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Fue llegar el PP al poder y hombres clave de Iberdrola, como Benigno Blanco (en adelante B.B.) y Guillermo Heras, se hicieron con el control de la Secretaría de Estado que domina las aguas del país. Jaume Matas y otros subordinados suyos, como Pascual Fernández, actual secretario de Estado de Aguas, son ejecutores del Plan Hidrológico que les dejaron preparado en la etapa Tocino.

Si la Ley de Incompatibilidades de altos cargos prohibe que alguien llegado de una empresa participe en cosas que puedan interesar a esa empresa, ¿por qué se nombró secretario de Estado a B.B., que era el director de los Servicios Jurídicos de Iberdrola, es decir, el más encarnizado y directo defensor de los intereses privados de la eléctrica con más intereses en las aguas españolas?

En cuencas como las del Duero o el Júcar, prácticamente no hay una gota que no pase por Iberdrola. Casi no se hace un pantano, sea cual sea su justificación, donde no se ponga una central eléctrica a pie de presa (sin que las eléctricas retribuyan debidamente el favor que se le hace con dinero de todos los españoles). ¿Se inhibió B.B. en todos los proyectos de presas que ­como el de Itoiz, por citar sólo uno­ podían interesar a Iberdrola o a otras eléctricas (ya que también fue miembro del Comité Jurídico de Unesa, la patronal eléctrica)? Iñigo de Oriol, su presidente en Iberdrola, también lo ha sido de cementos Asland (la principal cementera española que a alguna presa habrá abastecido). Ya como secretario de Estado de Infraestructuras, B.B. ha tenido que ver en el tema del AVE, que ha beneficiado a la familia Oriol.

CAMBIO CONTRA EL CAMBIO

Con B.B., que fue preparando el terreno con cosas como el Libro Blanco del Agua (en el que, por cierto, las hidroeléctricas salen muy bien paradas), el PP ­que en la oposición era contrario a los trasvases­ cambió su postura. B.B. defendió obras relacionadas con el trasvase del Ebro ­en la cuenca del Júcar (donde más intereses tiene la eléctrica)­. Apoyó el Convenio del Júcar, entre el MIMAM y Zaplana (tradicional aliado de la eléctrica), para realizar obras como el trasvase del río Júcar al Vinalopó, obra ésta en la que Iberdrola podría invertir a cambio de hacerse con su gestión. Cosa ésta inconcebible sin el cambio legal, en el que B.B. tanto tuvo que ver, que supuso la creación de las llamadas "sociedades estatales de aguas", como Aguas del Júcar S.A., que hacían posible mayores expectativas privadas. ¿Se ha investigado si es lícito que un experto legal de una compañía privada, introducido en el poder legislativo, haga reformas legales como la de crear sociedades "estatales" de aguas que puedan favorecerla?

En muchos foros públicos, incluido el Senado, B.B. defendió esta obra que tanto interesa a Iberdrola. Precisamente entre el Júcar y el Vinalopó (límite de la cuenca del Segura), el trasvase del Ebro se encontraría con los mayores desniveles y, por tanto, con las mayores expectativas de negocio hidroeléctrico. Copiosas facturas de electricidad ­¿vendida por la nuclear de Iberdrola en Cofrentes?­ por bombear el agua en las subidas, venta de electricidad obtenida en saltos de agua en las bajadas, "compensaciones" por afectar los caudales de los embalses de Iberdrola, posibilidad de turbinar más agua al llegar caudales del Ebro... Y si se plantease el cierre de la nuclear, vinculada al sistema hidroeléctrico de la zona, quizás alegarían que era vital para el trasvase a tierras sedientas. ¿Y si Iberdrola vendiese, además el agua a precio de oro, a las "terras míticas", campos de golf, urbanizaciones, etc.?

Aguas del Júcar S.A., la sociedad nacida gracias a B.B. (que no se inhibió ni de estar presente en su constitución), y presidida por un subordinado suyo, adjudicó estudios sobre la obra a Iberdrola Ingeniería y Consultoría (Iberinco), empresa de la que B.B. fue secretario del Consejo de Administración. Saltándose el trazado establecido en el Real Decreto de supuesto interés "general" de la obra, Iberinco ­es decir, Iberdrola­ seleccionó trazados especialmente beneficiosos para Iberdrola. Trazados más caros, más largos, más complejos técnicamente y más dañinos ambientalmente (cortan en dos la Reserva Nacional de Caza de la Muela de Cortes). De momento, y como si la cosa no tuviera que ver con el trasvase del Ebro, las obras del Júcar al Vinalopó ya habrán sido adjudicadas, garantizando una situación de privilegio de cara a la llegada de las aguas del norte. La traída de caudales del Ebro a la zona multiplica las expectativas de Iberdrola, que hasta ahora debía contentarse con los limitados recursos del Júcar.

B.B. protagonizó un escándalo cuando dirigió una carta a la directora general de Presupuestos, pidiéndole que agilizase la expropiación ­por la que Iberdrola percibiría 15.000 millones­ de la central eléctrica de Los Millares, en el Júcar, que debía ser inundada por la nueva presa de Tous. Curiosamente, ahora parece que ¡va a ser esta presa la que reciba las aguas del Ebro! B.B. ayudó a hacerlo posible. El que se aporten caudales del norte, aparte de otros beneficios (como los de turbinar en Tous), liberará caudales del Júcar, antes impensables, para cualquier manejo de Iberdrola. Incluso podría ser que el agua del Ebro se quede en Valencia y sea la del Júcar la que, a través del trasvase Júcar-Vinalopó u otras conducciones, viaje hacia el sur. Pero lo cierto es que ninguna posibilidad, incluida la de que sea el agua del Ebro la que vaya más al sur desde Tous, perjudica a Iberdrola.

PROBLEMAS CON ARAGÓN

Pero para que el agua del río aragonés pudiera trasvasarse, primero había que almacenarla con nuevas presas en el Pirineo. Curiosamente, otra de las peticiones de aquella carta dirigida a la directora de presupuestos era la de dinero para construir embalses por motivos electorales, para favorecer así a sus aliados parlamentarios (entre los que estaba entonces el gobierno aragonés). Había que tenerlos contentos, dándoles los embalses del llamado Pacto del Agua, para que "tragasen" con el trasvase. Lo gracioso del tema es que estas obras son precisamente las que almacenarían el agua a trasvasar (aunque los aragoneses no debían enterarse y tenían que pensar que el agua de esas presas era para Aragón). La resistencia aragonesa al trasvase sería negativa, entre otros, para Iberdrola. Curiosamente las dos primeras "sociedades de aguas" constituidas bajo la férula de B.B. para agilizar la realización de obras fueron la del Ebro y, cómo no, la del Júcar.

El PP, que tanto denunció la corrupción felipista para llegar al poder, una vez en él se mostró olvidadizo. Porque el cerebro del Pacto del Agua, más allá de su apariencia institucional, fue Antonio Aragón. Tras dejar su cargo de consejero de Obras Públicas de Navarra (y sus andanzas con Roldán y Urralburu), pasó a ser presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro con la finalidad principal de embaucar a los grupos políticos aragoneses para que, aprovechándose del contexto de sequía de principios de los 90, auténtico estado de excepción que suspendía garantías legales, defendieran la necesidad de construir estos embalses. El PP no sólo no apoyó investigar su paso por la CHE, pese a que en ella seguía trabajando con constructoras que previamente le habían pagado comisiones (tampoco se investigó el presunto cobro de comisiones por el pantano de Itoiz), sino que apoyó el "Pacto de Antonio Aragón". ¿Pueden unos políticos decidir que unos embalses vayan a realizarse, sin que se haya estudiado antes su necesidad, sin trámites de información pública, sin cumplir sus trámites legales y sin debate social? A partir de ahí ha habido, como era de esperar, de todo. Desde presiones a técnicos para que den luz "verde" a las obras hasta una comprometidísima situación judicial en la que el propio B.B. y otras personas se vieron ante los Tribunales por prevaricación, falsedad documental, riesgo catastrófico, etc., por empeñarse en construir el embalse de Santaliestra (una de las tres principales obras del Pacto, junto con las de Yesa y Biscarrués), a pesar de los informes que alertan del riesgo de deslizamientos que amenaza la vida de miles de personas si se hace la presa. El que fuera su director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, ha sido acusado a su vez de haber prevaricado para acelerar la construcción del recrecimiento del embalse de Yesa, obra que ­al igual que la de Biscarrués­ fue adjudicada a la constructora ACS, constructora en la que fue fichado Escartín como director de contratación tras recibir las adjudicaciones. El recrecimiento de Yesa sería el mayor reservorio de agua para el trasvase. El mayor embalse del PHN.

Por cierto, el sucesor de Antonio Aragón en la presidencia de la CHE, Tomás Sancho, ha sido también acusado de beneficiar a una empresa a la que había estado ligado (BS Ingeniería) con contratos multimillonarios ligados a la dichosa obra del recrecimiento del embalse de Yesa.

Pese a esto y a otras muchas incontables cosas, el ministro Matas ha asegurado que, pese a quien pese ­¿la Justicia incluida?­, las obras del Pacto se harán. Llevar adelante un PHN con estos antecedentes, sin depurar los vicios con los que pueda haber nacido, quizá no está dentro de lo que se conoce como un Estado de Derecho. ¿Puede hacerse un plan sin aclarar si inversiones de billones de pesetas han sido tramadas para beneficiar a unos pocos más que pensando en el bien de todos?

LOS "REGANTES"

Muchas de las obras del Plan Hidrológico ­como los cerca de 100 embalses previstos, incluidos los grandes del Pacto­ se "justifican" para incrementos de la superficie de regadíos (el 80% del consumo del agua en España es el regadío). Sin embargo, y esto es especialmente grave, el Plan Nacional de Regadíos no recoge tales supuestos. Más aún, prevé invertir cientos de miles de millones de pesetas en que se gaste menos agua en los regadíos que ya hay (hay zonas donde se consume hasta el triple de lo necesario).Cuestiones de mercado (excedentes, recorte de subvenciones, entrada en escena de producciones de países extra comunitarios, etc.) harán perder más superficie de regadíos y, consiguientemente, que se necesite menos agua aún. Pese a todo, el Gobierno pretende hacer esas obras que no tienen ninguna justificación real (al menos, no la que se dice).

Si la eficiencia se extendiera al conjunto de los regadíos, cambiando por ejemplo las técnicas de riego, y se evitaran las pérdidas que hay desde los embalses a las zonas de destino (superiores a veces al 40%), los embalses ahorrarían volúmenes equivalentes a cientos de nuevas presas. Más agua que cuatro o cinco planes hidrológicos (pero sin construir más embalses). ¿Y si además se acabara con las vastísimas extensiones de regadío ilegal que hay? ¿Y si se acabara con los abusos derivados de que el agua de los embalses salga prácticamente gratis a los agricultores? Pero acabar con estas lamentables situaciones sería perder la gran coartada para gastarse billones en obras.

Más que falta de agua, lo que hay es una ilegalidad y un desgobierno estructurales. ¿Qué tal, por ejemplo, si las hidroeléctricas dejaran de vaciar los embalses a su antojo, aunque sólo fuera en años secos? ¿Y si se acabase con el descontrol imperante en la explotación de aguas subterráneas (del millón de pozos estimados, más de 900.000 están sin legalizar)? En el subsuelo hay mucha más agua que en superficie (y es más barato un pozo que un embalse). La Fundación Marcelino Botín publicó hace poco un estudio que revelaba que, sin causar especiales daños ambientales, en España podrían extraerse unos 30.000 hectómetros cúbicos del subsuelo al año. Todos los embalses de España juntos ­y España es el país del mundo con más grandes embalses en proporción a su población, más de 1.200­ tendrían llenos hasta los topes poco más de 50.000 hectómetros cúbicos de agua. Nuestro subsuelo tiene, como mínimo, mucho más de 300.000. Pese a todo España está a la cola de la UE en la utilización de aguas subterráneas, por ejemplo, para usos urbanos.

Todo esto ­y más cosas­ demuestra que los embalses y otras obras del PHN no tienen justificación alguna y que para hacerlos se esgrimen razones falsas (como unos regadíos que nunca se harán).


HABLA RAMÓN LLAMAS

La World Commission on Dams ­como apuntó en abril Ramón Llamas, ingeniero de Caminos y catedrático de Hidrogeología de la Complutense en su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores­ hace ver la posible influencia de la corrupción en la política de aguas "al indicar que los decisores pueden estar inclinados a favorecer las grandes estructuras ya que proporcionan oportunidades (de soborno) que no se consiguen con las alternativas de menor tamaño". Este profesor, que llegó a ser presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y coordinador del Grupo de Trabajo de la Unesco sobre Ética del Agua, dice que destinar cientos de miles de millones de pesetas a presas y trasvases con el Plan Hidrológico es dar "subvenciones perversas", perjudicando tanto la economía como el medio ambiente.


Prueba del "rigor" con el que se toman decisiones en materia de obras hidráulicas es cómo el Gobierno, de la noche a la mañana, se sacó de la manga obras por cientos de miles de millones de pesetas para comprar el apoyo, no sólo de Aragón sino también de Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña, sin que lógicamente hubiera estudios que demostraran su viabilidad o necesidad (incluso en algún caso se incluyeron obras ya descartadas por su absoluta inviabilidad). Caso clamoroso fue ese improvisado Plan Integral del Delta del Ebro, de 100.000 millones, que en lugar de aminorar impactos del posible trasvase, lo que haría es agravarlos "hormigonando" el Delta. El Gobierno se ufanó del apoyo al trasvase, no sólo de Pujol, sino de los "regantes" del Delta, que iban a "ceder" parte de su agua. Pero la mayoría de los regantes y habitantes del Delta estaban en contra. No así personajes como Joel Bonet, presidente del llamado sindicato de regantes de la margen izquierda (de estructura predemocrática), que ha aparecido ligado a proyectos inmobiliarios y al que se acusa de apropiarse de grandes cantidades de dinero de obras, habiéndose beneficiado ya de un trasvase anterior (el mini-trasvase del Ebro a Tarragona), mientras la comarca se empobrecía con él.


De ciertos "regantes" de Aragón, mejor no hablar, especialmente de los sindicatos de algunas zonas en las que van a hacerse embalses del Pacto del Agua, y cuyos ingresos anuales son ante todo hidroeléctricos y no de cuotas de agricultores. ¿Qué les preocupa más, turbinar en sus propios saltos, vender el agua o regar?

Curiosamente, como también pasaba en el Júcar (la obra del Vinalopó se justifica en parte para solucionar el problema de unos pocos regadíos), hombres como B.B. aparecían como defensores de los regantes, arengándoles de paso para que pidieran las obras. Es curioso, porque hidroeléctricos y agricultores son enemigos tradicionales, ya que cuando unos quieren guardar agua en los embalses, otros quieren turbinarla vaciandolos. Pero los regantes son la mejor coartada de apariencia social que el Gobierno ha encontrado para justificar el gasto de dinero público en obras (una vez que se construyan, se impondrá la cruda realidad, como en los embalses de Riaño o Valdecañas, donde los regadíos prometidos no llegaron, pero sí el negocio de alguna constructora e hidroeléctrica).

Y de los "regantes" de Murcia (la mayor coartada para hacer el trasvase), qué decir... Por Ley sólo puede trasvasarse agua a zonas con una agricultura modélica. Sin embargo, según datos de la Universidad de esa región, un 40% del regadío puede ser ilegal. Es una cuenca donde sólo hay inscritos 2.574 pozos de los más de 20.000 estimados, donde más de la mitad del regadío se riega por gravedad (el sistema más despilfarrador de agua)... Y se denuncia que no son con frecuencia pobres huertanos sino grandes capitales del agro negocio e inmobiliarios que manejan y blanquean ingentes cantidades de dinero negro, además de explotar con frecuencia a inmigrantes ilegales. Regantes tradicionales han llevado lo que está pasando en algunas zonas de Murcia a la Fiscalía Anti-corrupción (entre otras cosas porque les están "robando" agua para derivarla, con apoyo oficial, a urbanizaciones de Benidorm y el Mar Menor y a invernaderos ilegales). Lo de Murcia recuerda el argumento de la película Chinatown.Y todo dejando a un lado la salinización de los suelos que causan estos cultivos intensivos, la contaminación por pesticidas, los transgénicos, la destrucción del paisaje, etc. Los regadíos ilegales crecen vertiginosamente y lo harán más aún si se hace el trasvase, al igual que los proyectos de campos de golf , urbanizaciones y parques temáticos. Recientemente la Ley del Suelo de Murcia ha sido modificada, eliminando la protección de más de 12.000 hectáreas de espacios naturales, para facilitar estos proyectos. Hasta la propia huerta tradicional ha sido declarada urbanizable.

MALAS "MATAS"

El propio ministro Matas ha reconocido que una parte importante del uso del agua del trasvase será urbano. Numerosos proyectos urbanísticos suspiran por ese agua, para poder expandirse sobre algunos de los pocos espacios libres que quedan en la costa mediterránea. No olvidar nunca quién es y de dónde viene Jaume Matas, hombre que, tras ser apadrinado por Gabriel Cañellas (de infausto recuerdo), se hizo presidente balear para promover los intereses del sector inmobiliario (dejando a un lado acusaciones de pucherazos y espionajes electrónicos por asuntos urbanísticos). Matas, además, es gran amigo y protegido de Eduardo Zaplana (hombre que, tras casarse con la hija de un empresario hotelero, fue alcalde de Benidorm ­donde se levanta Terra Mítica y sus proyectos asociados­ y, tras hacerse célebre con las cintas del caso Naseiro, llegó a presidir la Generalitat valenciana. Lo primero que hizo Jaume Matas al llegar al cargo fue destituir a Fernando Marín, el mejor director general de Costas que ha tenido el MIMAM, hombre que se caracterizó por su defensa del litoral frente a especuladores inmobiliarios y sus agentes políticos.

Constructoras, hidroeléctricas, compañías de gestión de aguas, capitales del agro-negocio insostenible, especuladores inmobiliarios, políticos, cargos , funcionarios... Es evidente que el PHN beneficia a alguien. Caudales públicos ­billones de pesetas­ trasvasados hacia cuentas privadas, donde quedan embalsados. Todo empleando coartadas de apariencia "social" que tienen tantos visos de ser ciertas como el argumento ministerial de que el PHN beneficiará a la naturaleza. Tan veraces como los datos económicos, hídricos y demás del Plan, que han sido criticados por la práctica totalidad de la comunidad científica. Hay escandalosas manipulaciones de cifras y datos. Pero la mayoría absoluta ha impuesto ese canto a la democracia "orgánica" de la doctrina Cañete, evitando debates técnicos, sociales o ambientales a los que este Plan Hidro-ilógico no habría sobrevivido. Todo con apoyo de una prensa servil y con presiones y zancadillas a periodistas críticos. En esta España va bien no caben las denuncias sobre la hidrocorrupción.
Carlos de Prada es Premio Global 500 (ONU) y director de Planeta Cope
(c) The Ecologist, 2002

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