JUICIO AL BANCO MUNDIAL Y AL BID POR SU DEUDA SOCIAL Y ECOLOGICA CON LOS PAISES Y PUEBLOS DE AMERICA LATINA
Los Derechos Económicos, Sociales, Sanitarios, Educativos... son inseparables de los Derechos Humanos y necesarios para todos

El martes 27 de Julio del 2004 se realizó el Tribunal por la soberanía alimentaría de Juzgamiento al Banco Mundial y al BID, durante el Foro Social de las América de Quito.

Participó como juez, junto a otras personalidades, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; mientras que entre los testimonios acusatorios destacó la presencia del diputado italiano Francesco Martone (Verdes Europeos). Al final, el veredicto fue de culpabilidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano y de co-responsabilidad de los gobiernos locales.

TRIBUNAL POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Cristiano Morsolin.

El martes 27 de Julio del 2004 se realizó el Tribunal por la soberanía alimentaría de Juzgamiento al Banco Mundial y al BID, durante el Foro Social de las América de Quito. Participó como juez, junto a otras personalidades, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; mientras que entre los testimonios acusatorios destacó la presencia del diputado italiano Francesco Martone (Verdes Europeos).

Al final, el veredicto fue de culpabilidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano y de co-responsabilidad de los gobiernos locales.

En Quito fue también presentado el libro "NO MAS SAQUE y DESTRUCCIÓN! - Nosotros, los Pueblos del Sur somos acreedores Ecológicos" - Edición Abya Yala, Accion Ecológica, Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, APSADE.

Aquí siguiente se puede encontrar la presentación del Tribunal, el veredicto final y la presentación del caso brasilero sobre la políticas destructivas del Banco Mundial en el Medio Rural.

Para concluir quiero subrayar la organización de Aurora Danoso, Ivonne Yánez, Esperanza Martinez (Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecologica) por haber organizado este importante evento que representa un significativo aporte al fortalecimiento de las luchas de los Pueblos de Latinoamérica y del Sur del Mundo con la conciencia de ser acreedores de la deuda ecológica y social.

Presentación Tribunal.
¿Cuánto nos deben el BM y el BID por promover un modelo de producción basado en el uso de Agrotóxicos y Transgénicos?

¿Cuáles han sido las estrategias para imponernos estas tecnologías?

¿Cuáles son los impactos sociales, ambientales y culturales de estas tecnologías agrícolas impuestas?

¿Qué daños han causado a los pueblos indígenas y comunidades campesinas?

¿Quiénes son los deudores y acreedores ecológicos?

¿Cuáles son las demandas y las propuestas?

Respuestas a éstas y otras inquietudes se debatirán en el Tribunal por la Soberanía Alimentaria.

No somos deudores, somos acreedores.

Asumirse Acreedores de la deuda ecológica es otro argumento más para fortalecer los procesos de lucha están dando los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos de América Latina.

Jueces:
Adolfo Pérez Esquivel, Argentina, Premio Novel de la Paz. Alberto Anrango, Defensor de los Pueblos Indígenas del Ecuador. Cléa Carpi da Rocha, Brasil, Presidenta de la Asociación Americana de Juristas. José Augusto Padua, Brasil, Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica. Luis Macas, Ecuador, Movimiento Indígena del Ecuador. María Elena Rozas, Chile, Coordinadora de Rapal en América Latina. Nemesia Achacollo, Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Siza.

Acusaciones al BM y al BID:
La Política Destructiva Del Banco Mundial Para La Reforma Agraria En El Brasil.

Las políticas del Banco Mundial para el medio rural siguen la lógica del modelo neoliberal.

Sus principales principios son la privatización de la tierra y de los recursos naturales, la implementación del "mercado de tierras" y la integración de los campesinos al agronegocio, privilegiando las políticas agrícolas orientadas para los monocultivos de exportación.

Las principales consecuencias de ese modelo son el debilitamiento de las funciones del Estado y de las organizaciones sociales, el endeudamiento de los trabajadores, la destrucción ambiental y el control del territorio y de los recursos naturales por grandes empresas. (Marcelo Resende, Brasil. Geógrafo. Actualmente es asesor de Vía Campesina, de ABRA (Asociación Brasileña de Reforma Agraria) y de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.)

El BM y El BID y Los Monocultivos de Soya Transgénica en la Argentina.
Argentina, país que fuera conocido como el "Granero del mundo" hoy produce aceite de soja y alimento para ganado para exportación. Esta actividad, concentrada en no mas de cuatro empresas multinacionales, se basa en la producción de materia prima genéticamente modificada con elevado uso de agroquímicos y un método de siembra que ha posibilitado traspasar barreras agroecológicas; ha desplazado y sigue desplazando, actividades productivas locales como el tambo (producción láctea) cinturones frutihorticolas y alimentos tradicionales como el trigo, arroz.

El BID, BM y FMI son responsables de concebir, financiar e implementar un modelo de producción agrícola industrial, un modelo agroexportador de mercancías que solo tiene por finalidad el pago de la deuda externa. No importando si para lograr dichos fines se desmontan áreas frágiles o se deteriora el medio ambiente con agrotóxicos. (Adolfo Boy, Argentina. Ingeniero Agrónomo. MSc (Horticultura, WSU) Grupo de Reflexión Rural - GRR, junio 2004)

La Deuda Ecológica Del Uso De Los Agrotóxicos.

El BM y el BID han cumplido un papel fundamental en la promoción del uso de Agrotóxicos en la Agricultura. A través de condicionamientos y créditos han promovido el paquete tecnológico de la Revolución Verde basada en monocultivos, mecanización del campo y uso de agrotóxicos El uso de agrotóxicos ha cobrado la vida y salud de nuestros pueblos, 3 millones de personas al año se envenenan por el uso de plaguicidas a nivel global, según un estimado de la OMS en 1990.

El envenenamiento de la tierra, el agua y el aire por contaminación de agrotóxicos es alarmante. Pueblos y culturas que se han desintegrado por la incidencia de los monocultivos en sus zonas y la pérdida de su soberanía alimentaria. La migración es un indicador fehaciente de que estamos viviendo una guerra silenciosa. Más aún ahora con la nueva estrategia, los tratados de libre comercio. (Elsa Nivia, Colombia, Representante de Rapal.)
Defensor de oficio:
Dr. Hugo Ruiz Díaz, CADTM, Bélgica.

Moderadores:
Aurora Donoso, Acción Ecológica
Juan Pablo Muñoz, Terranueva.

Agenda:
Introducción del contexto internacional y las estrategias neoliberales.
Presentación del Tribunal.
Intervención de los Jueces.
Exposición de los casos por la parte Acusadora.
Intervención de la Parte Defensora.
Foro Público.
Tiempo para que los Jueces decidan en base a los argumentos y pruebas el Veredicto.
Presentación del Veredicto.

Al final de este evento se realizará la presentación de la publicación: "Cosecha Perversa"

Organizan:
Via Campesina. Cloc. Alianza De Los Pueblos Del Sur Acreedores De La Deuda Ecológica. Asociación Americana De Juristas. Cadtm. Centroamericana Y Amazonica De La Deuda. Estrategia Andina. Instituto De Estudios Ecologistas Del Tercer Mundo. Instituto Latinoamericano De Investigaciones Sociales - ldis/Fes. Plataforma Interamericana De Derechos Humanos. Rapal. Jubileo Sur. Cric. Intermon. Oxfam.

Movimiento Sin Tierra. Acao Educativa-Brasil. Unafisco Sindical-Brasil. Acción Ecológica. Centro De Derechos Economicos Y Sociales-Cdes. Conaie. Confeunassc. Debate Educación - Instituto Fronesis. Desarrollo Y Democracia. Ecuarunari. Fenacle. Fenocin. Instituto De Estudios Ecuatorianos Iee. Jubileo 2000 Red Guayaquil. Mujeres Transformando La Economia - Rmte. Terranueva. Universidad Intercultural Amawtay Wasy.

Con El Apoyo De Kairos, Consejo Mundial De Iglesias, Hivos.

Veredicto Final - Del Tribunal Por La Soberanía Alimentaria Juicio al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano De Desarrollo (BID) por su Deuda Social y Ecológica en la Agricultura con los Pueblos de los Países de América Latina.

El Tribunal Por La Soberanía Alimentaria y Juicio al Banco Mundial y al Banco Interamericano De Desarrollo por su Deuda Social y Ecológica en la Agricultura Con Los Pueblos Y Países De América Latina, convocado por los movimientos sociales, principalmente indígenas y campesinos, nacionales y del continente, y por varias redes y organizaciones vinculadas con la problemática agrícola, la deuda externa y deudas sociales y ecológicas, se reunió el día 27 de julio del 2004, en Quito, Ecuador, como parte del I Foro Social de las Américas.

Este Tribunal tuvo lugar con el objetivo de juzgar la responsabilidad del Banco Mundial y del BID como parte de los actores fundamentales en la promoción y financiamiento de las tecnologías agrícolas de la llamada "Revolución Verde" y de la Agro-Biotecnología, así como del proceso de concentración de tierras en pocas manos, para favorecer las necesidades corporativas y de comercio de los países del Norte, generando graves impactos sociales, ambientales, culturales y económicos que constituyen una inmensa deuda social y ecológica con los países y pueblos de América Latina.

Este es un Tribunal ético-político, no una corte judicial, sin embargo, respeta una argumentación y documentación rigurosas, apoyado en la diversidad de las tradiciones jurídicas y éticas.

A partir de una Acusación basada en un amplio material documentado y de testimonios presentados por hombres y mujeres de pueblos de América Latina, los Jueces, como representantes de la sociedad de diferentes países, llegaron al siguiente VEREDICTO:

CONSIDERANDO:
Que el BM y el BID, desde hace medio siglo, a través de incidir en las políticas agrícolas y proveer financiamiento, han venido promoviendo el modelo de agricultura de la Revolución Verde y en los últimos años de la Agro-Biotecnología, basado en monocultivos, uso de agrotóxicos e industrialización de la agricultura, agudizando la pobreza en el campo y destruyendo los ecosistemas agrícolas y silvestres de la región.

Que estas políticas y financiamiento sirven a un proyecto global, coronado por la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio regionales y bilaterales, que responden a intereses de las corporaciones transnacionales de semillas, agrotóxicos y biotecnología.

Que este modelo agrícola, impulsado por el BM y el BID, introduce a pequeños agricultores a modelos industriales y ésto los lleva al endeudamiento, quiebra y a abandonar sus tierras.

Que el modelo agroexportador que estos bancos financian, es un modelo a gran escala y que ha dado como resultado la concentración de la tierra, el despojo de las tierras de pueblos indígenas y comunidades campesinas y la migración interna y externa.

Que en varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial y el BID han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y selvas.

Que la promoción agresiva de las políticas de ajuste estructural y de desarrollo rural del BM y el BID favorece la intensificación agrícola y la producción orientada a la exportación a costa de la agricultura de menor escala y bajos insumos externos, siendo esto la principal barrera a la adopción significativa del manejo integrado de plagas con bases ecológicas o la adopción de prácticas agroecológicas.

Que a pesar de que, desde la década de los 80, grupos de la sociedad civil y comunidades han exigido al BM que suspenda la financiación de plaguicidas y promueva alternativas ecológicamente sanas y socialmente justas, sus políticas han significado el mayor uso de agrotóxicos y por tanto mayor exposición a los plaguicidas químicos que generan impactos en la salud, problemas de desequilibrio ambiental y pérdida de biodiversidad.

Que entre 1988 y 1995 el Banco financió más de US$ 250 millones en ventas de plaguicidas y que entre 1993 y 1995 todos los contratos firmados fueron directamente cesiones a las mayores compañías de plaguicidas en Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Japón, mientras los agricultores participantes en estos proyectos vieron afectada su salud y la estabilidad ecológica de sus sistemas de producción por usar más plaguicidas; el Banco reconoció que sólo 1% de los proyectos aplicados tuvo una evaluación ambiental completa.

Que existe suficiente información publica que acredita que los plaguicidas usados a través de los proyectos financiados por estos Bancos, son dañinos para la salud humana, por su característica toxica, por sus efectos cancerigenos, teratogénicos sobre el sistema nervioso, neurológico y reproductivo de ésta y de las futuras generaciones.

Estos plaguicidas ya han sido catalogados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Instituto de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), así como por la Unión Europea, como de extremadamente peligrosos. El BM y el BID son responsables del deterioro de la salud e los pueblos y de los ecosistemas porque, a pesar de conocer sus efectos, sigue promoviéndolos y financiando su difusión y venta.

Que el Banco Mundial apoya el establecimiento de actividades dañinas para el ambiente y las comunidades locales en muchas actividades extractivas en América Latina como por ejemplo el cultivo de camarón en América Sur y Central que produce destrucción y contaminación de manglares, lo que torna inviable la pesca artesanal, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos costeros.

Que el Banco Mundial y el BID han impuesto todas estas políticas en muchos casos en connivencia con los Gobiernos del América Latina. Estos Bancos presionan a los gobiernos a través de amenazas económicas, relacionadas con el pago de la deuda financiera, para que éstos no puedan cambiar sus políticas.

Los Gobiernos son entonces cómplices de estas políticas y deben explicar porqué la siguen aplicando sin evaluar sus efectos. Además, el BM y el BID sostienen que realizan procesos de consulta, pero son mecanismos manipulados con actores que no tienen real representación de la sociedad civil.

Que muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial y del BID no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un megaproyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.

Que el Banco Mundial tiene como parte a organizaciones como la Corporación Financiera Internacional (IFC), de capitales privados, que invierte en actividades dañinas al ambiente y a la sociedad en diversos países.

Que el proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia, profunda y justa.

Que el Banco Mundial y el BID no respetan los convenios internacionales, sobre ambiente, trabajo, derechos humanos y derechos de los pueblos, en especial, de los pueblos indígenas.

Que el Banco Mundial y el BID han desnaturalizado el carácter multilateral de su organización y responden unidimensionalmente a los intereses hegemónicos de las grandes potencias y de las grandes corporaciones multinacionales.

Que todos los proyectos y créditos del Banco Mundial y del BID, con sus impactos sociales, ambientales, culturales y económicos generan una inmensa deuda social y ecológica de las instituciones financieras internacionales con los países y pueblos de América Latina.

Que la deuda ecológica y social incurrida por estos bancos excede enormemente a la deuda externa atribuida a nuestros países.

Por todo los CONSIDERANDOS expuestos ante el Tribunal por la Soberanía Alimentaria, por unanimidad, los Jueces dictan la siguiente SENTENCIA:

Declarar al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo responsables de los crímenes sociales y ambientales producto de sus programas y políticas expuestas en la acusación.

Ordenar al BM y al BID indemnizar con justicia a las víctimas de estos programas y créditos.

Obligar al BM y al BID la inmediata restauración de los ecosistemas afectados por sus proyectos.

Ordenar el resarcimiento a los pueblos indígenas y campesinos por la deuda en la agricultura, el mismo que debe ser aplicado a los proyectos de reforma agraria y transformación de la agricultura, propuestas desde las organizaciones sociales, indígenas y campesinas.

Ordenar que se retiren y paren inmediatamente estos programas y créditos que incrementan las deudas sociales y ecológicas.

Obligar al BM y el BID no seguir fomentado ni financiando el uso de agrotóxicos, ni monocultivos transgénicos que han demostrado altos impactos sociales y ambientales y que han puesto en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos.

Los jueces hacen las siguientes exigencias a los Gobiernos de América Latina:

Exigir a los gobiernos de América Latina que se declare prioridad la soberanía alimentaria de los pueblos y la defensa de sus fuentes de sustento basada en producciones agroecológicas locales y de mercado interno.

Exigir a los Gobiernos que se declare a América Latina Libre de Transgénicos.

Exigir a los gobiernos de América Latina generar condiciones dignas para los pueblos indígenas y comunidades campesinas en base al desarrollo local de fortalecimiento de comunidades solidarias, basadas en la producción LOCAL, de alimentos SANOS, LIMPIOS y ACCESIBLES para todos los pueblos.

Finalmente, el Tribunal declara a los pueblos y países de América Latina ACREEDORES DE LA DEUDA SOCIAL Y ECOLÓGICA y al BM y al BID DEUDORES.

Y dispone la ejecución de esta sentencia.
Dado en Quito, Ecuador, el 27 de julio, 2004

Por los Jueces:
Adolfo Pérez Esquivel, Argentina
Premio Nóbel de la Paz.

Siguen las firmas de los Jueces en el Veredicto del Tribunal por la Soberanía Alimentaria y el Juicio al BM y al BID por su deuda social y ecológica con los pueblos y países de América Latina.

José Augusto Padua, Brasil
Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica.

María Elena Rozas, Chile
Coordinadora de Rapal en América Latina.

Nemesia Achacollo, Bolivia
Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Siza.

Cléa Carpi da Rocha,
Presidenta del Tribunal

Juan Pablo Muñoz
Secretario del Tribunal

Siguen firmas de representantes de organizaciones que se suman al Veredicto Tribunal Por La Soberanía Alimentaria: Juicio al BM Y Al BID por su Deuda Social Y Ecológica En La Agricultura Con Los Pueblos Y Países De América Latina, realizado en Quito, Ecuador, el 27 de julio del 2004 en el marco del I Foro Social De Las Américas.

Las Políticas Destructivas del Banco Mundial en el Medio Rural
Caso Brasil - Marcelo Resende , Brasil. Geógrafo.

En varios países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras públicas y comunitarias, además de la privatización de las aguas y las selvas.

Muchas investigaciones independientes indican que los proyectos del Banco Mundial no han sido exitosos, presentando problemas económicos, sociales y ambientales. Sin embargo, permanecen como parte estratégica de un proyecto que busca garantizar las bases para la expansión del neoliberalismo.

En el medio rural, los principales programas del Banco incluyen las siguientes etapas:

Catastro y georreferenciamiento de los inmuebles rurales
Privatización de tierras públicas y comunitarias
Titulación de posesiones
Mercantilización de la reforma agraria
Mercado de tierras
Integración de los campesinos al agronegocio

De acuerdo con esta concepción, el Estado se desentiende de su obligación de promover la desconcentración agraria a través de la distribución de la tierra. Al contrario de ello, estimula el control del territorio agrario por parte de grandes empresas.

Imponiendo y supervisando las políticas de desarrollo de los países periféricos, el Banco Mundial les obliga a comprometer sus presupuestos con proyectos que benefician a las grandes corporaciones. El resultado de esta intervención se refleja en el contingente estimado de 4.8 mil millones de personas, en su mayoría desempleados, subempleados o en el sector informal.

La llamada "reforma agraria de mercado" - denominación criticada por los movimientos sociales, por considerar que tal modelo no hace justicia al término "reforma agraria" - tiene como base el fomento de la venta de tierras por parte de los latifundistas a los trabajadores con poca o sin tierra.

El proyecto del Banco Mundial se contrapone a las propuestas y luchas históricas de los movimientos sociales rurales por una reforma agraria amplia y profunda. Muchos trabajadores rurales, deseando realizar su sueño de acceso a la tierra para trabajar, se comprometen con préstamos con tasas de interés de mercado, estimulados por promesas de una vida mejor. Contrario a ello, ocurre un proceso de endeudamiento que somete a los campesinos a la desilusión y expulsión de las tierras adquiridas.

Por otro lado, esa política genera mayor concentración de tierra y beneficia a los grandes propietarios que venden sus peores áreas a precios inflados, en efectivo. Además, las experiencias muestran que los programas de "reforma agraria de mercado" estimulan practicas de corrupción y clientelismo, pues colocan el control del proceso en manos de las elites rurales.

En Brasil, esos programas van en sentido contrario al precepto legal que determina la desapropiación como el principal instrumento de obtención de tierras improductivas. La constitución brasileña establece que las tierras agrícolas deben cumplir su función social, o sea, deben producir alimentos y respetar las leyes ambientales y de trabajo. En caso de que esto no sea así, el gobierno debe expropiar esas áreas para fines de reforma agraria y asentamiento de familias sin tierra.

Al sustituir la expropiación debido a intereses sociales por la compra y venta de tierras, el estado deja de cumplir su obligación constitucional. De esa forma, no hay penalización al latifundio, sino su valoración pues son los hacendados los que pueden decidir vender o no sus tierras. Una expansión del mercado de tierras acaba en muchos casos provocando un encarecimiento de los precios y, consecuentemente, beneficiando a los grandes latifundistas.

Desde 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, estos programas han alcanzado a 70.000 familias y utilizado cerca de 500 millones de dólares.

De acuerdo con los estudios realizados por académicos y organizaciones sociales, estos programas presentaron los siguientes problemas:
1. Aumento del valor de la tierra y pago al contado, como forma de premiar el latifundio (la existencia del un Fondo de Tierras inflacionó el mercado).

2. Inviabilidad económica, imposibilidad de pago de los préstamos y endeudamiento de los trabajadores rurales.

Las áreas adquiridas, muchas de mala calidad, no reunieron las condiciones de permitir la generación de renta suficiente para el pago de la deuda.

3. Adquisición de tierras sin registro e improductivas, por lo tanto aptas para el programa de reforma agraria.

4. La compra de la tierra se hace por medio de asociaciones de trabajadores, sin autonomía a la hora de la elección de las áreas. Dichas asociaciones son, muchas veces, organizadas por los mismos latifundistas y políticos locales.

5. Condiciones precarias de supervivencia y abandono de áreas. En vez de aliviar la pobreza, la situación financiera de los participantes del programa se agravó.

6. Denuncias de corrupción involucrando a administraciones municipales, políticos y sindicatos, que habrían sido favorecidos en las transacciones de compra y venta de tierras.

7. Destrucción ambiental: en muchos proyectos, se ha constatado la explotación de recursos naturales, la producción de carbón como medio de supervivencia y la explotación de reservas forestales, como las de carnaúba en el Nordeste.

Con el inicio del gobierno Lula, el conjunto de los actores sociales del campo depositaron sus esperanzas en la reversión de este proceso. La expectativa era que la reforma agraria estaría en el centro de la agenda política, como una forma importante de generación de empleos, de garantía de la soberanía alimentaria y como base de un nuevo modelo de desarrollo.

Al contrario de eso, asistimos a la continuidad de las políticas del Banco Mundial para el medio rural. En noviembre de 2003, el Ministerio de Desarrollo Agrario anunció la continuación del programa de Crédito Agrario de Combate a la Pobreza Rural, con la meta de alcanzar a 130.000 familias.

Otra política del Banco Mundial en Brasil, que apunta a facilitar la implementación del "mercado de tierras", es el registro y georreferenciamiento del territorio nacional, con la regularización de 2,2 millones de inmuebles rurales y la titulación de 500.000 "posseiros" (ocupantes sin ducumentación legal).

Este programa acaba con el concepto de tierras públicas y comunitarias y puede contribuir al aumento de la concentración de la propiedad de la tierra. La venta de áreas tituladas puede beneficiar a latifundistas y a los llamados "grileiros" (individuos que se apoderan de tierra ajena mediante falsificación de escrituras de propiedad), además de fortalecer a los gobiernos de los estados en la concesión de tierras públicas y devueltas a madereros y grandes empresas agrícolas.

En la región amazónica y del cerrado ya se verifica la expansión del monocultivo de soja, que puede ser facilitado por la privatización de las áreas georreferenciadas. El proyecto permite también que el Banco Mundial tenga acceso a datos estratégicos sobre el tejido agrario brasileño.

En diferentes países, las políticas de ajuste estructural defendidas por el Banco Mundial han estimulado la privatización de tierras indígenas, de afro descendientes y de otras comunidades rurales, además de la privatización del agua y de las selvas, aumentado las desigualdades sociales. La creación de mercados de tierras se plantea en este contexto más amplio.

El caso de Colombia es ejemplar. En 1950, el Banco Mundial recomendaba la migración incentivada de los campesinos y la formación de un sector agropecuario concentrado en la expansión del rebaño bovino para abastecer al mercado norteamericano de proteína animal.

El principal obstáculo al crecimiento del país, de acuerdo con el Banco, era el número excesivo de campesinos, y sugería dos formas de resolver la situación: atraer a los campesinos a las ciudades o expulsarlos mediante un "shock". Según el economista Héctor Mondragón, "no hay desplazados en Colombia porque hay guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados".

Con el fracaso de las políticas de mercado de tierras, en el 2002, el Banco Mundial inició el programa de "Asociaciones Productivas" en Colombia, con el objetivo de subordinar a los campesinos a las grandes corporaciones.

El programa convertía a los campesinos en "socios" de los grandes propietarios, proporcionando mano de obra para las empresas transnacionales y eliminando las obligaciones laborales.

En México, las políticas del Banco incentivaron la destrucción de los ejidos - comunidades de reforma agraria, en las que no era permitida la venta de la tierra y los campesinos mantenían los derechos adquiridos desde la Revolución Mexicana de 1917.

En 1991, el presidente Carlos Salinas anunció la enmienda del Artículo 27 de la Constitución, permitiendo la división de los ejidos en propiedades privadas. Esta medida seguía la lógica del "mercado de tierras" y preparaba al país para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN - NAFTA).

En Guatemala, el mercado de tierras fue implementado en 1994, a través de un Fondo de Tierras con financiamiento del Banco Mundial. El objetivo era la privatización de las tierras públicas y la venta negociada de los latifundios para evitar las ocupaciones y vaciar las demandas de los movimientos sociales.

En India, en 1975, el Informe de Política de Reforma Agraria del Banco Mundial indicaba a la articulación y el registro de tierras como los principales problemas para el establecimiento de un próspero "mercado de tierras".

Para ello, ofrecieron un "paquete" que incluía la titulación, el relevamiento catastral y el registro para permitir las transacciones de venta de tierras de los productores "menos eficientes" para los "más eficientes", que en la terminología del Banco Mundial significa "generar lucros máximos".

En Tailandia, el acceso seguro a la tierra fue el argumento para la intervención del Banco Mundial en la política agraria. Sin embargo, una evaluación interna hecha por el propio Banco confirma que la posesión de la tierra en el país era "relativamente segura e igualitaria", basada en sólidas tradiciones sociales y culturales, y de esta forma no se justificaba la prioridad de un proyecto de regularización de la propiedad de la tierra.

En Sudáfrica, orientado por el Banco Mundial, el gobierno dio inicio a un complejo paquete de medidas para la implementación del mercado de tierras, apuntando a aumentar los niveles de producción y mejorar la "confianza de los inversores".

Los programas del Banco se destinaron a una elite de agricultores considerados "eficientes", con mayor poder adquisitivo.

Esto eliminó la participación de los campesinos de baja renta, que siguieron siendo dependientes de los salarios en las haciendas y de relaciones sociales paternalistas. Este modelo impidió la realización de una amplia reforma agraria que tuviera poder de transformación social.

En Zimbabwe, entre 1980 y 1996, el gobierno les compraba tierras a los blancos y se la distribuía a los negros, constituyendo asentamientos. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimulaban a la Unión de los Hacendados Blancos a no vender las tierras porque se oponían a la constitución de asentamientos.

En los años 90, el Banco Mundial invirtió recursos para operar en el mercado de tierras, según el modelo de producción individual de la agricultura familiar. Sin embargo, la agencia decidió suspender esos recursos y, a partir de 1997, el gobierno pasó a realizar la adquisición compulsiva de tierras, con indemnización tan sólo de las mejoras.

La gran semejanza entre las fórmulas aplicadas por el Banco Mundial y sus impactos negativos en diversos países generó un movimiento internacional de oposición a la política de "reforma agraria de mercado."

Muchas organizaciones sociales - como la Vía Campesina, la Red de acción e Investigación sobre la Tierra (LRAN) - iniciaron un trabajo de articulación, con el objetivo de sistematizar y divulgar tanto las denuncias sobre los proyectos del Banco Mundial como las propuestas construidas a través de las experiencias de trabajadores rurales.

Como podemos observar, los proyectos del Banco Mundial se contraponen a las luchas históricas de los movimientos sociales. Es incomprensible que la responsabilidad de la formulación de políticas para el campo, incluyendo el uso y la ocupación del territorio, sea delegada a una institución financiera internacional como el Banco Mundial.

Es necesario que cada país posea políticas públicas compatibles con la complejidad de las demandas históricas, de las experiencias y de las formulaciones de los movimientos sociales que luchan por la democratización de la tierra y por la soberanía.
Foro Social-América: Juicio al BID y al Banco Mundial
* Lima, 17.8.2004

Cristiano Morsolin
Periodista y educador italiano, operador de redes internacionales.
Fundador del Observatorio Independiente sobre región Andina.
* Selvas.org...
Después varias experiencias en Italia, Ecuador, Brasil, Perú, ahora trabaja en Lima en la cooperación internacional.

http://www.eurosur.org/deudaexterna/

LA DEUDA EXTERNA: ¿QUIÉN DEBE A QUIÉN?
Ernesto Gutiérrez Betancor,
* Información extraída de...

En los últimos años, las condiciones de vida de la mayoría de la población de África, América Latina y Asia han empeorado drásticamente en relación con la situación en que se encontraban hace tan solo unas décadas. En el África subsahariana, por ejemplo, el consumo medio por habitante es menor que en 1970.

Los ingresos de la mayoría de los latinoamericanos son también inferiores, en un 20%, a los que recibían en 1980. Cada vez son más las personas que mueren a causa del hambre o de enfermedades fácilmente curables y crece vertiginosamente el número de las que carecen de tierra e incluso de hogar.

Esta desesperada situación de miseria a menudo se nos presenta como el producto de una congénita tendencia a la corrupción, la incompetencia y la ineficacia que, al parecer, caracteriza a no pocos pueblos y etnias. Vendría a ser el resultado de una suerte de maldición bíblica que impide a los hombres y mujeres de "el Sur" construir sociedades civilizadas y democráticas.

No obstante, y a pesar de estas dificultades extrañamente innatas, los gobernantes y las instituciones financieras de los países más ricos del mundo siempre parecen dispuestos a ayudarles política, cultural y económicamente.
Al menos, esa es la versión que nos ofrecen los poderosos medios de comunicación del hemisferio Norte.

Sin embargo, los fríos datos estadísticos se empeñan en mostrar una realidad bien diferente. Lo cierto es que, gracias al pago de la deuda externa, millones de dólares fluyen, continuamente, desde los países más necesitados hasta las colmadas arcas de los Estados Unidos y de las naciones europeas.

En 1999, los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al Norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron. En el mismo año, los países del llamado "Tercer Mundo", en su conjunto, realizaron una transferencia neta de recursos de 114.600 millones de dólares.

A pesar de estos astronómicos pagos, los intereses de la deuda han seguido aumentándola sin cesar, hasta convertirla en una carga insufrible para los habitantes de estos países. En 1982 ascendía a 780 mil millones de dólares. Actualmente se estima que el Tercer Mundo "debe", en su conjunto, algo más de 2 billones de dólares.

¿Es posible paliar la pobreza con unas economías hipotecadas que deben destinar la mayor parte de sus ingresos a satisfacer los intereses de la deuda? Y si no es así, ¿por qué los acreedores, supuestamente interesados en acabar con esta miseria, se niegan a condonarla a pesar de que su monto inicial ya ha sido abonado con creces? El África subsahariana, por ejemplo, entre 1980 y 1996 pagó dos veces el valor de su deuda externa, sin embargo, hoy se encuentra tres veces más endeudada que hace 16 años.

BREVE HISTORIA DE LA DEUDA.
Hagamos un poco de historia para poder entender en qué condiciones se generó la deuda, quienes contrataron los préstamos y quiénes fueron sus beneficiarios.

En realidad, si quisiéramos indagar sobre el origen de la deuda externa de los países subdesarrollados deberíamos remontarnos hasta la época en que éstos fueron sometidos a la condición de colonias de las grandes potencias europeas.

Durante toda esa etapa sus conquistadores les impusieron una economía basada en la exportación de materias primas cuyo beneficio iba a parar a manos de los colonos.

Al mismo tiempo, las metrópolis convirtieron los territorios ocupados en mercados libres de competencia para vender sus productos. La lógica del sistema capitalista impuso una fatal división mundial de la producción: mientras a unos se les condenaba a ser eternos suministradores de materias primas baratas, otros se dedicarían a elaborar costosas mercancías manufacturadas.

El "desarrollo" que los colonialistas llevaron a estas regiones, excusa que aún hoy se utiliza para enmascarar la naturaleza brutal de las "gestas" europeas, se redujo, en la mayoría de los casos, a la construcción de las infraestructuras necesarias para garantizar el comercio ultramarino y el bienestar de los colonos.

Después de la II Guerra Mundial, y en buena medida como consecuencia de ésta, tanto el imperialismo inglés como el francés perdieron gran parte de su antigua fortaleza. En África y Asia se desencadenaron fuertes movimientos de liberación que acabaron con la época colonial.

No obstante, el legado de subdesarrollo que las grandes potencias dejaron en sus antiguos dominios sentaría las bases para que, en la práctica, las nuevas naciones no alcanzaran una auténtica independencia.

Los viejos imperios establecieron las formas contemporáneas de dominio que los EEUU ya habían ensayado en América Latina* (1). Se trataba de conservar la fachada de soberanía de los países que habían accedido formalmente a su independencia al mismo tiempo que se continuaba ejerciendo sobre ellos el control político y económico.

Las economías de los países recién liberados siguieron dependiendo de las exportaciones agrícolas y mineras para hacer frente a las importaciones de productos manufacturados. Por otro lado, muchas de las ex colonias continuaron recurriendo a las empresas de sus antiguas metrópolis para abastecerse de todo tipo de productos elaborados.

De modo que, para superar el déficit que generaba este "intercambio desigual", los países pobres se vieron obligados a aceptar préstamos extranjeros. En teoría el aporte de capital debía servir para dar un impulso inicial a sus economías que posibilitase un desarrollo autónomo. Como el desarrollo se identificaba con el modelo occidental, se planearon grandes proyectos de urbanización e industrialización que pretendían imitar este arquetipo de civilización.

Pero, con alguna excepción, las obras que llegaron a realizarse resultaron excesivamente costosas e improductivas. En consecuencia, las economías de la mayor parte de estos países nunca experimentaron el anhelado despegue.

En realidad, sucedió todo lo contrario. Para hacer frente a los préstamos (y a las obras de infraestructura, ejecutadas también por empresas de los países industrializados), terminarían incrementando, aún más, sus exportaciones agrícolas y mineras.

En definitiva, los créditos sirvieron para reforzar la antigua división colonial del trabajo. Los países pobres continuaron suministrando materias primas y productos agropecuarios a las naciones industrializadas y comprándoles, a su vez, bienes de equipo y capital y productos elaborados a unos precios mucho más elevados. De esta forma se perpetuó el "intercambio desigual", y por lo tanto, el continuo déficit comercial que les obligaba a pedir un préstamo tras otro.

Pero el endeudamiento de una buena parte del llamado "Tercer Mundo" se multiplicó entre la segunda mitad de los años sesenta y el final de los setenta del pasado siglo XX; lo que no estuvo determinado, exclusivamente, por las injustas relaciones heredadas de la época colonial.

Precisamente por esas fechas, los banqueros del norte buscaban donde invertir las enormes ganancias que habían venido acumulando durante la etapa de recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial*

(2) Cuando la tasa de beneficio en las empresas de los países desarrollados comenzó a descender, la búsqueda de rentabilidad orientó sus inversiones hacia la especulación y hacia la "ayuda al desarrollo" de los países pobres. Enviados de la banca privada, el Banco Mundial y ministros de los países del Norte utilizaron todas sus herramientas de persuasión para que los gobernantes de las naciones subdesarrolladas accedieran a pedir préstamos.

Les ofrecían bajas - aunque también "variables"- tasas de interés, acompañadas de importantes comisiones por cada trato firmado. Un parte importante de estas "ayudas" consistía en "créditos a la exportación", que implicaban el compromiso de seguir comprando los productos elaborados por las empresas de los países donantes.

De esta manera, las potencias del Norte favorecieron el endeudamiento de sus antiguas colonias al tiempo que conquistaban nuevos mercados para reactivar sus economías.

Al inundar sus mercados con los productos de las potencias extranjeras, los dirigentes locales sacrificaron cualquier posibilidad de que los préstamos sirvieran para desarrollar una industria propia.

Aunque si sirvieron para que ellos y otras minorías corruptas -grandes exportadores nacionales o extranjeros- pudieran enriquecerse hasta el punto de permitirse gastos tan suntuarios como los del excéntrico presidente de Costa de Marfil, Félix Houphouët-Boigny* (3).

La compra de propiedades en Europa, el consumo de todo tipo de artículos de lujo o las inversiones de carácter militar, fueron algunos de los destinos de los fondos que, teóricamente, debían potenciar el progreso de los países del Tercer Mundo.

Por otro lado, durante la Guerra Fría, los gobiernos occidentales prestaron dinero a dictaduras y a regímenes corruptos cuya existencia resultaba beneficiosa para sus propios intereses económicos y políticos. Dictadores tan sanguinarios como Mobutu en el Congo, Somoza en Nicaragua, Ferdinand Marcos, en Filipinas o Pinochet, en Chile, recibieron un respaldo financiero incondicional.

Este apoyo les permitió, entre otras cosas, modernizar los ejércitos que luego utilizarían para reprimir a su población. En la mayoría de estos países, una legión de gobernantes irresponsables endeudaron sus economías mucho más allá de sus posibilidades reales de reembolso.

Mientras, el FMI, una institución que según las declaraciones de sus propios portavoces "debía velar para que los Estados realizaran una política financiera sana que les permitiera un desarrollo sostenido y socialmente equitativo…" se abstuvo de "alertar" a los gobiernos que se estaban endeudando excesivamente. Prefirió velar – también en esta ocasión - por los intereses de las grandes potencias y los bancos que necesitaban "colocar" su excedente de capital.

Un ambiente internacional tan permisivo potenció que la fuga de capitales se convirtiera en una práctica habitual.

Mubutu Sesé Seko, por ejemplo, sacó del Congo entre 4 y 6 millardos de dólares, mientras, Marcos se dedicó a "limpiar" Filipinas colocando 3 millardos de dólares en los mercados inmobiliarios de Nueva York y en diferentes bancos suizos. En América Latina, dominada por políticos venales, sucedía algo similar. Según estimaciones del Banco de la Reserva Federal de EE.UU., entre 1974 y 1982 se transfirieron al exterior 84 millardos de dólares desde México, Chile, Venezuela, la Argentina y el Brasil.

La riqueza evadida de esta manera por ciudadanos de los 15 deudores principales del Tercer Mundo ascendía en 1987 a 300 millardos de dólares, más de la mitad de su deuda externa. De esta forma, el capital puesto en circulación regresaba, multiplicado, a su lugar de origen; al mismo tiempo que se hipotecaba el presente y el futuro de millones de personas del Tercer Mundo, incluso antes de su nacimiento.

Esta expoliación a gran escala pudo continuar de manera regular durante la etapa de crecimiento económico posterior a la II Guerra Mundial y mientras el valor de las materias exportadas por los países del Sur se mantuvo relativamente estable. Pero ya a finales de de la década de los sesenta esta fase de expansión comenzó a dar muestras de agotamiento.

El comienzo de los años setenta trajo consigo una recesión generalizada, agravada por los aumentos en el precio del petróleo que los miembros de la OPEP acordaron entre los años 1973 y 1979* (4).

Las consecuencias para los países altamente endeudados fueron especialmente graves. No solamente se incrementó el precio del petróleo sino también el de la mayoría de los productos que debían importar para mantener el funcionamiento de sus economías.

Simultáneamente, la reducción drástica de la producción en los países industrializados produjo un hundimiento de los precios de las materias primas, que constituían su principal fuente de ingresos.

Las políticas proteccionistas de los países desarrollados, que impidieron el acceso a sus mercados a los productos de los países subdesarrollados, con la intención de superar los déficits de sus balanzas comerciales, contribuyeron también a agravar la situación.

Este continuo deterioro de los términos del intercambio obligó a los países endeudados a solicitar nuevos préstamos para poder hacer frente a las importaciones más básicas. Finalmente, tras la segunda alza del petróleo, la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió elevar los intereses de los créditos hasta unos límites históricos. Otros países desarrollados adoptaron medidas parecidas.

La gravedad de esta disposición estribó en el hecho de que no sólo se encarecieron los nuevos créditos. También aumentaron los intereses acumulados durante años sobre los antiguos préstamos, la mayoría de los cuales habían sido contraídos con tipos de interés variable. El incremento exponencial de la deuda, unido a la recesión económica, desencadenó la "crisis". Los deudores se convirtieron en morosos y los intereses adeudados se acumularon al capital.

A partir de ese momento, se inició un ciclo, aún inacabado, que obliga a estos países a pedir nuevos créditos que se utilizan, fundamentalmente, para intentar pagar los intereses acumulados por los anteriores.

¿QUÉ ENCUBRE LA PROPUESTA DE "AJUSTE ESTRUCTURAL" DEL FMI?

El nuevo contexto económico mundial, la magnitud de la deuda y el retraso de los pagos hicieron evidente que los países subdesarrollados no podrían asumir sus compromisos en las condiciones pactadas. Entonces, las instituciones financieras internacionales – Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional - propusieron como solución las llamadas "políticas de ajuste estructural".

El programa de ajuste debía servir, según sus propios creadores, para garantizar los pagos de la deuda más allá del corto plazo. Pero al mismo tiempo, era la solución que el BM y el FMI aportaban "para paliar la pobreza y reforzar la democracia" en estos países.

Aunque, teóricamente, el proyecto era tan solo una propuesta, su aplicación se convirtió en un requisito indispensable para poder renegociar la deuda y seguir teniendo acceso a nuevos préstamos. Los posibles donantes, como los bancos privados o los miembros del Club de París* (5), acordaron que su "ayuda" solo alcanzaría a aquellos países que contaran con el visto bueno de las instituciones financieras internacionales.

Obviamente, los países endeudados, que dependían enormemente de estos recursos, no tuvieron más remedio que capitular uno tras otro ante la presión de sus acreedores.

Uno de los propósitos de los programas de ajuste estructural es el de "convencer" a los países deudores de que destinen una mayor cantidad de recursos a aumentar el volumen de sus exportaciones de materias primas. Más tarde, los dólares obtenidos se deben utilizar para satisfacer los intereses de la deuda. Entre las condiciones que suelen imponer el FMI y el BM para lograr sus objetivos se encuentran las siguientes:

a) La disminución del consumo de toda clase de bienes y servicios. A esto, el FMI lo llama "gestión de la demanda".

b) La reducción o la desaparición de los servicios sociales, como los de salud, educación y seguridad social.

c) La privatización de las empresas públicas. Con la venta del patrimonio colectivo - normalmente a empresas multinacionales - se obtienen más divisas para garantizar los pagos.

d) La devaluación de las monedas locales frente a las extranjeras para potenciar las exportaciones.

f) La reducción drástica de los subsidios y ayudas destinados a proteger las economías locales de la competencia extranjera.

g) La apertura total del mercado nacional a la producción y las inversiones de las empresas multinacionales.

Éstas son, solamente, algunas de las medidas que se aplican a todos los países que solicitan la asistencia del FMI, independientemente de las circunstancias especiales de cada uno de ellos. No es demasiado difícil deducir cuáles son sus consecuencias más inmediatas:

- Las políticas de "gestión de la demanda", al imponerse en las regiones más pobres del Planeta, impiden a millones de personas el acceso a los bienes imprescindibles para sobrevivir dignamente.

- El aumento del volumen de exportaciones, por sí solo, produce una disminución en el precio de las materias exportadas. Como consecuencia, los países del Tercer Mundo son obligados a exportar más y más productos, cada vez más baratos. Esto agota hasta la extenuación sus recursos naturales, reduce la productividad y provoca la degradación de su medio ambiente.

- Suprimir las ayudas a la producción propia, al mismo tiempo que se abren los mercados a la producción foránea, más tecnificada – y a menudo subvencionada directa o indirectamente por los países industrializados – solamente puede conducir a la destrucción de las economías locales.

Éstas sucumben, necesariamente, ante la competencia de las grandes corporaciones multinacionales. Y si al mismo tiempo que aumenta la dependencia de las importaciones se devalúa la moneda nacional se consigue empeorar aún más las condiciones del intercambio (ya que las importaciones se encarecen).

La apertura indiscriminada de los mercados, prepara el terreno para que estas empresas y los bancos extranjeros puedan reconquistar los viejos dominios coloniales implantando su particular dictadura. Sus multimillonarios beneficios, evidentemente, son enviados a los países del Norte. Fundamentalmente a los EE.UU. y a la UE

Allí donde el BM y el FMI han conseguido usurpar la soberanía de sus deudores los resultados han sido similares. Una disminución de las ganancias procedentes de la exportación con el consiguiente aumento del déficit comercial y la necesidad de pedir un préstamo tras otro.

A la luz del panorama actual, resulta evidente que esta reestructuración económica no ha conseguido "paliar la pobreza ni reforzar la democracia en el Tercer Mundo".Por el contrario, las desigualdades, el hambre y la mortandad no han dejado de aumentar, al mismo ritmo que la deuda y la aplicación de las políticas represivas imprescindibles para sostener los criminales "ajustes".

Aún así, la eficacia de las medidas de las Instituciones Financieras Internacionales no puede negarse. Los pagos se han venido produciendo con regularidad gracias a la venta del patrimonio colectivo de los pueblos endeudados. Además, en los países que han pasado a estar bajo su control, el FMI ha logrado eternizar la deuda.

Es decir, la excusa legal para continuar, indefinidamente, el saqueo de sus riquezas. En definitiva, es cierto que los programas de ajuste estructural potencian el desarrollo. El de los acreedores y el de las corporaciones multinacionales.

LA GENEROSIDAD DE LOS ACREEDORES.
A partir de 1994, el Club de París comenzó a negociar posibles reducciones de la deuda con países africanos avalados por el FMI. Haciéndolo, eso sí, con cada uno de ellos por separado, ya que a los deudores no se les permite asociarse. El Club de los prestamistas manifestó su intención de reducir el monto de la deuda de algunas de las naciones más necesitadas hasta en un 67%.

Pero en realidad, las condiciones para acceder a estos beneficios eran tan duras que la mayoría de los países tuvieron que renunciar a ser "ayudados". La reducción total que se concretó en 1995 para todas las naciones del África subsahariana representó menos del 1% de su deuda.

También el FMI, desde 1999, decidió ofrecer nuevas "facilidades" a los países pobres más endeudados. Para ello, elaboró una lista con 41 candidatos de los que todos, a excepción de Uganda y Bolivia, continúan esperando. El trato amistoso hacia estos dos países no ha evitado, sin embargo, que sus respectivas deudas continúen creciendo.

En realidad, la estrategia de los acreedores no ha variado sustancialmente desde la crisis de los ochenta. Ésta consiste en disminuir un poco el peso de la deuda allí donde la situación se torna insostenible para asegurar la pervivencia del sistema.

Cuando el Club de París, el Banco Mundial y el FMI publicitan – y lo hacen continuamente – la reducción parcial de la deuda, tergiversan cínicamente la verdadera naturaleza de sus ofertas. Porque, lo que reducen son los pagos derivados de algunos intereses y en ningún caso el monto total de la misma.

LA DEUDA IMPAGABLE Y LAS RESPONSABILIDADES HISTÓRICAS.
Una de las primeras conclusiones que se extraen tras analizar la magnitud de la deuda, su ritmo de crecimiento y las posibilidades reales de los países endeudados es que ésta es sencillamente impagable. Por supuesto, los acreedores no desconocen esta realidad.

Es más, son los primeros interesados en perpetuar la situación actual y para hacerlo cuentan con instituciones tan prestigiosas como el FMI y el BM. De hecho, la deuda se ha convertido en un instrumento perfecto para imponer una relación neocolonial de explotación al 75% de la población mundial.

Pero, para poder establecer las oportunas responsabilidades es necesario recordar también de dónde proviene el dinero que las naciones ricas prestan a las subdesarrolladas. Ya que, en definitiva, éste es el producto del saqueo practicado en éstas últimas durante cientos de años de dominación (militar, política y económica).

El resultado de una expoliación continuada que financió el desarrollo de las sociedades occidentales. Por otro lado, con el "negocio de la ayuda" las grandes potencias obtienen unos suculentos beneficios que permiten sostener, entre otras cosas, el irracional nivel de consumo del Primer Mundo.

A todo ello hay que unir el hecho de que los pueblos desangrados por la deuda nunca asumieron ningún compromiso con los prestamistas. Los contratos se firmaron al margen de su voluntad y de sus intereses; y jamás se han beneficiado del dinero de los préstamos. Por el contrario, en demasiadas ocasiones éstos se utilizan para costear los ejércitos encargados de reprimir sus legítimas reclamaciones.

Tanto el conocimiento de la historia de la deuda como la comprensión de los factores que la han perpetuado suscitan, casi de manera natural, una pregunta: ¿Quiénes son los verdaderos deudores?

Notas y referencias bibliográficas:
(1) El presente trabajo pretende ofrecer una visión general sobre los orígenes de la deuda del Tercer Mundo y los mecanismos de dominación que la han perpetuado hasta nuestros días. Al abordar un problema que afecta a países de tres continentes diferentes desde esta perspectiva, necesariamente hemos tenido que obviar muchas de sus características específicas. En el caso concreto de América Latina, por ejemplo, el endeudamiento durante las guerras de independencia. En cualquier caso, nuestra intención ha sido la de exponer, de manera sintética y didáctica, la información y los aspectos comunes que nos parecen más importantes para obtener esta visión de conjunto.

(2) En los EE.UU., cuya economía se vio estimulada por el esfuerzo bélico, este periodo comenzó en torno a 1940.

(3) Este político –estrecho colaborador del héroe nacional francés Charles De Galle- dedicó 350 millones de dólares a la construcción de una réplica de la Basílica de San Pedro en plena sábana africana. A pesar de su extravagancia, el suyo no es un caso excepcional. El Emperador Bokassa, de la República Centroafricana , gastó el 20% del PIB de su país en una suntuosa coronación de estilo napoleónico.

(4) Mandel, Ernest "La Crisis" Editorial Fontamara. 1975

(5) El Club de París está compuesto por 19 países "prestamistas" que tienen como objetivo maximizar los pagos de la deuda externa. Sus miembros deciden de manera conjunta las medidas más adecuadas para alcanzar este propósito; se reúnen y negocian con los países deudores. Éstos últimos se presentan ante el Club de forma individual, ya que no se les permite asociarse.

(6) Chaves, Emilo José "Intercambio desigual, divisas y deuda externa: Su rol en la desigualdad y la pobreza mundiales" Rebelión. 3 de septiembre de 2002

(7) "La espiral infinita de la deuda" Le Monde Diplomatique

(8) Oliveres, Arcadi "La deuda externa: Signo de dependencia y reto de liberación" Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa.

Esta recopilación, es una colaboración de:
CERCLE OBERT DE BENICALAP
Antonio Marín Segovia.
antoniod17@ono.com
645.75.95.91 - 96.323.43.53.
Actividad política y social ecologísta y solidaria. Ciudad de Valencia.
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro.
* Todos los artículos, que comparte esta asociación en Ibérica 2000... (http://www.iberica2000.org/Es/DirectorioAut.asp?Id=495)
(Numerosos enlaces... ¡para que abras cada vez más tus ojos!)

>> Autor: CERCLEOBERT (21/10/2004)
>> Fuente: Cristiano Morsolin y Ernesto Gutiérrez Betancor.

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