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Vamos a ver. Si como bien dice El País, "el urbanismo se ha convertido en una fuente de criminalidad en España en los últimos años", y los ciudadanos no viven en el espacio sideral sino en ciudades y pueblos, los ciudadanos están sufriendo la criminalidad asociada a la corrupción urbanística de varias maneras. Pero la viven especialmente en dos planos: uno, defraudados económicamente en las arcas públicas por los corruptos, y otra, por la secuela de aspectos que tienen que ver con la sensibilidad cotidianamente afectada por los abusos urbanísticos y por el despojo del patrimonio público. En suma, por el crimen de alcaldes y concejales corruptos que encima simulan estar ahí para servir a los vecinos.

Porque los delitos públicos afectan a todos, pero éstos, como es natural, primordialmente a los munícipes de cada localidad donde se cometen.

Si esta clase de crímenes fuese tan aislada o infrecuente como la profanación de un cementerio, por ejemplo, podríamos pasar página enseguida y esperar que no volviesen a repetirse en mucho tiempo. Pero resulta que es raro el municipio no sometido al vilipendio y al expolio que llevan aparejadas las "reclasificaciones", que se han convertido en la llave maestra del enriquecimiento espectacular, rápido e impune de unos cuantos. (De unos cuantos y con la complicidad a veces incluso del PSOE y del PP y el beneplácito del regidor comunista, como es el caso de Seseña -Toledo).

Es tan común este delito y tan fácil de cometer, que todos vivimos manejados por Ayuntamientos corruptos a menos que se demuestre lo contrario. La presunción es ésa, la de que vivimos inmersos en la corrupción y no al revés.

El vecindario, impotente, se siente manipulado. Las zonas verdes, de esparcimiento y de solaz que pisan los vecinos a veces a lo largo de toda su vida, las ven evaporadas ante sus ojos cada día. Y la consternación se agudiza cuando los vecinos saben bien que todas esas construcciones, muchas veces mastodónticas y siempre contra el medioambiente, incesantes, innumerables y sofocantes no responden siquiera a la necesidad de espacio vital para dar residencia a los que carecen de ella, sino para ponerlas al alcance de los especuladores. Saben que hay millones de viviendas vacías en este país, y que muchos millones más de ciudadanos viven de mala manera en la casa de sus padres, hacinados en una habitación o debajo de los puentes. Todo eso, con independencia de que en esos municipios, que son ya casi todos los de la geografía española, los presupuestos para mantenimiento y reposición que no tengan que ver con otras corrupciones sobre nuevos servicios y obras nuevas, son en la práctica inexistentes.

A este paso y con motivo de la corrupción urbanística que ya es un genocidio medioambiental que abarca a toda España, los regidores y concejales de toda ella, sólo por el asunto de las recalificaciones debieran ir a la cárcel inmediatamente. Porque a este paso, quienes van a terminar en un manicomio son los vecinos.

Lo malo de este asunto es que no tiene remedio, y en la medida que lo tenga ya es tarde porque queda poco por recalificar. Pero lo peor de todo es que estos delitos urbanísticos tienen mucho que ver con la permisividad del propio sistema capitalista hacia el delito de corrupción urbanística, que encima nos incitan pervertidamente a que, al menos por cierto tiempo, nos suene a prosperidad, a laboriosidad, a mano de obra abundante y a servicio a la Comunidad. ¡Cómo, si no, se despiertan ahora fiscalías, jueces, políticos, “seprona” y toda la basca, treinta años después de abierta la veda de la corrupción que vino de la mano del sistema demoliberal!

Hay que arbitrar urgentemente una solución, pero no creo que consista en incorporar a una policía especializada. No creo que la solución vaya por ahí. ¿Quién puede creer ahora que esa unidad especializada en delitos urbanísticos propuesta por el director de la Benemérita no vaya a contribuir a enmarañar más la burocracia nefasta y el panorama de la corrupción con más corrupción?

En la democracia hay un ingrediente que la España del español medio no ha digerido. Y es, que la democracia no se implanta por Decreto, sino por el compromiso general o generalizado de la ciudadanía más allá de una Constitución tramitada por el procedimiento de urgencia como la española y un ordenamiento jurídico al servicio prioritario de la plutocracia.

Y mal pueden cumplir los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, si los ciudadanos no están convencidos de que la democracia sólo funciona estando todos relativamente insatisfechos, respetando las reglas del juego y exigiendo los propios ciudadanos -y no siempre las policías que a menudo están también bajo sospecha- el cumplimiento de las normas de carácter general y de sentido común. Y mucho menos, cuando sus principales representantes en los municipios donde los ciudadanos han de sentir o no que participan de la democracia son, por desgraciada definición, corruptos.

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