineradas para extorsionarlas, el empleo de armas artesanales
que producen efectos difíciles de controlar - como las bombonas de gas
llenas de explosivo -, el sabotaje o la destrucción de elementos
neurálgicos de la economía, el ataque a muchas personas que no son
combatientes. Muchas normas del Derecho Humanitario son ignoradas de
manera sistemática.

Sin embargo, el problema no se soluciona de forma simplista, tal como
parecen afrontarlo muchos gobiernos y mediadores internacionales,
inclusos expertos de las Naciones Unidas. Muchos creen que una
negociación de paz deba comportar la conversión de las guerrillas en una
fuerza política y que el gobierno debe facilitar su participación en las
elecciones, para que se reinserten en la democracia. Ciertamente las
guerrillas no identifican democracia con elecciones, sino con
estructuras económicas y sociales no discriminatorias, y ya hay en su
historia algunas tentativas de participación electoral, cuyos limitados
éxitos han sido ahogados por la sangre y bloqueados por el fraude.
Nosotros que registramos día tras día casos de violencia, sabemos muy
bien que aquí son asesinados no los que han elegido la lucha armada sino
los que sueñan con otro modelo de sociedad, menos inhumana. Sólo un
pequeño porcentaje de las muertes violentos de carácter político
concierne a combatientes. La inmensa mayoría de las víctimas no ha
manejado nunca un arma.

Desde fuera es fácil usar el eslogan que la población civil es excluida
por la guerra, si se piensa, como los estudiosos sobre Colombia de
París, que esta guerra es extraña a la sociedad... [y] contra la
sociedad. Sin embargo, se corre así el riesgo de prescribir remedios
para el SIDA que sirven contra el cáncer. Otros análisis nos demuestran
que esta guerra ha sido concebida, desde sus orígenes y desde ambas
orillas como una guerra que tiene que implicar progresivamente a toda la
sociedad, con el riesgo de perder toda su lógica y su sentido.

Javier Giraldo es un religioso, desde siempre implicado en las batallas
sociales. Este ensayo está incluido en el número 79/80 de
"Latinoamerica" www.giannimina-latinoamerica.it


Colombia: Paramilitares legalizados (II)
Álvaro Uribe, el hombre de los paramilitares




Los autores de este artículo, investigadores y trabajadores sociales
colombianos, han decidido no firmarlo, por motivos de seguridad
personal.

Traducción de Sodepaz. España, agosto del 2002.
****************
Colombia: Paramilitares legalizados (I) (*)

Son las "Convivir", en teoría cooperativas de vigilancia privadas, en
realidad milicias contra la guerrilla, las que ahora Uribe quiere
revitalizar. Este es el primer artículo de un reportaje que la revista
"Latinoamerica" dirigida por Gianni Minà, publica en el número 79/80
de
agosto 02.

Un ojo inquisidor en un triángulo.... Este símbolo ha representado
desde 1994 a 1997 a las Convivir, una
especie de "Gran hermano" masónico a la colombiana.

Creadas por un decreto en febrero de 1994, y llamadas Convivir a partir
de 1995, son definidas
cooperativas de vigilancia y seguridad "privadas", oficialmente
destinadas a ayudar a la autoridad a
luchar contra los grupos armados ilegales. En realidad son fuerzas
auxiliares contrainsurgentes del
ejército y de la policía, generalmente financiadas por los grandes
propietarios de tierra, que en la época
quisieron librarse del impuesto revolucionario y de la "agitación
subversiva".

Superchivatos del Estado, los miembros de Convivir serían, en teoría,
dotados con armas "defensivas".
En 1996, en cambio, la Administración colombiana había autorizado la
adquisición de 422 metralletas,
373 pistolas de calibre 9 mm, 217 fusiles de asalto, 70 fusiles, un
centenar de revólveres y algunos
lanzagranadas, morteros y granadas de fragmentación. Nada que ver con
la escopeta de caza de un
"campesino indefenso" contra la guerrilla. Álvaro Uribe Vélez,
gobernador de Antioquía y su jefe de
gabinete, Pedro Juan Moreno Villa, han sido los fervientes defensores
de las Convivir, según algunas
versiones, Pedro Juan Moreno fue de los que inspiraron al gobierno
Samper el decreto de su creación.
Con el gobernador Uribe, fueron creadas en Antioquía setenta
cooperativas Convivir, un unos sesenta
según el departamento. Es difícil conocer la cifra exacta, la identidad
de los chivatos no es registrada
como tampoco el nombre de las Convivir. Estas organizaciones
semiclandestinas, actúan a menudo en
la sombra. En la mayoría de los casos, los alcaldes de la época no han
sido informados de la creación
de las cooperativas en su ayuntamiento.

Cuando protestaron, Pedro Juan Moreno Villa les ha contestado que la
ley no obligaba a informarlos.
Un misterio que pone en duda sobre la legitimidad de éstos grupos muy
bien armados, es que tienen
entre sus jefes a ex policías destituidos por sus superiores o
guerrilleros desmovilizados,
acostumbrados a las artes de la guerra. Bien pronto, las ONG y la ONU
se han alarmado por la
importancia que tomaban las Convivir. Desdichadas denuncias. Álvaro
Uribe repitió que estos grupos
permitieron a la población colaborar con las instituciones del Estado.
"La autoridad debe ser fuerte y
constante. Sin esta condición, no habrá paz ni orden", contestó a la
Iglesia colombiana, preocupada
por estos grupos armados clandestinos. "Queremos que estas patrullas
estén presentes en todo lugar",
ha afirmado en diciembre de 1996 en una entrevista concedida a la
revista Alternativa.

La misma revista ha comprobado que las Convivir prosperaron en las
tierras de los narcotraficantes y en
las zonas estratégicas para las grandes empresas de la región dónde, en
aquellos años, los
paramilitares se establecieron con fuerza". Las autodefensas son la
madre de las Convivir" "Gracias a
las Convivir, Uribe dio explícitamente una cobertura legal a la
justicia privada. Todo lo que era
clandestino, la vigilancia de las plantaciones y los comandos populares
se hicieron legales", ha
admitido Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartado, bajo la administración
Uribe. Por otra parte, los
promotores de las cooperativas de seguridad fueron los que defendieron
hace algunos año a los grupos
paramilitares de la confederación de ganaderos y de las empresas
bananeras. Una unión que no
repretentó1 problemas éticos a algunos de los cargos electos de aquel
momento. "Las cooperativas de
autodefensa, que han hecho del Magdalena medio un oasis de paz, son las
precursoras, la madre de
las Convivir" ha recordado el delegado Guillermo Martínez Guerra en un
debate en el Congreso.

Otra crítica hecha a las Convivir es el haber implicado directamente en
el conflicto a centenares de
civiles y de haber privatizado el mantenimiento del orden público,
normalmente competencia exclusiva
del Estado. La Corte Constitucional, que en noviembre de 1997 examinó
los decretos de autorización,
decidió sólo mantener las Convivir a condición que no utilizaran armas
pesadas, reservadas al ejército.
"A pesar de todas las denuncias, las Convivir no han sido declaradas
nunca ilegales. Sólo han
desaparecido porque las licencias que les fueron concedidas por un
tiempo determinado "no han sido
renovadas", aclaró el abogado Fernando Valencia de la ONG Corporación
Jurídica de Medellín. Sin
embargo, como en Apartado, algunos grupos de vigilancia han mantenido
el nombre de Convivir.

En la mayoría de los casos, las armas no han sido recuperadas por las
autoridades y los equipos de
comunicaciones han quedado en las manos de las viejas Convivir, que han
seguido actuando como
empresas de seguridad, o se han unido a las filas de los paramilitares.
Una de las Convivir, surgida en
la época en el cercano departamento de Cordoba, llevó el nombre de
"Salvador Mancuso". Hoy,
Salvador Mancuso se ha convertido en el jefe militar de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Un detalle que ciertamente no es probatorio. Con la reaparición de las
Convivir en el programa electoral
en el capítulo titulada "Seguridad democrática", Álvaro Uribe ha
presentado un proyecto de "red
ciudadana por la prevención del delito y la promoción de la vida en
común", constituida por un millón de
civiles, que preveía abiertamente la reactivación de las Convivir.
Después de haber prometido la "teoría
clásica" según la cual el Estado tiene que detentar el monopolio de la
fuerza, el texto aseguraba: "No,
no habrá militarización de los civiles - afirmó - la red no tiene
oficialmente "carácter ofensivo" y no
tomará parte en las operaciones del ejército. Pero tendrá que elaborar
con la policía los programas "de
acción contra los delincuentes"". Fue un discurso genérico con el que
las autoridades también
indicaban a los grupos armados. Para el uribismo, esta red debería
contar con 200.000 personas en las
ciudades y 150.000 en pequeños pueblos y aldeas dentro de las juntas de
acción municipal, además
transforma a 200.000 choferes del transporte público y privado en
"informadores" equipados con
radioteléfonos. Otros 100.000 voluntarios deberán ser movilizados en
los barrios por la Red Ciudadana
de Policía Civil colombiana. Habrá así 650.000 civiles que se volverán
igualmente informadores
potenciales del Estado.

Uno de los riesgos es que la guerrilla los identificará enseguida como
objetivos militares. Pero Álvaro
Uribe no los dejará desarmados. Al principio, el proyecto preveía que
las redes ciudadanas utilizarán "el
equipo de seguridad necesario". Obviamente "a condición de tener las
licencias y las autorizaciones
correspondientes", concedidas por el poder local. Sin embargo, la Red
Ciudadana de Policía Cívil, que
es "actualmente un cuerpo armado", debería convertirse en una fuerza
de
150.000 hombres "dotada con
los elementos necesarios para la prestación del servicio". El texto no
ha precisado cuáles deberían ser
estos elementos. Al mismo modo, ha omitido explicar como se hará el
alistamiento de los 200.000
miembros de empresas de seguridad privadas "legalmente" reconocidos
cuando en el momento no hay
más de 120.000, de los cuales la mitad actúan en la ilegalidad. ¿Hará
falta multiplicar por dos los
porteros de viviendas?

Pero el aspecto más peligroso es la reactivación de las Convivir. El
proyecto prevé, en efecto, la
creación de una "red de servicios especiales de seguridad" y de
"servicios comunitarios de vigilancia y
seguridad privada." Las dos figuras están definidas por el "decreto
2794 de 1997" que retoma palabra
por palabra el decreto 356 de febrero de 1994, el mismo que ha dado
vida a las muy controvertidas
Convivir.

**********
Segunda parte reportaje que la revista Latinoamérica dirigida por Gianni
Minà, publica en el número 79/80 de agosto.



La política económica y social de Álvaro Uribe Vélez - cuando fue
gobernador en Antioquia - fue decididamente neoliberal, miope e impuesta
a la fuerza. Su objetivo principal fue la "desburocratización", Uribe
se
jactó de haber eliminado a dos tercios de los funcionarios, haciendo
pasar su número de 14.000 a 5.500. ¿Su método? El desprecio por los
derechos de los trabajadores, las presiones sobre los sindicalistas y la
ayuda de los paramilitares




"Desburocratizar" a la fuerza

Con el mismo criterio, el servicio de limpieza de las calles del
departamento fue reducido en menos que un año, de 1.400 a 500 empleados.
En un primer momento Uribe utilizó la forma suave, proponiendo
jubilaciones anticipadas y dimisiones. Los trabajadores no aceptaron, y
jubiló a la fuerza a algunos trabajadores; algunos de ellos tenían 36
años. El método fue ilegal, paro el gobernador no fue su primer abuso,
como prueban los recursos a la justicia y denuncias contra su
administración, un tercero de las 3100 sentencias por denuncias contra
las instituciones públicas durante 1997 en Antioquia fueron contra la
Administración. Pocas han llegado a tener sentencia, como ha notado la
Confederación Internacional de Sindicados Libres (CISL), muchos de los
juicios no han llegado hasta el final; han sido bastante las "sentencias
políticas que han favorecido al gobernador."

A pesar de que fuera ilegal, a Álvaro Uribe el sistema de la jubilación
forzosa no le pareció bastante rápido. Así, el 22 de mayo de 1997
anunció la intención de despedir a todo el personal la semana siguiente.
Mientras tanto, por todas partes en el departamento, los paramilitares
salieron contra las luchas de los obreros. En Salgar, entre el Urabá y
el Magdalena Medio llegaron hasta amenazar a los empleados y sus
familias para que aceptaran "las propuestas del Gobernador"." No
os
queremos ver más aquí", decían los paramilitares.

"Su alternativa era "os vais u os vais"", recuerda Rangel
Ramos,
entonces presidente del SINTRA en el departamento, el sindicado de los
funcionarios de la región. Más de 550 trabajadores fueron obligados a
dejar el campamento en la sede del sindicado en Medellín, dónde
estuvieron durante más de dos meses. Se multiplicaron las
manifestaciones, a pesar de las amenazas de las autoridades: "El jefe de
la policía, Jaimes, hizo el gesto de apretar el gatillo y me dijo que
sabía cómo arreglar nuestros problemas", nos cuenta Rangel. En este
momento, los sindicalistas estaban obligados a tomar en serio esta
amenazas, en Antioquía, en 1996, más de 198 fueron asesinado. El año
siguiente la cifra llegó a 210. Cifras sin precedentes, aunque el
departamento siempre fue una de las regiones más peligrosas para los
sindicalistas.

Rangel Ramos, cuya casa era vigilada por hombres en motocicletas, se
mudó continuamente de domicilio y en junio se enfrento con algunos
hombres armados delante de la sede del sindicado. El gobernador, sin
embargo, aceptó negociar y los delegados del SINTRA fueron varias veces
a la sede administrativa del departamento. "Allí, la tercera vez, el
jefe de gabinete Juan Pedro Moreno, nos hizo fotografiar por los hombres
de las CONVIVIR en chaleco azul, armados con fusiles", Rangel Ramos nos
recuerda.

El 26 de junio, Álvaro Uribe creía haber encontrado la solución,
"comprar" a la dirección del sindicado. Propuso pagar dos millones de
pesos a los representantes a cambio de su consentimiento al plan de
despido de los trabajadores públicos. El rechazo de los sindicalistas
pareció ponerle nervioso. "Empezaron a tratar a nuestra organización
como un nido de guerrilleros" recuerda Ramos, que subraya sarcástico
como el presidente se dirigía a él con un caluroso "mi querido
Rangel".
Las negociaciones fueron un fiasco y los sindicalistas siguieron siendo
amenazados, el 30 de diciembre, en Betania, en la víspera del fin del
mandato de Uribe como gobernador, mataron con ráfagas de metralleta en
su puesto de trabajo, al sindicalista Rodrigo Tapiado.

En un año, el gobernador suprimió 900 puestos del servicio de limpieza
de las calles. "A la delegación sindical se le dio un trato
paramilitar", como pudo constatar la CISL en un informe al año
siguiente.





Privatizaciones e ineficiencia

Para cubrir las funciones de los funcionarios despedidos o jubilados, el
gobernador pidió ayuda a algunas empresas privadas o a cooperativas. Un
gestor de una multinacional lo definiría como outsourcing, pagar un
servicio a una empresa antes -a un precio mayor- que regular los sueldos
y las tareas de los empleados. En el lenguaje de Uribe, es "el Estado
Comunitario", mezcla de neoliberalismo y gestión a corto plazo. El
gobernador también propuso a algunos de los antiguos empleados del
departamento crear cooperativas de trabajadores a las que aseguraría
contratos hasta al final de su mandato, el 31 de diciembre de 1997.
Algunos contratos eran por lo menos ambiguo, en el Nordeste antioqueño,
por ejemplo, los trabajadores denunciaron que los contratos fueron
confiados a cooperativas controladas por los grupos de seguridad
privados Convivir. En todo caso, los trabajadores perdieron su
estabilidad. El departamento con el cambio parecía haber ganado ya que a
las cooperativas les pagaba por un kilómetro de calle un precio inferior
con respecto al coste anterior, 2,5 millones de pesos frente los 3
millones de antes. Pero el cálculo fue demasiado superficial, las
cooperativas trabajaron con los equipos públicos, que no recibieron
manutención quedándose como enseguida como inservibles. ¿El resultado?
"Durante la gestión de Uribe, los trabajadores públicos no han limpiado
ni un metro de asfalto", concluye Rangel Ramos. Uribe pagó a los pocos
empleados que quedaron para que estuvieran sin hacer nada y probar así
la ineficacia de las instituciones públicas.




La "revolución educativa"

A la vez, el gobernador puso a punto una estrategia de privatización de
la enseñanza, confiando por contrato la escolarización de 100.000 niños
a algunas ONG, a algunas diócesis y a colegios privados. "Los contratos
fueron concedidos sin valorar la calidad o los resultados de la
instrucción", según el testimonio de un miembro de la ONG Cuerpo Region,
que analizó el tema. "Sin eximir de corrupción a los poderes
públicos".
Hoy, estos medios efímeros han mostrado sus límites, 250.000 niños no
reciben instrucción por falta de fondos públicos, que no ha podido pagar
de nuevo a las ONG. La mala gestión, cinco años después del fin del
mandato, todavía es imputable a Álvaro Uribe. En su furia privatizadora,
como gobernador, en 1996, confió a dos empresas privadas la distribución
de licores que, hasta aquel momento, representaban el 70% de los
ingresos de la Administración departamental. Con la privatización
prosperó el contrabando de alcohol dentro del departamento de Antioquía.
Fue una elección que puso en peligro la tesorería del departamento de
los años siguientes. El actual presidente hizo pagar por adelantado a
las empresas de distribución los beneficios de varios años. Esta suma le
permitió declarar aquel año que con los ingresos se podían crear los
100.000 puestos escolares prometidos, pero dejo a sus sucesores montañas
de deudas. Así si Álvaro Uribe en su mandato presidencial aplica la
misma política, se pueden prever para su sucesor en 2006 numerosos
quebraderos de cabeza




Uribe y los campesinos

Cuando en 1977, Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro, compró la empresa
La Mundial, se dedicó a eliminar los derechos de los asalariados y a
pagar sólo a destajo, sin sueldo fijos. Enseguida, 76 trabajadores
iniciaron una huelga paralizando la granja por quince días. Uribe
decidió entonces dejar administrar la empresa al sindicado durante dos
meses, al final de los cuales despidió a todos los trabajadores. La
cuestión acabó en el tribunal y Uribe eligió la negociación, entregando
la granja a los empleados como compensación de las contribuciones
sociales que les debía. Continuó el pleito durante tres años, hasta que
la venta fue firmada el 30 de diciembre de 1982.

"Es a partir de aquel momento que hemos padecido represalias de los
militares y de los paramilitares", explica un miembro del sindicado, hoy
refugiado en Medellín. El 14 de julio de 1983, además, Julio Medina, uno
de los miembros del sindicado, fue secuestrado por algunos policías. No
habiendo aparecido jamás.

En otra ocasión, "algunos paramilitares entraron en la granja y nos
obligaron a tendernos en el suelo, con las manos atadas, luego, nos
pintaron en la espalda las siglas de las patrullas de autodefensa,
tratándonos como ladrones y guerrilleros."

Más tarde, en 1989, dos miembros del sindicado fueron asesinados. Tres
años después, el ejército invadió la granja. Cinco helicópteros
destruyeron a balazos los campos de caña de azúcar. Durante quince días
los soldados se quedaron, controlando a los trabajadores y sacándoles
fotos. Según los testimonios de algunos habitantes recogidos en el
informe de la ONG Nunca Más, los grandes propietarios de la región,
entre ellos Álvaro Uribe Vélez, a partir de los años 80 sitiaron la
Mundial desplazado un destacamento de policía a una granja cercana, La
Manada. Los policías salían por la noche, encapuchados, para intimidar a
los campesinos. "No fue por azar que Álvaro Uribe prometió en público
que se haría con la propiedad de la granja", recuerda un testigo



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¿Un narcoterrorista al Palacio de Nariño?
Manuel Salgado Tamayo
ALAI
El domingo 26 de mayo del 2002, el candidato liberal disidente Alvaro
Uribe Vélez, en medio de un proceso caracterizado por el recrudecimiento
de la violencia y un abstencionismo de más del 52 % fue elegido
Presidente de Colombia. Desde la ruptura del proceso de paz por Pastrana
y durante las elecciones parlamentarias pudo advertirse un creciente
proceso de derechización de un amplio segmento de la sociedad
colombiana. El discurso extremista de Uribe minimizó las críticas de los
que recordaron sus nexos con el narcotráfico y los paramilitares.
El periodista Joseph Contreras, de la Revista norteamericana Newsweek,
señaló que Alvaro Uribe Vélez, a fines de los años 70, mientras se
desempeñaba como Alcalde de Medellín, trabajó en los planes de vivienda
financiados por Pablo Escobar: Medellín sin tugurios, Medellín Cívico,
fueron, entre otros, los programas que hicieron de Escobar un "ciudadano
ilustre y benefactor".[1]
Entre marzo de 1980 y agosto de 1982, época del florecimiento de los
carteles de la droga, Alvaro Uribe Vélez fue Director de la Aviación
Civil, cargo que le permitió conceder licencias para pilotos y permisos
de construcción de pistas para los narcotraficantes. Su ayudante
entonces era César Villegas que, más tarde, se comprobó estaba vinculado
al Cartel de Cali.
Como ocurre con algunos miembros de la aristocracia colombiana, Alvaro
Uribe Vélez, procede de una familia vinculada al narcotráfico. Su padre
Alberto Uribe Sierra, fue un hombre de negocios perteneciente al Clan
Ochoa. Al ser asesinado cerca de su finca en Antioquia, la crema y nata
de la sociedad paisa asistió a su sepelio, junto al entonces Presidente
de Colombia, Belisario Betancur, en medio de las veladas protestas de
quienes conocían sus vínculos con la cocaína, recuerda el escritor Fabio
Castillo.[2]
En los años 90, cuando era Gobernador de Antioquia, tuvo como jefe de
gabinete a Pedro Juan Moreno, el mismo que fue sorprendido por la DEA
como propietario de la compañía que había comprado 50.000 kilos de
precursores químicos para elaborar cocaína.
En la misma década de los 90, al ser elegido Gobernador de Antioquia,
promovió la creación de las Cooperativas de Seguridad Privada CONVIVIR,
iniciativa destinada a legalizar el paramilitarismo. En el Congreso de
Ganaderos, en 1996, se aprobó extender esa iniciativa de Uribe Vélez a
nivel nacional y además promover su candidatura presidencial. El Diario
"El País", de la ciudad de Calí, del 3 de agosto de 1998, dio cuenta
de
la fusión de CONVIVIR con los paramilitares:
Representantes de más de 2.000 cooperativas de seguridad privadas han
anunciado que se armarán y unirán al movimiento paramilitar Autodefensas
Unidas de Colombia-AUC-. El movimiento fue formado en 1996 por más de 16
agrupaciones paramilitares de todo el país y
están lideradas por Carlos Castaño ,jefe de la principal organización de
extrema derecha de todo el país.
Una de las pocas voces que se opuso a CONVIVIR fue el doctor Jesús María
Valle Jaramillo que fue asesinado en su oficina el 27 de febrero de
1998.
Es tan evidente que CONVIVIR es una de las fuentes de reclutamiento de
las bandas paramilitares que la diplomática española Almudena Mazarrasa,
directora de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la
ONU para Colombia, solicitó al gobierno de Andrés Pastrana la
investigación judicial de las acciones de estas cooperativas y la
derogatoria del Decreto que autorizó su funcionamiento.
Alvaro Uribe en el desempeño de todos sus cargos ha ejercitado el terror
contra los trabajadores. Así lo recuerdan en el Municipio de Medellín,
en la Gobernación de Antioquia y en la Aviación Civil. El no oculta sus
simpatías con el paramilitarismo, así por ejemplo, en el homenaje
público a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, que habían
sido retirados del servicio activo por su participación en masacres y
atrocidades contra la población, entre 1996 y 1997, Uribe Vélez habló en
acto de desagravio. Su proyecto presidencial lo retrata de cuerpo
entero: Reclutar y armar a un millón de civiles. Incrementar el número
de soldados en el Ejército en 100 mil hombres e igual número para la
Policía. Todo ello para derrotar a las fuerzas insurgentes. Como el
Estado colombiano no tiene recursos para soportar un gasto de esa
magnitud, se supone que los financiará con el mismo mecanismo que
sostienen a las Autodefensas Unidas de Colombia: El narcotráfico.
Antes de las últimas elecciones parlamentarias, uno de los jefes
paramilitares, Salvatore Mancuso, dijo que la meta que se habían
propuesto es tomar la tercera parte del Congreso. Luego de los
resultados señaló eufórico que habían alcanzado más del 35 %. El diario
más influyente de Colombia, El Tiempo, resumió esa verdad así: Varios de
los nuevos senadores y representantes elegidos hace una semana fueron
avalados, financiados y tolerados por el paramilitarismo"[3] El Obispo
de Cali Isaías Duarte Cancino que se atrevió a denunciar la presencia
del dinero del narcotráfico y el paramilitarismo en el financiamiento de
la campaña de algunos candidatos fue asesinado a los pocos días.
La candidata presidencial Noemí Sanín Cano advirtió que si triunfa
Alvaro Uribe será lo mismo que si triunfara Carlos Castaño.
Los medios de comunicación del mundo se hicieron eco de la alarma
europea por el avance electoral en Francia de la extrema derecha
fascista, racista y xenofóbica que representa Le Pen. Y hay que decir
que el pueblo francés tuvo la sabiduría suficiente para impedir a tiempo
el renacimiento de ese engendro, pero, veo que los medios de
comunicación locales han comentado muy poco la consolidación del
proyecto fascista en Colombia. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la
viga en el propio, diría nuestro pueblo. ¿ Cómo podrán justificar los
Estados Unidos el arribo al gobierno en Colombia de uno de los más
conspicuos herederos del narcotráfico, relacionado además con las formas
más brutales de terrorismo de Estado? ¿ También en Colombia la lucha
contrainsurgente incluye el apoyo descarado a los grandes
narcotraficantes y al paramilitarismo?
La conducta de Bush y sus funcionarios nos lleva de sorpresa en
sorpresa. En el Informe del Departamento de Estado "Patrones globales
del terrorismo 2001"[4] insisten en la campaña de infundios contra el
Presidente Hugo Chávez al sostener: "Venezuela tuvo contactos con las
FARC y el ELN y... puede haberles ayudado a conseguir armas y
municiones".
En el mismo informe se dice que: "Argentina no padeció actos de
terrorismo en el 2001". ¡Habría que preguntarles a las Madres de la
Plaza de Mayo y a los millones de gauchos cuyos destinos han sido
desquiciados y rotos por el terrorismo neoliberal si piensan lo mismo.!
Pero además, exigen más sumisión a los gobernantes ecuatorianos al
señalar que: "Ecuador no mejoró el control de sus fronteras porosas ni
reprimió la emigración e inmigración ilegal. Los débiles controles
financieros de Quito y el amplio fraude con la documentación son todavía
temas de preocupación, como ocurre con la reputación de Ecuador de ser
un corredor estratégico para las armas, municiones y explosivos
destinados a los grupos terroristas colombianos".
Los yanquis tienen la Base Militar en Manta con la que controlan los
movimientos migratorios, pero quieren más. Con la complicidad de sus
lacayos criollos nos han impuesto la dolarización que ha llevado a
extremos dolorosos la miseria popular. Tampoco es suficiente. Nos
obligaron a firmar la paz con el Perú, al precio de un nuevo
cercenamiento territorial, para que más de 11 mil hombres de las Fuerzas
Armadas vayan a la frontera con Colombia. ¿ Es que sólo estarán
satisfechos cuando hayan empujado a los soldados ecuatorianos a la
guerra fratricida contra la insurgencia colombiana y contra los que
discrepamos de ese proyecto suicida?
La alegría con que la Embajadora norteamericana en Bogotá recibió el
triunfo de Uribe demuestra que la guerra contra las drogas y el
terrorismo no incluye a sus aliados incondicionales. Las primeras
palabras del nuevo Presidente han sido para solicitar el incremento de
la ayuda militar para el Plan Colombia. Una vez más, desde el norte
soplan fuertes vientos de guerra, mientras nuestros pueblos exigen paz,
pan y desarrollo. El triunfo de Uribe Vélez inclina la balanza en la
región andina a favor de las imposiciones del Imperio, pero los
resultados dependerán, como siempre, de la acción organizada y creadora
de nuestros pueblos.

(*) Manuel Salgado Tamayo. Profesor de la Universidad Central. Ex
Vicepresidente del Congreso Nacional del Ecuador. Quito, 28 de mayo del
2002.

Notas:
[1] Ver Revista Vistazo, No. 831, abril 4 del 2002, Guayaquil, Ecuador,p.p. 12-13.
[2] Fabio Castillo, [Los jinetes de la cocaína.:
www.derechos.org/niskor/colombia/libros/jinetes/cap.3.html]
[3] Diario "El Tiempo" de Bogotá, 17 de marzo del 2002.
[4] El Tiempo de Bogotá. 21/mayo 02.:www.usinfo.state.gov/espanol/terror/02052102.html]

Más información en Internet:
* [Revista World Watch.:www.nodo50.org/worldwatch/]

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