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En los últimos días ha saltado a los medios de comunicación la presunta corrupción política en Canarias relacionada con la energía eólica. Tráficos de influencias e información privilegiada que podrían dar al traste con la carrera política desaprensiva de quienes no representan el INTERÉS GENERAL.

Un caso más, venga de donde venga y sea cual sea su signo político, de que algo sigue cociéndose en torno a los enormes intereses y réditos que produce inversiones tan grandes como la que conlleva la instalación de molinos en territorio nacional. Impelida, por otro lado, por las enormes sumas económicas que provienen de la Unión Europea en función de los acuerdos internacionales iniciados en Kioto.

Esto, cuando menos, indica la necesidad de atención que requieren las gestiones de nuestros políticos, en este caso descubiertos por la denuncia de un agraviado directo, pero en cualquier otro, por la enorme incidencia que está teniendo la energía eólica en nuestro país y sobre todo por las polémicas levantadas a nivel internacional ante lo que esta constituyendo una devastación del territorio en aras de un progreso, que hoy día ya tiene detractores con razones fundadas y que ponen de manifiesto el escaso escrúpulo de compañías y gobiernos a la hora de proyectar y ejecutar nuevos parque eólicos.

Tarifa, como pionera, dentro de la energía eólica en España, ya tiene un nuevo representante para la comisión, creada en Madrid, vinculado a los planes eólicos de Andalucía: el alcalde de la Corporación Municipal de Tarifa.

Precisamente llega este cargo, en un momento importante para Tarifa, cuando organizaciones ecologistas ya han manifestado la sobresaturación eólica que está sufriendo el campo tarifeño, los sindicatos han manifestado la escasísima mano de obra que produce la industria instalada en Andalucía y cuando la Plataforma para la Defensa del Medio y Desarrollos Sostenible de tres localidades como son Almarchal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes, han solicitado una reunión urgente con la Presidencia de la Junta de Andalucía, ante la desatención que vienen sufriendo por el Ayuntamiento de Tarifa y Delegaciones Provinciales respecto a las alegaciones presentadas sobre unos proyectos eólicos en la zona que asfixiarían el desarrollo y someterían a su población a un olvido mayor que el que ya sufren de cara a su necesidad de bienestar y esperanza en un futuro mejor.

Poner más molinos en Tarifa, concretamente en las zonas de Almarchal, La Zarzuela y Zahara de los Atunes (por anexo), supondría una profunda equivocación administrativa, una presunta desatención a los derechos fundamentales de los ciudadanos y una falta de correspondencia con los enunciados políticos de nuestro gobierno, sobre todo teniendo en cuenta su signo político y los intereses que defiende.

En este caso, la población ya se ha manifestado, los propietarios de terrenos también y así se viene gestionando la defensa del medio y su desarrollo racional desde julio del 2005, cuando inició su andadura esta Plataforma representativa de estos colectivos.

Sería un contrasentido, creer en postulados de defensa del INTERES GENERAL, cuando la población directamente implicada y – repito – históricamente olvidada, ve consumaciones de iniciativas y acciones sobre su suelo, sin contar con su opinión.

Tarifa, sí es pionera en la energía eólica en España. Lo mismo que lo fue EE.UU. en su día, pero da la casualidad de que la irracionalidad en la instalación – en algunas ocasiones alimentada por el puro y duro interés de las compañías instaladores y como vemos la falta de escrúpulos de algunos políticos – ha llevado a algunos países europeos a cuestionarse sobre la idoneidad de lo ya realizado.

No olvidemos que los ciclos de desarrollo económico y las nuevas tecnologías, se ven sujetas a investigaciones de futuro que siempre ofrecen nuevas propuestas alternativas que mejoran las presentes. Esto conlleva una reflexión paralela, que no es otra sino la necesidad de cuidar el MEDIO AMBIENTE, como recurso raíz y bien fundamental de los pueblos.

No es de interés general, el interés particular de los propietarios, cuando buscando la contrapartida económica de ciertas inversiones desaprensivas, no atienden a la población y su bienestar. Como tampoco lo es las actuaciones que provienen de la Administración Pública, cuando no se tiene en cuenta la voluntad de sus representados.

Ahora que el alcalde de Tarifa, tiene representatividad en relación a las decisiones de instalación eólica, tanto en su municipio como en otras zonas de Andalucía, posee en dicha representatividad la posibilidad de tener en cuenta de una forma más explícita esta voluntad ciudadana expresada, de forma certificada, reiteradamente ante esta Corporación y que hasta la fecha no ha recibido una respuesta efectiva.

Confiamos en que el buen criterio político por un lado y la acción y puesta en práctica del INTERES GENERAL, lleve a nuestro Alcalde a atender definitivamente la posición que vienen manteniendo los colectivos de población afectados por los nuevos parques proyectados en Tarifa, de sobra referidos, para que podamos decir junto al Presidente de nuestra Diputación, que es posible construir entre todos para no desmerecer la confianza depositada en nuestros políticos.

Esta confianza se verá refrendada, si realmente se escucha la voz del pueblo y afectados ante tentativas que “atentan” contra el interés general.

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