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Era verano en Buenos Aires, la cual lucía su sol pleno con treinta grados de calor. Buenos Aires, la ciudad donde nací, abierta siempre a las palomas de mi infancia desplegándose sobre las alas de los caballos de la Plaza de los Dos Congresos. Mi buena ciudad entonces amada hasta en la humedad y en el rocío persistente de sus noches, en la cual siempre se mezclaba en mis sentidos, el olor de los sandwichs gigantes y tostados del Bar Alsina, enmarcados en la generosidad y poesía de mi abuelo español, con la tristeza dominguera de las avenidas Callao y Rivadavia contrapuesta a las flores de los rosedales del Parque Chacabuco y de Palermo, por donde pasearon mi niñez y la de mi niña. Era el 12 del 2 de 2001 y una voz me anunciaba por teléfono el colapso de mi sana, bella y feliz hija de 9 años llamada Florencia Ayelén: el primer nombre, prometía verazmente que estaría llena de flores, el segundo, también verazmente, aseguraba que sería la alegría del hogar.
Mi amada e increíblemente amable Florcita había sido arrancada de cuajo en la ciudad donde mis abuelos habían escogido para forjar el futuro próspero de su descendencia. Ellos habían trabajado de sol a sol y con la frente erguida por haber salido honradamente de la pobreza, por haber dejado un techo y un título secundario y/o universitario a sus hijas e hijos. Por haberlos sacado de la miseria que les aguardaba en Europa y por haberlos convertido en propietarios, microempresarios, doctores…Y sólo con trabajo, tenacidad, disciplina, esfuerzo, honradez, solidaridad. Y gracias a un país que les abrió las puertas en el más amplio y abarcable de los sentidos. Sin embargo, ahora esa descendiente suya había sido ahogada cuando se esmeraba por aprender a nadar en la cuarta clase recibida en la mayor red de piscinas de la Ciudad de Buenos Aires y (por lo que parece, pronto de toda la Argentina): la Red de Clubes Megatlón, de la cual Florencia era socia con categoría VIP (Very Important Person). La Red Megatlón que ha firmado acuerdos corporativos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Economía de la Nación, con el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires, con la Universidad Nacional de Córdoba y con tantas otras esferas de poder del país, al punto que sería difícil no considerar que Megatlón mismo es un centro de poder.

Cualquier relación inversamente proporcional que pueda aventurarse entre el próspero y siempre creciente devenir de la Red de Clubes y el hundimiento de la clase media argentina, de sus ahorros, de sus sueños, de sus proyectos de futuro, pertenece al campo de la ficción. Aunque hay quien sostenga (y a esta altura cada vez más) que es imposible entender la realidad argentina sin adentrarse en el campo de la ficción.



¿Un millón y medio de dólares
para suprimir lo que debía estar?

“A cada paso, cerca de tu casa, cerca del trabajo, siempre MEGATLÓN, RED DE CLUBES”, dice el slogan publicitario de Megatlón. El preinforme de la Comisión Investigadora del Lavado de Dinero en la Argentina en el cual se nombraba a Nuevos Clubes Argentinos como presuntamente vinculado con maniobras de dinero espurio también parece pertenecer a esta altura a la novela de un escritor. Quienes consideraron que la Red de Clubes Megatlón surgió a partir de la extraña quiebra de Nuevos Clubes Argentinos que el informe de la comisión parlamentaria señalaba, ya optan por no recordarlo. Quienes afirmaron que tras Megatlón figuran encumbrados operadores financieros, bancarios y de medios de comunicación masiva capaces de hacer increíbles proezas con dinero de procedencia diversa, ahora prefieren olvidarlo.

En la Justicia argentina no parece haber suscitado sorpresa que el presidente de la Red de Clubes Megatlón, Fernando Martín Storchi, declarara al Juzgado de Instrucción Penal Procesal Nº 5 que invirtieron “un millón y medio de dólares”en un recinto natatorio en el cual el Informe de la Defensora del Pueblo de la Ciudad dio cuenta de que habían suprimido varias medidas de seguridad exigidas por la ordenanza vigente. No existía constancia alguna de que hubiera canaleta fácilmente aprehensible con la mano, de donde habría intentado asirse infructuosamente Florencia, ni dos socorristas en plataformas sobreelevadas vigilando las zonas de mayor riesgo, ni equipo salvavidas, ni equipamiento de resucitación, ni tubo de oxígeno, ni ambú, ni máscaras, ni el profesor que debía hacer el trabajo que hacía un niño cuando ahogaron a Florencia ni los tres coordinadores de piscina ofrecidos por la institución a los padres para garantizar la enseñanza “en condiciones seguras” y declarados por el propio coordinador deportivo al citado Juzgado. Giraldi presentó al Juzgado de Instrucción Nº 5 un organigrama de la actividad planificada por él que indica que los tres coordinadores profesores que debían haber estado supervisando la enseñanza de natación y la actividad en la piscina, habían sido suprimidos el 12 de febrero de 2002.
Un millón y medio de dólares puestos en una piscina a la cual el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires negó la habilitación e intimó a la clausura con plazo de intimación vencido antes de que ahogaran a Florencia. ¿Un millón y medio de dólares para suprimir lo que debía estar?

Creer que existió ese millón y medio de dólares invertido en ese recinto de piscina también puede pertenecer al terreno de la ficción como tal vez también lo sea comprender cómo el supuesto jefe del campo progresista de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra asciende una y otra vez a Horacio Daniel Spandonari, el cuestionado jefe de Habilitaciones cuando mataron a Florencia, quien parece haber premiado a Megatlón con la firma de la habilitación denegada antes del homicidio.
Sí, entendió bien. Spandonari concedió la habilitación que antes había negado al lugar por no cumplir con la normativa de seguridad después de que en el lugar apareciera muerta una niña: la clausura se levantó sin que el Gobierno de la Ciudad inspeccionara si el recinto en el que apareció muerta una criatura (que estaba judicialmente clausurado) se había vuelto seguro. A vista de pájaro podría decirse que no habría hecho falta ser muy avezado para darse cuenta de que si no era seguro antes de una muerte lo sería aún menos después de ella. Pero casi tres meses después del homicidio, la inspección de la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, estableció que el recinto seguía funcionando sin cumplir con las medidas de seguridad dispuestas por ordenanza y con un muerto más en su haber. Perdón, una muerta, que sigue impune a más de dos años y medio del homicidio y cuando las pruebas contundentes fueron presentadas a poco de cometido.

Y entre las pruebas ofrecidas se encuentran tanto supresiones de infraestructura de seguridad material y personal como conductas personales de marcada indiferencia hacia la vida de Florencia que coadyuvando con las supresiones citadas habrían ocasionado el homicidio. Florencia habría sido muerta por la confluencia de ambas cosas.



La novela sinfín
de la impunidad en la Argentina

Cinco procesos por homicidio reiteradamente confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional no han bastado para que los jueces de turno en el Juzgado que preside el Doctor Gustavo Karam llamaran a juicio.
Parte de la historia de ciencia ficción de la Argentina es que las víctimas se vuelven culpables, los culpables impunes y los jueces no encuentran las pruebas suficientes para condenar porque los juicios se dilatan eternamente y las pruebas desaparecen, se diluyen o se hacen desaparecer. Esa historia ha dado lugar a la Asociación Madres de Plaza de Mayo y a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, a las Abuelas, a los HIJOS, a los Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, a la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, y en los últimos años a las Familiares de Víctimas de la Impunidad en Democracia (FAVELCID), a la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad (COFAVI),a Organización por la Vida, a la Asociación Miguel Bru, a la Asociación de Víctimas de la Impunidad sin Esclarecer (AVISE), a las Madres de La Matanza, a las Madres de Santiago del Estero, a la Fundación José Luis Cabezas, a las Asociaciones de Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito, a la Asociación Internacional Florencia Ayelén Möller Rombolà, por nombrar sólo a algunos.
¿Cómo entender que todavía no haya habido un juicio por el homicidio de Florencia cuando la Cámara Nacional de Apelaciones dispuso en reiteradas oportunidades confirmar los procesos por homicidio de Fernando Martín Storchi, presidente de la Red de Clubes Megatlón, de Horacio Roberto Bugallo, presidente del Club All Boys, de Julio César Giraldi, coordinador deportivo, de María Cecilia Privato, profesora a cargo y de Giselle Vanesa Kamenetzky, socorrista?
Si no fuera porque nos hemos acostumbrado a la novela argentina, nadie podría creer que esas personas continúan libres y en instituciones deportivo- educativas a las que asisten niños sin haber sido ni inhabilitadas ni juzgadas a casi tres años de que se han ofrecido pruebas contundentes contra ellas. Tampoco resulta creíble que la investigación sobre la presunta responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el homicidio haya tenido que ser ordenada por la Cámara y como resultado de una de las tantas apelaciones de la querella. Los jueces a cargo no disponían si quiera que se investigue la "extraña" conducta del Gobierno de la Ciudad en el tema. Sin embargo, en la Argentina eso forma parte de la "normalidad". Para nuestra novela es normal que eso ocurra y a la hora de votar se trata de escoger al menos malo, que nunca logra diferenciarse mucho del malo del todo. Durante años hemos oído que no hay nada peor que perder la capacidad de asombro ante el desastre y la indignación ante la injusticia. Pero todos los argentinos sabemos que entre nuestros muertos abundan los que lucharon por una sociedad justa. También somos conscientes de que entre los amenazados de hoy figuramos quienes seguimos luchando por una sociedad en la cual impere el estado de derecho.
Ésta es la primera vez que escribo una nota (en el sentido periodístico del término) sobre el homicidio de mi hija; aunque algún medio barrial de Buenos Aires se ha dado primicias atribuyéndome escritos a los que puso mi firma. Ahora que vivo en España y las familias de mi origen italiano y español están al alcance, estoy algo cansada de escuchar que los argentinos queremos ser europeos. Creo que mis abuelos se levantarían de sus tumbas si a su bisnieta Florencia Ayelén le negaran las raíces de su sangre que el derecho de Italia le reconoce y le concede. Italia y España suscriben el derecho de sangre y si nos nacionalizan europeos es porque han verificado que nuestra ascendencia responde a esas raíces. Pero duele pensar que la esperanza de justicia para Florencia se centre después de muerta en su condición de europea y en las instancias a las que apelaremos por ella si la Justicia argentina no sale de su “letargo”.
Florencia tenía sangre predominantemente italiana (también española y alemana), pero bailaba chacareras y las cantaba. Escuchaba diariamente el programa de música folklórica argentina “Raíces”, de Blanca Révori. Devoraba libros de autores argentinos. Amaba al cantautor argentino Peteco Carabajal y la tierra y a la gente de donde nació y creció: la Argentina. Y llevaba un nombre de origen mapuche en homenaje a un pueblo americano que nunca debió ser arrancado de su tierra y de cuyas costumbres y raíces sería bueno que nos sintiéramos colectivamente orgullosos y no avergonzados.
Como tantos argentinos, no quiero ser europea pues lo soy. Mi lucha, como la de muchos de quienes me acompañan y hoy están exiliados fuera o dentro del país, consiste en que me dejen ser argentina.


(Para más información sobre el homicidio y otros casos impunes de la Argentina, vea la página web: www.justiciaflorencia.com.ar)

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