| Propuestas de futuro para la gestión del agua |
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| DIRECTIVA MARCO DE AGUAS. EUROPA. |
| Este análisis económico en profundidad resulta fundamental no sólo por una cuestión de sentido común sino también para dar respuesta a la nueva normativa europea en materia de aguas, en la que subyacen los dos principios básicos de las políticas ambientales comunitarias: los usuarios deben pagar los costes íntegros de los recursos que utilizan y el que contamina paga. |
Adrián Masip Moriarty
Arrojo, Pedro (coord) (2004)
El agua en España. Propuestas de futuro.
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Fundación Alternativas y Gobierno de Aragón.
El agua en España.
Propuestas de futuro ofrece una visión panorámica de los problemas que hoy en día plantea el agua. Cada uno de los artículos abre un frente desde el que aproximarnos tanto a los planteamientos particulares del PHN 2001 como a los aspectos más generales del problema del agua.
Puerto de Silla, en la Albúfera de Valencia.
Imágenes de Luis Sebastián, para Ibérica 2000... (Enlace...)
Las propuestas ofrecidas en el libro no se despliegan de forma espectacular ni ofrecen soluciones mesiánicas. Por el contrario, se buscan las distintas lecturas que se pueden hacer del agua; se ponen sobre la mesa todos los actores que se implican en el problema hidrológico y se establecen las líneas del armazón que debería estructurar una nueva forma de gestionar el agua.
Los dos aspectos fundamentales que vertebrarían este armazón serían en primer lugar el carácter eminentemente local de los problemas del agua, que es necesario resolver dentro de la unidad fundamental de cada cuenca hidrológica y en segundo lugar la comprensión de las circunstancias y agentes que se enredan en los distintos capítulos del ciclo del agua.
Dimensiones del agua.
Pedro Arrojo ordena los distintos usos legítimos que se hacen del agua: como fuente indispensable para la vida, como servicio público y como negocio (tanto agrario como industrial y de servicios). No resulta sensato introducir los tres usos en un mismo saco general, la gestión óptima del agua requiere pensar cada uno de ellos por separado y en íntima relación con las condiciones particulares del territorio sobre el que se producirán. Colocar cada uso en su lugar permite superar el mito de que el principal objetivo de las políticas hidráulicas se encuentra en saciar la sed de los habitantes de las regiones más secas.
Leandro del Moral Ituarte define la importancia que tiene ligar gestión territorial y gestión del agua, identificando un instrumento clave de planificación: la capacidad de carga del territorio.
Javier Martínez Gil apuesta por una gestión humanística del agua que incorpore valores sentimentales, emocionales y sociales, que asiente la lectura ecosistémica que liga agua y territorio y la dimensión hidrológica que permite leer las relaciones existentes entre las redes de sistemas acuáticos, ríos, arroyos... y que permita enterrar definitivamente la hipótesis de que el agua es un mero recurso a explotar como si fuera una mina de carbón.
El ciclo del agua.
Federico Aguilera Klink, tomando como ejemplo los mercados del agua de Tenerife, estudia los agentes que ponen en práctica la gestión del agua; nos pone en guardia para que no olvidemos que lo fundamental es garantizar la satisfacción de las distintas necesidades (función instrumental de las instituciones) frente a la inercia de aquellas instituciones que pasado determinado umbral centran su interés en mantener el estatus que les otorga la gestión tradicional del agua (función ceremonial de las instituciones).
Es imprescindible, por tanto, diseñar unas reglas de juego entre las que se encuentren la transparencia y la información exhaustiva, de tal forma que se haga posible la verdadera competencia entre entidades gestoras (públicas o privadas) y que se permita un seguimiento de la eficacia con que cada una resuelve los problemas (la utilización de contadores para medir los consumos reales de aguas superficiales y subterráneas sería la primera mediada a tomar en esta dirección).
Amelia Pérez Zabaleta profundiza en esta línea económica analizando de forma completa los costes de una operación concreta, el trasvase del Ebro propuesto por el PHN 2001; incorpora a las cuentas aspectos como el coste de todos los embalses necesarios, la cantidad de agua que de forma media y no excepcional será transportada por el trasvase, la amortización realista de los gastos que incorpore el mantenimiento, la energía total que se gastará en la construcción y en el transporte del agua una vez concluida la obra, los tratamientos que tendrá que recibir el agua transportada antes de su uso...
Manuel Ramón Llamas Madurga nos recuerda que a este análisis habría que incorporar otros ingredientes como la actualización de los sistemas de pago del agua, cuantificando volúmenes utilizados frente a superficies regadas y la cuantifiación de todas las actividades ilegales consuntivas de agua y beneficiarias de las políticas de gestión de la misma así como aspectos sociales, como el número puestos de trabajo que crea cada propuesta.
Este análisis económico en profundidad resulta fundamental no sólo por una cuestión de sentido común sino también para dar respuesta a la nueva normativa europea en materia de aguas, en la que subyacen los dos principios básicos de las políticas ambientales comunitarias: los usuarios deben pagar los costes íntegros de los recursos que utilizan y el que contamina paga.
La Directiva Marco de Aguas se propone tres objetivos básicos: impedir la contaminación, rehabilitar las aguas ya contaminadas y posibilitar la gestión eficaz del agua; analiza estos aspectos jurídicos Abel de la Calle Marcos.
José Carles Genovés completa la reflexión económica entendiendo las etapas que sigue la gestión del agua: el desarrollismo costista de los grandes trasvases corresponde a una etapa inicial de despegue económico; superadas esa fase inicial y la posterior fase de asentamiento, deberíamos renunciar a las grandes obras para mantener una velocidad de crucero en una etapa cuyas características principales debieran ser la limitación del consumo y la estimulación tecnológica.
Alternativas a la gestión convencional del agua, dos ilustraciones
Frente a los grandes trasvases, Javier Martínez Gil propone una lista de pequeñas intervenciones cuenca a cuenca: los problemas que se pretenden resolver con grandes canales podrían solucionarse con unas pozas, un motor, una bomba, una conducción, un sistema de cloración básico... Los artículos que componen esta recopilación nos invitan a activar la imaginación y a poner en marcha herramientas modestas de gestión que maceradas conjuntamente podrían desenquistar, de forma innovadora, el endémico problema que sufrimos con el agua.
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A continuación vamos a mencionar dos libros que podrían ilustrar las dos vías de ataque fundamentales: el análisis minucioso de lo local (sus limitaciones y potencialidades) y la comprensión de las redes de ecosistemas que desde la pequeña escala y encadenándose unos a otros constituyen las cuencas hidrográficas por un lado y por otro, la innovación tecnológica punta puesta al servicio del agua en sus recorridos y adaptándose a ella.
Reguilón, Juan Luis ; Martínez, Raul; Pizarro, José (1993)
"El libro verde de El Escorial"
Escritos escurialenses, Ayuntamiento de El Escorial.
Este hermoso libro plantea el estudio exhaustivo del medio acuático (ríos, arroyos y humedales) de un conjunto de municipios pequeños situados en Madrid: El Escorial, San Lorenzo y Zarzalejo.
El libro describe geográfica y geológicamente la comarca, analiza el papel que interpreta el agua en la conformación de su paisaje típico, presta atención a la flora y la fauna que construyen los ecosistemas acuáticos y estudia el papel de éstos en la historia de las localidades; además, el libro se complementa con una serie de anexos que recogen cuidadosos catálogos de zonas húmedas, de ríos y arroyos, de especies vegetales y animales de la zona, así como una recopilación de artículos aparecidos en la prensa escrita de nivel nacional que abordan de forma general la problemática del agua.
Podemos leer este libro en tres niveles: la calidad del estudio permite su uso como herramienta de planeamiento, pero a la vez, las explicaciones y el desarrollo del mismo permiten utilizarlo como libro de texto de biología, entendiendo los procesos ecológicos generales a partir de lo acontecido en una zona muy delimitada, por último, constituye también una interesante guía de campo.
* Laguna del Carrizal en Collado de Villalba (Enlace...)
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Izembart, Hélène; Le Boudec, Bertrand (2003) Waterscapes.
El tratamiento de aguas residuales mediante tratamientos vegetales Editorial GG. Barcelona
Waterscapes es una obra de divulgación que analiza un heterogéneo grupo de experimentos en tratamientos vegetales de aguas residuales. El abanico de experiencias ofrecido abarca desde pequeñas lagunas verdes destinadas a limpiar el agua acumulada en los nudos de autopistas o pequeños patios destinados a depurar el agua de un edificio de oficinas o de un conjunto residencial, hasta grandes entramados de lagunas que sirven como filtro para el tratamiento integral de las aguas de municipios completos (aguas grises y negras).
Los datos técnicos que acompañan la explicación de cada experimento distan de ser minuciosos. La información incluida es eminentemente gráfica: fotografías y diagramas explicativos. En definitiva, una lluvia de ideas que nos permite visualizar alternativas tecnológicas viables que utilizan las propias capacidades de los ecosistemas acuáticos como herramientas para la depuración de aguas sucias.
La cuestión del agua a nivel mundial.
Natalia Rieznik Lamana. Barlow, Maude (2001) El oro azul.
La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta.
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En un boletín dedicado a la política hidráulica española no queremos olvidar hacer referencia a la situación mundial de la gestión de este recurso. Maude Barlow, conocida como oradora, organizadora y comentarista del movimiento antiglobalización, nos aporta este documento El oro azul. La crisis mundial del agua y la reificación de los recursos hídricos del planeta que intenta mostrar una imagen global del conflicto del agua en nuestros días, análisis que nos ayuda a comprender las evoluciones en España, país del primer mundo, gran consumidor y despilfarrador de agua, que está llegando al límite de sus recursos.
La autora nos desborda con ejemplos y cifras que apoyan cada uno de sus argumentos, todos ellos giran en torno a las problemáticas que se plantean en la introducción:
«¿A quién le pertenece el agua? ¿Acaso debe pertenecer a alguien? ¿Debería ser privatizada? ¿Qué derecho tienen las grandes multinacionales a adquirir los sistemas hidrológicos? ¿Acaso debe el agua ser intercambiada en un mercado abierto como una mercancía cualquiera? ¿Qué leyes son necesarias para proteger el agua? ¿En qué consiste el papel del gobierno? ¿Cómo pueden los países ricos en recursos hídricos compartir el agua con los países menos afortunados?»
Damos un paso atrás, vemos la cuestión con mayor perspectiva y, recordándonos que «el agua es parte del patrimonio de la Tierra y como tal debe preservarse en el dominio público por todos los tiempos», Barlow sitúa el problema de fondo de lo que en estos momentos está en cuestión:
«Lo que está en juego es la noción de los bienes comunes, es decir la idea de que a través de nuestras instituciones públicas reconocemos la existencia de un patrimonio humano y natural común que ha de ser presevado para las generaciones venideras.»
La crisis del agua y el papel del sistema económico mundial.
Partimos hoy en día de una situación crítica. El agua dulce es una fuente limitada que no alcanza ni el 5 por ciento de la totalidad del agua existente. Mientras la única fuente renovable de agua dulce reside en la lluvia, la población mundial sigue creciendo a pasos agigantados y el consumo aumenta a un ritmo aún mayor que este crecimiento.
La lista de escenarios de crisis es larga: explotación abusiva de las capas subterráneas, agotamiento y contaminación de las capas acuíferas, invasión del agua salada de reservas subterráneas, etc. A esto se añaden los problemas derivados de la escasez de agua como la falta de comida y la desaparición de especies en peligro de extinción.
La crisis que vivimos tiene una relación directa con el modelo de desarrollo que prevalece en nuestra época: la mundialización económica, «sistema que radica en la creencia en que una sola economía mundial con reglas universales establecidas por las empresas y los mercados financieros resulta inevitable. La libertad económica, y no la sana administración de la democracia o de la ecología, es la metáfora que escogen los que tienen el poder en esta era posterior a la Guerra Fría (...) Todo está en venta».
Esta mundialización, de forma intencionada o no, está aumentando la diferencia entre los ricos y los pobres. La escasez de agua afecta a gran parte de estos últimos, en algunos casos, al no tener acceso a servicios públicos subvencionados, las personas con menos recursos acaban pagando más por el agua al verse obligadas a obtenerla de fuentes ilegales o privadas.
El autor ecológico Josh Karliner explica por qué el problema se ha agravado en los últimos años: «las fuerzas de expansión empresarial van introduciéndose en las tierras agrícolas, los desiertos, los océanos y los sistemas fluviales en los que antes no se fijaban. Muchas comunidades del planeta que aun siendo pobres se bastan a sí mismas, están siendo sumergidas en una pobreza cada vez mayor (...) a medida que las empresas se van apropiando de sus recursos».
Las estructuras económicas y políticas que se están creando para que todos compitan en un mercado único y unificado hacen imposible una economía con efectos benignos para el medio ambiente ya que la competencia obliga a los gobiernos a reducir sus programas de protección del medio ambiente para aumentar la competividad de sus productores nacionales y atraer las inversiones extranjeras. Se toman las medidas contrarias a las que corresponderían a una economía ecológicamente sostenible, «quitan el control de la tierra a la gente que vive en ella, desalientan la institución de una rigurosa normativa protectora, penalizan la administración responsable, e imposibilitan la tarea de fijar el precio justo».
Mientras vemos cómo los gobiernos se alejan de sus responsabilidades, las multinacionales se van haciendo con el control del agua mediante la adquisición de embalses y vías marítimas, el desarrollo de nuevas tecnologías como la potabilización del agua de mar, el control de la industria del agua embotellada, la privatización de las canalizaciones municipales y regionales, la construcción de infraestructuras hidráulicas y la exportación de agua. El agua y sus infraestructuras se han convertido en un atractivo mercado, Barlow estima que «las posibilidades de lucro son infinitas, ya que de momento, las empresas abastecen únicamente a un 5 por ciento de la población mundial».
La situación está actualmente monopolizada por dos multinacionales francesas: la Suez Lyonnaise des Eaux y Vivendi S.A., pero grandes empresas de otros sectores están al acecho.
Todos ellos buscan "la convergencia": que una sola compañía gestione, con ánimo de lucro y en una sola operación, un servicio público diversificado que ofrezca toda la gama de servicios que requieran los hogares en abastecimiento e infraestructuras de gas natural, agua, electricidad, etc.
Sin embargo, los antecedentes en privatizaciones de los suministros de agua no son muy alentadores. Han implicado subida de tarifas, agua suministrada contaminada, despidos, problemas de acceso del público a la información sobre la calidad del agua, etc.
En el tercer mundo, las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), imponen la entrada de lo privado a través de medidas entre las que encontramos la privatización del agua como condición para la concesión de créditos o la financiación a las multinacionales hídricas antes que a las empresas públicas. Estos proyectos fomentan los monopolios y en muchos casos las negociaciones se realizan de forma poco transparente. Una vez privatizada, el agua sale al mercado abierto, la empresa que lo gestiona busca optimizar el beneficio, sus decisiones giran exclusivamente entorno a consideraciones comerciales, lo que implicará, entre otras cosas, aumentar el consumo.
Los que defienden la privatización dicen buscar consorcios entre privado y público, sin embargo el objetivo de las compañías es acaparar el control exclusivo sobre los suministros, algo que apoyan las instituciones como el BM al dar preferencia a los proyectos de infraestructura que abarquen servicios múltiples (que conducen a monopolios).
El papel de lo público queda reducido a los fondos que se aportan desde el BM como apoyo en las inversiones iniciales o a las garantías de beneficio que se ven obligados a dar los gobiernos, de forma que lo público asume los riesgos para que la empresa coseche los beneficios. Al mismo tiempo, esta concentración de poder en manos de una única empresa, le permite una peligrosa capacidad de presión sobre el gobierno, reduciendo alarmentemente el poder democrático de los ciudadanos.
El comercio del agua.
En las regiones que sufren la escasez de agua todos compiten por acceder a ella. Entre los consumidores, la industria de alta tecnología, uno de los sectores de mayor crecimiento del mundo, se está convirtiendo en una gran acaparadora de agua, reclamando una porción desmesurada de los suministros locales. Los fabricantes de ordenadores utilizan grandes cantidades de agua desionizada en sus procesos de producción. Compiten con las poblaciones locales para acaparar los recursos, sin embargo los programas de conservación dirigidos a los hogares no se aplican a la industria.
Como solución a la demanda en regiones con escasez, muchos apuestan por la exportación de agua a granel mediante mecanismos de desvío, por gaseoductos y oleoductos, o mediante petroleros. La Comisión Europea, por ejemplo, se está planteando construir una red hidráulica europea que lleve agua desde los Alpes hasta España. La Suez Lyonnaise por su lado pretende construir un enorme acueducto que transporte agua del río Ródano hasta Barcelona. Otra compañía europea, la West Scotland Water, planteaba vender los excedentes a países como España o Marruecos.
Las tecnologías para el transporte del agua por el mundo ya se están desarrollando, en ese nuevo mercado «lo que contará entonces es saber quién tiene el derecho de vender agua al mejor postor»(Canadian Banker, 1991).
Canadá y Alaska, con sus grandes excedentes en agua dulce se perfilarían en esta situación como una nueva OPEP a, se crearía un cartel del abastecimiento mundial del agua para disparar su precio (Terence Corcoran, 1999).
En ambos países el debate sobre la exportación en petroleros está sobre la mesa. Muchos lo ven como una evolución inevitable en la que sólo queda por definir qué cantidad de dinero obtendrán el gobierno federal y las provincias de estas exportaciones.
El agua embotellada, sector que está actualmente en plena expansión, será otro gran negocio. Se trata de una industria poco reglamentada que no sigue procesos tan rigurosos de control de calidad como el agua de grifo.
El estudio realizado en marzo de 1999 por el Consejo de Defensa de Recursos Naturales (NRDC) de los EE.UU. demuestra que en muchos casos el agua embotellada es de la misma calidad que la de grifo o incluso inferior. Se trata nuevamente de un mercado mundial que no conoce fronteras.
Las empresas no tienen ningún tipo de escrúpulos a la hora de buscar fuentes de agua: compran grandes territorios de naturaleza salvaje, tierras agrícolas para tener acceso a los pozos, o incluso sistemas hidrográficos completos; los explotan hasta que se agotan dejando a la región sin aguas subterráneas, afectando a los agricultores y habitantes de la zona y buscan nuevas fuentes en otra parte del mundo. «Paradójicamente -dice Barlow- la mismísima industria que contribuye a destruir las fuentes de agua públicas -con objeto de abastecer agua "pura" a la élite mundial en plástico no reciclable- presume de tener un producto que no hace daño a la naturaleza y que forma parte de un estilo de vida sano.»
La responsabilidad de los gobiernos y las instituciones internacionales
Frente a estos escenarios de crisis la autora critica la falta de planificación y de medidas de los gobiernos y las instituciones internacionales. Hay que reconocer ciertos esfuerzos como la iniciativa de la ONU al llamar a los ochenta Década Internacional del Abastecimiento y Saneamiento del Agua Potable, llevando a cabo proyectos que han logrado avances en proveer infraestructuras y agua potable; o los éxitos en saneamientos de los ríos y lagos en Europa y Norteamérica.
Sin embargo estas medidas son totalmente insuficientes sin el apoyo de las acciones de los gobiernos. Klaus Topfer del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente entiende que una de las causas de esta inoperancia reside en la «fragmentación de los poderes sobre el agua que se reparten en infinidad de sectores y ministerios tanto a escala nacional como internacional» lo que ha llevado a una «ausencia de visión común sobre el consumo sostenible de este recurso». A esto se añade la poca prioridad que se da en todos los países a esta cuestión, actitud que se traduce en la falta de fondos a la investigación, la falta de concienciación a la población, etc.
El problema empieza en el propio descuido de las instalaciones: tenemos infraestructuras municipales y canales de irrigación con importantes escapes. El BM estima que el 50 por ciento del agua municipal se pierde por ellos.
A estos desperdicios se suman los de los hogares, como ejemplo tenemos a los canadienses que pierden la mitad del agua que consumen en lavar el coche o en el goteo de los grifos. La autora afirma que con la tecnología y los métodos actuales «la agricultura podría cortar sus exigencias de agua en un 50 por ciento, las industrias de un 50 a un 90 por ciento, y las ciudades en un tercio, sin sacrificar en lo más mínimo el nivel de vida o la producción económica».
Los gobiernos sin embargo siguen sin adoptar políticas que busquen la conservación: privatizan el agua y los servicios de alcantarillado, financian a la industria de alta tecnología a través de los incentivos fiscales, no toman medidas que busquen traducir el coste del transporte de ida y vuelta de los bienes de consumo en el precio de venta al público, etc. También apoyan los intercambios comerciales del agua: debido a la competencia por acceder a los recursos, existe un comercio del derecho de aguas que venden los gobiernos a las empresas.
La ONU sigue esa misma línea política proponiendo a los gobiernos que se giren hacia el capital privado para financiar los proyectos de redes, fábricas de depuración, etc. y animándoles a crear un "mercado abierto" del derecho de aguas.
La situación más llamativa es la del Consejo Mundial del Agua del que son miembros las Naciones Unidas, el Banco Mundial, y la Asociación Intercacional de Recursos Hídricos. René Coulomb, de la Suez Lyonnaise des eaux es uno de sus dos vicepresidentes. Entre los afiliados a este consejo se encuentran las principales asociaciones de profesionales, las grandes empresas mundiales de agua, los ministerios encargados de los recursos hídricos y las grandes instituciones financieras internacionales.
Los representantes sindicales, las ONGs y los funcionarios de los gobiernos, son actores que quedan excluidos o relegados al papel de meros observadores en este órgano donde se discuten las principales ideas en torno a la política del agua. El Consejo, junto con el Global Water Partnership (GWP), son la prueba más evidente de la complicidad de la ONU y el BM con las grandes multinacionales en la elaboración de los programas internacionales de desarrollo sostenible en los que estas últimas están influyendo según sus intereses.
Los acuerdos internacionales de libre comercio e inversión son unas herramientas clave en estos procesos. El TCLAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por Canadá, EE.UU. Y Mexico en 1993) tiene tres disposiciones que afectan al agua. La primera dice que ningún país puede «hacer uso de discriminación» para favorecer su sector privado en el uso comercial de sus recursos hídricos. La segunda se refiere a las exportaciones prohibiendo que el gobierno de un país del TLCAN reduzca o restrinja la exportación de un recurso a otro país signatario una vez que se haya autorizado la exportación.
En otro artículo añade que «ninguna parte podrá adoptar o mantener prohibición o restricción alguna sobre la exportación o vender de cara a la exportación cualquier producto destinado al territorio de otra parte», incluyendo esta disposición la prohibición de imponer impuesos sobre la exportación.
Finalmente la tercera disposición es relativa a los conflictos entre inversionista y Estado: «cualquier empresa de un país del TLCAN puede entablar una demanda contra el gobierno de otro país signatario en concepto de indemnización en caso de rehusársele sus derechos de trato nacional o si el país adopta una legislación que "expropie" la compañía de sus beneficios futuros».
Esta demanda sólo pueden entablarla las empresas con sede en el extranjero. El ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) recoge todas estas disposiciones ampliando su alcance y poder.
La OMC (Organización Mundial del Comercio, abarca a 134 países) en vistas a fomentar el movimiento transfronterizo de capitales, bienes y servicios, se sube también al carro de la desregulación: busca la eliminación de la barreras arancelarias y no arancelarias para evitar que los países puedan implantar medidas protectoras a través de controles o condiciones sobre las exportaciones.
Esta organización tiene actualmente el poder legislativo y judicial para «poner en entre dicho las leyes, las políticas y los programas de los países miembros que no se conformen a la normativa de la OMC y tiene el poder de anular estas normas si se demuestra que imponen alguna restricción al comercio». Desde este organismo un nuevo acuerdo amenaza la conservación del agua.
El Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (AGCS) tiene como objetivo restringir las medidas gubernamentales relativas a los servicios.
Las herramientas son un conjunto de restricciones legales obligatorias que se complementan con la capacidad de la OMC de aplicar sanciones cuando no se cumplan.
Barlow advierte que el acuerdo no se refiere a los servicios en sí sino a las medidas gubernamentales relativas a estos servicios que busquen limitar el derecho del sector privado a "participar", y concluye: «hasta la fecha, ningún otro acuerdo ha intentado tan honda ingerencia en la jurisdicción política de los gobiernos.»
Paralelamente, se están firmando entre muchos países acuerdos bilaterales de inversión que abren los sectores de los recursos naturales a las inversiones por parte de las empresas del otro país signatario.
La respuesta frente a la crisis: adoptar principios comunes.
Gobiernos que dejan sus recursos hídricos sin protección legislativa mientras negocian acuerdos internacionales que tienen preferencia sobre sus leyes nacionales y otorgan, explícita o implícitamente, el derecho de aguas al sector privado.
Empresas que buscan su beneficio privado, nuevos mercados, fomentar el consumo sin ningún tipo de escrúpulos hacia el medio ambiente o las personas, que no van a garantizar un reparto justo ni la conservación de este valioso recurso. Ciudadanos que quedan al margen de todos estos procesos por la falta de información sobre las negociaciones y la falta de poder sobre las instituciones.
Ante este panorama desalentador, Barlow intenta indicar caminos de salida. Como primer paso propone desarrollar una «ética del agua exhaustiva y sostenible» que comienza con una ética en su reparto, de los países con excedentes a los que padecen la escasez, y garantizando en todo caso que los países industrializados compartan el agua.
Este reparto se haría en unas condiciones específicas, a largo plazo se debe plantear que ninguna región dependa de los abastecimientos de agua extranjeros por los problemas ecológicos o políticos que pudieran implicar. Antes de tomar medidas debemos diferenciar comercio del agua y reparto del agua. En el primer caso se busca beneficio, por tanto los últimos en recibir el agua serán los que realmente la necesiten.
Linton (1997) resume los argumentos contra el comercio de agua «puede que el argumento más poderoso contra la exportación [comercial] del agua resida en que únicamente serviría para perpetuar el problema principal que inicialmente causó la crisis del agua - la creencia en que para satisfacer las exigencias cada vez mayores de la gente por el agua bastaría con aumentar el nivel de abastecimiento.
Este modo de pensar es el que ha llevado al drenaje de los lagos, al agotamiento de las capas acuíferas y a la destrucción de los ecosistemas acuáticos en todo el mundo».
El reparto por tanto sólo sería posible si se mantiene el control público sobre el agua y si se concibe como algo temporal para situaciones de crisis o para la recuperación de sistemas fluviales, desarrollando los proyectos con unas condiciones y unos plazos rigurosos.
La autora propone como segunda medida elaborar una «ética de la tarificación del agua».
Se debe actuar de forma conjunta en el valor económico que se le otorgue al agua, llevar a cabo políticas que traduzcan su valor real para evitar el despilfarro. No obstante, al aplicar esta medida hoy en día encontraríamos varios inconvenientes: el primero sería el aumento de las desigualdades existentes en el acceso a este recurso.
En segundo lugar, con las privatizaciones realizadas y en curso, el agua tarificada se convertiría en una mercancía privada. Y finalmente habría que cambiar la estrategia actual que sólo se plantea la tarificación respecto al consumo doméstico, que representa del 6 al 10 por ciento frente al 20 del sector institucional y al 70 por ciento de la industria.
En resumen, al plantear una tarificación del agua habrá que tener en cuenta la pobreza de algunos países, el agua como derecho humano y el agua en la naturaleza. Para que estas necesidades queden cubiertas antes de aplicar tarifas, volvemos a necesitar como condición indispensable que el agua sea controlada en beneficio público y no por las empresas.
Finalmente Barlow propone diez principios para la protección del agua como primer paso para entablar el diálogo en torno a las medidas a tomar:
El agua pertenece a la tierra y a todas las especies. Tenemos que redefinir nuestra relación con el agua reconociendo su lugar esencial.
El agua debe dejarse donde está en la medida de lo posible. Desplazar grandes cantidades de agua de los cauces puede causar la destrucción de los ecosistemas.
El agua debe ser conservada para todos los tiempos. La única forma de resolver el problema de escasez mundial pasa inevitablemente por un cambio en nuestros hábitos de consumo.
El agua contaminada debe ser recuperada. La raza humana debe responsabilizarse colectivamente de los daños causados.
La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su entorno natural.
Señalamos aquí la noción de bioregionalismo: la práctica de vivir adaptándose a los límites de un ecosistema natural.
El agua es un mandato público por el que todos los niveles de gobierno deben velar.
Disponer de agua suficiente es un derecho fundamental.
Los mejores defensores del agua son las localidades y sus ciudadanos.
El público debe participar a partes iguales con el gobierno para proteger el agua.
El agua no será un recurso sostenible si prevalecen las políticas de mundialización económica. La mundialización económica que se está conociendo, buscando la liberalización del comercio, permite el robo de los recursos locales y que algunos países vivan por encima de sus medios ecológicos.
Todas las preguntas planteadas en la introducción han quedado respondidas, como conclusión la autora insiste: el acceso al agua potable es un derecho fundamental que se está denegando a millones de personas en el mundo.
El papel del Estado, que debería asegurarse de garantizar y defender este derecho está alterado. Presenciamos impotentes cómo los gobiernos y las instituciones gubernamentales siguen el paso de las fuerzas empresariales o son incapaces de hacerles frente. «El ciudadano se encuentra con que tiene que luchar y defender sus intereses por sí sólo».
Algunos han tomado la iniciativa, se han agrupado desde hace unos años en grupos de derechos humanos, etc. intentando luchar de forma conjunta contra estas evoluciones. El texto de esta activista acaba llamando a todos a la movilización por la defensa de unos principios comunes como única solución para «poner alto a la devastación sistemática de los sistemas hidrográficos del mundo».
* [Información extraída íntegramente de...:habitat.aq.upm.es/boletin/n27/nlib.html] (Enlace...)
| Insertado
por: elenafernandez (29/06/2005) |
| Fuente/Autor:
Ciudades para un Futuro más Sostenible. |
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