LA "RACIONALIDAD OCULTA" DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL
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Alrededor del PHN se ha urdido una trama de intereses espúreos especulativos que explican el empeño del gobierno del PP en tirar hacia adelante un proyecto contestado social, técnica y científicamente

La polémica generada por el Plan Hidrológico Nacional ha hecho correr ríos de tinta, pero buena parte de esa tinta actúa como la del calamar, impidiéndonos ver lo que realmente hay tras el PHN. La confusión causada por los enfrentamientos entre partidos, entre autonomías, entre científicos y técnicos gubernamentales, etc. puede a veces hacer que no nos hagamos preguntas básicas. Si, como parece, el gobierno esgrime razones falsas para defender el PHN (como no se cansa de repetir la comunidad científica), ¿cuáles son las razones reales (no confesadas) que le llevan a hacerlo? El estudio de estas razones reales ocultas es una prioridad para cualquiera que pretenda comprender los motivos auténticos del PHN. El método que utilizaremos para ello no es otro que la simple observación del comportamiento, las características, la procedencia y los movimientos de los actores que han tenido que ver en el asunto.

Hombres de Iberdrola entran en el Ministerio de Medio Ambiente

Los hechos son los que siguen. En 1996, nada más llegar al poder el actual partido gobernante, hombres fundamentales para la defensa de los intereses privados de la empresa eléctrica Iberdrola, en la cual habían venido trabajando hasta ese momento, pasaron a controlar la Secretaria de Estado de Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente español. Personajes clave de la empresa eléctrica que porcentualmente más intereses tiene en los ríos españoles se hicieron con el control del departamento que domina las aguas del país. Es importante resaltar que fue precisamente bajo el mandato de estos defensores de los intereses privados, introducidos en los poderes públicos durante la etapa ministerial de doña Isabel Tocino, cuando se preparó el Plan Hidrológico. Plan que luego, a partir del año 2000, el entonces ministro Jaume Matas y otros subordinados suyos, como Pascual Fernández, su secretario de Estado de Aguas, se limitaron a intentar ejecutar con una prisa inusitada.

La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos prohíbe taxativamente que alguien que haya llegado a la Administración procedente de una empresa participe en actos que puedan beneficiar o tener que ver con esa empresa. Cabe preguntarse la razón por la que el Ejecutivo -a pesar de saberlo- nombró secretario de Estado a Benigno Blanco que no era un cargo cualquiera en Iberdrola, sino precisamente su guerrero jurídico más significado, en calidad de director de los Servicios jurídicos de la compañía. El hombre que de manera más directa había venido defendiendo, incluso contra la propia Administración, los intereses privados de dicha empresa (compañía presidida por don Iñigo de Oriol, presidente además de la principal cementera española, Cementos Asland -y el cemento también tiene que ver con los embalses). Probablemente, el perfil de don Benigno no era el más indicado para evitar suspicacias. ¿No había nadie en este país de 40 millones de habitantes con conocimientos acerca del tema en cuestión? ¿Por qué el designado tenia que ser alguien que estaba enfrascado en la defensa de intereses hídricos privados?

Hay cuencas como las del Duero o el Júcar donde el control de Iberdrola es prácticamente total y seria prácticamente imposible que cualquier decisión del secretario de Estado dejara de afectar, de un modo u otro, a la empresa. Del mismo modo, es sabido que en casi todos los pantanos que se hacen suele ubicarse una central eléctrica a pie de presa (pantanos que se hacen con dinero de todos los españoles alegando justificaciones como el regadío, sin que las eléctricas abonen adecuadamente el beneficio que se les hace con dinero público). Además, la mera regulación de cualquier caudal puede incrementar aguas abajo las posibilidades hidroeléctricas. Por ello cabria preguntarse el rigor o laxitud de las presuntas inhibiciones que acaso el señor Benigno Blanco debería haber tenido en asuntos relacionados con embalses como, por ejemplo, los de Yesa o Itoiz (que públicamente defendió), que obviamente podían interesar a Iberdrola o a otras eléctricas. Por cierto, Benigno Blanco también fue miembro del Comité jurídico de UNESA (patronal eléctrica).

Don Benigno tuvo un papel muy destacado en la confección del Libro blanco del agua, en el que se daba un excelente tratamiento a las empresas hidroeléctricas y cuya presentación sirvió para abrir la puerta a los trasvases (cambiando sustancialmente la postura de un partido gobernante que antes, en la oposición, había sido firme detractor de tales obras). A partir de ahí, fue cobrando fuerza el que, con rigor, podríamos definir como trasvase Ebro-Iberdrola-Segura, ya que resulta que esta compañía eléctrica -en especial en la zona del río Júcar- podía obtener colosales beneficios del mismo.

El trasvase Ebro-Iberdrola-Segura

El que fuera director de los Servicios Jurídicos de Iberdrola defendió, al poco de ser nombrado secretario de Estado de Aguas, obras en la cuenca del Júcar (donde la eléctrica tiene intereses monumentales). Obras cuyos beneficios podrían dispararse considerablemente si se complementaban con la realización posterior del trasvase del Ebro. En este sentido, Benigno Blanco impulsó enseguida, apoyándolo decididamente, el llamado Convenio del Júcar entre el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) y la Comunidad Valenciana (presidida entonces por Eduardo Zaplana, tradicional aliado de la eléctrica). La obra estrella de este Convenio, y en la que hay que poner especial atención, era el trasvase del río Júcar (Valencia) al río Vinalopó (Alicante).

Esta infraestructura estaría estrechamente vinculada al ulterior trasvase del Ebro, ya que si se trasvasaran caudales de este río hacia Valencia se aseguraría un más que boyante funcionamiento de la conducción Júcar-Vinalopó, en la que Iberdrola tiene grandes intereses (de hecho, se ha denunciado reiteradamente que se trata de una obra concebida para su beneficio). Intereses que, en parte, la propia compañía ha hecho públicos -cosa que la prensa ha recogido ampliamente- al anunciar su deseo de invertir elevadas cantidades de dinero en esta infraestructura del Júcar, a cambio de poder hacerse con la gestión de la misma.

Habría sido inconcebible que esta eléctrica tuviese tales expectativas de gestionar esa infraestructura si no fuese por el cambio legal que supuso la creación de las llamadas "sociedades estatales de aguas" -como Aguas del Júcar S.A.- que incrementaban notablemente las posibilidades privadas. Y don Benigno Blanco, de acrisolados conocimientos jurídicos, desarrollados sobre todo en su cargo de defensor jurídico de los intereses hidroeléctricos, fue el "padre", como él mismo reconoció en actos públicos -ya como secretario de Estado de Aguas-, de la creación de tales sociedades "estatales". Sería interesante conocer si es legítimo que un especialista legal de una compañía privada, introducido en el poder legislativo, haga reformas legales como la de crear estas sociedades "estatales" de aguas que puedan favorecerla. Porque no sería bueno que nadie pudiera pensar que precisamente fue introducido en el legislativo para que hiciese las reformas que más convenían a su empresa.

Don Benigno no dudó en defender este trasvase Júcar-Vinalopó (tan beneficioso para la eléctrica) en los más variados foros públicos, incluido el Senado, a pesar de que no faltaron las suspicacias. Sin necesidad de realizarse el trasvase del Ebro, los beneficios de Iberdrola serían innegables con la conducción Júcar-Vinalopó, pero mucho más condicionados y limitados. Es innegable también que, por si solo, el trasvase del Ebro ya sería muy beneficioso para Iberdrola sin necesidad de la otra obra. En esta zona del Júcar el trasvase del Ebro se encontraría con una serie de factores beneficiosos para la compañía eléctrica (factores que son los mismos que encontramos en la conducción Júcar-Vinalopó). Por ejemplo, hallamos aquí los mayores desniveles y, por tanto, las mayores expectativas de negocio hidroeléctrico. Copiosas facturas de electricidad -vendida por la nuclear de Iberdrola en Cofrentes?- por bombear el agua en las subidas, venta de electricidad obtenida en saltos de agua en las bajadas, "compensaciones" por afectar los caudales de los embalses de Iberdrola, posibilidad de turbinar más agua al llegar caudales del Ebro... Y si se plantease en un futuro el cierre de la nuclear, vinculada al sistema hidroeléctrico de la zona, quizás alegarían que era vital para el trasvase de agua -desde cualquiera de las dos tuberías- a tierras sedientas.

Pero es en la combinación de ambas infraestructuras donde el beneficio se hace ya exorbitado. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de que Iberdrola complete su tradicional beneficio hidroeléctrico (incrementado por la alternancia en la disponibilidad de ambos caudales) con el de la gestión del agua del Júcar. ¿Se imaginan el negocio que sería que la eléctrica -dentro de la diversificación de sus actividades- pudiera vender agua dulce del Júcar a precio de oro (a las "terras míticas", Benidorm, campos de golf, nuevas urbanizaciones en la costa murciana y alicantina, etc.) a través de la conducción Júcar-Vinalopó, mientras las aguas más salinas traídas del Ebro se destinan a ciertas zonas de la provincia de Valencia? Sin traer aguas del Ebro no podría destinarse tanta agua del Júcar -de mejor calidad- a estos posibles usos, ya que este río tiene unos caudales muy limitados y ya comprometidos.

Como antes dijimos, gracias a Benigno Blanco nacieron sociedades "estatales" -en realidad privatizantes e interfirientes con las confederaciones hidrográficas públicas- como Aguas del Júcar S.A. (Ajusa). Dicha sociedad, a cuya constitución acudió sin ninguna inhibición don Benigno y que está presidida por un subordinado suyo (el presidente de la Confederación del Júcar, del MIMAM), adjudicó estudios sobre los trazados de la obra del trasvase Júcar-Vinalopó a Iberdrola Ingeniería y Consultoría (Iberinco), empresa de la que el propio señor Blanco fue secretario del Consejo de Administración. ¿Por qué se adjudicaron a una empresa de Iberdrola -que había estado ligada al secretario de Estado- estudios sobre algo que beneficiaba a Iberdrola? ¿Ésta es la forma más correcta de proceder? ¿Es normal que Iberinco, esto es, Iberdrola, saltándose el trazado establecido en el Real Decreto de supuesto interés "general" de la obra, seleccionase trazados especialmente beneficiosos para Iberdrola o quizá debemos mostrarnos inquietos por ello? Trazados más caros, más largos, más complejos técnicamente y más dañinos ambientalmente (cortan en dos la reserva nacional de caza de la Muela de Cortes).

De momento, y como si la cosa no tuviera que ver con el trasvase del Ebro, parte de las obras del Júcar al Vinalopó ya han sido adjudicadas, garantizando una situación de privilegio de cara a la posible llegada de las aguas del norte. Éste es uno de los nudos gordianos, sin duda, del PHN y del trasvase del Ebro.

Es conocido, por otra parte, el escándalo que protagonizó el señor Benigno Blanco cuando dirigió una carta a la directora general de Presupuestos, doña Elvira Rodríguez (por cierto, convertida hoy en ministra de Medio Ambiente), en la que le pedía que agilizase la expropiación -por la que Iberdrola percibiría 15.000 millones- de la central eléctrica de Los Millares, en el Júcar, que debía ser inundada por la nueva presa de Tous. Aquel contencioso de años se desbloqueó en poco tiempo, a beneficio de Iberdrola. Curiosamente, ahora parece que ¡va a ser esta presa la que reciba las aguas del Ebro! Benigno Blanco (y acaso la actual ministra de Medio Ambiente) ayudó a hacerlo posible. Como ya dijimos, el que se aporten caudales del norte, aparte de otros beneficios (como los de turbinar en Tous), liberará caudales del Júcar, antes impensables, para cualquier manejo de Iberdrola.

Incluso podría ser, como vimos, que el agua del Ebro se quede en Valencia y sea la del Júcar la que, a través del trasvase Júcar-Vinalopó u otras conducciones, viaje hacia el sur (no olviden que en el Vinalopó comienza el ámbito de la cuenca del Segura). Pero lo cierto es que ninguna posibilidad, incluida la de que sea el agua del Ebro la que vaya más al sur desde Tous, perjudica a Iberdrola.

Todo lo dicho sobre este sistema de trasvases (Ebro Júcar-Iberdrola-Vinalopó-Segura y Júcar-Iberdrola-Vinalopó) acaso debiera mover a serias reflexiones, al haber sido promovido desde un Ministerio de Medio Ambiente infiltrado por hombres procedentes de Iberdrola (uno de ellos, él jefe del Gabinete de don Benigno, el señor Guillermo Heras, ya retornó a la compañía, tras los servicios prestados).

Un Estado de derecho que se precie de serlo no puede tolerar que la ciudadanía tenga razones para dudar sobre la imparcialidad de decisiones que representan inversiones de miles de millones de euros. Para que nadie pueda llegar a sospechar la posible existencia de fraudes (como el que sería, por ejemplo, malversar dinero público alegando falsos intereses generales a beneficio de empresas concretas, con quebranto económico, ecológico y social para un país), ¿acaso se han cumplido la Ley de Incompatibilidades y otras normas que garantizan el juego limpio? ¿Hay en lo anteriormente expuesto algo que mueva a sospechar? Urge, para evitar una indeseable erosión de la imagen de nuestras instituciones, una investigación. Y mientras se esclarece todo, acaso el PHN debiera permanecer en cuarentena (informando a la UE de los motivos).

Aragón

Hasta ahora nos hemos ocupado, ante todo, del trasvase del Ebro y obras relacionadas. Pero para que el agua del río aragonés pudiera trasvasarse, primero había que almacenarla con nuevas presas en el Pirineo que garantizasen los caudales necesarios para ello. Curiosamente, otra de las peticiones de aquella carta que Benigno Blanco dirigió a la directora general de Presupuestos era, textualmente, la de dinero para construir embalses por motivos electorales, para favorecer así a sus aliados parlamentarios (entre los que estaba entonces el gobierno aragonés).

Los que hasta ahora han defendido este Pacto (que cada vez son menos) se aferran a que el mismo fue votado por las Cortes de Aragón. Pero, ¿pueden unos políticos decidir que unos embalses vayan a realizarse sin que se haya estudiado antes su necesidad, sin trámites de información pública, sin cumplir sus trámites legales y sin debate social? ¿Es que las decisiones políticas implican -aunque sean tomadas por mayoría en una cámara regional- que tengan que realizarse aunque sea por encima de la Ley? A partir de ahí ha habido, como era de esperar, de todo. Desde denuncias de presiones a técnicos para que den luz "verde" a las obras, hasta una comprometidísima situación judicial en la que el propio Benigno Blanco y otras personas se han visto ante los tribunales por prevaricación, falsedad documental, riesgo catastrófico, etc., por empeñarse en construir el embalse de Santaliestra (una de las tres principales obras del Pacto, junto con las de Yesa y Biscarrués), a pesar de los informes que alertan del riesgo de deslizamientos que amenaza la vida de miles de personas si se hace la presa. Por cierto, el señor Benigno Blanco, actualmente secretario de Estado de Infraestructuras, va a ir a juicio (parece que nada puede remediarlo) sin antes dimitir de su cargo. Pesan sobre él, y sobre otros responsables, peticiones de muchos años de cárcel.

El que fuera su director general de Obras Hidráulicas, el señor Carlos Escartín, ha sido acusado a su vez de haber prevaricado para acelerar la construcción del recrecimiento del embalse de Yesa, obra que al igual que la de Biscarrués fue adjudicada a la constructora ACS, constructora en la que fue fichado Escartín como director de contratación tras recibir las adjudicaciones. El recrecimiento de Yesa sería el mayor reservorio de agua para el trasvase. El mayor embalse del PHN.

El que sobre los padres del PHN pesen peticiones de cárcel y, en algún caso, aparezcan cada vez más claramente en escritos judiciales no sólo posibles irregularidades o ilegalidades, sino alusiones a presuntas prácticas corruptas, debería incitar a reflexión sobre en qué puede haberse convertido la política del agua en España.

Por cierto, el sucesor de Antonio Aragón en la presidencia de la CHE, el señor don Tomás Sancho, ha sido también acusado de beneficiar a una empresa a la que había estado ligado (BS Ingeniería) con contratos multimillonarios relacionados a la dichosa obra del recrecimiento del embalse de Yesa.

No hablaremos aquí de algunas situaciones que tienen que ver con ciertos consultings e ingenieros de la Administración y de intereses creados de una amplitud que va mucho más allá de unas pocas personas, conformando una malla extensa que se reproduce gracias a unas políticas que acaso ya debieran haberse desterrado.

Pese a esto y a otras muchas incontables cosas, el ministro Matas aseguró que, pese a quien pese -¿la justicia incluida?-, las obras del Pacto se harían. Lo cierto es que los tribunales lo están poniendo difícil. El Ministerio de Medio Ambiente actual, con doña Elvira Rodríguez al frente, insiste sin embargo en llevar adelante un PHN con estos antecedentes, sin depurar los vicios con los que pueda haber nacido.

¿Puede llevarse adelante así, sin aclarar antes si inversiones de miles de millones de euros han sido tramadas para beneficiar a unos pocos más que pensando en el bien de todos? ¿No sería lo correcto, ante estas situaciones, declarar el Plan nulo de pleno derecho?

Coartadas

Muchas de las obras incluidas en el Plan Hidrológico, como los cerca de 100 embalses previstos, incluidos los grandes del Pacto, pretenden "justificarse" para incrementos de la superficie de regadíos (el 80% del consumo del agua en España es el regadío). Sin embargo, y esto es especialmente grave, el Plan Nacional de Regadíos no recoge tales supuestos. Más aún, prevé invertir miles de millones de euros en que se gaste menos agua en los regadíos que ya hay (hay zonas donde se consume hasta el triple de lo necesario). Cuestiones de mercado (excedentes, recorte de subvenciones, entrada en escena de producciones de países extra comunitarios, etc.) harán perder más superficie de regadíos y, consiguientemente, que se necesite menos agua aún. Pese a todo, el Gobierno pretende hacer esas obras que no tienen ninguna justificación real (al menos, no la que se dice).

Si la eficiencia se extendiera al conjunto de los regadíos, cambiando por ejemplo las técnicas de riego, y se evitaran las pérdidas que hay desde los embalses a las zonas de destino (superiores a veces al 40%), los embalses ahorrarían volúmenes equivalentes a cientos de nuevas presas. Más agua que cuatro o cinco planes hidrológicos (pero sin construir más embalses). ¿Y si además se acabara con las vastísimas extensiones de regadío ilegal que hay? ¿Y si se acabara con los abusos derivados de que el agua de los embalses salga prácticamente gratis a los agricultores? Pero acabar con estas lamentables situaciones sería perder la gran coartada para gastarse miles de millones de euros en obras.

Más que falta de agua, lo que hay es una ilegalidad y un desgobierno estructurales. ¿Qué tal, por ejemplo, si las hidroeléctricas dejaran de vaciar los embalses a su antojo, aunque sólo fuera en años secos? ¿Y si se acabase con el descontrol imperante en la explotación de aguas subterráneas (del millón de pozos estimados, más de 900.000 están sin legalizar)? En el subsuelo hay mucha más agua que en superficie (y es más barato un pozo que un embalse). La Fundación Marcelino Botín publicó hace poco un estudio que revelaba que, sin causar especiales daños ambientales, en España podrían extraerse unos 30.000 hectómetros cúbicos del subsuelo al año. Todos los embalses de España juntos, y España es el país del mundo con más grandes embalses en proporción a su población, más de 1.200, tendrían llenos hasta los topes poco más de 50.000 hectómetros cúbicos de agua. Nuestro subsuelo tiene, como mínimo, mucho más de 300.000. Pese a todo, España está en la cola de la UE en la utilización de aguas subterráneas, por ejemplo, para usos urbanos.

Todo esto -y más cosas- demuestran que los embalses y otras obras del PHN no tienen justificación alguna y que para hacerlos se esgrimen razones falsas (como unos regadíos que nunca se harán).

La World Commission on Dams -como apuntó Ramón Llamas, ingeniero de caminos y catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense en su discurso de ingreso en la Real Academia de Doctores- hace ver la posible influencia de la corrupción en la política de aguas "al indicar que los decisores pueden estar inclinados a favorecer las grandes estructuras ya que proporcionan oportunidades (de soborno) que no se consiguen con las alternativas de menor tamaño". Este profesor, que fue presidente de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y coordinador del Grupo de Trabajo de la Unesco sobre Ética del Agua, afirma que destinar cientos de miles de millones de pesetas a presas y trasvases con el Plan Hidrológico es dar "subvenciones perversas", perjudicando tanto la economía como el medio ambiente.

Una prueba del "rigor" con el que se toman decisiones en materia de obras hidráulicas es cómo el Gobierno, de la noche a la mañana, se sacó de la manga obras por cientos de miles de millones de pesetas para comprar el apoyo, no sólo de Aragón, sino también de Extremadura, Castilla-La Mancha o Cataluña, sin que lógicamente hubiera estudios que demostraran su viabilidad o necesidad (incluso en algún caso se incluyeron obras ya descartadas por su absoluta inviabilidad). Caso clamoroso fue ese improvisado Plan Integral del Delta del Ebro, de 100.000 millones, que en lugar de aminorar impactos del posible trasvase, los agravaba "hormigonando" el Delta. El Gobierno se ufanó del apoyo al trasvase, no sólo de Pujol, sino de los "regantes" del Delta, que iban a "ceder" parte de su agua. Pero la mayoría de los regantes y habitantes del Delta estaban en contra. No así personajes como Joel Bonet, presidente del llamado sindicato de regantes de la margen izquierda (de estructura predemocrática), que ha aparecido ligado a proyectos inmobiliarios y al que se acusa de apropiarse de grandes cantidades de dinero de obras, habiéndose beneficiado ya de un trasvase anterior (el minitrasvase del Ebro a Tarragona), mientras la comarca se empobrecía con él. Un personaje sostenido por la Confederación Hidrográfica del Ebro (del Ministerio de Medio Ambiente) contra el sentir de la mayoría de las gentes de la zona.

De ciertos "regantes" de Aragón mejor no hablar, especialmente de los sindicatos de algunas zonas en las que van a hacerse embalses del Pacto del Agua y cuyos ingresos anuales son ante todo hidroeléctricos y no de cuotas de agricultores. ¿Qué les preocupa más, turbinar en sus propios saltos, vender el agua o regar?

Curiosamente, como también pasaba en el Júcar (la obra del Vinalopó se justifica en parte para solucionar el problema de unos pocos regadíos), hombres como Benigno Blanco se presentaban como defensores de los regantes, arengándoles de paso para que pidieran las obras. Es curioso, porque hidroeléctricos y agricultores son enemigos tradicionales, ya que cuando unos quieren guardar agua en los embalses, otros quieren turbinarla vaciándolos. Pero los regantes son la mejor coartada de apariencia social que el Gobierno ha encontrado para justificar el gasto de dinero público en obras (una vez que se construyan, se impondrá la cruda realidad, como en los embalses de Riaño o Valdecañas, donde los regadíos prometidos no llegaron, pero sí el negocio de alguna constructora e hidroeléctrica).

Y de los "regantes" de Murcia (la mayor coartada para hacer el trasvase), qué decir... Por ley sólo puede trasvasarse agua a zonas con una agricultura modélica. Sin embargo, según datos de la Universidad de esa región, un 40% del regadío puede ser ilegal. Es una cuenca donde sólo hay inscritos 2.574 pozos de los más de 20.000 estimados, donde más de la mitad del regadío se riega por gravedad (el sistema más despilfarrador de agua), etc. Y se denuncia que no son con frecuencia pobres huertanos sino grandes capitales del agronegocio e inmobiliarios que manejan y blanquean ingentes cantidades de dinero negro, además de explotar con frecuencia a inmigrantes ilegales. Regantes tradicionales han llevado lo que está pasando en algunas zonas de Murcia a la Fiscalía Anticorrupción (entre otras cosas porque les están "robando" agua para derivarla, con apoyo oficial, a urbanizaciones de Benidorm y el Mar Menor y a invernaderos ilegales). Lo de Murcia recuerda el argumento de la película Chinatown. Y todo dejando a un lado la salinización de los suelos que causan estos cultivos intensivos, la contaminación por pesticidas, los transgénicos, la destrucción del paisaje, etc. Los regadíos ilegales crecen vertiginosamente y lo harán más aún si se hace el trasvase, al igual que los proyectos de campos de golf, urbanizaciones y parques temáticos. Recientemente, la Ley del Suelo de Murcia ha sido modificada, eliminando la protección de más de 12.000 hectáreas de espacios naturales, para facilitar estos proyectos. Hasta la propia huerta tradicional ha sido declarada urbanizable. En conjunto han aparecido decenas de proyectos de nuevos campos de golf y urbanizaciones en todo el Levante y Murcia, coincidiendo con la aprobación del PHN y el trasvase del Ebro.

El ministro Matas

El propio ministro de Medio Ambiente, don Jaume Matas, reconoció que una parte importante del uso del agua del trasvase será urbano. Numerosos proyectos urbanísticos suspiran por esa agua, para poder expandirse sobre algunos de los pocos espacios libres que quedan en la costa mediterránea, provocando un impacto ambiental de unas proporciones desconocidas en las últimas décadas.

No hay que olvidar nunca quién era y de dónde venía don Jaume Matas, hombre que, tras ser apadrinado por Gabriel Cañellas (de infausto recuerdo, por los escándalos de corrupción que protagonizó), se hizo presidente balear para promover los intereses del sector inmobiliario. No hablaremos aquí de algunos casos judiciales en los que se ha visto envuelto, relacionados con presuntos pucherazos en Formentera para adulterar el censo electoral o de espionajes electrónicos por asuntos urbanísticos en Mallorca. Matas ha dejado recientemente su cargo de ministro de Medio Ambiente para volver a la presidencia de las Islas Baleares, con gran regocijo del sector urbanístico de la isla que le apoyó públicamente.

Don Jaume ha sido gran amigo y protegido de Eduardo Zaplana (hombre que, tras casarse con la hija de un empresario hotelero, fue alcalde de Benidorm -donde se levanta Terra Mítica y sus proyectos asociados- y, tras hacerse célebre con las cintas del caso Naseiro, acaso el más sonado caso de corrupción del Partido Popular, llegó a presidir la Generalidad valenciana). El señor Zaplana ha sido otro de los grandes defensores del PHN y, en especial, del trasvase del Ebro. Su política urbanística en la costa de la Comunidad Valenciana ha sido siempre bastante elocuente. No es de extrañar que lo primero que hizo Jaume Matas al llegar al cargo de ministro de Medio Ambiente fuese destituir a Fernando Marín, el mejor director general de Costas que ha tenido el MIMAM, que se caracterizó por su defensa del litoral frente a especuladores inmobiliarios y sus agentes políticos.

Constructoras, hidroeléctricas, compañías de gestión de aguas, capitales del agronegocio insostenible, especuladores inmobiliarios, políticos, cargos, funcionarios, etc. Es evidente que el PHN beneficia a alguien.

Caudales públicos de billones de pesetas trasvasados hacia cuentas privadas, donde quedan embalsados. Todo empleando coartadas de apariencia "social' que tienen tantos visos de ser ciertas como el argumento ministerial de que el PHN beneficiará a la naturaleza. Tan veraces como los datos económicos, hídricos y demás del Plan, que han sido criticados por la práctica totalidad de la comunidad científica. Hay escandalosas manipulaciones de cifras y datos (para empezar, el Gobierno nunca aclara de dónde vienen sus datos, el PHN no lo firma nadie, a diferencia de lo que sucede con los centenares de análisis que son críticos con el proyecto gubernamental). Pero la mayoría absoluta impuso ese canto a la democracia "orgánica" de la doctrina que expuso muy gráficamente el ministro Arias Cañete, evitando debates técnicos, sociales o ambientales a los que este Plan Hidro-ilógico no habría sobrevivido. Todo con apoyo de una prensa servil y con presiones y zancadillas a periodistas críticos (sobre este último particular, personalmente sé algo). En esta España-que-va-bien- no caben las denuncias sobre la hidrocorrupción.



Carlos de Prada, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Global 500 (ONU), ha escrito varios libros, entre ellos Tierra quemada. Políticos y empresarios contra la Naturaleza: el negocio verde (Madrid, Temas de Hoy, 1995). También ha colaborado en libros colectivos como Riesgos naturales (Barcelona, Ariel, 2002).

>> Autor: rioaragon (08/10/2003)
>> Fuente: Carlos de Prada Archipiélago, 57: 58-68, X-2003

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