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La Fundación Nueva Cultura del Agua considera que la cancelación del trasvase del Ebro constituye una magnífica noticia para el País Valenciano: elimina una grave amenaza para el equilibrio hidrológico del País, y ofrece la posibilidad de realizar una verdadera política del agua, inexistente desde hace años.







El trasvase del Ebro no iba a resolver nada. El agua del Ebro es muy abundante en años como el actual, en el que ha llovido mucho y hay agua suficiente en toda la vertiente mediterránea. Pero es escasa en los años secos, que es cuando hace falta el agua. El Ebro es un río mediterráneo, y sus ciclos secos coinciden con los del resto de la región. Por ejemplo, en el año hidrológico 2001-2002, en el que hubo un breve ciclo seco, si el trasvase hubiera estado construido, el Ebro no hubiera podido aportar ni el 12% del agua prevista.

Y la falta de garantía no era quizá lo peor. La calidad del agua en la desembocadura del Ebro es deficiente, y con la ampliación de regadíos y otros usos en la cuenca, se va a deteriorar aún más, según reconoció el Gobierno español por escrito a la Comisión Europea a finales de 2002. Agua de mala calidad, con abundantes cloruros y sulfatos, es lo que menos necesitan los suelos agrícolas valencianos, siempre amenazados por la salinización. Y al sector turístico se le iba a ofrecer agua que no cumplía la normativa europea de aguas prepotables. Además, con el agua del Ebro iban a viajar hacia Valencia el mejillón cebra y otras plagas, que hubieran infligido cuantiosos daños a los sistemas de riego.

Precisamente los costes constituían el mayor problema del trasvase del Ebro. Desde el punto de vista económico, el proyecto resultaba ruinoso, como pusieron de manifiesto reiteradamente los economistas de la Unión Europea. Aunque las cuentas oficiales hablaban de 0,35 euros/m3, el coste real no hubiera bajado de 0,90 euros/m3, esto es, el doble que la desalación. Y como en 2003 entró en vigor la Directiva Marco del Agua, que obliga a avanzar hacia la plena recuperación de costes, los precios se tendrían que ir aproximando año a año a los costes reales. No había escapatoria posible, porque hubiera o no financiación europea -algo cada vez más dudoso-, en el preceptivo informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) se habrían establecido los verdaderos costes. Así ocurrió en la aprobación condicionada del trasvase Júcar-Vinalopó: el BEI calculó el coste real en 0,47 euros/m3, más del doble del coste oficial. Si se culmina la ejecución de ese trasvase, los usuarios del Vinalopó tendrán que ir asumiendo paulatinamente ese coste.

Los impactos ambientales del trasvase del Ebro eran inasumibles, como la Comisión Europea se encargó de hacerle ver al Gobierno español durante más de dos años. Además de los efectos sobre el Delta del Ebro, y los problemas ya citados de calidad del agua y traslocación de especies, los costes energéticos suponían una pesada carga sobre la muy complicada posición española respecto al protocolo de Kioto. Sólo la energía necesaria para bombear el agua al sur de Tous ya era superior a la consumida en la desalación. Luego había que sumar los costes energéticos de la construcción del trasvase, tan gigantescos como la obra en sí, y que se iban a acumular justo en los años previos al horizonte de Kioto. Y también la energía imputable a las pérdidas y al tratamiento del agua para usos urbanos. En suma, el trasvase era un desastre desde el punto de vista energético. Esta constatación parece haber pesado notablemente en la juiciosa decisión de cancelar el proyecto.

Con los datos anteriores, cabe preguntarse por qué el PP valenciano defendió el trasvase con tanto ahínco desde un principio. Al margen de los conocidos intereses constructivos, había una imperiosa razón de fondo. En Valencia, el trasvase del Ebro venía a encubrir el mayor expolio hídrico que ha padecido el País Valenciano en toda su historia: la cesión a Castilla-La Mancha de más de 300 hectómetros cúbicos de agua del Júcar, acordada por Zaplana y Bono en agosto de 1997, a cambio del apoyo de Castilla-La Mancha al PHN de Aznar. Con esta cesión, el bajo Júcar y la Albufera se quedaban sin caudales ambientales. La ley del PHN de 2001 "aportaba" al País Valenciano más o menos la misma cantidad de agua que le había sido sustraída cuatro años antes, pero con una diferencia importante: el agua del Júcar entregada era de buena calidad, mientras que el agua del Ebro prometida era de calidad deficiente, y con tendencia a empeorar.

El propio José Bono, en su intervención ante las Cortes de Castilla-La Mancha el 5 de septiembre de 1997, para dar cuenta del Pacto del Agua, describía lo sucedido con total claridad: "389 hectómetros cúbicos es lo que nos ofrecía "la ministra Isabel Tocino" en ese momento como el máximo posible. La diferencia hasta 743 es lo que hemos arrancado". Y en el mismo discurso, el Presidente Bono recriminaba al PP de Castilla-La Mancha por su débil defensa de los intereses regionales:
"¿Cómo pueden explicar ustedes que piden 600 hectómetros cúbicos... -hablo de su petición más alta, porque hasta para pedir daban margen, de 550 a 600 decían- cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha consiguió 743?

¿Cómo van a explicar a quienes les votan que pedían menos de lo que consiguió Bono?".

Ahora, sin la tapadera del trasvase del Ebro, las irregularidades cometidas en la planificación de la cuenca del Júcar en los últimos años van a ir saliendo a la luz. Los datos técnicos fueron elaborados para justificar asignaciones de agua sobre caudales ficticios, y no sólo a Castilla-La Mancha, sino también al Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, zonas estas últimas de especial interés para los círculos de Zaplana. Un solo dato es suficientemente revelador: mientras el Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, aprobado en 1998, evaluaba en 1.577 hectómetros cúbicos anuales las aportaciones medias del Júcar en Tous, la Confederación del Júcar acaba de publicar en su página web un estudio que reduce esa cifra a 1.339. La diferencia es un agua que no existe, pero que está asignada al trasvase Júcar-Vinalopó y a los riegos de Albacete, todos ellos aguas arriba de Valencia.

A la nueva administración del agua le espera la ardua tarea de poner en limpio las cuentas del agua en el Júcar. No va a ser fácil. ¿Cómo se les dice a algunos usuarios que el agua que tienen asignada no existe, que era una invención para encubrir pactos y acuerdos políticos a varias bandas, donde lo que menos importaba era el agua?. ¿Cómo van a continuar las obras del trasvase Júcar-Vinalopó, o de la consolidación de regadíos de la Mancha Oriental, cuando en los próximos meses se va a hacer pública la insuficiencia de los recursos del bajo Júcar y L Albufera, en una cuenca que ha sido designada cuenca piloto para la aplicación de la Directiva Marco del Agua? Sin el remedio universal, aunque fuera ficticio, del trasvase del Ebro, la inaplazable revisión del Plan de Cuenca del Júcar tendrá que poner todo esto en claro, ajustando los usos del agua a los recursos reales, y cumpliendo las obligaciones ambientales que el anterior gobierno había decidido ignorar.

En estas condiciones es comprensible que el Consell prefiera organizar un escándalo lo más grande posible en torno al decreto de derogación del trasvase del Ebro, antes que sentarse a discutir sobre la situación real del agua en el País Valenciano. Tiene demasiados muertos en el armario como para abrirlo a la mirada pública. Pero a los fontaneros del PP se les ha ido la mano en la dosificación de la propaganda, y han hecho decir tales cosas a las más altas magistraturas autonómicas, que han desacreditado a las instituciones valencianas en los ambientes técnicos y científicos del agua.

Un solo botón de muestra: varios dignatarios del PP han profetizado la muerte del Mediterráneo a manos de la desalación. El Mare Nostrum tiene más de 3.700 millones de hectómetros cúbicos de agua, pero los 621 (dos diezmillonésimas partes) que extraerían cada año las desaladoras de la ministra Narbona lo salarían irremediablemente, convirtiéndolo en un Mar Muerto... Perlas de este calibre han sido prodigadas en las últimas semanas por la plana mayor del gobierno valenciano, con especial protagonismo de los consejeros de Territorio e Infraestrucuras y, por supuesto, del presidente del Consell.

Si, como todo indica, el PP valenciano se ha convencido de que cuanto más grandes sean los disparates, más votos proporcionan, quién sabe lo que puede estar cocinando para administrarlo de aquí al 2007. Cuando parecía terminada la serie, el culebrón del PHN nos ofrece una segunda entrega de duración ilimitada y contenidos imprevisibles. Siendo, como va a ser, puro género de ficción, pues el trasvase ya sólo existe en la mente de Camps, no habrá límite alguno para la imaginación del guionista.

Artículo publicado en el País. Comunidad Valenciana. 29-06-2004.

Antonio Estevan, el autor, es ingeniero y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua.
Cree que la derogación del PHN, una grave amenaza, permite corregir las irregularidades cometidas en el plan del Júcar.

El lector puede comprobar y ampliar los datos aportados en:
* Xarxadelaiguaclara.org
* El trasvase del Ebro no se sostiene económicamente.
El profesor de Análisis Económico y exvicerector de la Universidad de Zaragoza, el físico granadino de brillante currículo científico, Pedro Arrojo, presidente a su vez de la Fundación “Nueva Cultura del Agua”, parece ha sido la personalidad individual española más influyente desde fuera de la política activa y la estructura burocrática de Bruselas para que determinantes direcciones generales de la Comisión Europea se hayan cargado de argumentos en contra de la cofinanciación comunitaria del trasvase del Bajo Ebro al Júcar y Segura. Les ha convencido a todos de que es un proyecto insostenible por desfasado y de que el Gobierno ha tratado de engañar con trucos contables de ingeniería financiera, fraudulenta para las arcas públicas, por intereses ocultos de eléctricas y constructoras.

Más información relacionada en Ibérica 2000:
* El profesor Pedro Arrojo en Alzira. Premio Goldman 2003.
* Todos los documentos relacionados con el PHN.

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