JUECES PARA LA DEMOCRACIA...
Documento aprobado por el Congreso, propuesta Comisión Social...

Jueces para la democracia expresa su profunda preocupación por el déficit democrático al que estamos asistiendo en España.

26 CONGRESO ALBACETE
Documento aprobado por el Congreso, propuesta Comisión Social

Jueces para la democracia expresa su profunda preocupación por el déficit democrático al que estamos asistiendo. La democracia exige el mantenimiento de la igualdad y la libertad de los ciudadanos, siendo obligación de los poderes públicos remover los obstáculos que puedan oponerse a su desarrollo, conforme a los mandatos constitucionales, que se proyectan en la aplicación del derecho.

Estamos asistiendo a una llamada al abandono de derechos democráticos básicos a favor de las tesis económicas que pretenden administrar los derechos fundamentales de los ciudadanos, negando amparo a los más desfavorecidos y condicionando el estado del bienestar a los intereses de los grupos económicos y financieros, obviando su responsabilidad en la crisis en la que nos hallamos inmersos.

El retorno a realidades meramente contractualistas, el sometimiento de lo público a lo privado y la negación del interés colectivo, comporta la introducción de parámetros de valoración social que enaltecen actuaciones insolidarias y abren paso a la corrupción en todos los niveles, a la insensibilización de buena parte de la ciudadanía ante aquella realidad y en suma a la degradación de los valores democráticos.

Los ciudadanos se desvinculan de los pilares democráticos básicos, como es el derecho a la elección de sus representantes políticos, cuando se atribuye distinto valor a su voto en función de opciones mayoritarias y, principalmente, cuando constatan que las políticas económicas y sociales las deciden organismos internacionales y corporaciones y entidades financieras al margen de los gobernantes elegidos democráticamente y de las reglas del juego del estado de derecho.

El déficit democrático se extiende derechos como el de libertad de expresión e información, a los mecanismos de acceso y distribución de información, en manos generalmente vinculadas a aquellos grupos económico-financieros, que carentes de toda ética informativa, alejan la reflexión ciudadana, primando la distribución de informaciones, cuando no falsas, basadas en informes de supuestos expertos que jalean posiciones cada vez más alejadas de los valores colectivos, insolidarias e incluso de contenido xenófobo, lo que supone un condicionamiento a las formas de participación ciudadana y a la propia opinión colectiva.

Se cuestiona la independencia judicial y se instaura una Justicia, carente de suficientes medios y sometida a una constante presión mediática, lo que unido a la preocupante perversión de la noción de división de poderes, provoca que sea vista por los ciudadanos como una institución incapaz de dar satisfacción al constante vaciamiento de sus derechos.

La instauración de políticas que han favorecido a las grandes rentas, protegiendo los intereses de potentes sectores económicos y financieros, han generado la crisis, dando paso a la creciente desigualdad social, a la perversión de los valores colectivos del derecho y de la propia democracia.No puede aceptarse en ese contexto los recortes en los derechos ciudadanos básicos, en salud, enseñanza, vivienda, justicia o protección social.

Los selectivos recortes han provocado una insostenible presión en los colectivos más desfavorecidos. Se produce con ello un ataque directo a la igualdad, destacando la especial situación de las mujeres, que están pagando en forma sangrante la crisis a través de menor protección, mayor desempleo y menores salarios.

Ante aquella injusticia social no se puede acallar la explosión ciudadana que ha supuesto el denominado movimiento 15-M, que en clave positiva mantienen que otra democracia es posible. No podemos dejar de reflexionar sobre el movimiento, expresar nuestro parecer y defender el derecho como marco de convivencia, elemento central de la ciudadanía, sometido a los intereses y valores sociales y no a los mandatos de los poderes económicos y financieros.

Debemos reivindicar la necesidad de regular la economía desde aquellos valores preferentes, que se hallan presentes en nuestra Constitución, realizando una aplicación en clave constitucional de las normas y exigiendo responsabilidades a quienes han causado la presente situación de crisis y siguen beneficiándose de ella.

Existen fórmulas para avanzar en la igualdad, la libertad y la solidaridad ciudadana: la aceptación de nuevas formas de participación política que permitan un mayor protagonismo en la toma de decisiones por los ciudadanos, el fomento de la libertad sindical real que ponga fin al alejamiento de los sindicatos con los sectores más desfavorecidos, la resituación del valor de lo colectivo y lo público sobre lo individual, la erradicación de toda forma de corrupción y en cualquier nivel, con exigencia de mayor transparencia, el establecimiento de alguna forma de control social sobre el funcionamiento de los sectores financieros, el establecimiento de vínculos entre sociedad, empresa y producción, un nuevo modelo de relaciones laborales democrático y menos jerarquizado, el derecho a una política redistributiva a favor de las personas con menos ingresos en el terreno de la educación, sanidad y protección social, políticas de reparto de empleo basadas en la igualdad y la solidaridad, potenciando mecanismos efectivos de igualdad frente a los colectivos más discriminados, la efectiva independencia de los poderes públicos y la dotación a Justicia de los medios necesarios.

La materialización de dichas propuestas, junto a la efectividad de otros derechos básicos de los ciudadanos, como el acceso a la vivienda y a una renta básica de subsistencia, son pilares de una nueva democracia ciudadana, que debe tener como objetivo independizar a la ciudadanía de la tiranía de los mercados y poderes económicos.Se impone luchar contra la pérdida de legitimidad democrática a la que estamos asistiendo, donde el respeto a la legalidad y la defensa del constitucionalismo social deben ser nuestra preferente orientación en la aplicación de las normas.Albacete, 10 de junio de 2011


PROPUESTAS DE LA COMISION DE DERECHO PRIVADO

26 CONGRESO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA
Albacete, 8 y 9 de junio de 2011
“Nuevos retos ante la crisis”

CONCLUSIONES:

1. Reclamamos la promulgación de una ley que a) regule el sobreendeudamiento de los particulares y pequeños empresarios, b) evite la concesión desmedida y abusiva de créditos, c) regule un sistema de pagos aplazados, en proporción a los ingresos efectivos de los deudores de buena fe, atribuyendo a la administración pública la tutela de la superación de las situaciones de sobreendeudamiento, mediante un proceso gratuito, estableciendo un patrimonio mínimo inembargable con especial protección de la vivienda familiar y la posibilidad de descarga total o parcial de las deudas.

2. Demandamos el compromiso del Banco de España como órgano de control de las entidades financieras, para la adopción de normas de disciplina bancaria que imponga la obligación de pactar en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria la limitación de la garantía al valor de tasación del bien, de tal forma que se liquide la deuda con la dación en pago del inmueble, como posibilita el artículo 140 de la Ley Hipotecaria.

3. Instamos la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo relativo al sistema de subasta que garantice la publicidad real y facilite la concurrencia de postores, y de no existir postores, que la adjudicación por el acreedor del bien que constituyera vivienda familiar sólo proceda por el 80% del valor de tasación o por la cantidad que se deba por todos los conceptos. En todo caso que la enervación de la acción hipotecaria no incluya el pago de costas.

4. Interesamos una norma legal que permita extender el art. 11 de la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos a los contratos para la adquisición de bienes inmuebles destinados a vivienda familiar y a los contratos cuyo objeto sea la financiación de dichas adquisiciones.

5. Urgimos la mejora de las garantías del consumidor en la adquisición de viviendas sobre plano, facilitando la constitución de un título ejecutivo que permita la recuperación inmediata de las cantidades entregadas a cuenta. Asimismo que se ejerza el facultad sancionadora prevista en la Ley de Ordenación de la Edificación (dis. Adic. 1ª D) en los casos de no constitución de dichas garantías de devolución de los pagos a cuenta.

6. Ponemos de manifiesto la existencia de un margen interpretativo del Ordenamiento Jurídico que permite valorar en cada caso la alteración extraordinaria de circunstancias derivada de la crisis económica, que constituya alteración de la base del negocio (“rebús sic stantibus”), así como evitando, en todo caso, la interpretación y aplicación de cláusulas abusivas.

Para cualquier información y detalle al respecto, podéis escribirle a:
Antonio Marín Segovia - a.marinsegovia@gmail.com

>> Autor: Alfonso143 (28/06/2011)
>> Fuente: Recopilaciones para Ibérica 2000.

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