| Política de parques que caduca, estrategias de fauna que nacen |
(2473) |
| SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, EN ESPAÑA. |
| La reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que retira el control de los Parques Nacionales a la administración del Estado, coincide con el surgimiento de nuevos enfoques de la conservación de la naturaleza, modernos y adaptados a la realidad del estado de las autonomías y, sobre todo, a las necesidades de protección de la biodiversidad. Las Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas son la avanzadilla de una nueva forma de entender la relación del hombre con su entorno. |
* Por Benigno Varillas.
benigno@quercus.es
Las Estrategias de Especies Amenazadas son planes orientadores de las políticas de conservación de la naturaleza, diseñadas por técnicos de las Comunidades Autónomas y del departamento de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de España, que actúa a su vez de coordinador de las mismas.
Su objetivo es recuperar la capacidad del mundo rural para favorecer la fauna salvaje, superando las actividades perniciosas y fomentando las prácticas tradicionales que modelaron el paisaje, en el que están incluidas las especies silvestres.
Parque natural de la Albufera de Valencia.
Imagen de Luis Sebastián, para Ibérica 2000... (Enlace...)
* La destrucción de la Albufera de Valencia. Asistimos a la muerte de un lago, ante la mirada impasible de las instituciones. La gran ciudad casi llega a las orillas. Grandes complejos industriales contaminan las aguas de uno de los enclaves húmedos de mayor importancia de nuestro país... (Enlace...)
Una política que rompe los límites de protección que implican las políticas basadas exclusivamente en espacios naturales protegidos, islas rodeadas de territorios acosados por atentados ecológicos, que condenan a muerte a los delicados y complejos procesos ecológicos que traspasan las fronteras de parques, comunidades autónomas y Estados.
En la transición a la democracia, en 1977, el director del Icona, José Lara, inició la recalificación y reorganización de los parques nacionales. Parques naturales no existían aún. Los 28 espacios protegidos que había en 1980, alrededor de 200.000 hectáreas (0,4% de la superficie de España), además de abarcar una extensión ridícula, estaban completamente abandonados.
Fue la de Lara una respuesta a la ofensiva social que demandaba del Estado una política conservación, ante el monopolio forestal productivista que dominaba en el Icona, así como al desarrollismo de otras instituciones y de toda la sociedad de los años sesenta y sententa. Para ello se utilizó una herramienta concebida en el siglo XIX, la de los parques nacionales, inventada en Estados Unidos y copiada en España en 1917 por el marqués de Villaviciosa, don Pedro Pidal, para preservar islotes de vida silvestre en el desarrollismo que imperó en el siglo XX.
En los años que se derrumbaba la dictadura franquista y nacía la democracia, tal herramienta resultó útil. En un momento en que se estaban desecando Doñana y Daimiel, se roturaban las dehesas de Monfragüe con palas excavadoras para plantar eucaliptos, se autorizaba la colocación de veneno por doquier para matar depredadores, se bombardeaba desde barcos de la Marina de Guerra el archipiélago de Cabrera o la OTAN planeaba hacer lo mismo desde el aire en Cabañeros, los parques nacionales fueron una tabla de salvación.
Tres décadas después, hoy, la política de Parques pide a gritos ser complementada con otras fórmulas de gestión. No se trata de desmerecer sus servicios prestados. Los que aun trabajan en ese importante frente de la conservación no debieran sentirse minusvalorados porque se plantee el perfeccionamiento de la política conservacionista.
Gracias a los parques, nacionales y naturales, se han frenado grandes atentados ecológicos. Todos hemos empleado los mejores años de nuestra juventud en conseguir la red de espacios naturales protegidos de la que nos sentimos orgullosos. Pero ha llegado el momento de dar un paso adelante para completar la herramienta de conservación que supondrá la Red Natura 2000, donde "miles de islas" territoriales protegidas deberán interconectarse si queremos romper el maleficio de haber puesto fronteras y límites al campo.
Pidal desató en 1917 la era de los parques nacionales al lograr que Alfonso XIII y el Parlamento español hicieran una Ley para conservar los montes de Covadonga y Ordesa. Una idea entonces vanguardista. Cien años después necesitamos otras fórmulas que también lo sean para sacar del atolladero a la protección de la biodiversidad.
La suma de las estrategias para la conservación de especies amenazadas, elaboradas en los últimos años por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Medio Ambiente, permiten vislumbrar nuevos enfoques y soluciones a algunos de los problemas. Coordinar y potenciar esas líneas de acción, abiertas por los Grupos de Trabajo de las Estrategias, en los que participan técnicos y expertos de las CC.AA y del Ministerio de Medio Ambiente, es el camino para avanzar en una política de conservación de la naturaleza acorde con las necesidades y los requerimientos actuales.
La necesidad de la convergencia entre desarrollo rural y medio ambiente
La sucesora de la actual ministra de Medio Ambiente en el Partido Socialista, en el cargo que Cristina Narbona desempeñó como secretaria federal de Medio Ambiente del PSOE, ha introducido ya en esa casa el cambio revolucionario que a otros niveles se demanda.
Por deseo de José Luis Rodríguez Zapatero, Soraya Rodríguez ha unido en su persona las funciones de dos secretarías federales del PSOE, la de Medio Ambiente y la de Desarrollo Rural. No en vano Soraya fue durante los últimos cuatro años eurodiputada y miembro del grupo de trabajo que realizó en Bruselas la reforma de la Política Agraria Comunitaria, la PAC, que apunta entre sus objetivos a que se vincule el futuro económico de las áreas marginales con los valores naturales y que los receptores de las primas y ayudas agropecuarias se sumen a la vanguardia de la conservación de la naturaleza. Un papel que no es nuevo. Sólo con el desarrollismo ciego de los años sesenta empezó el declive de esas capacidades del mundo rural que hoy nos parecen futuristas.
En 2004, tras pasar como un tornado el siglo de barbarie que Don Pedro intuía, lo que queda no puede conservarse solamente con la ingenua política de parques del Marqués, sino recuperando y aprovechando la sabiduría modeladora del paisaje del mundo rural tradicional. Se trata de proteger no muestras aisladas, sino procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales complejos y poco visibles, prácticas agropecuarias ancestrales, como las del Cainejo, el pastor de Picos que acompañó al de Villaviciosa a la cumbre del Naranjo de Bulnes.
Lograr que la conservación de la Biodiversidad se base en el desarrollo rural sostenible, y viceversa, es meta más difícil que la escalada de los 600 metros verticales del Picu Urriellu, pero necesitamos que alguien realice de nuevo una proeza del calibre de la del Marqués y el Cainejo. Es la salida que tienen los cainejos que quedan –cada vez menos– y los neorrurales que se les sumarían, a poco que se ayude en el empeño. Estos últimos serán los que aporten la savia nueva que necesita el medio rural, despoblado y envejecido, una vez que a una posible oferta laboral se sume la de una oportunidad de sentirse parte de todo un movimiento cultural y ecológico que tenga como fin regenerar la fauna y el paisaje.
Los ecólogos saben que la naturaleza en España es el resultado de la forma de trabajar y gestionar el territorio del mundo rural tradicional. Los que no lo saben, son los paisanos artífices de tanto valor ecológico. A algunos de ellos les daría un síncope, si oyen que hay lobos, buitres o águilas gracias a su labor. Si así es, será a su pesar. Para muchos, la fauna salvaje y las prácticas agropecuarias ancestrales son el signo del "abandono y atraso" en el que están sumidos "por el olvido de los de arriba". Que la fauna salvaje depredadora sea esperanza de progreso nunca ha pasado por su imaginación. Pero más que carne, queso o lana, deben saber que la "producción" cotizada por la sociedad postindustrial, concienciada y rica, es el lince, el oso, los buitres, las águilas, el lobo –si, incluso el lobo– y el paisaje.
Una idea que requiere más de un diván para ser digerida, sectores de funcionarios y técnicos anclados en el empeño de destruir el campo incluidos, que están incapacitados para ver que, en zonas rurales marginales, las subvenciones y las primas al ganado o a los cultivos se justificarán en el futuro inmediato más por su valor para la supervivencia de las especies salvajes que por otra cosa. Mientras esos funcionarios dudan, los modelos de producción intensiva que promueven provocan la extinción de la vida silvestre e hipotecan el futuro.
Frente a la vieja guardia del desarrollo insostenible, el Estado creó organismos para atender las exigencias de la opinión pública, que reclama un desarrollo que no se derrumbe por despilfarro de los recursos. Pero los departamentos públicos de conservación de la naturaleza tampoco se distinguen por apoyar un desarrollo rural que aflore la capacidad para promover la biodiversidad.
Su gestión se centra en la vigilancia, la investigación, el seguimiento de la fauna y la sensibilización de la población urbana, que no la rural. No hay, o son insuficientes, políticas para promocionar a los que lograron hacer llegar hasta nuestros días la naturaleza que queremos conservar. Sin embargo, es vital que sigan haciendo ese trabajo, mejorado y de forma consciente. Ellos, los habitantes del campo, son quienes tienen que sacar el máximo oficio y beneficio por conservar la biodiversidad y no sólo los técnicos, los investigadores, los conservacionistas o los divulgadores de la naturaleza. Problemas como los incendios, los venenos o el furtivismo, empezarían a tener otros matices.
Las zonas rurales de valor ecológico coinciden con territorios marginales. Los pastores son pobres, pero no sólo de dinero e infraestructuras. Necesitan sentirse admirados y respetados. Las alabanzas que se dan a las ONG’s conservacionistas o los dineros que gestionan los técnicos de la conservación de la naturaleza, tienen que repartirse con los que hicieron y hacen esa tarea sobre el terreno y deben seguir haciéndola para que la naturaleza no sucumba.
Las teorías del Marqués de Villaviciosa y su candidez decimonónica para frenar el Apocalipsis a base de parques, tuvieron un insospechado éxito y son el manual que manejan aun hoy los políticos y las asociaciones ecologistas para conservar la naturaleza. Ahora le toca el turno al mensaje nunca escrito del Cainejo, el realmente eficaz.
Hoy nadie pone en cuestión la necesidad de proteger espacios valiosos y las especies que albergan, por ello es viable ir más allá de la idea inicial de preservar sólo islas de naturaleza. Entre las fórmulas que se han ensayado, las Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas son lo que más se acerca a una política moderna, nacida desde dentro del Estado de las autonomías, para intentar proteger los complejos procesos ecológicos, económicos, culturales y sociales que han permitido que llegue a nosotros la vida silvestre.
Las Estrategias de Conservación de Especies Amenazadas van dirigidas a los actores que hacen posible que pueda existir o no vida silvestre en el campo y deben servir para colocar a los habitantes del mundo rural en la vanguardia de la conservación de la naturaleza, una tarea, reconocida socialmente como ejemplar, que reporta beneficios económicos y prestigio social. Pero difícilmente se podrá pasar a los hechos mientras que en el organigrama del Estado no haya un departamento específico para aplicar esas estrategias y éstas no existan oficialmente en los presupuestos generales del Estado, el lugar donde toda idea se consagra en política oficial y efectiva.
Un artículo extraído íntegramente de... (Enlaces...)
Sobre el autor:
Benigno Varillas es co-fundador del FAPAS y coordinador de la Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el Medio Natural del Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de España.
* Fondo para la protección de los animales salvajes (FAPAS)... (Enlace...)
Información relacionada en Ibérica 2000:
* El medio rural está harto de dar ejemplo para vivir en desarrollo sostenible (Enlace...)
Artículos publicados en la Revista Quercus, en España:
* Tenéis el artículo completo de Benigno Varillas "Política de parques que caduca, estrategias de fauna que nacen", en el cuaderno de Quercus 233. Publicado en julio 2005. Pág. 80
Podéis solicitar ejemplares de la revista a: linneo@quercus.es
Telf. 91 327 79 93.
| Insertado
por: Redac.Ibérica2000 (12/07/2005) |
| Fuente/Autor:
Benigno Varillas. |
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* Medio Ambiente ha iniciado el trámite para transferir los Parques Nacionales. Miércoles, 31 de agosto de 2005 5:10 Ya han comenzado las reuniones con Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía. R. A. Baleares- La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó ayer, en el Parque Nacional de Cabrera, que ya se han iniciado las reuniones técnicas para estudiar los traspasos de los parques nacionales a Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía y que los encuentros con el resto de Comunidades proseguirán durante los meses de septiembre y octubre. Según afirmó, durante este periodo se avanzará para que las transferencias puedan ser efectivas desde el 1 de enero de 2006. También añadió que la transferencia de estas áreas a las respectivas Comunidades se hará según «criterios homogéneos» y que Baleares deberá seguir «las reglas del juego» que deben cumplir todas las autonomías. Narbona remarcó que Baleares ha recibido en los últimos años «bastante más» de la Administración del Estado para la gestión del Parque Nacional de Cabrera, el cual visitó ayer junto al presidente del Govern balear, Jaume Matas, que otras Comunidades Autónomas para fines similares. En este sentido, señaló ante los periodistas que el centro de interpretación de Cabrera ha sido de los «más costosos» de España, ya que a su construcción se ha destinado un presupuesto de 20 millones de euros, una aportación que debe ser «una buena base» para que la Comunidad Autónoma balear «se haga cargo» de estas instalaciones. Al mismo tiempo, el Gobierno central elaborará un proyecto de ley con el que se regularán los requisitos necesarios para la declaración de Parque Nacional de las áreas naturales españolas. Por otra parte, Matas expresó su confianza en que las transferencias se hagan efectivas este año y que estas vengan acompañadas de la «dotación adecuada». En opinión del presidente balear, ahora «el reto» es demostrar que la Comunidad Autónoma no sólo está capacitada para gestionar el Parque Nacional de Cabrera, sino que además puede mejorar la protección de este importante espacio natural. Además, la ministra de Medio Ambiente hizo referencia a la adquisición de suelo en la costa española que llevará a cabo al Gobierno como «acción complementaria», dentro de las iniciativas destinadas a la protección del litoral, para indicar que está a punto de cerrarse la primera compra de terrenos en Gerona. Aunque señaló que aún se deben estudiar las propuestas que han hecho algunas Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra la posibilidad de adquirir unos terrenos en el litoral ibicenco. Narbona aseguró que las adquisiciones se harán con «criterios objetivos» y en colaboración con municipios, Comunidades Autónomas, asociaciones y organizaciones ecologistas. Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que concretará los criterios básicos que debe tener un espacio natural para integrarse en la red de Parques Nacionales en la futura Ley de la Biodiversidad española, en la que el Ministerio de Medio Ambiente centrará parte de sus esfuerzos el próximo curso político. Así lo anunció Narbona, quien precisó que el Ejecutivo mirará «con lupa» esta nueva legislación. Narbona explicó que el Ejecutivo quiere aprovechar esta nueva legislación para completar «y perfeccionar» el marco normativo del medio natural, con el fin de garantizar una mejor protección de la biodiversidad. Destacó también la relevancia que tendrán, en el próximo curso político, la Ley de Responsabilidad por Daños Ambientales, y el nuevo Plan de Energías Renovables. Durante las próximas semanas evaluarán cómo está funcionando la Red Española de Ciudades por el Clima y el funcionamiento de las medidas que han puesto en marcha los ayuntamientos que se han adherido a esta iniciativa.
Publicado en www.larazon.es |
| Nombre: Juan Luis Reguilón (02/09/2005) |
E-mail: jlreguilon@yahoo.es |
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El coste económico de los parques nacionales abre una nueva disputa entre Comunidades y Gobierno.
Viernes 2 de septiembre de 2005.
El Ministerio de Medio Ambiente sólo atenderá al gasto real en 2004 para fijar la financiación que acompañará a este traspaso de competencias.
ARACELI ACOSTA
MADRID. Ni extensión, singularidad, diversidad biológica, número de visitantes ni habitantes en sus áreas de influencia. Ninguno de estos criterios está siendo tenido en cuenta en las reuniones que representantes de los Ministerios de Medio Ambiente, Economía y Hacienda y Administraciones Públicas están manteniendo con las Comunidades autónomas para fijar la financiación que debe acompañar al traspaso de competencias sobre los parques nacionales, después de que una sentencia del Tribunal Constitucional considerara que la gestión de estos espacios protegidos debe ser exclusiva de las Comunidades autónomas y no compartida con el Estado como venía siendo hasta ahora. Según han confirmado a ABC diversas fuentes, el único criterio que se está siguiendo es el gasto ejecutado durante todo 2004, año en que sale la sentencia del TC, y el personal que en ese momento trabajaba en dichos espacios. Una financiación que posteriomente se concretará año a año en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta decisión no es compartida por algunas Comunidades. Así, mientras Andalucía considera que se trata de «criterios muy objetivos, puramente económicos» -lo cual vendría a reflejar la idea defendida desde Medio Ambiente de que sea un procedimiento igual para todos para que no existan parques de primera y segunda categoría-, otras consideran que el hecho de que haya Comunidades que ya han mantenido reuniones bilaterales y con las que se esté negociando aparte «no parece el procedimiento que garantice igualdad para todos», según aseguró el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.
Negociación separada.
Las Comunidades que ya han mantenido esos contactos bilaterales son Andalucía, Aragón y Castilla-La Mancha, aunque desde esta última se asegura que no hay nada avanzado. Precisamente, las dos primeras fueron las que interpusieron el recurso ante el Constitucional por considerar que el actual marco del sistema de parques nacionales invadía sus competencias. Esa fue la primera batalla ganada, pero en las negociaciones actuales parece que ambas Administraciones autonómicas no salen igual de bien paradas.
Andalucía ya da por hecho que va a recibir «el 35 por ciento de lo que son las inversiones ordinarias que ha estado ejecutando el Estado en todos los parques nacionales» en 2004, según Rosario Pintos, directora general de la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía. Ese porcentaje del 35 por ciento se deriva de la inversión real que los dos parques andaluces -Doñana y Sierra Nevada- recibieron en 2004, unos 15,5 millones de euros.
Aparte, habría que sumar los costes de personal y gastos de mantenimiento de vehículos, maquinaria, edificaciones..., que aún no tienen calculado. Pintos considera que «las transferencias que se van a hacer para Andalucía son acordes a la importancia de sus parques nacionales y nos vemos bien reflejados en cuanto a las necesidades que tenemos para la adecuada gestión de nuestros parques».
El Gobierno de Aragón no está igual de satisfecho. «Por el momento, nosotros nos sentimos bastante distanciados con este proceso», explicó el director general del Medio Natural de Aragón, Alberto Contreras. La razón está en ese criterio tomado como base del dinero ejecutado en el último año (2004), lo que para Aragón «supone un detrimento bastante importante con respecto a la media de los últimos cuatro años, que era un millón y pico de euros, y, sin embargo, como en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente sólo ejecutó 400.000 euros, lo que nos quieren transferir es esa cantidad».
Pero además hay discrepancias con respecto a otras partidas, como son las inversiones del Programa Estrella (actuaciones en infraestructuras), que si bien se contemplan dentro del capítulo de inversiones, el Ministerio no quiere transferirlas. Eso crea desigualdades importantes, toda vez que existen parques más recientes que no han puesto a punto sus infraestructuras, como pueden ser centros de interpretación y visitantes, y otros que reciben gran parte de su inversión a través de esta partida. Es el caso de Picos de Europa, en el que la inversión dentro de este programa ascendía en 2004 a casi 2,4 millones de euros, la mitad de las inversiones en ese parque previstas para ese año por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales. «No entendemos que haya programas que queden fuera», dice el consejero de Castilla y Léon, Carlos Fernández Carriedo. Llama la atención que la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, reconociera el pasado martes durante su visita a este parque nacional que no ha recibido la inversión que le hubiera correspondido por su tamaño y que ésta ha estado demasiado concentrada en Asturias, en detrimento de Cantabria y Castilla y León.
Plazas de personal sin cubrir.
El otro caballo de batalla es el de la transferencia de personal y, en líneas generales, adolece del mismo problema que el de la inversión. Y es que existen plazas vacantes que no han sido cubiertas en los últimos tres años, lo que correspondía al Ministerio de Medio Ambiente, y «ahora no quieren transferirlas», dice Alberto Contreras refiriéndose al caso de Aragón. «Nos proponen como costes de personal unos 800.000 euros, cuando nosotros hemos calculado que superan el millón de euros», añade.
En Canarias, donde están cuatro de los trece parques nacionales de la red, ocurre lo mismo en cuanto al personal. Tal y como explica el jefe del Servicio de Ordenación de Espacios Naturales Protegidos, Pedro Sosa, «la situación alejada de nuestros parques con respecto a Madrid produce unos efectos negativos en cuanto a la dotación de personal, y ahora pretenden hacer una transferencia sobre costes efectivos y no sobre las plazas creadas». En cuanto a la inversión, «lo que teníamos el año pasado reconocido son seis millones y medio de euros, pero el presupuesto ejecutado está en torno a los cuatro millones. Y no renunciamos a proyectos que ya estaban previstos y vamos a pelear porque se mantengan las inversiones dentro del programa Estrella». Sumando a esto algunos costes de mantenimiento que aún no tienen cuantificados, Sosa estima que la suma que debe acompañar al traspaso de competencias debe estar entre los 12 y 15 millones de euros.
Así las cosas, la previsión del Ministerio de Medio Ambiente es transferir la gestión de los parques nacionales el 1 de enero del próximo año. A la vista de las posturas que manifiestan las distintas Comunidades las negociaciones no se antojan fáciles, toda vez que algunas fuentes apuntan que «aquellas Comunidades Autónomas que hayan tenido la desgracia de tener un gestor de la Administración central que por lo que sea no se ha movido en el último año o bien un parque que ha tenido problemas en la ejecución presupuestaria durante 2004 van a heredar una dotación presupuestaria deficiente» para gestionar sus parques.
Monfragüe y Guadarrama esperan su turno.
En las reuniones multilaterales que Medio Ambiente ha mantenido con las Comunidades autónomas, tanto Madrid como Extremadura han acudido como invitadas, a pesar de no contar en la actualidad con ningún parque nacional, pero sí tener en proyecto la declaración de Guadarrama en el primer caso, junto a Castilla y León, y Monfragüe, en el segundo. Fuentes consultadas indican que en estas reuniones «no se ha hablado nada sobre el criterio a utilizar para los parques de nueva creación». Algunos temen que si la transferencia se produce el 1 de enero, los parques que se declaren después podrían quedar fuera de las partidas presupuestarias para su gestión. Desde Medio Ambiente se explica que se está elaborando un borrador de la futura Ley de Biodiversidad, en la que se aunarán los criterios que debe tener un espacio para integrarse en la red.
Jardines y parques.
LA especial habilidad del Gobierno para enfangarse en conflictos parece no tener fin. El último jardín en el que se ha metido la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es el de los parques nacionales, cuyo coste económico ha abierto una agria disputa entre Comunidades y la Administración central. Las autonomías -que tras la sentencia del Constitucional asumirán en 2006 la gestión de estos espacios- silban o reclaman justicia, según les toque en un reparto que no atenderá a criterios como el de la extensión, la diversidad biológica o el número de visitantes o habitantes, sino el compromiso de gasto real adquirido en 2004, año tomado de referencia para establecer el cálculo. Más lógico y justo habría sido sacar la media de los últimos ejercicios para evitar agravios injustificados. Éramos pocos y...
Publicado en ABC.es |
| Nombre: FCanto (02/09/2005) |
E-mail: FCanto@mma.es |
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