LA VIVIENDA Y EL MIEDO
Ocultan el gravísimo problema de la vivienda...

Los partidos no tienen nigún interés en hacer de la vivienda un tema central. Tener a la ciudadanía asfixiada para poder pagar un lugar donde vivir, puede parecer positivo desde el punto de vista de quienes sólo piensan en el control social.

Con lo cual es más fácil entretener al personal convirtiendo a un puñado de 200 vándalos en estrellas mediáticas. Y haciéndonos creer que el problema de Barcelona es la inseguridad. Asustar a la gente se ha convertido en la estrategia universal del poder. ¿Cinismo o impotencia?

Los partidos no tienen nigún interés en hacer de la vivienda un tema central. Tener a la ciudadanía asfixiada para poder pagar un lugar donde vivir, puede parecer positivo desde el punto de vista de quienes sólo piensan en el control social.

¿POR QUÉ tanto empeño en ocultar el gravísimo problema de la vivienda?
En España, el precio de las viviendas ha subido hasta límites insoportables e intolerables para muchos bolsillos. Las rentas de los españoles se están hipotecando por el coste de los pisos hasta límites que afectan negativamente a la calidad de vida. Y la escalada inmobiliaria es un factor determinante, no el único, por supuesto, del retraso de la emancipación de los jóvenes, sin parangón en el entorno europeo.

Estos problemas no afectan sólo a las personas que lo sufren, tienen también efectos sobre la dinámica social. Tener a la ciudadanía asfixiada para poder pagar un lugar donde vivir, puede parecer positivo desde el punto de vista de quienes sólo piensan en el control social -en tener a las gentes maniatadas, sin tiempo ni recursos para pensar y decidir por sí mismos-.

La plenitud personal creativa sólo puede adquirirse desde la autonomía: el retraso en la emancipación mutila a los jóvenes, a los que se somete a una superprotección que no es la mejor escuela para moverse en la vida.

Hay en España un grave problema de la vivienda. Éste es el enunciado principal. Y, sin embargo, no parece ser así en el debate público. Estos días en Barcelona se han producido dos hechos interrelacionados. Una manifestación -con la cuestión de la vivienda de fondo- que acaba con actos de vandalismo protagonizado por un grupo señalado por los medios como de okupas. Y pocos días después el Gobierno, tras confusa consulta con la Generalitat y el Ayuntamiento (y con el absoluto desacuerdo del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu), ha decidido aplazar una cumbre de ministros europeos de la Vivienda prevista para la próxima semana. La violencia de unos pocos y la torpeza gubernamental se han colocado por delante de la cuestión de fondo: qué hacer con la vivienda.

No voy a entretenerme mucho en la suspensión de la cumbre de Barcelona. Alguien ha metido la pata hasta la empuñadura. ¿Hay consciencia de lo que significa esta decisión? El Gobierno de la novena potencia económica del mundo -y su prolongación autonómica- se autodeclara incapaz de garantizar la seguridad de una cumbre europea, por una hipotética movilización antisistema. Se transmite una imagen absolutamente deformada de Barcelona, que es, sin duda, una de las ciudades más tranquilas y seguras del mundo. Se acepta un chantaje antes incluso de que éste haya sido pronunciado. Se niega el elemental principio democrático que dice que los ciudadanos tienen derecho a la protesta y es obligación del Gobierno garantizar que ésta se haga sin quebrar la legalidad. En fin, se introduce una alarmante doctrina de la acción preventiva, que desde luego no cabe ante los derechos cívicos. Éste es el retrato robot del estropicio hecho en Barcelona, sin motivo alguno.

Con todo, lo más grave vuelve a ser lo de siempre: una vez más se hurta a los ciudadanos el debate sobre la cuestión de la vivienda. Y el Gobierno va a encontrar, como de costumbre, la complicidad de todos en este silencio. La ministra de la Vivienda es sistemáticamente la peor valorada del Gabinete. No es culpa suya. Se creó un ministerio sin recursos, sin plan, sin estrategia. Pero la oposición no hará excesivo ruido sobre este tema. Y en cualquier caso se conoce desde hace tiempo que el PP tiene un solo mensaje: liberalización, liberalización, liberalización. Más madera, o, mejor dicho, más cemento, que el país lo aguanta todo.

¿Por qué un tema tan esencial es tabú? Por el peso del lobby de los constructores, estrellas rampantes del escenario económico, elevados al rango de motores del crecimiento. Por la capacidad de presión del sector bancario, en la cresta de la ola del negocio hipotecario, que tiene atrapados a millones de españoles. Por la financiación de los partidos políticos y de los municipios (a menudo, los primeros especuladores de suelo). E, incluso, por una razón electoral: la cuestión de la vivienda tiene algo de conflicto generacional.

Los mayores que hace años compraron un piso que ha multiplicado su coste espectacularmente, no ven el problema exactamente de la misma manera que los jóvenes que no saben cómo conseguir un piso, con estos precios y con tanta precariedad en el empleo. Y los mayores, en una pirámide de edad envejecida, tienen mucha incidencia electoral. Ante este panorama, los partidos no tienen ningún interés en hacer de la vivienda un tema central: ni tienen soluciones, ni quieren que se remueva demasiado un tema que podría acabar levantando alfombras y pisando intereses espúreos. Con lo cual es más fácil entretener al personal convirtiendo a un puñado de 200 vándalos en estrellas mediáticas. Y haciéndonos creer que el problema de Barcelona es la inseguridad. Asustar a la gente se ha convertido en la estrategia universal del poder. ¿Cinismo o impotencia?
* Información extraída de... (Enlaces...)

* La vivienda es un negocio, no un derecho
* Hay que retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos

La lucha contra la corrupción urbanística
27/10/06
El magistrado del Supremo Martín Pallín dice que: el urbanismo es un perverso método indirecto de financiación de los partidos porque nadie ha querido agarrar el toro por los cuernos y hacer una ley de financiación equiparable a otras que existen en la Unión Europea. El magistrado se lamentó de las escasas penas con las que se condenan este tipo de conductas, que no pueden ser calificadas como delitos menores, por lo que demandó una mayor persecución para los funcionarios que se dejan sobornar y los promotores que se lucran con estas actividades. En concreto, propuso incrementar las penas actuales (de dos a cuatro años) para situarlas entre los ocho y los diez.

Pallín apostó por la creación de un organismo centralizado que colabore en la planificación urbanística y pueda llamar la atención e incitar a los tribunales a actuar, lo que a su juicio se podría conseguir sin vulnerar el principio de la autonomía municipal, que se utiliza como excusa demagógica para no ejercer un control estricto sobre este tipo de actividades. Máxime cuando se trata ya de un problema supranacional, puesto que «el más de medio millón de ciudadanos de la UE que viven en España ya ha puesto más de 15.000 quejas al Parlamento.....

>> Autor: silvia3942 (28/10/2006)
>> Fuente: Recopilaciones de Antonio Marín. Valencia.

(C)2001. Centro de Investigaciones y Promoción de Iniciativas para Conocer y Proteger la Naturaleza.
Telfs. Información. 653 378 661 - 693 643 736 - correo@iberica2000.org