Situación Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Segura

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** Los problemas para conseguir datos para elaborar todos estos informes y saber la realidad de la situación. (Greenpeace...)
A pesar de la falta de transparencia en lo que respecta a la calidad de las masas de agua, los datos sobre el estado químico y la calidad de las aguas los hemos obtenido, principalmente, de fuentes oficiales (Ministerio de Medio Ambiente, CCHH, Comunidades Autónomas). Pero la disparidad de cifras y la escasa coordinación entre las diferentes Administraciones implicadas hace que, además de dispersos e incompletos, en ocasiones, los datos sean contradictorios. No existe un patrón uniforme a la hora de presentar, por ejemplo, rangos de calidad. Hay confederaciones que utilizan parámetros propios, lo que hace que sean difícilmente equiparables o comparables con los de otras cuencas. Algo similar ha sucedido con el denominado IMPRESS(6), el documento que cada cuenca ha tenido que presentar este año en Bruselas en cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la DMA. El contenido y calidad de estos informes es muy irregular. En algunos casos se han efectuado buenos trabajos (Cuencas Internas del País Vasco o Cuencas Internas Catalanas). En otras cuencas, han
sido mediocres (Cuenca Hidrográfica del Guadiana). Y en otros casos, pésimos (Cuencas Internas Gallegas). Obtener datos recientes ha sido complicado. Por ejemplo, el listado de núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes que no depuran sus aguas residuales. Hemos solicitado este documento al Ministerio de Medio Ambiente en reiteradas
ocasiones. El Ministerio nos comunicó que existía una versión actualizada de diciembre de 2004. Desgraciadamente, a la hora de cerrar el presente informe, Greenpeace seguía sin recibir esta información. Por ello, hemos tenido que utilizar el documento elaborado por la Comisión Europea sobre depuración de aguas en Europa que recoge datos correspondientes al año 2001(7).
Nombre: Greepeace España (18/06/2006)

* Castilla-La Mancha critica la "irresponsabilidad" de Murcia y Valencia en materia de agua.
Para Castilla-La Mancha, "la solución es la desalación de agua del mar"
EFE/TOLEDO
La consejera de Obras Públicas, Encina Alvarez, reiteró hoy la "irresponsabilidad" en que, a juicio del Gobierno de Castilla-La Mancha, han recaído los de Valencia y Murcia "al poner los ojos donde no hay agua, La Mancha, la seca", lo que les llevará a "restricciones mayores de las que hubieran sido necesarias" con "medidas adecuadas de manera anticipada". Durante una visita a las obras de la nueva variante de Polán (Toledo), Alvarez dijo a los periodistas que la "actitud de irresponsabilidad y de no ser solidarios" ante "la situación que atraviesan tanto la cuenca del Júcar, como la cuenca del Segura" va a llevar a que "seguramente, sufran restricciones mayores" por no haber "adoptado medidas". "Donde no hay agua es en La Mancha, que como saben significa la seca", enfatizó Alvarez. En opinión de la titular de Obras Públicas, "hoy se demuestra más que nunca que el trasvase Tajo-Segura es un sistema agotado, un sistema en crisis que no permite resolver los problemas de abastecimiento o de necesidades hídricas que tiene el Levante". Para Alvarez, "la solución es la desalación de agua del mar para garantizar de manera estructural y definitiva la disponibilidad de agua en el Levante". "Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón", indicó Alvarez respecto al nivel de los embalses de la cabecera del Tajo (que se encuentran sólo catorce hectómetros cúbicos por encima del límite legal que prohíbe trasvases fuera de la cuenca del Tajo), aunque afirmó: "hubiéramos querido no tener razón en Castilla-La Mancha". La consejera recordó que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dio "razones, datos y fundamentos que hoy se han confirmado con el nivel crítico en que se encuentran las reservas". En este sentido, señaló que "los responsables políticos del Júcar debían atender prioritariamente a un objetivo que era el de garantizar el uso prioritario, que es el abastecimiento" pero que frente a ese llamamiento a la responsabilidad que hizo el Gobierno de Castilla-La Mancha, el Gobierno de Murcia incurrió repetidamente en irresponsabilidad al reclamar agua para usos no prioritarios como el riego". "Además -dijo Alvarez-, no concienciando a su ciudadanía de la situación en la que se encontraba la cabecera del Tajo de la cual dependen dos millones de habitantes para garantizar su abastecimiento", que "era crítica", por tanto "debían empezar a hacer restricciones en usos no prioritarios den...
Nombre: Suni Fernández (14/08/2006)

Publicado en el EL PAÍS 23-09-06. Desde Toledo. Efe.
"Castilla-La Mancha quiere poner fecha al fin del trasvase Tajo-Segura en su nuevo Estatuto"
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que su nuevo Estatuto de Autonomía recoja, en una disposición adicional, una "fecha concreta" del fin del trasvase Tajo-Segura, una propuesta que trasladará al Partido Popular. Así lo manifestó ayer en Toledo el vicepresidente primero del Gobierno regional, el socialista Fernando Lamata. "Vamos a proponer al PP que figure esta redacción de que se ponga fin y fecha concreta de caducidad al trasvase Tajo-Segura", aseguró Lamata, quien dijo también que le gustaría escuchar del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, que participará este fin de semana en Toledo en el Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, un compromiso en este sentido. "Querría oír del señor Rajoy estas palabras: me sumo a Castilla-La Mancha en su defensa del agua y me sumo a su petición de que el trasvase Tajo-Segura se cierre definitivamente", afirmó Lamata. Los socialistas pondrán "fecha de caducidad" al trasvase Tajo-Segura, del que beben agricultores y municipios de Murcia y Alicante. "Estamos defendiendo un Estatuto en el que se habla, por una lado, de la capacidad de gestionar el agua y las competencias en materia de distribución del agua con el Gobierno de España, y en ese sentido se parece al Estatuto catalán, que también habla de cogestión". Castilla-La Mancha quiere tener la capacidad de "codecidir" en los asuntos del agua, para lo que pretende el respaldo del PP. El trasvase Tajo-Segura, sin embargo, ha enfrentado a socialistas y populares de Castilla-La Mancha con sus respectivos compañeros de partido en Murcia y la Comunidad Valenciana. Lamata recordó que Rajoy encabezó una manifestación en Murcia contra las restricciones impuestas al trasvase por parte del Gobierno socialista tras las protestas de Castilla-La Mancha ante la escasez de agua. El vicepresidente primero del gobierno manchego rechazó que el PP "maree con eso del trasvase del Ebro" como solución a los problemas del agua en la costa mediterránea, ya que a su juicio, esa argumentación ocultaría su negativa a exigir el fin del trasvase Tajo-Segura. Lamata enfatizó que necesitan el agua del Tajo aunque las lluvias puedan poner fin a la sequía que ahora afecta al río y que no permite nuevos trasvases a Murcia y Alicante.
Nombre: Xúquer Víu (26/09/2006)

* La Confederación del Segura abre 125 expedientes por construir pozos ilegales. En el último año se abrieron 646 expedientes con sanciones por valor de 338.349 euros. EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 13/10/2006 La Confederación Hidrográfica del Segura abrió durante el último año hidrológico un total de 646 expedientes sancionadores por infracciones cometidas en la cuenca. De estos un total de 125 se refieren a la construcción y explotación de pozos ilegales. El importe de las sanciones impuestas asciende a 338.349 euros, y un total de 26 expedientes, debido a su gravedad y según la tipificación que establece el Código Penal, han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para que abra las diligencias oportunas. La Confederación traslada a la Fiscalía del TSJ de Murcia 26 de estos expedientes. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), José Salvador Fuentes Zurita, informó ayer que durante el año hidrológico 2005-2006 (que arrancó el 1 de octubre de 2005 y concluyó el pasado 30 de septiembre de 2006) han abierto un total de 646 expedientes sancionadores relacionados con diversas infracciones que afectan al cauce del río. De los 646 expedientes se han resuelto 404, y quedan pendientes de resolver 242, aunque ninguno de ellos corresponde al año 2005, según apuntaron en una nota fuentes de la Confederación. "Es decir, que sólo están en trámite los más recientes, habiendo desaparecido de la actividad sancionadora de la Confederación el riesgo de caducidad", destacaron. El importe de las sanciones impuestas asciende a 338.349,58 euros y 26 de los citados expedientes han sido remitidos a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en virtud de su gravedad, según la tipificación establecida por el Código Penal. Por categorías, la Confederación del Segura abrió durante el año hidrológico expedientes por construcción y explotación de 125 pozos, siendo uno de los capítulos más importantes. Precisamente la Comisión Pro-Río de Orihuela y otras organizaciones conservacionistas han denunciado en reiteradas ocasiones la explotación ilegal de pozos en esta cuenca por parte de agricultores o promotores que "roban" agua de esta cuenca. El resumen de las actuaciones sancionadoras de la Confederación se produce tras la carta que Pro-Río remitió este verano al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. En esta el colectivo pedía al fiscal que reaccionara ante la intensificación del "robo del agua" en la cuenta del Segura y denunciaban también "falta de actuaciones" de la Confederación en este sentido. El resto de expedientes sancionadores abiertos en este último año se desglosan de la siguiente manera: 70 por riego, 132 por vertido, 35 depósitos, 173 por obras y ocupación de cauces y 111 por otros motivos.En este último capítulo se incluyen acciones como el incumplimiento de una resolución, desobediencia a requerimientos, incumplimiento de condiciones, extracción de áridos, derivación de aguas, incumplimiento del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, modificación de características, vertedero ilegal, almacenamiento de aguas residuales, y modificación de la fase atmosférica. La Comisaría de Aguas, según destacó ayer la Confederación, ha resuelto los 191 expedientes abiertos entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2005, imponiendo sanciones por importe de 193.058,93 euros. De esos expedientes, 45 corresponden a construcciones y explotaciones de pozos; 15 a riego; 37 a vertidos; 23 a depósitos; 43 a obras y ocupación de cauces y 28 a otros motivos. Por su parte, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2006 se han abierto 455 expedientes, de los cuales faltan por resolver 242. El importe de las sanciones impuestas en este periodo se eleva a 145.290,65 euros. La distribución de estos expedientes es la siguiente: construcción y explotación de pozos (80); riego (55); vertido (95); depósitos (12); obras y ocupación de cauces (130); y otros (83).
Información extraída de:
www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Confederacion/Segura/abre/125/expedientes/construir/pozos/ilegales/elpepuespval/20061013elpval_3/Tes
Nombre: Ángel Álvarez (16/12/2006)

* El Consell validó 25 PAI en Alicante sin el informe sobre abastecimiento de agua. Los proyectos urbanísticos autorizados prevén 30.000 nuevas casas y 90.000 habitantes.
SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 05/11/2006
Ninguno de los 25 PAI (Programas de Actuación Integrada) aprobados por el Consell entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de octubre pasado en Alicante incluye el preceptivo informe del confederación hidrográfica competente -Júcar o Segura- sobre la disponibilidad de agua para cubrir el abastecimiento de la futura población. Los planes urbanísticos (en total, 30.000 nuevas casas y 90.000 habitantes) también carecen del obligatorio informe sobre la existencia de recursos hídricos de la dirección general de Recursos Hidráulicos de la Consejería de Infraestructuras. Los ayuntamientos aportan estudios con previsiones para los primeros 50 habitantes
La Ley de Aguas (artículo 25.4 reformado el 22 de junio de 2005) establece como obligatorio la emisión de un informe previo de la confederación hidrográfica en el caso de los planes urbanísticos que planteen nuevas demandas de agua. En el informe, el organismo de cuenca debe pronunciarse de manera "expresa" sobre la existencia o inexistencia de recursos hídricos suficientes. Con anterioridad a la reforma, la norma recogía la necesidad de que el organismo de cuenca informara sobre la compatibilidad de los planes urbanísticos con los planes hidrológicos de cuenca. Un estudio elaborado por el grupo Ecologistas en Acción del País Valenciano refleja que ninguno de los 25 planes urbanísticos autorizados en los dos últimos años en Alicante por la Consejería de Territorio y Vivienda (en el caso de los municipios de más 50.000 habitantes o la Comisión Territorial de Urbanismo, para las localidades con una población inferior) incluye el preceptivo informe especifico del organismo de cuenca correspondiente sobre la disponibilidad de agua para garantizar el abastecimiento de la futura población. Sólo uno de los PAI, el de la Serreta, en plena huerta del término municipal de La Nucia, cuenta con el mencionado dictamen preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero en este caso negativo. En la mayoría de planes ya aprobados definitivamente, la ausencia de los informes del organismo de cuenca se sustituyen o contraponen por otros de empresas colaboradoras (Mancomunidad de Canales del Taibilla y Consorcio de Aguas de La Marina Baixa), o simplemente mediante la aprobación por parte de los plenos de los ayuntamientos de un "informe de disponibilidad de recursos hídricos", elaborados al margen de los organismos competentes. El caso del PAI de la Serreta es un ejemplo palmario de esta situación. El plan, que prevé 3.834 nuevas casas, fue aprobado definitivamente el pasado 6 de mayo, pese a que el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar recogía que no estaba justificada la procedencia de los recursos hídricos necesarios para el abastecimiento de la población y el riego del campo del golf. El informe también constataba que no estaba acreditada la capacidad para la depuración de las aguas residuales generadas. Sin embargo, el Consorcio de Aguas de La Marina Baixa, en contra de la opinión de la Confederación, informó favorablemente el proyecto en cuanto al suministro de agua y capacidad de depuración. Este programa también es objeto de un expediente por parte de la Confederación por una supuesta invasión de suelo de dominio hidráulico. En cuanto a los informes de empresas colaboradas, alternativos a los del organismo de cuenca, elaborados en la mayoría de los casos por la Mancomunidad de Canales del Taibilla, los ecologistas subrayan que sólo garantizan el suministro a los primeros 50 habitantes. Un ejemplo de esta fórmula alternativa, es el Plan Parcial Sector Norte de Torrevieja, con 3.149 viviendas, cuyo apartado relativo a los recursos hídricos dice textualmente: "De la Mancomunidad de Canales del Taibilla, informe de fecha 15 de julio de 2002 en el que se refleja el déficit de recursos hidráulicos asignados al organismo para el cumplimiento de sus fines, e indicando que la actuación en el sector se limitará al establecimiento de una dotación inicial correspondiente a 50 habitantes, pudiendo aumentarse escalonadamente en el futuro de acuerdo con las necesidades reales existentes y los recursos de agua disponibles según los planes establecidos por el organismo". "¿Qué pasará con los restantes habitantes residentes de ese sector, casi 10.00, tendrán garantizada el agua o dependerá de que los recursos globales aumenten en el futuro, cuando se construya una nueva desaladora o se apruebe un determinado trasvase?", se pregunta Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante. El grupo conservacionista destaca, por otra parte, que la legislación autonómica establece como obligatoria la emisión de un informe de la dirección general de Recursos Hidráulicos para garantizar la existencia de recursos hídricos y la capacidad de depuración de las aguas residuales generadas en las futuras urbanizaciones. Sin embargo, en sólo uno de los 25 PAI aprobados por el Consell en los dos últimos años en Alicante hay un informe genérico de ese departamento dependiente de la consejería que dirige José Ramón García Antón, valido por el extremo de la depuración. Pero en ninguno hay informe de esa Dirección General sobre la disponibilidad de agua. Entre esos planes urbanísticos hay algunos de gran relevancia como el PAU-21 de Orihuela -con 2.286 viviendas y 6.858 habitantes-, el RS-11 del Río Algar en Altea -5.755 viviendas y 17.000 habitantes- y el Plan Parcial Sector La Asomada (Norte y Sur) -2.250 viviendas y 7.268 habitantes- con una afección crítica a suelos con importantes valores ambientales. El colectivo Ecologistas en Acción asegura que la ausencia de esos informes constata la "desobediencia" de la Administración autonómica a la Ley de Aguas. "Estos informes de los organismos de cuenca son ignorados o se sustituyen por otros informes favorables de entidad colaboradora autorizada, tal como contempla la nueva redacción de la Ley de Ordenación del Territorio, dada por la Ley Urbanística Valenciana de 31 de diciembre de 2005", afirma Arribas. El ecologista confía en que el informe de la Administración Hidráulica previsto en el artículo 25 del Proyecto de Ley de Suelo para constatar la existencia de recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas "corra mejor suerte que el hasta ahora exigido por la Ley de Aguas", precisa.
Info extraída de:
www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Consell/valido/25/PAI/Alicante/informe/abastecimiento/agua/elpepuespval/20061105elpval_2/Tes
Nombre: Ángel Alvarez (16/12/2006)

7 de mayo de 2007.
* Reunión de la Vicepresidenta del Gobierno con el comité de crisis de la Cuenca del Segura.
El Gobierno trabaja para acabar con la hipoteca que supone para la Cuenca del Segura derivar para abastecimiento aguas destinadas a regadío.
Las inversiones del MAPA en modernización de regadíos alcanzan los 158,7 millones de euros, frente a los 65,55 programados, con un grado de cumplimiento del 242,24%
Por su parte el Ministerio de Medio Ambiente ha triplicado sus inversiones en los últimos tres años.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acompañada por las ministras de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, y de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se ha reunido este lunes con el comité de crisis de la Cuenca del Segura. En la reunión se ha reafirmado el compromiso del Gobierno con los regantes de esta cuenca, expresado en numerosas actuaciones que se vienen llevando a cabo durante esta legislatura.
PROGRAMA AGUA
A través del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha en esta legislatura numerosas actuaciones para incrementar los recursos hídricos, mejorar el saneamiento y depuración de las aguas residuales y potenciar la protección y regeneración ambiental del dominio público hidráulico y de sus ecosistemas asociados. En la Región de Murcia, la inversión efectivamente ejecutada en política del agua durante el periodo 2000-2003 alcanzó los 200 millones de euros, con una inversión media anual de 50 millones de euros. Desde el inicio de la actual legislatura se han ejecutado alrededor de 315 millones de euros, con una inversión media anual de unos 105 millones de euros, es decir, se ha triplicado el esfuerzo inversor del Ministerio de Medio Ambiente durante los últimos tres años.
El Ministerio de Medio Ambiente ha invertido desde que comenzó el periodo de sequía, para paliar sus efectos, 640 millones de euros en actuaciones de urgencia y emergencia, de los cuales el 39,6% ha sido destinado a la Cuenca del Segura. La Cuenca del Segura es, asimismo, la principal beneficiaria del decreto-ley que permite utilizar en dicha cuenca derechos de agua, tanto para regadío como para abastecimiento, correspondientes a usuarios de la cuenca del Tajo que están dispuestos a ceder sus derechos a cambio de una compensación económica fijada, de forma equitativa y transparente, por el Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, es el actual Gobierno el que ha abierto la posibilidad legal de adquirir derechos de agua en otras cuencas para ampliar los recursos disponibles de los regantes del acueducto Tajo-Segura y es el primero que ha establecido el reconocimiento, con rango de ley, de los derechos de los usuarios del acueducto en la cuenca del Segura. El Gobierno está trabajando para acabar con la hipoteca que ha supuesto para la cuenca del Segura tener que derivar para abastecimiento aguas destinadas a regadío (la denominada “deuda histórica” establecida durante la etapa del Gobierno del PP). En este sentido, hay que destacar que ha permitido que la cuenca del Segura, en un esfuerzo solidario sin precedentes, esté suministrando a los regantes del acueducto recursos a través de pozos de sequía.
GRAN IMPULSO A LA DESALINIZACIÓN
Por este mismo motivo, la importancia de la desalinización en la Cuenca del Segura es doble: abastecimiento y además liberar agua empleada en los últimos años para abastecimiento a la agricultura. Durante la actual legislatura, el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha en la Cuenca del Segura las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar , la ampliación de Alicante I y San Pedro del Pinatar II. Esta última resulta fundamental para incrementar los recursos de los municipios de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, organismo autónomo que abastece de agua potable a 79 Ayuntamientos, de los que 43 pertenecen a Murcia, 34 a la provincia de Alicante y 2 a la provincia de Albacete, con un población total de 2,5 millones de habitantes, que en época estival supera los 3 millones. Asimismo, las desalinizadoras de Águilas, Bajo Almanzora y Torrevieja vendrán, en diferente medida, a aliviar la situación de los regantes del trasvase Tajo-Segura y evitarán la sobreexplotación de los acuíferos. Además, éste es el primer Gobierno que, en situación de sequía, ha extendido la aplicación de exenciones a los regantes del acueducto, así como beneficios en la aplicación de tarifas eléctricas. Por primera vez desde la puesta en servicio del acueducto, los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura han recibido ayuda directa, por razón de una sequía, a través de la exención del pago de tarifas, significando una subvención del orden de los 14,7 millones de euros en 2005 y 4,7 en 2006. También, por primera vez, se ha otorgado al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura y, por extensión, al Comité de Crisis para la Sequía de la Cuenca del Segura, interlocución directa con el Gobierno de España no sólo a nivel de Ministros sino de Vicepresidenta Primera. De hecho, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero es el que más contactos ha mantenido con el sindicato en toda su historia. En materia de modernización de regadíos, el Ministerio de Medio Ambiente ha acometido, incluso por la vía de emergencia, actuaciones que son imprescindibles para atajar el deterioro de las infraestructuras y equipamientos del post trasvase e incrementar su rendimiento disminuyendo las pérdidas y mejorando la gestión. Respecto a la modernización de los regadíos vinculados al trasvase, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente no había obras en ejecución en el mes de abril de 2004. El actual Gobierno desbloqueó por la vía ordinaria las obras de modernización de los regadíos de Alhama de Murcia, con una inversión próxima a los 17 millones de euros, y por la vía de emergencia los de Lorca (sector Marchena), con una inversión de alrededor de 21 millones de euros, que va a tener su continuación con la inmediata adjudicación de las obras correspondientes a la zona de Cazalla y Tamarchete con un presupuesto de 25 millones de euros. Otras actuaciones de modernización de regadíos emprendidas desde el Ministerio de Medio Ambiente son las relativas a la modernización de los regadíos de Librilla, en el Valle del Guadalentín y las correspondientes al suministro de agua del trasvase Tajo-Segura al regadío de Pliego, obra con la que se podrá dar por concluido el post trasvase, pues se trata de la única actuación pendiente. También ha sido en esta legislatura cuando el Ministerio de Medio Ambiente ha presentado los Planes Especiales de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía para minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía en todas las cuencas hidrográficas.
INVERSIONES DEL MAPA EN MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha superado ampliamente sus compromisos de inversión en la Región de Murcia, donde entre el Plan Nacional de Regadíos y el Plan de Choque han alcanzado ya una ejecución de 158,79 millones de euros, frente a los 65,55 millones programados en el Real Decreto 329/2002. Con ello, el grado de cumplimiento de las obras de regadío del MAPA alcanza el 242,24%. Las actuaciones del Ministerio de Agricultura se han desarrollado sobre una superficie de 100.118 Hectáreas, frente a las 34.936 Hectáreas programadas. En ellas se incluyen obras tan importantes como las llevadas a cabo en Cartagena (Cota 120), con 15,9 millones de euros, Lorca (Fase2) con 20 millones y Blanca, con otros 30 millones de euros. Además de las obras incluidas en el Plan Nacional de Regadíos, el Plan de Choque 2006/2007, aprobado el pasado año, supone para Murcia la inversión de 48 millones de euros para la modernización de regadíos, con mejoras que beneficiarán a más de 9.000 agricultores en unas 20.000 Hectáreas de cultivo. Junto a las obras finalizadas o ya en marcha, están redactados ya los proyectos de modernización de la C.R. Puerto Lumbreras, C.R. La Marina, C.R. Miraflores de Jumilla y C.R. de Alhama de Murcia, entre otras.
Nombre: Cesáreo Martín (08/05/2007)

* La Confederación Hidrográfica del Segura se salva de otra denuncia, con argumentos sui generis.
* La Audiencia de Alicante absuelve a los acusados por contaminar el río Segura.
Estaban procesados 11 empresarios y tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Quedan libres de culpa por no haber quedado probado el volumen de los vertidos.
La Audiencia de Alicante ha absuelto a los procesados (11 empresarios y tres ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura) por los vertidos tóxicos al cauce del río Segura entre los años 1999 y 2002. El tribunal, la sección 7ª de la Audiencia, con sede en Elche, justifica su decisión al no haber quedado probado ni el volumen de los vertidos ni el grado de contaminación que provocaron.
Siete de los 11 industriales estaban acusados por el fiscal, que solicitaba penas de cárcel de entre 2 y 4 años. Los otros cuatros empresarios y los tres ex cargos de la CHS (los ex presidentes Juan Cánovas y Antonio Nieto, y el ex comisario de Aguas, José Alemán) estaban encausados a petición de la acusación popular, ejercida por los grupos Ecologistas en Acción del País Valenciano y Amigos de los Humedades del Sur de Alicante. Para los empresarios, los grupos ecologistas solicitaban penas de cárcel de entre seis meses y año y para los funcionarios seis años de prisión.
"Colector de aguas residuales"
En la sentencia, el tribunal constata que "a finales de los años noventa, el río Segura a su paso por la provincia de Alicante presentaba un grave estado de contaminación" derivada fundamentalmente de la depuradora de la ciudad de Murcia. "El río Segura, se había convertido en esos años en un colector de aguas residuales por los vertidos procedentes de los ayuntamientos y diversas empresas", dice la sentencia. El dato de la masiva contaminación del río fue esgrimido en su defensa por uno de los empresarios procesados en su declaración durante la vista oral, celebrada el pasado mes de octubre. "Allí [al cauce del río Segura] vertía todo el mundo", declaró ante el tribunal el industrial Ramón Pajares Manresa. En la sentencia, en cuanto a la acusación de los tres cargos públicos, se señala que cumplieron con su función de inspeccionar a las empresas, "aunque no tenían competencias para prohibir los vertidos". En este sentido, "llama la atención al tribunal la imputación realizada, al dirigir la acusación primeramente contra los funcionarios de la CHS en lugar de hacerlo contra los responsables municipales o autonómicos que no se ajustaban a los límites legales", agrega la sentencia. Asimismo, se destaca la falta de rigurosidad de las pruebas tomadas para hacer los análisis de los vertidos realizados por las empresas.
* Metales pesados.
El ministerio público, representado por el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Carranza, imputaba a los siete empresarios diversos delitos relativos a la Ley de Aguas, la Ley de Saneamiento de Aguas Residuales y diversas ordenanzas municipales de los consistorios en los que desempeñan su actividad. En su informe final, el fiscal recogió que de acuerdo a diversos análisis realizados a lo largo de la cuenca del río Segura en mayo de 2001, se constató "la elevada concentración de materia orgánica en descomposición, presencia de metales pesados como cobre, zinc y cadmio y una alta concentración de aceites y grasas vegetales".
Publicado en: www.elpais.com/articulo/sociedad/Audiencia/Alicante/absuelve/acusados/contaminar/rio/Segura/elpepusoc/20071214elpepusoc_4/Tes
Nombre: Xaro (05/03/2008)

* Gracias por solucionarme mi duda. ¿podríais decirme donde puedo buscar información sobre delitos ambientales en otras comunidades?. Necesito saber sobre una denuncia que se hizo Sobre de vertidos al río Segura en el Juzgado núm. 6 de Orihuela.
Un saludo y muchas gracias. Marifé L. Y.
Nombre: Marifé L. Y. (24/02/2010)

* ESTO YA ES MÁS COMPLICADO PORQUE HABRÍA QUE SABER SI LAS COMPETENCIAS DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA FUERON TRANSFERIDAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS O NO. En cualquier caso los vertidos a las aguas son un delito ambiental recogido en el Código Penal. Si como dice la denuncia está en un juzgado de Orihuela es que el asunto ha ido por la vía penal. No se exactamente que quiere saber si, como dice, la denuncia ya fue interpuesta.
Nombre: Purificación González (24/02/2010)

* El asunto de los vertidos del río Segura quedó muy mal. La Audiencia Provincial de Alicante absolvió a los altos cargos y luego el Supremo ratificó dicha absolución y condenó a pagar las costas a la organización ecologista que hizo la denuncia.
Os adjunto un resumen de lo que pasó y las sentencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo.
* La Sentencia de la Audiencia está en:
www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=27144&links=r%EDo%20AND%20segura&optimize=20080911
* La Sentencia del Tribunal Supremo está en:
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_SENTENCIA-SUPREMO-CONTAMINACION-SEGURA.pdf
Nombre: Mariano Tomás (24/02/2010)

INFORMACIÓN 28-5-2002
Una juez imputa a los tres últimos presidentes de la CHS por la contaminación del río.
El juzgado cita a Parrilla, Nieto y Cánovas y a tres comisarios de Aguas en la investigación que sigue por un presunto delito ecológico.
Imputan a los seis altos cargos de la CHS por omitir la vigilancia de los vertidos al río.
La magistrada les acusa de un presunto delito continuado contra el medio ambiente. El auto reitera que peligra la salud de las personas por la contaminación del Segura.
Por PABLO RIQUELME.
La juez titular del Juzgado número 6 de Orihuela, tribunal que mantiene abiertas diligencias sobre las causas y responsabilidades de la contaminación que sufre el río Segura, ha citado a declarar como imputados por un presunto delito continuado contra el medio ambiente a título de comisión por omisión, al actual presidente de Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Juan Cánovas, y a sus dos predecesores en el cargo, Antonio Nieto y Juan José Parrilla, así como al actual comisario de Aguas de CHS, José Alemán, y sus dos predecesores en el cargo, Luis Pérez y Francisco Cabezas.
El portavoz de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, colectivo que dio a conocer el auto, expresó su satisfacción por el nuevo paso para determinar las responsabilidades en la degradación del Segura que este colectivo viene denunciando. Según recogen las diligencias previas 1187/00 del Juzgado en las que se enmarcan las imputaciones a los responsables de la CHS, en él se hace constar que «se han practicado todas las diligencias necesarias para poder atribuir responsabilidad penal a los agentes causantes, por acción u omisión, de la contaminación del río Segura». En este marco señala más adelante la resolución que «se infiere la responsabilidad de la CHS, bien a título de comisión por omisión bien a título de autoría directa derivada de ciertas resoluciones o decisiones por parte de cargos concretos de la misma».
En esta nueva diligencia la magistrada concluye que «la CHS ha omitido sus deberes legales en orden a salvaguardar la calidad de las Aguas del río Segura, aguas que riegan los cultivos, y que conforme a los muchos informes periciales obrantes en la causa son perjudiciales para el medio ambiente, plantas y salud de las personas, omitiendo todo control y vigilancia sobre los vertidos incontrolados... y ese mismo control sobre los vertidos autorizados». La juez también reseña las obligaciones legales del comisario de Aguas (propuesta de otorgamiento de concesiones y autorizaciones y aplicación del reglamento de policía de aguas, entre otras) y los imputa «por omisión de la conducta legal en relación al control de vertidos y actuaciones subsiguientes para el control de la calidad de las aguas, así como omisión del control de las autorizaciones provisionales». La magistrada, en relación de los expedientes con autorizaciones provisionales hace referencia a las ciudades o mancomunidades de Almoradí, Benferri, Benijófar, Callosa, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera, Granja, Guardamar, Jacarilla, Benejúzar, Mancomunidades Margen derecha e izquierda, Orihuela, Orihuela Casco, Rafal, Rojales, San Fulgencio, San Isidro y San Felipe Neri. Por último, desde Pro Rio se hace hincapié en que la juez ha citado como imputadas a cinco empresas por sus vertidos al río.
REACCIONES.
Satisfacción en la oposición municipal.
Los grupos municipales de oposición del Ayuntamiento de Orihuela recibieron con satisfacción las imputaciones judiciales a altos cargos de la CHS. Así, el portavoz del PSOE, Isaías Marco, resaltó que esa determinación significa que «todo el trabajo que está haciendo Pro-Río por fin está dando frutos, y que evidentemente contaminación hay y se intenta determinar las responsabilidades que haya, sean las que sean». En su opinión «está claro que el PP desde hace mucho tiempo expande una cortina de humo para intentar que las responsabilidades de los organismos públicos, en este caso el organismo de cuenca, se diluyan, e incluso de las responsabilidades de los propios ciudadanos que contaminan». El portavoz municipal de Centro Liberal, Jesús Ferrández, expresó su «satisfacción de que alguien se tome en serio las cuestiones del río por una vez y que se aclaren y solucionen los grandes problemas que tiene el Segura, y si por negligencia de los tres presidentes que llaman o de la CHS en general, los ciudadanos estamos soportando algo que no debiéramos, pues el que la haya hecho que la pague».

* Crucemos los dedos.
Por JESÚS ALONSO.
La imputación judicial del actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, de sus dos antecesores en el cargo y de sus respectivos comisarios de Aguas en la causa abierta por la contaminación del río es, cuando menos, lógica. Según la resolución en la que la titular del juzgado número 6 de Orihuela les cita a declarar estamos ante un posible delito contra el medio ambiente por omisión. Es decir, que el organismo encargado de velar por la calidad de los caudales y de hacer cumplir la legislación en esta materia habría hecho dejación las funciones que tiene encomendadas al tolerar los vertidos. Y no sólo en el momento actual. La extensión en el tiempo de las imputaciones pone sobre la mesa la responsabilidad de las administraciones públicas independientemente de su color político. En este sentido, el papel de la CHS habría quedado reducido a anunciar sanciones, a anunciar el endurecimiento de las sanciones y a hacer balance de las sanciones impuestas a lo largo del año, siempre después de que las denuncias de los afectados o los puntuales episodios que agravaban la contaminación obligaban a la entidad a dar la cara.
Pero es que, además, la juez pone el dedo en la llaga de una de las controversias más virulentas que la situación del Segura ha generado. En base a informes periciales incorporados al sumario afirma que las aguas son «perjudiciales para el medio ambiente, plantas y salud de las personas». Justo lo contrario de lo que vienen defendiendo tanto la Conselleria de Sanidad a través de presuntos estudios nunca dados a conocer en su integridad, como la Diputación de Alicante, institución cuya gestión en torno al río ha estado siempre marcada por un pintoresquismo en el que la peculiar personalidad de su presidente ha elevado a categoría la anécdota -burbujas oxigenantes, baño a lo Fraga-. Nada grave, no obstante, si al mismo tiempo no se hubiera escenificado una vergonzosa caza de brujas que ha supuesto una importante pérdida de tiempo.
Lo que procede ahora es cruzar los dedos para que la instructora pueda acabar su trabajo antes de que a alguien se le ocurra trasladarla de juzgado. Cosa que no hay que perder de vista.

* Sin depuradoras.
El auto se apoya en las autorizaciones para verter otorgadas por la confederación a veintitrés ayuntamientos y a tres empresas de la comarca. Los consistorios permitieron el vertido de las aguas fecales de las viviendas a la red de alcantarillado, que de ahí desembocaron en la red de acequias y en el cauce, sin previo tratamiento por no tener depuradora. Los municipios implicados son los de Almoradí, Benferri, Benijófar, Callosa, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera, Granja de Rocamora, Guardamar, Jacarilla, Benejúzar, Bigastro, Algorfa, Redován, Rafal, Albatera, Orihuela, Rojales, San Fulgencio y San Isidro.
* JUICIOS EN CURSO.
Juzgado de lo Penal 1: Acusados de un delito medioambiental un ingeniero de la confederación y la empresa que realizó los vertidos de lodos del río en tres sotos en 1998 (vista pendiente, aplazada el 13 de marzo al ser recusada la juez). Juzgado 6 de Orihuela: Imputación de delito medioambiental a doce empresas de la Vega Baja por vertidos a acequias y al cauce del río. Juzgado 4 de Murcia: Contra altos cargos de la CHS, entre ellos el ex presidente Nieto y el actual Cánovas, por no controlar los vertidos.
* Obligaciones presuntamente incumplidas.
La magistrada señala que las obligaciones presuntamente incumplidas por los altos cargos de la confederación, imputados por delito contra el medio ambiente (según la Ley de Aguas) son: La administración y el control del dominio público hidráulico, la inspección y vigilancia del cumplimiento de las condiciones de las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico, conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas, impedir la acumulación de compuestos tóxicos y peligrosos en el subsuelo capaces de contaminar las aguas subterráneas, y evitar cualquier otra acumulación que pueda ser causa de su degradación. Y del artículo 84 de la Ley 46/99: Prevenir el deterioro del estado ecológico, establecer programas de control de calidad, impedir la acumulación de compuestos tóxicos y peligrosos en el subsuelo, evitar cualquier otra acumulación que pueda degradar el dominio público hidráulico.

* Pro-Río augura que «gracias a la Justicia cesará la contaminación»
Muñoz Grau entiende que ahora «los políticos, que se juegan el cargo, eliminarán los vertidos»
«Ningún acto externo nos desmoralizará en la tarea de recuperar el Segura», afirma Cánovas.
Por P. J. BERNABEU en ORIHUELA.
«Comienza la cuenta atrás», dijo ayer eufórico el portavoz de la Comisión Pro-Río de Orihuela, José Antonio Muñoz Grau. Las plataformas que reivindican el saneamiento integral del Segura, desde el año 1998, consideran que la imputación a los tres últimos presidentes de la confederación y a sus comisarios de Aguas «es un aviso a navegantes» que propiciará «una rápida solución del cáncer de los vertidos». Según el oriolano, «los políticos, que se juegan el cargo, eliminarán los vertidos para no tener problemas en los juzgados». A pesar de las manifestaciones, de la insistencia de los ciudadanos en la calle, el tiempo demuestra que Pro-Río «acertó al adentrarse en el camino de la denuncia judicial. Gracias a la Justicia cesará la contaminación en el Segura», auguró. Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Juan Cánovas, con el debido respeto a su señoría, sí indicó: «Ningún acto externo nos desmoralizará en la tarea de recuperar el Segura».
Los técnicos de la confederación «siguen luchando por recuperar nuestro río» con más ahínco cada día, tal y como corroboró el ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, el pasado enero en su visita a la localidad de Catral. «Los expedientes abiertos el año pasado demuestran que se está trabajando con interés», apuntó Cánovas. Los alcaldes de la Vega Baja se quejan desde hace años, a través de La verdad, por las sanciones de la confederación por verter a acequias las aguas residuales de las viviendas. La mayoría de ayuntamientos no disponía de depuradoras hasta hace un par de años, cuando la competencia de construir las instalaciones y mantenerlas es del Consell.
Escandalosa sentencia sobre la contaminación del río Segura.
Domingo 16 de diciembre de 2007. Desde el País Valencià.
Ante la sentencia del caso seguido por la contaminación del río Segura en la Vega Baja, dictada por la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Séptima con sede en Elche), en la que todos los acusados han sido absueltos y los únicos condenados, mediante la imposición de costas por un valor que seguramente se acercará a los 12.000 euros, hemos sido los colectivos ecologistas, personados en la causa como acusación popular y que llevamos denunciando hace años la lamentable situación del río Segura, queremos denunciar públicamente que dicha sentencia nos parece un escándalo y una vergüenza, independientemente del respeto que nos merece la Administración de Justicia.
La imposición de costas se nos aplica por una supuesta temeridad en el caso de 4 de las empresas imputadas y en el caso de los tres altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) igualmente imputados, cuya acusación únicamente fue mantenida por nosotros una vez que desistieron Fiscalía y la Comisión Pro Río. No se nos aplica en el caso de las empresas imputadas tanto por nosotros como por la Fiscalía, cuando todas las empresas y los tres altos cargos de la CHS fueron inicialmente imputadas por la jueza instructora mediante un auto de fecha 6 de septiembre de 2002 por el que se acordó la incoación de procedimiento abreviado por un delito continuado contra el medio ambiente. Nosotros no nos hemos salido ni un milímetro del auto de la jueza instructora, por lo que no entendemos las acusaciones de la Sala de una supuesta temeridad por nuestra parte, que parece que hagan extensivas a la jueza instructora.
En el apartado sexto de los fundamentos de derecho se aborda el asunto de las costas, llamando extraordinariamente la atención la disparidad de criterios con los que la Sala aborda nuestra posición según hablemos de los acusados cuya acusación compartimos con Fiscalía o de los acusados cuya acusación mantuvimos en solitario. Así, respecto a los primeros la Sala entiende que “Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante que ejercitó la acción popular, ha realizado una importante labor social dirigida a mejorar el estado del río Segura, consiguiendo impulsar la acción de las administraciones públicas implicadas en la solución de tan grave problema medio ambiental y por extensión para la salud de las personas” . Sin embargo, respecto a los segundos, se afirma que “la acción popular puede ser y ha sido objeto de abuso y de diversos usos instrumentales, en el contexto de estrategias políticas y de otra índole”.
Rechazamos por completo las acusaciones de la Sala de manipulación política o de otra índole (no sabemos a lo que se refiere la Sala cuando dice “de otra índole”), una apreciación completamente fuera de lugar y no acreditada. Además respecto a los primeros la sentencia habla de la existencia de indicios iniciales que justificaban la apertura de juicio oral y respecto a los segundos se omite que también existían esos indicios como prueba el auto de la jueza instructora de septiembre de 2002. Parece que la Sala aplique un doble rasero al valorar de forma tan distinta nuestra actuación en uno y otro caso, cuando nuestra actuación ha sido lo más coherente y homogénea posible partiendo siempre del precedente acusatorio del auto de la jueza instructora.
Por otro lado, la sentencia reconoce que la imposición de costas a una acusación popular en principio debe descartarse, aplicándose únicamente de forma excepcional, mencionando la propia Sala abundante jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo. En cambio, a renglón seguido intentan justificar esa excepcionalidad en una supuesta temeridad por nuestra parte, no aportando en este caso ninguna jurisprudencia al respecto. Consideramos que en general la Sala al dictar sentencia no ha sido ecuánime y ha hecho completamente suyos los argumentos de las defensas, obviando por completo nuestros argumentos.
Mediante sentencias tan lamentables como la presente la independencia del sistema judicial queda en entredicho y se lanza un mensaje claramente intimidatorio a los colectivos de defensa del medio ambiente y claramente tranquilizador a los responsables de la contaminación del río Segura. Por ello avanzamos nuestra intención de presentar en los próximos días un recurso de casación ante el Tribunal Supremo a fin de evitar lo que consideramos un atropello a asociaciones que únicamente defendemos intereses públicos ligados a la conservación del medio ambiente.
Publicado por la Opinió.
Sentencia sobre el Segura: una lectura crítica.
Publicat el dissabte 16 de febrer de 2008.
Carlos Arribas y Sergio Arroyo. (Publicado en el diario Información del 15/01/2008).
No siempre la justicia responde a las demandas sociales, por ejemplo en la búsqueda de responsables de la contaminación de los ecosistemas, y cuando esa respuesta existe, por ejemplo en la corrupción urbanística (caso Malaya en Marbella o Guateque en Madrid) es tardía o incompleta. Sorprende a un observador imparcial la reciente sentencia de la Audiencia Provincial sobre la contaminación del río Segura, dado que se exculpa tanto a los responsables de la situación del río en los años en que se llevó a cabo la instrucción (1999-2002), los presidentes y comisarios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), como a los empresarios que realizaron vertidos ilegales, por vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción y por falta de pruebas de cargo, y se condena al pago de las costas procesales a las dos organizaciones ecologistas que ejercimos la acusación popular y que presentamos las denuncias que iniciaron el procedimiento judicial: Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA). Se falla contra nosotros al considerar la Audiencia que nuestras acusaciones fueron infundadas y, por tanto, temerarias.
Habría que preguntar a la Sala que si nuestra temeridad era tan evidente, ¿por qué necesita cuatro de las veintiocho páginas de la Sentencia para exculpar a los responsables de la CHS? ¿Qué pruebas tiene la Sala para defender la tesis de que nuestra acusación ha sido temeraria y además ha participado de estrategias políticas o de otra índole?: Ninguna. ¿No cabe, por el contrario, considerar como temeraria, en el sentido de poner en riesgo la salud de la población de la Vega Baja y el equilibrio ecológico tanto del propio río como de diversos espacios de interés ambiental asociados al Segura (Parque Natural de El Hondo, Desembocadura del Río Segura, huerta tradicional), la actuación de los responsables de la CHS durante esos años, que ante una grave situación de contaminación del río no tomaron decisiones efectivas para frenar y revertir ese proceso, limitándose a poner algunas "jaulas" de oxigenación en los tramos urbanos del río en Orihuela y Rojales, una simple actuación cosmética para rebajar los males olores?
Tal y como puso de manifiesto la jueza instructora, los expedientes sancionadores iniciados por los responsables de la CHS a ayuntamientos y empresas contaminadoras tenían un interés exclusivamente recaudatorio, dejando de lado lo que debería haber sido su objetivo fundamental: evitar la contaminación del río. Por ello la jueza instructora imputó a la CHS la comisión de un delito contra el medio ambiente (artículo 325 del Código Penal) por omisión. Nuestra acusación se basó exclusivamente en las conclusiones de la instrucción, de las que no nos salimos ni un milímetro, por lo que la supuesta temeridad de nuestra acusación no se sostiene. Creemos que es de justicia reconocer el excelente trabajo que llevó a cabo la jueza instructora, doña Francesca Martínez, que durante más de dos años llevó a cabo un trabajo incansable de investigación y estudio de las causas de la contaminación del río. La Audiencia le reprocha que abriera un procedimiento "generalista" y que la investigación de los vertidos de algunas empresas se hiciera sin la existencia previa de denuncia. Se le reprocha también que los acusados no gozaran de todas las garantías procesales (comunicación de su imputación, posibilidad de recusar a los peritos, asistencia a la toma de muestras de los vertidos, etcétera).
Sorprendente nos parece que la Audiencia rechazara, antes de la celebración del juicio, los recursos que las defensas plantearon en base a esa falta de garantías, y que tras el juicio se asuma por completo en la sentencia los argumentos de esos recursos inicialmente rechazados. ¿Qué ha sucedido en la vista oral para que la Sala cambie de opinión? ¿Hacia dónde estaba mirando el fiscal cuando se produjeron esos supuestos atropellos de los derechos constitucionales, cuando uno de sus deberes era asegurar que la instrucción fuera impecable desde el punto de vista legal? Pero los argumentos de la Audiencia van mucho más allá y algunos nos resultan inaceptables. Porque llega a sugerir que nuestra acusación debería haber sido dirigida no contra los responsables de la CHS sino contra los ayuntamientos y las consellerias. La Sala habla de una imputación "per saltum". La CHS tiene unas claras competencias sobre el buen estado ecológico de las aguas continentales, además del control de todo tipo de vertidos en el cauce el río, provengan de empresas o de caudales de las depuradoras municipales. Por tanto era el principal garante de la salud del río, por encima de ayuntamientos o consellerias. Así lo entendió la jueza instructora, que decretó el archivo de las actuaciones, por no apreciar delito, respecto a dieciséis ayuntamientos, y por prescripción del delito, respecto a cuatro ayuntamientos más. ¿Nos hubiera condenado la Audiencia en costas si hubiéramos ejercido la acusación contra esos ayuntamientos que quedaron fuera de las acusaciones de la jueza instructora?
Respecto a la ausencia de pruebas de cargo, se objeta que el Seprona enviara las muestras de los vertidos a un laboratorio privado (Medymed), al que por ese exclusivo motivo, ser un laboratorio privado, se le resta cualquier credibilidad en los resultados, cuando es habitual en procedimientos judiciales similares la participación de laboratorios privados acreditados como es el caso de Medymed. Además se reprocha al representante legal de Medymed que no compareciera en la instrucción ni en el juicio oral, cuando ese representante estuvo toda una mañana a las puertas de la sala donde se desarrolló la vista oral sin que fuera llamado por el presidente de la sala. Se reprocha tambien al Seprona que la toma de muestras no durara 24 horas como mínimo, una exigencia a todas luces excesiva e improcedente, conociendo cuáles son los escasos medios y de personal con los que cuenta esa unidad de la Guardia Civil. Tampoco se entiende que la misma Sala reconozca a la acusación popular la "importante labor social dirigida a mejorar el estado del río Segura, consiguiendo impulsar la acción de las administraciones públicas implicadas en la solución de tan grave problema medio ambiental y por extensión para la salud humana", para en el siguiente párrafo enviarnos al infierno y condenarnos al pago de las costas.
Desde Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, además del recurso en casación ante el Tribunal Supremo que ya hemos interpuesto, emprenderemos próximamente una campaña de solidaridad y recogida de fondos económicos para poder hacer frente al pago de las costas en caso de que finalmente el Tribunal Supremo mantenga la sentencia en todos sus términos. Una lamentable sentencia que en caso de hacerse firme creará una inquietante jurisprudencia que sin duda se usará para castigar económicamente a las organizaciones sociales que decidan ejercer la acusación popular en un procedimiento penal.
Carlos Arribas es miembro de Ecologistas en Acción. Firma también este artículo Sergio Arroyo, miembro de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante.

* Rechazo al recurso a la sentencia por la contaminación del río Segura.
Miércoles30 de septiembre de 2009. País Valencià.
* Sentencia del Supremo.
El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por el instituto de defensa de Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (caso de la contaminación del río Segura) y ratifica la sentencia de la audiencia provincial de Alicante (sección de Elche) que condenaba en costas a los grupos ecologistas.
Consideramos injusta esta sentencia que no valora el importante trabajo de los grupos ecologistas que denunciaron la situación de contaminación del río Segura y que tras la absolución de los imputados son los únicos condenados en este proceso judicial.
Hay un principio ambiental que dice que “paga quien contamina”. En este caso pagará quien ha denunciado y quedarán sin condena alguna los contaminadores y quienes ampararon y permitieron desde la Administración la gravísima contaminación del Río Segura. Un caso que pasará a la negra historia judicial de ese río, pues después de décadas de contaminación y vertidos ilegales no hay ninguna condena a los contaminadores y la única condena efectiva será a los grupos ecologistas que se atrevieron a denunciar la situación del río Segura y llevaron hasta los Tribunales su acción.
La Sentencia del Tribunal Supremo del 7 de julio de 2009, y que ahora se ha hecho pública, ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Séptima de Elche) de diciembre de 2007 que absolvió a todos los imputados y que únicamente condenó al pago de las costas a los grupos ecologistas. Esta sentencia no valora adecuadamente que la acusación popular basó sus imputaciones en las conclusiones de la Jueza Instructora, instrucción que fue desautorizada por la Audiencia Provincial con diversos argumentos garantistas (anulación de pruebas por falta de procedimiento en la obtención de muestras por el Seprona, no presencia física de los empresarios en la toma de muestras, etc). Garantías que nunca tuvo el río Segura. Además el Tribunal Supremo da por buena la afirmación de la Audiencia Provincial de que la Confederación Hidrográfica del Segura(CHS) nada podía hacer, y que “No estaba en manos de la C.H.S. la posibilidad de paralizar los vertidos de las poblaciones”.
Nos encontramos ante una sentencia injusta que en nada favorece a los defensores del medio ambiente y que se ceba en la condena en costas de los mismos.
Nuestra organización, junto con la de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, va a iniciar una recogida de fondos a través de la distribución de bonos de ayuda de 3 euros, para sufragar las costas, que valoramos en más de 16.000 euros. La suscripción de esos bonos que esperamos sea amplia demostrará a los Tribunales que a veces la justicia va por un camino y la voluntad popular por otro bien diferente.
* La Sentencia de la Audiencia está en:
www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=27144&links=r%EDo%20AND%20segura&optimize=20080911
* La Sentencia del Tribunal Supremo está en:
www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_SENTENCIA-SUPREMO-CONTAMINACION-SEGURA.pdf
Nombre: Elena Fernández (24/02/2010)

* Pues entonces es que tal vez no se llevara demasiado bien el tema porque se trata de un delito ecológico, perseguible de oficio. Y está consagrada la “acción pública” para denunciarlo. Es decir que –aunque ya conocemos como se quitan de en medio a algunos fiscales- los hechos, con las pruebas correspondientes había que ponerlos en conocimiento de la Fiscalía, para que actuara de oficio. Normalmente si se ha producido un vertido ilegal conviene avisar al SEPRONA, cuyo testimonio, mediante atestado, es prueba más que suficiente. Con estas pruebas puede proceder directamente el SEPRONA denunciando los hechos ante el juzgado. O bien nosotros interponer denuncia ante la Fiscalía, informando de la existencia de pruebas obtenidas por el SEPRONA, para que actúe de oficio. No entiendo por qué les impusieron costas procesales. ¿Por qué no estudian la posibilidad de interponer un recurso extraordinario de revisión, ya que pudiera haberse producido error de hecho en la apreciación de las pruebas?
ES DE APLICACIÓN EL ARTÍCULO 325 DEL Código Penal
Artículo 325.
1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a cuatro años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, con incidencia, incluso, en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas, la pena de prisión se impondrá en su mitad superior.
Nombre: Purificación González (25/02/2010)