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En la enrarecida atmósfera actual de las democracias burguesas es tópico que el procesado se libra de la condena -o en su caso de entrar en la cárcel-, si tiene mucho dinero y un buen abogado; circunstancias ambas que van unidas. Sin embargo, la diferencia entre el "buen" abogado y el abogado a secas es accidental. Más bien debiera serlo si al proverbio jurídico "da me facto, dabo tibi ius" ("dame el hecho y te daré el derecho", al juez le basta conocer el hecho para dictar sentencia), se le quiere dar algún sentido…

Porque la justicia bien entendida y la voluntad de hacer justicia, no han de depender de mentes jurídicas (de abogados defensores) supuestamente más "capaces"; al final, más capaces para desvirtuar precisamente la justicia. Pues en último término, esa capacidad sólo consistiría en hacer del logos (el razonamiento) un instrumento para ahondar más la desigualdad social ya existente.

Porque llueve sobre mojado. Pues, aunque la razón nunca es prolija, el aparato de la justicia es ya de por sí prolijidad en estado puro. Empezamos por que a menudo la justicia, tal como está instituida, da más validez a la forma que al fondo, más a las sinuosidades de la retórica que al hecho enjuiciado en sí, para acabar siendo simple rehén de un retorcido procedimiento con el pretexto de proveer de garantías al inculpado; garantías de las que se beneficia al máximo el rico y no puede pagar el menesteroso. Desde luego no es justicia dar más importancia al defecto de forma en cuya virtud se puede invalidar una prueba inconcusa en el comisión de un delito, que al sentido común.

Ni siquiera la historiografía forense prueba que sean la astucia o una superior inteligencia de los profesionales de la defensa en el proceso, lo que determina o condiciona la sentencia. Aunque con el lenguaje, la lógica formal y el silogismo se puede hacer lo que uno quiera y defender tanto una tesis como su contraria, lo que resalta en la urdimbre jurídica y forense no son los leguleyos de relumbrón, sino las facilidades que el legislador brinda a los patricios y plutócratas transgresores de la ley penal, para sortearla. "Ideada" y montada la ley por la clase dominante, siempre le favorece en quebranto del socialmente débil. La propia institución de la fianza es de por sí un insulto a la igualdad. Todas las leyes están elaboradas por individuos pertenecientes a clanes que se protegen a sí mismos y entre sí. De aquí la inclinación de jueces, y sobre todo de tribunales, a dar la razón a quienes gozan de renombre profesional y defienden a un poderoso; un renombre casi siempre también acuñado corporativamente por los componentes de esos clanes, y no por una aguda inteligencia en busca de la equidad.

Está condenado el robo; tanto de la propiedad pública como de la privada. Pero, en una sociedad que da más valor al dinero y a la propiedad privada que a la vida, los estamentos agravan el delito cuando lo robado es particular en la medida que condescienden con quienes se apropian del dinero público. Por otro lado, la posibilidad de que un rico se apodere de propiedad privada es tan remota como cierta en el caso del pobre.

No son buenos abogados, pues, los que libran de la cárcel a los caciques, a los prepotentes, a los famosos y a los ricos. Son los tribunales los que se constituyen en escuderos de la causa de los que predominan y dominan, que ya les han dotado previamente de la herramienta idónea para hacer mil veces más probable que acabe en prisión un desgraciado social que un patricio o un preboste. No hay más que ver quiénes acaban en la cárcel por irrisorios atentados en la calle contra las instituciones, por ejemplo, y a quiénes se les sobresee una denuncia o su caso se pasa media vida en fase de instrucción, o no pisan la cárcel o salen de ella al día siguiente, después de haber incurrido en fraude, malversado, etc u ocasionado inmenso perjuicio a miles de damnificados... Para colmo, la ideología neoconservadora o neoliberal que impera en Estados Unidos y en Europa, exalta desorbitadamente al individuo y los méritos del individuo en desprecio del cuerpo social, al que sólo tiene en cuenta por motivos electorales. Pero ¿qué méritos? No el artístico o el científico o el tecnológico, sino exclusivamente saber amasar una fortuna aunque sea a base de evasión fiscal, fraude y rapiña. ¿Qué individuo, que no sea de los pertenecientes al club? El indulto de los gobernantes completa un cuadro a todas luces radicalmente injusto. Una justicia que se entiende y funciona así, con estas lacras estructurales, no merece llamarse justicia...

Ni siquiera se les pasa por la cabeza que la situación que vive este país, por ejemplo, en materia de desahucios, está mucho más cerca de la catástrofe que de la mala suerte o la fatalidad. Y como una catástrofe, como el terremoto que destruye a todo un pueblo, debiera tratarse. Pero están tan envilecidos, tan sumidos en otra burbuja mental de soberbia infinita después de la inmobiliaria, que no darán un paso efectivo para resolver la dramática situación y hacer justicia social en un asunto que, cualquiera, a menos que sea un mal nacido, comprende que es de primera y urgente necesidad.

Gracias a Beccaria se reformó el sistema penitenciario en Europa. Pues bien, está pendiente la elaboración de una ley que sancione que, en la comisión del delito, constituye agravante el tener estudios o fortuna, o desempeñar bajas o altas responsabilidades públicas. Sólo entonces podríamos decir que hay posibilidad cierta de que reluzca la justicia. Los movimientos sociales tarde o temprano habrán de prestar atención a este asunto…

Jaime Richart
Antropólogo y jurista
18 Mayo 2013

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