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16 Octubre 2013

No tienen rostro. Ni alma. Gozan de un sinfín de derechos que les atribuyen las leyes y la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo papel mojado...

En España flotan en el magma colectivo 3.000.000 de ciudadanas y ciudadanos sin prestación social económica ni subsidio, ni recursos propios. Y la cifra aumenta de manera exponencial cada día, cada mes, cada año. Es decir, 3 millones de seres humanos excluidos de la sociedad, del reparto de la riqueza colectiva, ésa que es de todos, y del acceso a un mínimo de dignidad.

¿Qué se supone pueden hacer tres millones de personas sin oficio ni beneficio, sin más consuelo y, lo que es peor, sin más esperanza que el socorro, la caridad o la filantropía de otros? Si mendigan, son acosados por los poderes públicos. Y si no, son multados o estorbados o perseguidos. Si tratan de vender alguna cosa, se les relaciona con bandas organizadas. Si protestan en la calle o en la sede de las instituciones, se les multa o se les conduce a comisaría. Son ciudadanos y ciudadanas que no cuentan en el concierto social, que propiamente no existen...

Tres millones entre cuarenta y siete millones es una doceava parte de la población española: la parte que soporta directamente el desvalijamiento de las arcas públicas, de las Cajas de Ahorro, de las empresas públicas a cargo de unos puñados de facinerosos que representan quizá un 1 por ciento; clanes que vegetan a costa de todos los demás y principalmente de esos tres millones de desheredados de la fortuna y por si fuera poco víctimas de honor del desguace económico de la sociedad española a que aquellos les han sometido.

El sistema, este sistema, no tiene soluciones para todos. Ni las prevé. Sólo para quienes no las necesitan. El sistema funciona o no funciona. Pero si no funciona es porque los menos abusan de los más. No porque tres millones, como se les ha oído hasta la náusea a los intérpretes solemnes y habituales del sistema, "no quieren trabajar", vagos, maleantes, parásitos... sino porque vivieron confiando en el sistema y en el futuro, y se les engañó miserablemente.

¿Qué, repito, se puede uno imaginar que puedan hacer, y cómo pueden vivir esos millones? ¿Qué pueden pensar acerca del derecho al voto, del derecho al trabajo o del derecho a una vivienda digna que les atribuye, como a todos, la ampulosa Constitución? Tres millones de personas en estas condiciones son tres millones de desgraciados.

¿De verdad creen los políticos, los magistrados, los empresarios, los títulos nobiliarios, los terratenientes, los banqueros, la realeza... que esto es una democracia, que hay justicia ordinaria, que hay justicia social, que vale la pena luchar por sostener un modelo político que no determine a esos y a muchos otros millones que nos solidarizamos con ellos a maldecirlo y a maldecir a los que se creen dueños de este país y referencia para el resto de la sociedad y se comportan como tales? Reconózcanlo.

Ellos, esos poseedores, esos saqueadores han triunfado, pero este sistema ha fracasado. Lo que no conduce a nada es hacer lo que los bienpensantes y los voluntariosos vienen haciendo desde que este país se imaginó democracia: perseguir, dialéctica o materialmente, los efectos pero dejando intactas siempre las verdaderas causas de todos los males.

La democracia no se hace por decreto o a base de decretos. Una democracia eficaz, como la eficacia en la recaudación de impuestos (por eso es indiferente el número de los inspectores), se constituyen por la voluntad de todos, sin coerción.

Es la voluntad mayoritaria de toda la ciudadanía y la contribución prioritaria de los favorecidos y poderosos lo que pone la impronta a un país digno, a una justicia digna, a una sociedad digna, a un modelo sociopolítico digno. Y esa contribución no existe y parece que en este país siempre faltará. Por eso lo que urge es otro sistema de recambio. Es hora de que abandonemos tanto discutir, y pongamos manos a la obra...

Jaime Richart

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