Curriculum:
Pedro Arrojo Agudo es doctor, y profesor del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Es Premio Goldman de Medio Ambiente-2003 para Europa y miembro del Comité MAB (Hombre y Biosfera) de la UNESCO. Ha asesorado a la Comisión Europea en materia de planificación hidrológica y coordinado varios informes al respecto. Es también Miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del Ebro. En su trayectoria vital ha integrado su currículum científico de carácter interdisciplinar, como economista y como físico, con un activo compromiso social. En la Universidad de Zaragoza ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad entre ellos el de Vicerrector.
El libro reúne como autores a un amplio conjunto de reconocidos expertos en materia jurídica y de gestión del agua, lo que sin duda le otorga un singular valor. Coordinado por Julia Martínez Fernández y Pedro Brufao Curiel y presentado por Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, está estructurado en dos partes: la primera plantea una serie de reflexiones generales, mientras que la segunda describe diversos casos relevantes en cada cuenca hidrográfica.
Julia Martínez Fernández es autora de numerosos trabajos relacionados con la gestión de los recursos hídricos y uno de los expertos firmantes de la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua. Pedro Brufao Curiel es jurista experto en materia de aguas y asesor de diversos organismos públicos y privados en asuntos ambientales, de energía, ordenación del territorio y aguas.
Es importante destacar y compartir con el lector, que el 22 de marzo de 2004 la FNCA hacía al futuro Gobierno de España la siguiente propuesta: "investigar las sistemáticas irregularidades existentes en materia de gestión de aguas en nuestro país, de forma que la justicia pueda aplicarse de forma eficaz y rigurosa, acabando con las situaciones de desgobierno existentes en materia de explotación de aguas subterráneas, control del dominio público y gestión de vertidos.
Las meras irregularidades administrativas o la corrupción delictiva que se denuncian en el libro son la consecuencia de:
* Un marco legal que favorece la infiltración de los intereses privados en un sector público tan relevante, propiciado por un tolerante régimen de incompatibilidades.
* Un proceso de decisiones públicas en que el servicio al interés general ha encubierto demasiadas veces otros intereses favorables a las grandes empresas de la construcción o hidroeléctricas.
Además, el análisis exhaustivo de los supuestos expresivos de corrupción revela que en los procedimientos administrativos en el marco se han tomado aquellas decisiones, en los que deberían estar garantizadas la transparencia y la participación de los ciudadanos, hay un exceso de opacidad y desinformación pese a estar en juego intereses, muchas veces vitales, de grandes grupos humanos y sociales.
(Lo copio al pie de la letra... espero que la editorial nos lo permita...)
* Este informe de Aguas Limpias, Manos limpias habla claramente de "ilegalidad estructural" y la analiza caso por caso hasta encontrar algunos donde se alcanzan límites de profunda quiebra de la legalidad aplicable.
La ley 30/92 (reformada por la ley 4/99) establece taxativamente que las administraciones públicas actuarán con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho, deberán respetar los principios de buena fe y confianza legítima y lo harán con criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.
La gestión en materia de aguas se ha separado de forma excesiva de esos principios. Por otra parte, el informe pone de manifiesto el constante incumplimiento del deber de la Administración de garantizar los derechos de los ciudadanos asegurándoles el debido conocimiento de los procedimientos en trámite y el derecho a la formulación de alegaciones, como también se ha dificultado que pueda accederse libre y legítimamente a los archivos y registros que permiten el ejercicio de aquellos derechos.
A tal fin, son esclarecedores los términos del Convenio del Consejo de Europa contra la Corrupción, finalmente suscrito por el actual Gobierno de España: "La corrupción constituye una amenaza para la preeminencia del derecho, de la democracia y de los derechos humanos, socava los principios de la buena administración, de seguridad, de justicia social, falsea la competencia, impide el desarrollo económico y pone en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad".
Igualmente, debe saberse que cualquier forma de corrupción, máxime la delictiva, expresa una crisis de Estado democrático por cuanto acredita que sus servidores, en palabras del profesor Calsamiglia, no obran con "lealtad" al interés público, apartándose flagrantemente de sus deberes constitucionales.
El Fiscal general del Estado, en 1995, lo resumía claramente: "Acciones u omisiones, dolosas o culposas que ... se realizan por autoridad o funcionario prevaliéndose de su cargo, ya sea por miras a un injusto enriquecimiento o a la obtención de cualquier otro fin, siempre que, por su trascendencia, incidan directa o gravemente en el buen orden y gobierno de la colectividad".
Después de una intensa labor de documentación y recogida de información, el trabajo evidenció asimismo que la política hidráulica ha sido con frecuencia independiente del partido político que ha gobernado en un determinado momento, existiendo razones subyacentes que han hecho que un proyecto, aunque con numerosas irregularidades, se gestione durante años y años, tanto bajo gobiernos del PP como bajo gobiernos del PSOE.
Las consecuencias de los problemas de la gestión hidráulica en España, no afectan solo a la gestión del agua y al medio ambiente sino que, como toda corrupción, afectan también a la solidez del Estado de Derecho, a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y a la propia salud de los procesos democráticos.
En el libro, Eduardo Salazar se centra específicamente en las responsabilidad penal de los funcionarios en materia de medio ambiente y en el delito de prevaricación en relación con la protección ambiental del agua, analizando el tratamiento que suele darse a la prevaricación por omisión, de especial importancia en las responsabilidades públicas ambientales, y señalando las dificultades prácticas del acceso a la justicia y de la persecución penal en materia de aguas.
Luís Oviedo describe las numerosas deficiencias que suelen caracterizar los estudios de impacto ambiental de las obras hidráulicas y el procedimiento de evaluación general, hasta convertirlos con mucha frecuencia en un mero trámite.
Entre los numerosos aspectos que aparecen en los casos descritos en este libro, cabe destacar los relativos a las irregularidades en la tramitación y adjudicación de obras hidráulicas, la existencia de claras relaciones entre determinadas personas de la administración y los intereses directos de diversas empresas, especialmente constructoras e hidroeléctricas, las irregularidades en la tramitación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y diversos informes técnicos, el incumplimiento de las normativas de seguridad y mantenimiento de presas, la pasividad de los órganos competentes frente a vertidos contaminantes que vulneran la legislación en dicha materia, la tolerancia frente a la construcción en zonas inundables, la apropiación abusiva de tramos de río para usos hidroeléctricos con el consentimiento de la Administración, la pasividad frente a las captaciones ilegales de aguas subterráneas, la aplicación ilegal del procedimiento de urgencia a los trámites de expropiación forzosa, y la ocultación de datos y proyectos en los trámites de exposición pública.
La situación mostrada demanda una reflexión seria y profunda acerca de cómo se han tomado las decisiones sobre la gestión del agua en España y cuales han sido y son los beneficiarios reales de tales decisiones.
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>> Autor: silvia3942 (17/12/2007)
>> Fuente: La Fundación de la Nueva Cultura del Agua. Zaragoza.
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