GRITO POR LA PAZ EN LA SELVA CENTRAL PERUANA
Pueblos indigenas afectados por las petroleras.

El lote petrolero 66 se ubica en la selva central del perú, hacia la vertiente oriental de los Andes, habitados por pueblos Arawak de la Amazonia Peruana.

SÓLO QUEREMOS VIVIR EN PAZ:
LOS PUEBLOS ASHANINKA, NOMATSIGUENGA Y YANESHA
DE LA SELVA CENTRAL PERUANA Y LAS ACTIVIDADES PETROLERAS.

Lily La Torre
Racimos de Ungurahui - Perú

Entre los años de 1980 y 1992 el Perú vivió en un estado permanente de violencia como producto de las acciones del grupo armado Sendero Luminoso, cuyos principales núcleos de concentración fueron la zona andina y la zona amazónica de la selva central.

Este conflicto afectó drásticamente a todo el país, y en las zonas de enfrentamiento, gran parte de la población civil sufrió las trágicas consecuencias del terrorismo y la guerra. La selva central, tierra donde vive mayoritariamente la población indígena Ashaninka y Yanesha fue uno de estos escenarios de muerte. Comunidades enteras tuvieron que desplazarse en busca de refugio, y muchos Ashaninka murieron en una guerra ajena. Niños huérfanos y famélicos, viudas y refugiados, aldeas destruidas, una economía despedazada fue el duro saldo de la violencia.

Al lograrse debelar el conflicto, y pacificar notablemente la zona, los Ashaninka organizaron el proceso de retorno pero en ese momento se encontraron con una nuevas sorpresas: sus tierras estaban ocupadas por colonos, que contaban con el apoyo oficial. Sus bosques habían sido cedidos a grandes empresas. Afrontando con denodado esfuerzo este nuevo reto, les llegó la sorpresa: parte de sus tierras se habían convertido en el lote petrolero 66 en el que iniciaban las operaciones de exploración un consorcio liderado por la empresa Elf Aquitaine.

LOS ARAWAK DE LA SELVA CENTRAL.

El lote petrolero 66 se ubica en la selva central del perú, hacia la vertiente oriental de los Andes, y abarca gran parte de los valles de Oxapamba, Chanchamayo, Perené y Ene, territorios originalmente habitados por los pueblos Yanesha, Ashaninka y Nomatsiguenga, todos ellos de la familia lingüística arawak pre-andina que ha poblado estas tierras, al menos, desde el 3000 A.C., y que hoy cuentan con aproximadamente 76.000 habitantes, constituyéndose así en la más grande familia lingüística de la Amazonía peruana.

Los Ashaninka constituyen el pueblo más numeroso y extendido de los tres que comparten el vasto territorio de la selva central. Están estructurados en diferentes subgrupos lingüísticos que han habitado tradicionalmente las cuencas de los ríos Pachitea, Pichis, Perené, Ene, Apurímac, Tambo, Alto Ucayali, Pangoa, Santipo y en el Gran Pajonal. Algunos núcleos de población se encuentran en la región de Yurúa y en el Estado de Acre del Brasil, como consecuencia de los traslados por la cauchera a fines del siglo XIV.

Viven aproximadamente en 374 comunidades, cuyas tierras obtuvieron el título de propiedad después de más de una década de gestiones de los primeros líderes de sus modernas organizaciones representativas.

El valles de Chanchamayo, por su ubicación cercana a la sierra, muy pronto se convirtió en la puerta de entrada de las primeras agrupaciones misioneras y de colonos andinos desde mediados del siglo XVII. Como pueblo guerrero y libre, el pueblo Ashaninka resistió los primeros intentos de despojo territorial y el propósito de instalar haciendas agrarias fracasó por los constantes levantamientos indígenas , de los cuales los más importantes fueron el de Torote en 1737 y el de Juan Santos Atahualpa en 1742.

Esta última reacción indígena mantuvo gran parte de su territorio libre de todo intento de colonización por cerca de un siglo. Sin embargo, hacia 1850 se iniciaron los intentos de conquistar esta región con colonos peruanos y europeos, y a fines del siglo XIX la inmensa deuda que tenía el Estado peruano con Inglaterra, revivió el interés del Gobierno por colonizar la Amazonía para incorporarla a la producción agropecuaria y a la explotación forestal y valerse de esas tierra “sin dueños” para cumplir con los acreedores.

La concesión otorgada por el Estado peruano en 1892 de 2 millones de hectáreas a la empresa británica Peruvian Corporation para que llevara a cabo una colonización en tierras de los pueblos Ashaninka y Yanesha abrió la entrada a grandes oleadas colonizadoras. Muy pronto la migración se volvió irrefrenable y en oleadas sucesivas fueron llegando masivamente colonos andinos mientras que los indígenas iban siendo desposeídos de sus tierras o, en el mejor de los casos, reducidos a pequeñas extensiones. Las prédicas religiosas, y la contundencia de la invasión acabaron por debilitar la resistencia, dándose inicio a un proceso sistemático de genocidio, cuyos episodios se suceden hasta el día de hoy.

La empresa obligó a los indígenas que querían permanecer en sus tierras, a trabajar para la compañía en las labores agrícolas y muchos se convirtieron en peones de las haciendas de los colonos, en medio de la instauración de un nuevo sistema de producción orientado al mercado. Más tarde, cuando no pudo detener el incontrolado avance de los inmigrantes andinos, la Peruvian vendió a los indígenas las pequeñas parcelas de su propio territorio tradicional.

Mientras, por el este, la aventura del caucho había hecho sus estragos con la población indígena. Las correrías entre los Ashaninka y yine fueron de especial ferocidad. Cuando terminó, los patrones, con sus peonadas, se instalaron en las mejores tierras del bajo Urubamba, alto Ucayali y bajo Tambo, constituyeron un empobrecido enclave esclavista que fue denunciado por AIDESEP ante los organismos humanitarios internacionales hace menos de un lustro. Así quedó establecido un cuadro que, con pocas variantes, se mantuvo hasta la década de 1980.

Actualmente cada subgrupo Ashaninka presenta diferentes problemas económicos, políticos y sociales como consecuencia de los diferentes grados de colonización y despojo territorial que han sufrido.

Es justamente en esta región, donde paralelamente se ha dado la incursión del narcotráfico y la violencia subversiva durante los últimos diez años, que se ubica el lote 66 concedido a un consorcio petrolero.

EL PETRÓLEO EN TIERRAS ASHÁNINKA.

El lote petrolero 66, con un millón de hectáreas se ubica en las provincia de Oxapampa, Chanchamayo y Satipo, en la selva central. Fue concedida a fines de 1995 al consorcio conformado por las compañías Elf Aquitaine Hydrocarbures Pérou, Eurocan Venture (Bermuda) Ltd, The Anschutz Overseas Corporation, Great Western Resources Ltd. y Enterprise Oil Exploration, para la exploración de seis pozos exploratorios en un plazo de siete años y para la explotación hidrocarburífera en 40 años.

El lote 66 afecta directamente al territorio titulado de más de 120 comunidades de los pueblos indígenas Ashaninka, Nomatsiguenga y Yanesha, con una población total afectada de aproximadamente 10.000 habitantes. También se encuentran incluidas las áreas del Bosque Protector San Matías – San Carlos, la Reserva Comunal Yanesha, y el Parque Nacional Chemillén.

INFORMACIONES PREVIAS.

Pese a que se realizaron tres talleres auspiciados por Elf, para informar a los delegados indígenas de las comunidades afectadas sobre alcances de sus futuras operaciones petroleras iniciales, esta información no llegó a satisfacer a la población que seguía preguntándose cómo se podría garantizar que sus tierras y los recursos del monte no serían afectados hasta impedirles vivir en paz y satisfacer sus necesidades durante los 30 0 40 años que durarían los trabajos petroleros en sus comunidades. Y es que los talleres carecían de las condiciones necesarias para llevar a cabo un verdadero diálogo intercultural que permitiese la comprensión, sobre la base de un reconocimiento de las diferencias culturales existentes.

Como resultado de ello, no hubo un proceso adecuado, ni una información veraz sobre el impacto de las actividades petroleras para los indígenas –un conocimiento del que pudieron colegir cuáles serían sus ventajas y sus riesgos- ni un trabajo metódico que condujera a la posibilidad de instaurar procedimientos que permitiesen la consulta y la participación de los indígenas en la vigilancia de su medio.

Los delegados indígenas pidieron a los dirigentes del Consejo de Unificación Indígena de la Selva Central (CUNISEC), responsables de la organización de los talleres. Que llevasen la voz de los Ashaninka, haciendo saber a las autoridades nacionales que los indígenas se encontraban preocupados por sus tierras y que solicitaran al Presidente de la República, que les informe la manera en que el gobierno iba a garantizar que los trabajos petroleros no afectarían a las comunidades.

Durante algunos meses continuaron las reuniones entre la empresa y CUNISEC, quienes llevaron la propuesta a las organizaciones para realizar la vigilancia indígena a las operaciones petroleras. Elf aceptó que dos delegados indígenas cumplieran esta misión.

Los trabajo de sísmica en el lote empezaron en el mes de marzo de 1996, se contrataron obreros de la zona y de algunos poblados cercanos,. La falta de recursos monetarios para atender la reconstrucción de las familias en extrema pobreza obligó a algunos comuneros a aceptar el trabajo que ofrecía la contratista, Al poco tiempo, los bajos salarios, la alimentación inadecuada y la permanente discriminación que recibían, hizo que la mayor parte de ellos se retirar de la empresa.

LA VIGILANCIA INDÍGENA.

Como se ha señalado, en base al acuerdo de todas las organizaciones indígenas de la selva y al legítimo derecho de un pueblo de participar en la vigilancia y control de cualquier actividad ajena en sus tierras, la organización indígena de la región en ese entonces, la CUNISEC, estableció un acuerdo con la empresa Elf par ala participación de los delegados indígenas en el control y vigilancia ambiental de las actividades de prospección sísmica en las tierras comunales comprendidas en el lote 66.

Desde el principio, no se definió adecuadamente los procedimientos y las obligaciones de las parte. Ya habían transcurrido tres meses de iniciadas las operaciones y pese a las reiteradas solicitudes, ni la organización ni lo delegados contaban con la información necesaria y completa que les permitiese tomar decisiones y desarrollar su trabajo de vigilancia en una forma adecuada. No habían sido entregados, ni se conocía el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Trabajo específico para las operaciones exploratorias, la Cartografía y la descripción y evaluación de los efectos previsibles sobre el medio ambiente y la población. En estas condiciones se hizo imposible para la organización definir una clara reglamentación de funciones y responsabilidades de sus dos delegados.

Por otro lado, en contradicción con lo dispuesto por las organizaciones al iniciar sus actividades, la empresa contratista CGG, asignó a los dos empleados indígenas un salario. Con esto se dio tratamiento de empleados de la empresa, disponiendo que cumplieran tareas de interlocutores antes las comunidades, encabezando las brigadas que ingresaban a las tierras comunales para presentar los trabajos que la empresa tenía previsto realizar y firmando, en representación de la empresa, las “solicitudes para proyectos”. Estas solicitudes eran usadas por la empresa como prueba , no sólo de que las comunidades consentían la entrada de la empresa sino de que la empresa era requerida por las comunidades para auxiliarlas en su desamparo; por cierto que estas solicitudes no fueron después mayormente consideradas, Con ello quedó desnaturalizada la misión de vigilancia, y, una vez más, la confianza indígena burlada.

¿QUÉ PASÓ CON LAS RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL?

Aún con estas limitaciones los delegados presentaron informes que resumían sus observaciones durante los ocho meses que duró el trabajo exploratorio. En éstos se consignan los diversos aspectos en los cuales la empresa no ha cumplido las recomendaciones de su propio Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Citan como ejemplo, el caso del exceso de dinamita en cantidades cuatro veces mayores que las recomendadas, empleada en las detonaciones para las perforaciones sísmicas.

Frene a estos y otros incumplimientos presentados como observaciones hechas por los vigilantes indígenas, la empresa reaccionó obstaculizando el seguimiento fluido de las actividades, impidiéndoles el uso de sus medios de transporte para llegar a los lejanos lugares donde se realizan el trabajo, limitándoles la dotación de alimentos e inclusive conminándoles a hablar sólo a favor de la empresa, indicándoles que ellos eran quienes les pagaban.

Por su parte, los pobladores en las comunidades venían cada vez más que las promesas iniciales de la empresa no se corroboran en la realidad. Pese al corto tiempo transcurrido desde el inicio de las actividades exploratorias, se aprecia con mayor frecuencia perturbaciones en la vida, en el medio ambiente y los recursos naturales de las comunidades: tala de árboles maderables de las comunidades para la construcción de helipuertos sin pagos compensatorios, trabajadores de la compañía que no acatan las normas de seguridad nocturna de las brigadas de autodefensa indígena detonación de explosivos en tierras de las comunidades sin avisar previamente a la población, daños a los cultivos –por lo que no se da una compensación -, robos de frutos de las chacras, movimiento excesivo de la tierra, tránsito por áreas de cultivo fuera de la trocha, son algunos de los problemas que informan los comuneros.

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO Y ACUSACIONES CONTRA INDÍGENAS.

Con la pérdida de transparencia en la relación, se fue deteriorando la confianza de las comunidades en la organización a la cual delegaron la tarea de conducir y acompañar el proceso, la CUNISEC.

Las comunidades Ashaninka y Nomatsiguenga del valle de Pangoa, organizadas con el nombre de “Kanuja”, fueron los primeros en mostrar públicamente su disconformidad, denunciando que la empresa contratista abrió la trocha que atraviesa la comunidad de Tsiriari, correspondiente a la línea sísmica No. 11 sin avisar siquiera a la comunidad y que luego de ser requerida una explicación, la empresa sólo ofreció promesas de compensación como la construcción de un colegio, una casa comunal
Y un botiquín , pero la concreta “compensación” fue una pequeña caja de medicinas. AL finalizar el trabajo, la contratista, para curarse en salud, culpó a la comunidad por el robo de un motor de la empresa. Los comuneros comentaban la similitud con el argumento que suele usar los patrones en los poblados mestizos cuando las mujeres Ashaninka desplazadas se empleaban en los restaurante donde, para no pagarles el jornal, se les acusaba de haber robado algún bien de su propiedad.

En el valle Pangoa, en respuesta a la presencia de las brigadas petroleras, las comunidades han expresado no estar de acuerdo en que se lleven a cabo operaciones sísmicas en sus tierras hasta que se haya culminado el proceso de retorno de la población desplazada a sus comunidades de origen y se hayan culminado los procesos de titulación de sus tierras, cuyo trámite se encuentra pendiente. Se expresó también el desacuerdo con los procedimientos inconsultos a los pueblos indígenas en los casos de adjudicación de lotes petroleros que se sobreponen a sus tierras, solicitando que las autoridades del gobierno establezca los mecanismos de consulta permanente con los pueblos indígenas habitantes de estos lotes petroleros.

El coordinador de la “Comisión de Emergencia Ashaninka”, Guillermo
Ñaco Rosa, se manifestaba de esta manera: “… observamos que el Estado no ha informado ni consultado sobre la realización de estos trabajos en las comunidades. El Estudio de Impacto Ambiental fue preparado sin la participación de las comunidades ni sus organizaciones, y tampoco se dio a conocer su contenido. Vemos también cómo la empresa no informa adecuadamente a las comunidades afectadas acerca de sus trabajos, y para ello ha contratado como Relacionista Comunitario a un antropólogo que ha trabajado en la zona Ashaninka del valle del Ene por muchos años y habla el idioma indígena que ahora utiliza para convencer a algunos comuneros, haciendo firmar acuerdos inadecuados que permitan el ingreso de la empresa a sus tierras”.

De manera similar reaccionó la Comunidad de San Antonio de Sonomorro durante los trabajos en la - línea sísmica 13. La empresa había diseñado el trazo de esta línea atravesando el área de algunas viviendas de la comunidad, lo que la comunidad no aceptó, exigiendo a la empresa el desvío de la línea. Finalmente, la línea fue reubicada afectando sólo una parte del área de la comunidad.

Posteriormente, para compensar los daños, una comisión de representantes de la empresa se hizo presente en la comunidad de Sonomoro llevando paquetes de medicinas y cuadernos, regalos que fueron rechazados por los comuneros quienes indicaron a los enviados de la empresa que habían leyes que respetar, como la Constitución el Convenio 169 de la OIT que hablan sobre los derechos de las comunidades y el respecto a los pueblos indígenas, Los comisionados dijeron ignorar dicha legislación, planteando en cambio la suscripción de un acuerdo entre la organización y la empresa, a lo que los dirigentes respondieron que previamente debían conocer y tener la oportunidad de evaluar el “Estudio de Impacto Ambiental” y los correspondientes “Planes de Manejo” de la empresa. Los ingenieros invitaron a conformar una delegación indígena para viajar a Lima y en respuesta los comuneros manifestaron que quienes llega a una casa sin ser invitado debe comunicar a los dueños - antes de realizar cualquier actividad – qué es lo que quiere allí y si propone un acuerdo, debe presentarse con todos los papeles que informen lo que se propone y que no corresponde que el dueño abandone su casa para ir a buscar los papeles en el lugar donde los guarda el “visitante”.

Este es, uno de los tantos ejemplos, que ilustra que en el tema petrolero, los indígenas quieren que se cumpla, al menos, con las leyes ya existentes y que la empresa y sus representantes simplemente se comporten en sus tierras usando el sentido común y cumpliendo con las normas elementales de respeto que corresponden a cualquier persona, estando en Suiza o en la remota Amazonía, para lo cual no es necesario regalos ni otras promesas.
En agosto de 1996, la comunidad de Kimiri se vio obligada a movilizarse hasta la ciudad de Satipo para demandar ante las autoridades la prepotencia de la contratista petrolera y exigir el retiro de la empresa de exploración sísmica CGG, subcontratista de Elf, que desde hacia tres meses había usurpado la toma de agua de la comunidad y había instalado su helipuerto de manera inconsulta en el patio de la escuela comunal. A pesar de los reiterados reclamos de los padres de familia y del director de la escuela, haciendo conocer el peligro que corrían los niños durante el despegue y aterrizaje de los helicópteros, la empresa se negó a dialogar con la comunidad.

Finalmente, luego de la caminata y la denuncia, la CGG se comprometió a firmar un contrato de arrendamiento por el uso del campo deportivo, lo que usó la comunidad para mejorar las instalaciones de la escuela y reparar los daños por el vuelo de los helicópteros y los constantes derrames de combustibles.

ACTIVIDADES PETROLERAS Y MADERERAS.

Con las actividades petroleras se están incrementando la presencia de madereros en la zona. Como es bien conocido, las empresas extractoras de madera se han constituido en uno de los poderes económicos locales más importantes de la selva central. Desde mediados del presente siglo la extracción de madera es una de las actividades de mayor impacto ambiental ha ocasionado a esa parte del bosque amazónico. La selva central ha sido una de las principales áreas de extracción de este recurso, para cuyo traslado hacia el gran mercado de Lima –junto con el de otros productos agrícolas que produce la región, como el café y las frutas- se han construido carreteras y numerosas trochas de penetración, que han facilitado, a su vez, las invasiones de tierras.

Los comuneros afirman que actualmente la actividad ilegal de la madera se ha incrementado, pues los extractores furtivos están usando, para el ingreso a nuevas zonas, las trochas sísmicas por la empresa petrolera. Los Asháninka temen que estas trochas también permitan el reingreso de subversivos y de colonos o constituyan nuevas rutas madereras estables en sus tierras, lo que, sin duda, les acarreará nuevos problemas de violencia y usurpación.

En efecto, las operaciones petroleras de Elf debieron suspenderse a poco del inicio de la segunda etapa de las prospección sísmica. El grupo subversivo Sendero Luminoso secuestró por una semana a 29 trabajadores de la contratista, a quienes soltó después de exigir un cupo de víveres, zapatos, baterías, etc. Esto fue interpretado en los medio s de prensa como la reaparición de brotes del senderismo en la zona y la empresa decidió suspender sus actividades en el campo por un tiempo.

Con estos antecedentes, incluyendo el reingreso de la subversión, los Ashaninka de la cuenca del río Rambo, organizados en la Central Ashaninka del Río Tambo (CART) recibieron con mucha preocupación el anuncio sobre la nueva concesión petrolera en el área donde ellos viven, el lote 75, con una extensión de 1 millón 8000 mil hectáreas otorgadas al consorcio formado por las empresas Mobil y Shell y ubicado en la cuenca del Ucayali, contiguo a los yacimientos de gas y condensados de Camisea. Las actividades de prospección, entre otras cosas, traen consigo el tránsito masivo y frecuente de trabajadores en una zona que ellos mantienen controlada de extraños hasta la fecha, con lo que han podido evitar el reingreso de la subversión a sus tierras. Conociendo los pesares que estas comunidades han sufrido durante los últimos años de lucha y de concentración en pequeños reductos desde donde organizaron su resistencia, el temor es fundamentado. El Tambo es la entrada natural a esta zona desde Ayacucho y el Apurímac, un enclave actual de violencia y narcotráfico.

Los líderes de los pueblos Ashaninka, Yanesha y Nomatsiguenga que han sido afectados por la guerra y han sacrificado muchas vidas por la paz que ahora disfrutan en todo el país, expresan que esperan que las autoridades y el pueblo peruano comprenda el drama que significa haber llegado al ansiado momento de volver desde sus hacinado refugios a sus lugares de origen para empezar a vivir normalmente, reconstruir sus viviendas, beber agua fresca, ver jugar a sus niños otra vez alegres, cultivar la tierra, salir a cazar, reencontrarse con el bosque donde están sus antepasados y donde se concreta su vida espiritual y por el contrario encontrarse con multitud de gente extraña, midiendo, perforando, dinamitando, talando y abriendo caminos en el bosque.

Ellos se preguntan: “¿Ese es el agradecimiento que nos merecemos por haber contribuido a la paz nacional?”.

REFERENCIAS.

Comisión de Emergencia Asháninka. 1995.
“Un pueblo en Emergencia de Levanta”. Boletín Voz Indígena Asháninka, septiembre

Elf Hydrocarbures Pérou Ltd. 1996.
Estudio de Impacto Ambiental. Presísmica. Lote 66. Lima.

García, P. 1995.
Territorios indígenas y la nueva Legislación Agraria en el Perú. Documento IWGIA 17. Lima: IWGIA/ Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui.

La Torre, L. 1995.
Situación General de las Actividades Petroleras en la Amazonía Peruana. Revista Asuntos Indígenas IWGIA, 2.

Ley No. 21221, 1993.
Ley Orgánica de Hidrocarburos. Agosto

Mondina, 1995.
Estudio de Impacto Ambiental Pre-Sísmica, Lote 66

Petroperú, 1992.
Industria Petrolera en Bosques Húmedos Tropicales. Bosques, abril.


Más Información en Ibérica 2000:
Enlaces:
OILWATCH. Asociación Internacional. Ecuador.

>> Autor: cipi-cpn (21/09/2002)
>> Fuente: OILWATCH. Asociación Internacional. Ecuador. Lily La Torre Racimos de Ungurahui - Perú

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