¿UN PASO ADELANTE HACÍA LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO DE AARHUS?
Ministerio de Medio Ambiente. España.

El Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, más conocido como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa en donde se firmó el 25 de junio de 1998, es un convenio internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas.

El Ministerio del Medio Ambiente hará una contribución a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas de 60.000 € para el cumplimiento de este Convenio.

El Consejo de Ministros, de 13 de junio, aprobó el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria a la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas con cargo a los ejercicios 2003, 2004 y 2005 de acuerdo con el plan establecido para financiar el desarrollo del Convenio de Aarhus.

La cuantía total de esta aportación asciende a 60.000 Euros (algo menos de 10 millones de pesetas) que saldrán de los presupuestos del Ministerio a fin de posibilitar el desarrollo de actividades que de otro modo no podrían ser asumidos por el presupuesto ordinario de la ONU.

Aarhus.

El Convenio sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Materia de Medio Ambiente, más conocido como Convenio de Aarhus por ser ésta la ciudad danesa en donde se firmó el 25 de junio de 1998, es un convenio internacional adoptado en el marco de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE o UNECE en sus siglas en inglés). Se presenta como la normativa más avanzada en lo que a democracia participativa en materia de medio ambiente se refiere, y sus implicaciones, como su propio título refleja, alcanzan al acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El punto de partida es, entonces, la democracia participativa en materia de medio ambiente pues se considera que “la transparencia del proceso de toma de decisiones garantiza un mayor apoyo del público”. Asimismo un mejor acceso a la información y una mayor participación del público en la toma de decisión permitirá “tomar mejores decisiones y aplicarlas más eficazmente”, al tiempo que se contribuye a sensibilizar al público respecto de los problemas ambientales, a dar la posibilidad de expresar sus preocupaciones y ayudar a “las autoridades públicas a tenerlas debidamente en cuenta”.

Sin embargo...

España, al igual que el resto de países comunitarios y la propia Unión Europea como tal, participó en las negociaciones previas a la adopción del Convenio y es firmante del mismo.

Aarhus está en vigor desde el 30 de octubre de 2001 para los más de 20 países ratificantes, pero no en el Estado español que aún no ha formalizado su ratificación; y ello a pesar de que las Cortes aprobaron en la sesión plenaria del 15 de marzo de 2001 la ratificación del Convenio.

Puesto que la Unión Europea también es, como dijimos, firmante del Convenio de Aarhus y está trabajando en la implementación de sus tres pilares mediante la adopción de otras tantas Directivas, el Ministerio tiene las espaldas cubiertas para retrasar su entrada en vigor en el Estado español.

De hecho la postura oficial es que “se considera conveniente proceder al depósito del instrumento de ratificación del Convenio una vez que hayan sido aprobadas y transpuestas las Directivas de la Unión Europea que afectan a la aplicación de las obligaciones que figuran en ese Convenio”.

Actualmente sólo se ha aprobado una de éstas tres Directivas, la Directiva 2003/4, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo.

Teniendo en cuenta que su plazo de transposición abarca hasta el 14 de febrero de 2005, que el Estado español incumplirá dicho plazo (como ha ocurrido con toda la normativa ambiental comunitaria) y que las negociaciones para la aprobación de las otras dos Directivas se demorarán aún bastante, el momento de la entrega del instrumento de ratificación se antoja, como mínimo, lejano.

¿Y entonces?

¿Qué significa la aprobación de esta aportación?
¿Estamos ante un (tímido) paso hacia adelante?
¿Está dispuesta la nueva Ministra a desbloquear esta inaceptable situación?.

Quisiéramos pensar que sí, que el Estado español, al igual que ya hicieran otros países de nuestro entorno socio-económico (como Italia, Francia, Portugal, Dinamarca o Bélgica), países candidatos a entrar en la Unión Europea (Polonia, Lituania, Hungría...) e incluso Nuevos Estados Independientes, ex republicas soviéticas, (como Belarus, Georgia, Turkmenistán -que fue el primer Estado ratificante-, Moldavia...), se ha decidido a mover ficha y ratificar próximamente el Convenio...

Sin embargo, tampoco debemos echar campanas al vuelo; ni el Ministerio ha realizado manifestación alguna en este sentido, ni tenemos indicio alguno que invite al optimismo.

Además, la cuantía que se aportará a la UNECE resulta bastante escasa, máxime si se considera que se repercutirá a lo largo de 3 ejercicios.

Por tanto, y hasta que el Ministerio de Medio Ambiente no demuestre un cambio de voluntad política, Ecologistas en Acción junto con otros representantes del movimiento ecologista español seguiremos exigiendo la ratificación del Convenio y, lo que es más importante, la verdadera y efectiva creación de canales de participación pública, de acceso a la justicia y a la información en materia de medio ambiente.

Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid
Tlf: 91.531.27.39 Fax: 91.531.26.11 comunicacion@ecologistasenaccion.org http://www.ecologistasenaccion.org/

Jaime Doreste Hernández.
Comisión Jurídica de Ecologistas en Acción

Para más información en Internet:
* www.la-moncloa.es
* www.participate.org
* www.unece.org
* www.esp-sostenible.org

Para consultar el texto del Convenio:
* www.esp-sostenible.org

>> Autor: cipi-cpn (18/06/2003)
>> Fuente: comunicacion@ecologistasenaccion.org

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