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Jaime Richart
8 Abril 2014

El gobierno de estos últimos dos largos años está interpretando el poder otorgado por la mayoría absoluta al igual que los monarcas absolutistas y los dictadores fascistas interpretaron o interpretan el suyo como si hubieran sido investidos por la divinidad: ni una sola concesión a las propuestas o enmiendas, que no sean anecdóticas, presentadas por la oposición política. Han hecho de esta inestable democracia de mínimos un descarado régimen estamental que oprime progresivamente a las clases populares.

Y, por si fueran pocos los abusos reconocidos de personajes públicos concretos y de castas concretas, el mecanismo que va a introducir en la reforma de la Justicia el ministro del ramo y por ende el gobierno, enlazan con las parodias de justicia que la dictadura franquista se inventó para discriminar, ante jueces y tribunales especiales, a los súbditos perdedores de la guerra civil de los otros.

Es decir, cuando el desafuero de 10.000 aforados lo está pidiendo a gritos el sentido común, la modernidad y el Derecho comparado en cuya virtud ningún otro país de Europa los tiene (salvo en algún caso la figura del jefe del Estado), en España, en lugar de elaborar una ley para suprimirlo, se refuerza el fuero con este proyecto de ley. Si bien esto es lo de menos, pues a su rebufo ministro y gobierno persiguen otra cosa...


Estamos evidentemente ante una maniobra de distracción para colar, después de tanto recorte y de tanto delito económico otra medida totalitaria: la de reforzarse el poder ejecutivo y el legislativo, a costa del poder judicial. Esto es, pone en manos del organismo judicial superior de los jueces, de por sí de marcado carácter político al estar nombrado su presidente por el poder político, otro poder: el de nombrar discrecionalmente tres jueces, en lugar de uno, para la instrucción de un proceso penal en asuntos graves.

Si ya de por sí la fortaleza del poder judicial y el necesario equilibrio entre los tres poderes del Estado (según el consabido diseño de Montesquieu) estaban muy mermados por la presencia en la cúpula de los altos tribunales de miembros designados por el ejecutivo y la oposición según la mayoría electoral, el poder judicial se convierte en los casos muy graves y graves en vicario del poder ejecutivo y del legislativo.

En suma, una colosal involución que aproxima la situación a la instituida en la dictadura pasada. Con la exasperante diferencia de que si entonces todo el mundo sabía a qué atenerse sabidos los abusos dimanantes de la concentración de poder en el dictador, en una democracia de mínimos como la española medidas como ésta la sitúan a niveles de la figura inexistente en la teoría política de democracia absolutista. Y todo ello, siendo así que aun sin haberse consumado todavía este abuso planeado por el gobierno, las señales de que el pueblo es un cero a la izquierda en gobernabilidad son tan escandalosas que el mundo entero ya lo sabe.

España no tiene remedio. Este gobierno plantea la política como una batalla tribal o étnica en la que su partido actúa con toda la ventaja al concentrar, además del político, el poder económico, el institucional y buenas dosis de mediático. En resumen una gangrena que sólo amaina en periodos históricos muy cortos...

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