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La organización no gubernamental venezolana VITALIS, hace un llamado a la corresponsabilidad ambiental en torno a los posibles derrames de hidrocarburos, escapes y quemado incontrolado de gases que han ocurrido en el territorio nacional, y alerta sobre los riesgos ocasionados por un supuesto mal manejo que pudiera estarse realizando en algunas instalaciones petroleras.

Este llamado lo formulan "apegados estrictamente a criterios técnicos, ambientales, comunitarios y jurídicos, sin pretender fijar una posición política frente a la situación de PDVSA".

En opinión de VITALIS, "se requiere una respuesta rápida y ejemplarizante en torno al manejo de estos conflictos, por lo que sorprende el aparente retardo en la activación de los planes de contingencia ambiental y el inicio de las acciones de remediación".

VITALIS recuerda que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado Venezolano está obligado a proteger el ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos y en general las áreas naturales de especial importancia. En este sentido, el artículo 127 establece que "es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación".
Preocupa a los ambientalistas las declaraciones dadas por algunos voceros en cuanto a que "el número de accidentes es normal", cuando en realidad "lo normal sería que no ocurriesen accidentes que lamentar". Asimismo, llama la atención de los ecologistas la ausencia de una respuesta rápida y contundente que disminuya al mínimo posible los daños ocasionados, si los hubiere.

VITALIS también alerta sobre las sanciones contempladas en el marco jurídico que rige la materia, y destaca que de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente, norma que está por encima de las leyes ordinarias, que aquello que "directa o indirectamente contamina o deteriora el aire, el agua, los fondos marinos, el suelo o el subsuelo, o incida desfavorablemente sobre la fauna o la flora" se consideran actividades susceptibles de degradar el ambiente, y por lo tanto están totalmente prohibidas.

En este sentido, la Ley Penal del Ambiente, establece como delito ambiental el vertido de sustancias contaminantes, las fugas o descargas y el vertido de hidrocarburos, con lo cual puede ser sancionado con prisión de tres (3) meses a tres (3) años y multa de trescientos (300) a tres mil (3000) días de salario mínimo, lo cual equivale a un monto que pudiera superar los 20 millones de Bolívares.

VITALIS informó asimismo que estas penas pueden aumentar en caso tal de comprobarse que el hecho ocurra en áreas naturales protegidas o en zonas donde se afecte la salud de las personas, y hasta duplicarse si llegase a verificarse se trata de sustancias cancerígenas, mutagénicas, teratogénicas o radioactivas.

Dentro de la explotación petrolera pueden identificarse distintas fuentes de contaminación además del mismo vertido del petróleo en los ambientes naturales, incluyendo el derrame de productos químicos derivados de la explotación, perforación y producción del hidrocarburo, la cual puede ser superficial o subterránea. Esta contaminación puede darse bien sea por pérdidas o roturas de los oleoductos, fugas en las bombas, o derrames durante los tratamientos químicos o las operaciones de servicios en los pozos.

Un elemento adicional de posible contaminación es el mal manejo de los elementos tóxicos utilizados durante las actividades de producción y almacenamiento, como el vertido de ácidos o fluidos, desechos, sustancias limpiadoras, tambores usados, aceites y fluidos hidráulicos.

VITALIS hace un llamado a PDVSA, la Dirección de Ambiente de la Guardia Nacional de Venezuela, Fiscalía Ambiental, Defensoría Ambiental, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas, Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, ICLAM, Comando de Guardacostas de la Armada, gobernaciones de estado y Alcaldías, para que actúen a la mayor brevedad e informen al país la magnitud real de los hechos, así como las medidas que se están tomando para revertir esta situación y mitigar aquellas acciones que aparentemente estén originando tales consecuencias.

Asimismo, VITALIS señaló que de comprobarse tales daños, iniciará una acción administrativa o judicial, según sea el caso, a los fines de promover el cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en torno al derecho individual y colectivo de disfrutar de una vida y un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado.

Más información en Internet:
* www.vitalis.net.

Más información en Ibérica 2000:
* Un grito de auxilio y un ruego.

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