| Abusos Urbanísticos y ambientales no, por favor... |
(1963) |
| NO NOS ALIMENTAMOS DE LADRILLOS EN EL LEVANTE ESPAÑOL... |
| Numerosas entidades empiezan a denunciar internacionalmente el expolio que diversos grupos empresariales realizan en el litoral valenciano. |
La dictadura del ladrillo ha provocado el resurgir de nuevos colectivos sociales que no aceptan las imposiciones aberrantes y delicitivas de un reducido grupo de especuladores sin escrúpulos.
Presentamos aquí ciertos documentos de interés, elaborados por una de las entidades que mayor número de asociados tiene en toda España, habiendo obtenido el respaldo del Parlamento de Europa y de numerosas organizaciones y colectivos de reconocido prestigio internacional.
ABUSOS URBANÍSTICOS NO es un ejemplo que todos debemos imitar y respaldar, si queremos detener la profunda e innecesaria degradación que padece nuestro entorno.
Para los ciudadanos normales, esos que no tenemos cuentas corrientes en bancos suizos o los ahorros en cuentas cifradas en las lejanas islas Galápagos, nuestro presente es mucho más importante que adorar al nuevo único dios verdadero: el ladrillo.
Tampoco tenemos mucho interés en vivir dentro de una pelota de golf, pues no somos prisioneros de los juegos elitistas, esos divertimentos que algunos consideran ya un bien social básico para el buen desarrollo emocional de todo bicho viviente, de todo mortal...
LA LRAU, ANTE EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN.
Publicado en:
LEVANTE - EMV, SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2004.
La asociación Abusos Urbanísticos No insta a la Fiscalía a que investigue «los rumores sobre corrupción política y vínculos existentes entre los urbanizadores y las autoridades locales»
Cèsar Palazuelos, Benissa.
La asociación Abusos Urbanísticos No (AUN) no para de mover hilos en su lucha contra la LRAU. Ahora, en un paso más, han hecho llegar una petición al fiscal anticorrupción en la que le solicitan «su intervención para investigar y perseguir la corrupción que rodea a los abusos urbanísticos que se producen en la Comunidad Valenciana».
En la misiva -enviada el 8 de noviembre- también se acompaña el informe de de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la visita de una delegación de europarlamentarios en el mes de mayo al territorio valenciano y en la que los diputados europeos dijeron mostrarse sorprendidos por el nivel de urbanización de la costa de las comarcas de Alacant.
La asociación que preside el canadiense Charles Svoboda, residente en Benissa, cuenta al fiscal anticorrupción que «corren rumores sobre corrupción política y vínculos existentes entre el urbanizador, por una parte, y las autoridades locales, por otra» y critica, al mismo tiempo, que «pocos de estos rumores han sido objeto de investigación adecuada por las autoridades competentes». Según AUN, ninguna de las personas afectadas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales o de abogados, ya que lo que les ha ocurrido se considera absolutamente legal.
Para Abusos «las increíbles lagunas que ofrece la LRAU ha permitido a políticos y empresarios carentes de escrúpulos obtener enormes ganancias económicas a costa de numerosas personas vulnerables y confiadas». Y sobre la misma ley se dice que «fueran cuales fueran los propósitos iniciales cuando Les Corts aprobó la LRAU en 1994, no cabe duda de que la aplicación de la ley ha llevado a una vulneración grave de los derechos más elementales de mucho miles de ciudadanos europeos, bien sea mediante intrigas o fraude».
Panorama desolador.
Abusos Urbanísticos dibuja al Fiscal anticorrupción un panorama protagonizado por «el desarrollo insostenible, al especulación galopante, el destrozo del medio ambiente, la saturación de vías de comunicación, dinero negro a espuertas, ni un metro cuadrado sin cemento y un negocio redondo: bendición municipal y altísimos precios de venta» para concluir que «los beneficios son desorbitados y tanto dinero fácil puede torcer muchas voluntades».
Respecto del suelo dotacional, los conservacionistas denuncian que «en muchas ocasiones, no ha sido utilizado para dotaciones sino que ha sido vendido por le ayuntamiento al urbanizador a precios simbólicos». Alertan además de un estado «de absoluta indefensión en los afectados frente a un poderoso conglomerado de intereses que hasta ahora ha ahogado toda posibilidad de frenar tanto desafuero».
Exigen finalmente que «como ciudadanos españoles y como residentes en España, tenemos derecho a obtener la tutela jurisdiccional en el Estado español, con independencia de las vías que estamos explorando en Bruselas y Estrasburgo».
En la carta, Abusos Urbanísticos No menciona al Síndic de Greuges que calificó la ley como «un sistema concebido para evitar la especulación que ha perjudicado los derechos individuales» y que «las autoridades locales habían abusado del concepto de interés público y se había denegado el tratamiento justo a los particulares en estas cuestiones».
Ecuación simple.
Para los conservacionistas de AUN, las consecuencias de la ley se reducen a una ecuación simple por la que «si el suelo se obtiene a precios simbólicos y el valor de las viviendas ha seguido subiendo, está claro, a quién no beneficia la LRAU: ni a los pequeños propietarios de suelo rústico y de las viviendas en él enclavadas, ni al comprador de las casas en las zonas urbanizadas».Y concluyen que «a quien beneficia esta malhadada ley: a constructores y promotores inmobiliarios, así como a aquellos responsables municipales que en ocasiones actúan en colusión con ellos».
PROTESTA EN EL CORAZÓN DE VALENCIA.
LEVANTE - EMV, LUNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2004.
ABUSOS URBANÍSTICOS NO EXIGE QUE CONSTRUIR "NO ENRIQUEZCA A UNOS PRIVILEGIADOS POR AMIGUISMO".
Cientos de personas se manifiestan en Valencia para denunciar «la especulación urbanística»
Enrique Climent Laguarda, vicepresidente de la plataforma Abusos Urbanísticos No, fue el encargado de leer el manifiesto a las puerta de las Cortes Valencianas. Climent reclamó que la «acción urbanística debe beneficiar por igual a todos los ciudados, en cuanto a mejoras en el entorno urbano que a su vez reflejan en una mejora en la calidad de vida»
Asimismo, «respecto a los beneficios económicos, si los hay, que se deriven de ella, deben recaer sobre quien en gran medida atiende a su coste, el propietario del suelo, teniendo en cuenta que el suelo es quien tiene intrínsecamente la calidad de urbanizable».
El vicepresidente de Abusos Urbanísticos No señaló ante cientos de manifestantes que ésta actividad social y pública (urbanizar), por tanto no puede, ni debe ser origen de enriquecimiento especulativo para unos privilegiados por razones de amiguismo más o menos remunerado, y la ley debe evitar en su redacción cualquier posibilidad que los facilitara».
Climent reclamó una moratoria a la LRAU para «evitar la injusticia» que a su juicio supondría su aplicación. «A día de hoy estamos en negociaciones directas con la Consellería de Territorio y Vivienda y además hemos denunciado la situación ante el Parlamento Europeo, que mandará en breve una comisión investigadora». concluyó.
A. Castelló, Valencia.
Al grito de «justicia sí, abusos no» cientos de manifestantes "500 según los organizadores y 100 según la policía" salieron ayer a las calles de Valencia para denunciar «la aplicación interesada, abusiva y malintencionada de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)».
Convocados por la plataforma Abusos Urbanísticos No, la marcha recorrió las calles adyacentes al edificio de la Cortes Valencianas. Los manifestantes utilizaron cualquier artilugio para hacerse notar entre los ciudadanos que contemplaban su paso. Bocinas, silbatos, sirenas y hasta un cencerro dieron el toque instrumental a la protesta.
También las pancartas mostraban la indignación de los manifestantes con los proyectos urbanísticos. Sin duda, por su tamaño, la que más llamaba la atención era: «La LRAU sólo sirve para enriquecer a políticos sin escrúpulos como Zaplana y su entorno. Terra Mítica, Ciudad de la Luz y construcciones La Bienuntada=Especulación». También el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, fue objeto de las protestas.
«Fabra ta casa sana i salva», gritaba la cabeza de la marcha mientras en la cola los ensordecedores sonidos de bocina asustaban a los curiosos. Otras pancartas aludían a «Associació de Propietaris de Les Sorts de Gata»; «Mestrets contra los abusos urbanísticos; Por un urbanismo sin atropellos»; «Atalayas: Menos casas más naturaleza»; «Para promotores LRAU= El Gordo»; «LRAU, licencia para expoliar»; «Nàquera, paraíso de abusos urbanísticos; PGOU=pucherazo para legalizarlos»;«Associació Camí Vell, Abusos Urbanísticos No»; incluso una bandera pirata con la siglas de la LRAU en la calavera servía para protestar.
Los que no portaban pancartas iban ataviados con camisetas alusivas a «Stop a la LRAU» y «Por un urbanismo humano». También los extranjeros afincados en los municipios de la Marina se sumaron a la protesta portando pancartas alusivas y banderas de sus lugares de origen dando un toque multicultural a la marcha.
La manifestación partió de la plaza de la Reina, enfiló la calle Micalet hasta la plaza de la Virgen para buscar la plaza de Manises y pitar y gritar frente al Palacio de la Generalitat. Finalmente, tras pasar por la Torres de Serranos la manifestación llegó a la plaza San Lorenzo a las puertas de las Cortes Valencianas donde se leyó el manifiesto.
ASOCIACIÓN VALENCIANA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS.
(Abusos Urbanisticos No)
aun@abusos-no.org
CIF: G-53712766
Buzón 24, Urb. Bellavista
03720 BENISSA (ALICANTE)
Telf y Fax: 96.649.7879
Fiscalía Anticorrupción.
Paseo de la Castellana 147.
28071-Madrid.
Fax: 915793846.
Benissa, 8 de noviembre de 2004.
Excmo. Sr. Fiscal Anticorrupción:
Los abajo firmantes[1], en nombre y representación de la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los Abusos Urbanísticos[2] (en adelante, “Abusos Urbanísticos No”, o “AUN”), solicitamos su intervención para investigar y perseguir la corrupción que rodea a los abusos urbanísticos que se producen en la Comunidad Valenciana.
La Asociación “Abusos Urbanísticos No” reúne a cerca de veinte mil afectados por los abusos a que ha dado lugar la aplicación de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de 1994, Reguladora de la Actividad Urbanística[3] (en adelante, “la LRAU”) en la Comunidad Valenciana, y que aparecen casi a diario en la prensa regional, nacional, e incluso internacional.
Acompañamos una copia del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la misión de información llevada a cabo los días 25 a 28 de mayo de 2004, algunos de cuyos párrafos nos permitimos reproducir por entender que hablan por sí solos:
- Fueran cuales fuesen los propósitos iniciales de las Cortes Valencianas cuando se aprobó la LRAU en 1994, no cabe duda de que la aplicación de la ley ha llevado a una vulneración grave de los derechos más elementales de muchos miles de ciudadanos europeos, bien sea mediante intrigas o fraude.
- Corren también rumores sobre corrupción política y vínculos existentes entre el urbanizador, por una parte, y las autoridades locales, por otra. Pocos de estos rumores han sido objeto de investigación adecuada por las autoridades competentes.
En el transcurso de la visita, los miembros de la delegación escucharon relatos de primera mano sobre intentos de soborno y corrupción en ayuntamientos. Muchos ciudadanos españoles manifestaron su vergüenza y su más enérgica protesta por el nivel de corrupción que, según se cree, ha provocado la ley en cuestión. Otros ciudadanos españoles se quejaban de verse intimidados por políticos locales, y algunos habían recibido amenazas claras; como consecuencia, algunos tenían miedo de reunirse con la delegación.
- Lo que llama la atención en todos estos ejemplos es que ninguna de las personas afectadas ha logrado obtener satisfacción alguna a través de los tribunales o de abogados, ya que lo que les ha ocurrido se considera absolutamente legal. En la práctica, las increíbles lagunas que ofrece la ley (redactada inicialmente para afrontar un problema específico de desarrollo urbanístico) han permitido a políticos y empresarios carentes de escrúpulos obtener enormes ganancias económicas a costa de numerosas personas vulnerables y confiadas.
- Según el Sindic de Greuges[4] de la Comunidad Valenciana, un sistema concebido para evitar la especulación ha perjudicado los derechos individuales. Se refirió también al artículo 33 de la Constitución española, que protege los derechos de propiedad, de sucesión y otros, si bien quedan sujetos a restricciones de "interés público". En su opinión, las autoridades locales habían abusado de este concepto y se había denegado el tratamiento justo a los particulares en estas cuestiones.
- Al urbanizador se le han dado poderes indebidos y excepcionales y muchos ciudadanos opinan que la clase dirigente española debería avergonzarse de que políticos y empresarios hayan robado a la gente lo que legítimamente le pertenecía con total impunidad. No son sólo personas concretas las que resultan perdedoras, sino comunidades rurales enteras que están perdiendo su identidad en el proceso. Los planes urbanísticos muy raramente tienen algo que ver con las necesidades o exigencias sociales, por no mencionar el desarrollo rural sostenible.
Entendemos que la LRAU viola las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada, y lamentamos que el Tribunal Constitucional no haya tenido hasta ahora ocasión de constatarlo, pues declaró inadmisible por razones formales la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana[5].
Con independencia de los legítimos motivos que pudieron llevar a su adopción en 1994, la aplicación de la LRAU en un contexto de burbuja inmobiliaria y de falta de control de los desmanes urbanísticos, ha dado lugar a situaciones absolutamente escandalosas, que vamos a exponer de forma muy somera, si bien estamos a su entera disposición para facilitar cuanta información pueda resultar de utilidad.
La LRAU permite a los promotores o agentes urbanizadores apropiarse del suelo de los pequeños propietarios a cambio de precios que en muchos casos cabe calificar de “simbólicos”, y que nada tienen que ver con los de mercado. Los beneficiarios de la LRAU no se cansan de pregonar la gran cantidad de suelo urbano que ha generado la Comunidad Valenciana, aunque olvidan mencionar que los precios de la vivienda en esta Comunidad han aumentado de forma exponencial, sobre todo en las zonas más castigadas por los saqueos urbanísticos (las cercanas a la costa, las de especial valor paisajístico, etc.)
La ecuación es muy simple:
si el suelo se obtiene a precios simbólicos y el precio de las viviendas ha seguido subiendo, está claro a quién no beneficia la LRAU: ni a los pequeños propietarios de suelo rústico y de las viviendas en él enclavadas, ni al comprador de las viviendas en las zonas urbanizadas. Y está claro a quién beneficia esta malhadada ley: a constructores y promotores inmobiliarios, así como a aquellos responsables municipales que en ocasiones actúan en colusión con ellos.
Resultado:
desarrollo insostenible, especulación galopante, destrozo del medio ambiente, saturación de las vías de comunicación, dinero negro a espuertas, ni un metro cuadrado sin cemento… y un negocio redondo: suelo muy barato, bendición municipal, y altísimos precios de venta. Los beneficios son desorbitados, y tanto dinero fácil puede torcer muchas voluntades.
En muchas ocasiones, el suelo dotacional que los afectados se ven obligados a ceder al ayuntamiento de forma obligatoria y gratuita, no ha sido utilizado para dotaciones, sino que ha sido vendido por el ayuntamiento al Urbanizador a precios simbólicos.
Los abusos urbanísticos que se han desarrollado y continúan desarrollándose en la Comunidad Valenciana han provocado una sensación de absoluta indefensión en los afectados, que han llegado a dudar sobre la vigencia del Estado de Derecho en el urbanismo valenciano. Nos encontramos frente a un poderoso conglomerado de intereses que hasta ahora ha ahogado toda posibilidad de frenar tanto desafuero (en muchos casos porque la situación es tan disparatada que parece increíble… hasta que se vive de cerca). Como ciudadanos españoles y como residentes en España, tenemos derecho a obtener la tutela jurisdiccional en España, con independencia de las vías que estamos explorando en Bruselas y en Estrasburgo.
En consecuencia, le rogamos imparta las instrucciones necesarias para que la Fiscalía Anticorrupción empiece a poner coto a los desmanes urbanísticos que se han producido y se siguen produciendo en la Comunidad Valenciana. La calidad de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho necesitan esta actuación.
Entendemos además que nuestra petición ha sido apoyada por numerosos ciudadanos que se han dirigido al Ministerio de Justicia solicitando la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana.
Agradecemos por adelantado su atención, y nos ponemos a su disposición para facilitar cuanta información pueda resultar de utilidad.
Charles Svoboda.
Presidente
Enrique Climent Laguarda
Vicepresidente
Copia enviada a: Ministro de Justicia, Fiscal General del Estado.
Anexo:
informe jurídico, copia del informe del Parlamento Europeo.
ANEXO:
Resumen de la denuncia por incumplimiento de las directivas comunitarias sobre contratos públicos presentada ante la Comisión Europea en julio de 2004 (queja nº SG(2004) A/7549/2).
La LRAU, al admitir que los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana deleguen las actividades de urbanización en la figura del “Agente Urbanizador”, permite la realización de obras públicas de urbanización sin que se respeten las disposiciones sobre contratos públicos contenidas en las directivas comunitarias en la materia y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se abre así la puerta a todo tipo de corruptelas y maniobras de colusión.
Más concretamente:
- La LRAU se limita a exigir la publicación de los edictos municipales en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran circulación de la Comunidad Valenciana, en lugar de en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
- En ningún momento existe un pliego de condiciones, lo que provoca una absoluta inseguridad jurídica e impide la competencia de otros licitadores comunitarios. Las condiciones del proyecto y las obras a realizar sólo son definidas de cara a la ejecución del contrato, no a su licitación. El Ayuntamiento tiene la facultad, al final del procedimiento de licitación, de decidir qué proyecto se realizará, imponer las modificaciones que le parezcan oportunas, y decidir qué empresa lo realizará.
- Los criterios de adjudicación del contrato se apartan de lo exigido por las directivas comunitarias y por la legislación española. Los ayuntamientos disponen de facultades tan amplias como incontroladas. Las sospechas de colusión entre ayuntamientos y Agentes Urbanizadores son continuas, dados los desorbitados beneficios que se derivan de la actividad urbanizadora desarrollada al amparo de la LRAU.
- No se respetan los plazos establecidos en las directivas comunitarias ni en la legislación española.
- Quien inicia el procedimiento de gestión particular es el máximo candidato a hacerse con la adjudicación del contrato, ya que dispone de todas las ventajas, en perjuicio de posibles futuros competidores, y en violación manifiesta del principio de igualdad de oportunidades. Puede haber preparado su proyecto durante años, y elige el momento más apropiado para presentarlo, mientras que sus competidores deberán ajustarse a los estrictos plazos fijados por la LRAU y el ayuntamiento.
- Dadas las peculiaridades del sistema de la LRAU, se realiza un exceso de obra pública absolutamente innecesaria, justificada solamente por el interés del urbanizador por incrementar su cifra de negocio, en una situación en la que, dada la falta de competencia efectiva, fija los precios que más le convienen, sometido sólo a una levísima supervisión del ayuntamiento.
Ello ocurre porque la LRAU viola la legislación comunitaria sobre contratos públicos, así como la legislación española que incorporó tales directivas al ordenamiento jurídico español. En efecto, el artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas deja bien claro que los contratos entre un ayuntamiento y un empresario que tengan por objeto actuaciones urbanísticas son contratos de obras, y están sometidos a las obligaciones contenidas en la legislación española sobre contratos de las Administraciones Públicas[6].
Sin embargo, el artículo 29.13 LRAU contiene una peculiar interpretación de la jerarquía legislativa, al sostener la primacía de la legislación regional valenciana sobre la española y la comunitaria:
“Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados (…)”
Esta es la base desde la que se ha construido un complejo sistema de ingeniería legal que ha permitido eludir el cumplimiento de las normas sobre contratos públicos en el urbanismo valenciano. La LRAU juega con las palabras, y llama “Programa” a un contrato de obras que se adjudica en virtud de la propuesta jurídico-económica de una empresa, pretendiendo sustraerlo a las estrictas obligaciones que impone la normativa europea sobre contratos públicos.
En el sistema creado por la LRAU, el precio de las obras es fijado sobre la base de un presupuesto global en el que no aparecen desglosados los costes de la urbanización, lo que impide a su vez que se puedan controlar y corregir las mediciones. La consecuencia es clara: el marco legal facilita que se presenten presupuestos excesivos. Dado que la LRAU estipula que el agente urbanizador debe ser retribuido preferentemente en terrenos[7], éste tiene el máximo interés en “inflar” lo más posible el presupuesto, a fin de recibir más terrenos en pago de sus servicios.
Puede ocurrir que los afectados deseen pagar en metálico en lugar de aportar sus terrenos. En ese caso, el importe de la cuota de urbanización es propuesto por el Agente Urbanizador, que tiene el máximo interés en que dicho importe sea lo más alto posible, y ello por dos razones:
(i) Por una parte, es obvio que, cuanto más alta sea la cuota de urbanización, más dinero recibirá el Urbanizador.
(ii) Pero hay un segundo motivo: cuanto más alto sea el importe de la cuota, más dificultades tendrán los propietarios de terrenos para pagarlo, y si no pueden pagar en metálico, deberán plegarse al coeficiente de aportación impuesto por el Ayuntamiento y aportar sus terrenos[8], que probablemente habrán sido valorados muy por debajo de su precio en el mercado inmobiliario. Con ello, el urbanizador obtiene ingentes cantidades de suelo urbano a un precio muy inferior al de mercado, y obtiene así beneficios atípicos que probablemente se sumen al beneficio industrial previsto en el proyecto, dependiendo de su habilidad al hacer las cuentas y de la habilidad (y/o buena disposición) del Ayuntamiento al controlar tales cuentas.
Las medidas de control público no pueden ser más livianas: el artículo 72.1.a) LRAU se limita a señalar que “las cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los afectados o se tramitarán junto al proyecto de reparcelación”.
Entendemos que de todo lo expuesto se desprende que la LRAU viola el derecho a la propiedad privada, así como las disposiciones comunitarias sobre contratación pública. A su amparo se siguen adjudicando contratos que superan los umbrales establecidos por las directivas y la legislación española, sin respetar las obligaciones de publicidad, transparencia y competencia efectivas, lo que posibilita todo tipo de corruptelas.
[1] Charles Svoboda, ciudadano canadiense, con residencia en España (NIE X 0794198 P), presidente de la asociación. Enrique Climent Laguarda, ciudadano español, DNI nº 19.689.893 F, vicepresidente de la asociación.
[2] Para más información, véase nuestra página web: www.abusos-no.org
[3] Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 2394, de 24 de noviembre de 1994.
[4] Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana (D. Bernardo del Rosal Blasco). Informe del 19 de abril de 2004.
[5] Cuestión de inconstitucionalidad nº 6248/2001. Auto del Tribunal Constitucional nº 133/2002, de 16 de julio. RTC 2002.
[6] Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, BOE de 21 de junio de 2000. Artículo 120:
“A los efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administración y un empresario cuyo objeto sea:
b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección del impacto medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u otros análogos.”
[7] “El urbanizador será retribuido con parcelas edificables”, artículo 71.1 LRAU
[8] Artículo 29.9 LRAU, apartado A) El Urbanizador de una Actuación Integrada debe soportar los costes de la urbanización en la medida en que le sean compensados retribuyéndole en terrenos edificables. Los costes no compensados así, le serán resarcidos en metálico por los propietarios de terrenos edificables resultantes de la Actuación.
Si vols manifestar el teu suport, envia un correu electronic a la seguent adressa: manifiesto@abusos-no.org , amb el teu nom i numero de D.N.I. Pots incloure si o desitjes la teua professió . Fes correr aquest mesatje als teus contactes, si et plau. Gracies per la teua atjuda.
Som ciutadans de l´Estat Espanyol, i som contra el abussos urbanisitics en la Comunitat Valenciana.
1.- Som contra la desfeta del mediambient i el desenvolupament destructiu propiciat per la LRAU.
2.- Som contra la corrupció i la especulació urbanistica produides al empar de la LRAU.
3.- Som contra l’actual regulació del anomenat Agent Urbanisador, en quant simple intermediari que sols produeix un encariment del process urbanistic.
4.- Som contra la indefensió dels propietaris davant la LRAU i exigim que s’ature la seua descalificació tractanlos de “propietaris privilegiats”.
5.- Demanem solucions per acabar amb la manca de prestigi qu’els abussos urbanistics donen a l’imatge internacional de Espanya i de la Comunitat Valenciana.
6.- Demanem als Governs central y valenciá prenguen les mesures que faça falta per asegurar el compliment efectiu dels tractats internacionals i normes europees que garantisen el respecte als drets fonamentals i a la protecció del medi ambient.
7.- Manifestem el nostre reconeiximent per la tasca de sentsibilisació publica feta per la comunitat de ciutadans estrangers contra els abussos que la LRAU empara.
8.- Demanem que el accord del Consell Valenciá del passat juliol, recomanant l’aplicación dels principis de la llei que sostituirá a la LRAU, es traduixquen en dret positiu actual i aplicable.
9.- Demanem el nomenament del Fiscal Anticorrupció d’Alacant, i que es nomenen els corresponents a Castelló i Valencia, amb l’atjuda de esperts d’urbanisme.
Si vols manifestar el teu suport, envia un correu electronic a la seguent adressa : manifiesto@abusos-no.org , amb el teu nom i numero de D.N.I. Pots incloure si o desitjes la teua professió . Fes correr aquest mesatje als teus contactes, si et plau. Gracies per la teua atjuda.
EL SÍNDIC DE GREUGES PIDE MAYOR CONTROL EN LOS PROCESOS URBANISTICOS.
PARA EL AÑO QUE VIENE, DEL ROSAL ESPERA QUE SE ELEVEN UN 40% LAS QUEJAS QUE LE SON PRESENTADAS
El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, reclamó un mayor control por las Administraciones públicas de los procesos urbanísticos, así como que se incentive más la participación de los propietarios en los planes urbanísticos y que haya mayor control de los costes de urbanización.
PANORAMA-ACTUAL - 18/11/2004 15:24 h.
El Síndic, quien compareció en la comisión parlamentaria de Peticiones para exponer la memoria de 2003 y el informe especial sobre contaminación acústica, anunció que ha entregado a las Cortes Valencianas una comunicación especial sobre la actividad urbanística en la Comunidad Valenciana, elaborada de oficio a partir de las 2.374 quejas recibidas en los últimos ocho años sobre este tema.
El texto, compuesto por casi un centenar de páginas, plantea una serie de recomendaciones para que se tengan en cuenta en la futura reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), de la que se cumplen ahora diez años de vigencia y cuya aplicación ha dado lugar a "carencias, deficiencias e interpretaciones no deseadas" e incluso ha creado "alarma social".
La comunicación -un formato que se ha utilizado por primera vez- analiza también el informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo del pasado mes de julio que aseguraba que la LRAU ha llevado a la "vulneración grave" de los derechos más elementales de miles de ciudadanos europeos, y pretende servir "de auxilio" en el proceso legislativo.
Por ello, la Sindicatura remitió a la Conselleria de Territorio y Vivienda el pasado mes de marzo un total de 13 recomendaciones para que fueran tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto de ley de reforma de la LRAU, de las que 8 han sido aceptadas (la mitad de ellas parcialmente) y 5 rechazadas.
La comunicación recomienda que la ley recoja una mención expresa al valor real del mercado del suelo y de las construcciones -algo que no ha aceptado la Conselleria-, y plantea que se garantice la transparencia del proceso selectivo, obligando a los aspirantes a urbanizador a determinar el coste total de las cargas de urbanización.
Asimismo, el Síndic aboga por que se potencie el fomento de la ejecución de programas por los propietarios, mediante el reconocimiento del derecho de subrogarse en la condición de urbanizador-adjudicatario del Programa de Actuación Integrada, y por que se sustituya el aviso por una notificación administrativa a los titulares catastrales afectados, para evitar su indefensión.
Además, cuestiona la conveniencia de mantener el privilegio del urbanizador de exigir a los propietarios el pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes, y propone que sea únicamente el urbanizador el que asuma los compromisos adicionales a los que se obligue con el Ayuntamiento, sin posibilidad de trasladar ese gasto a los propietarios.
Otras recomendaciones son incluir entre las personas responsables de las infracciones urbanísticas al promotor o empresario de las obras, al propietario de los terrenos o construcciones y a los técnicos directores de las obras, así como que la Conselleria pueda actuar ante una "notoria negligencia o pasividad" de los Ayuntamientos ante infracciones graves o muy graves.
Más quejas:
Sobre el informe anual de la Sindicatura, Del Rosal avanzó que hasta este miércoles se habían presentado 2.042 quejas, lo que hace presagiar para la próxima memoria un incremento del 40 por ciento en el número de quejas, y reiteró su compromiso de que presentar el informe en mayo o junio de cada año.
Del Rosal hizo un llamamiento a la "sensibilización" de las instituciones públicas para que reduzcan sus tiempos de respuesta a las peticiones de esta institución, y destacó que la Sindicatura ha reducido el tiempo de respuesta a los ciudadanos.
La diputada del PP Mercedes Alonso agradeció la presentación de la comunicación especial, ya que es "primordial y esencial" que se conozcan las inquietudes de los ciudadanos y haya un canal de comunicación con las Cortes.
El socialista Antoni Such reclamó al Síndic medidas ante la "falta de pluralidad" en RTVV y que se explique por qué las obras públicas en esta Comunidad "siempre cuestan casi el doble de los presupuestado y licitado", a lo que Del Rosal contestó que hay "otros organismos de control" y no quiere meterse "en medio de la refriega política".
El diputado de EU-Entesa Carles Arnal reclamó que la reforma de la LRAU "se haga realmente solventando los problemas que preocupan" a los ciudadanos, y destacó que el informe de la Sindicatura es una "radiografía" de los problemas de los ciudadanos, frente a la "auto complacencia" de la Generalitat.
NUEVA DENUNCIA DE ABUSOS URBANÍSTICOS NO PRESENTADA ANTE EL MINISTERIO DE JUSTICIA.
Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda
Telf y Fax: 96.649.7879
Excmo. Sr. D.
Juan Fernando López Aguilar.
Ministro de Justicia.
San Bernardo, 45
28015 - Madrid.
Benissa, 8 de julio de 2004
Excmo. Sr. Ministro:
Los abajo firmantes[1], en nombre y representación de la Asociación Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos Medioambientales y en contra de los Abusos Urbanísticos[2] (en adelante, "Abusos Urbanísticos No", o "AUN"), solicitamos la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para investigar y perseguir la corrupción que rodea a los abusos urbanísticos que se producen en la Comunidad Valenciana.
La Asociación "Abusos Urbanísticos No" reúne a cerca de veinte mil afectados por los abusos a que ha dado lugar la aplicación de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre de 1994, Reguladora de la Actividad Urbanística[3] (en adelante, "la LRAU") en la Comunidad Valenciana, y que aparecen casi a diario en la prensa regional, nacional, e incluso internacional[4].
El pasado 17 de febrero de 2004, el presidente de "Abusos Urbanisticos No" intervino ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo para defender la petición nº 609/2003, presentada por nuestra asociación.
El Parlamento Europeo, en razón del gran interés público suscitado, autorizó la visita de una delegación de eurodiputados a la Comunidad Valenciana en misión exploratoria, que se desarrolló entre los días 22 y 25 de mayo. El informe será presentado en breve. Permítanos señalar que la prensa ha recogido manifestaciones de los eurodiputados señalando que estaban "conmovidos", "atónitos", y "con el estómago revuelto" por los abusos urbanísticos y medioambientales que pudieron contemplar, y dejaron claro que la corrupción urbanística será uno de los temas que tratarán en su informe.
Entendemos que la LRAU viola las garantías constitucionales que protegen la propiedad privada, y lamentamos que el Tribunal Constitucional no haya tenido hasta ahora ocasión de constatarlo, pues declaró inadmisible por razones formales la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana[5]. Nuestra Asociación está examinando la posibilidad de pedir al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la LRAU, ya que no podemos aceptar, en nuestra calidad de ciudadanos españoles o de residentes en España, que el Tribunal de Estrasburgo sea la única instancia que pueda defender nuestros derechos.
Por su parte, el Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por la LRAU, y ha presentado un informe que contiene una serie de sugerencias y críticas respecto a las leyes del suelo valencianas y especialmente la LRAU[6].
Con independencia de los legítimos motivos que pudieron llevar a su adopción en 1994, la aplicación de la LRAU en un contexto de burbuja inmobiliaria y de falta de control de los desmanes urbanísticos, ha dado lugar a situaciones absolutamente escandalosas, que vamos a exponer de forma muy somera, si bien estamos a su entera disposición para facilitar cuanta información pueda resultar de utilidad.
En junio del pasado año seguimos con especial interés la querella que usted y el profesor López Garrido presentaron contra los presuntos implicados en la trama de corrupción urbanística que provocó la crisis en la Asamblea de Madrid. En aquel momento nos sentimos especialmente frustrados por la inacción de la Fiscalía General del Estado y el posterior rechazo de la querella.
Al haber estado usted tan implicado en los intentos de esclarecimiento de aquellos turbios manejos, constatamos con satisfacción que no tendremos que extendernos innecesariamente en convencerle de la existencia de corrupción en los aledaños del urbanismo municipal.
Pese al rechazo de la querella, y a los diagnósticos interesados de quienes claman que en España no hay corrupción, mientras vigilan y ponen a punto los mecanismos de ingeniería legal y financiera que les permiten camuflarla, es evidente que ningún ciudadano de bien puede ignorar que existen gravísimos problemas de corrupción alrededor de la actividad urbanística.
Esta corrupción presenta un cariz especial y mucho más grave en la Comunidad Valenciana, ya que la LRAU permite a los promotores o agentes urbanizadores apropiarse del suelo de los pequeños propietarios a cambio de precios que en muchos casos cabe calificar de "simbólicos", y que nada tienen que ver con los de mercado. Los beneficiarios de la LRAU no se cansan de pregonar la gran cantidad de suelo urbano que ha generado la Comunidad Valenciana, aunque olvidan mencionar que los precios de la vivienda en esta Comunidad han aumentado de forma exponencial, sobre todo en las zonas más castigadas por los saqueos urbanísticos (las cercanas a la costa, las de especial valor paisajístico, etc.). La ecuación es muy simple: si el suelo se obtiene a precios simbólicos y el precio de las viviendas ha seguido subiendo, está claro a quién no beneficia la LRAU: ni a los pequeños propietarios de suelo rústico y de las viviendas en él enclavadas, ni al comprador de las viviendas en las zonas urbanizadas. Y está claro a quién beneficia esta malhadada ley: a constructores y promotores inmobiliarios, así como a aquellos responsables municipales que en ocasiones actúan en colusión con ellos.
Resultado: desarrollo insostenible, especulación galopante, destrozo del medio ambiente, saturación de las vías de comunicación, dinero negro a espuertas, ni un metro cuadrado sin cemento. y un negocio redondo: suelo muy barato, bendición municipal, y altísimos precios de venta. Los beneficios son desorbitados, y tanto dinero fácil puede torcer muchas voluntades.
Señor ministro: si, como sostenía la querella que ustedes presentaron, una trama de corrupción inmobiliaria consiguió torcer la voluntad de dos diputados de la Asamblea de Madrid ante los ojos de España entera, imagínese cuántas tramas pueden torcer cuántas voluntades de cuántos concejales en cuántos municipios, alejados del foco de la actualidad y protegidos por poderosos conglomerados de intereses.
La LRAU permite además distorsionar la democracia representativa y eludir la opinión de los ciudadanos en temas fundamentales. ¿Se imagina alguien que el Gobierno español decidiera de la noche a la mañana triplicar la población de España, y facilitara permisos de residencia a ochenta millones de ciudadanos que hoy no residen en nuestro territorio, sin haberlo mencionado en el programa electoral? Por supuesto que no. Sin embargo, los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, un día sí y otro también, están aprobando Programas que prevén doblar, triplicar, o quintuplicar su población (y así hasta multiplicar por cifras bastante más altas), sin haberlo planteado siquiera a los ciudadanos durante la campaña de las elecciones municipales de 2003. La LRAU les da la excusa perfecta: se trata de una iniciativa particular, prevista en su artículo 44. Y si tales proyectos son inviables porque no hay infraestructuras de comunicación, ni agua, ni posibilidad alguna de sostener dicho desarrollo. que sufran las consecuencias los que vengan detrás, una vez que los interesados hayan sacado buena tajada. Véase el ejemplo de "Terra Mítica", que acaba de suspender pagos después de haber dado lugar a impresionantes negocios inmobiliarios, paralelos a los agujeros provocados en las cuentas públicas y en las de las cajas de ahorro valencianas.
Desarrollamos a continuación nuestra argumentación jurídica.
La LRAU, al admitir que los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana deleguen las actividades de urbanización en la figura del "Agente Urbanizador", permite la realización de obras públicas de urbanización sin que se respeten las disposiciones sobre contratos públicos contenidas en las directivas comunitarias en la materia y en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se abre así la puerta a todo tipo de corruptelas y maniobras de colusión. Más concretamente:
- La LRAU se limita a exigir la publicación de los edictos municipales en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y en un diario de gran circulación de la Comunidad Valenciana, en lugar de en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado.
- En ningún momento existe un pliego de condiciones, lo que provoca una absoluta inseguridad jurídica e impide la competencia de otros licitadores comunitarios. Las condiciones del proyecto y las obras a realizar sólo son definidas de cara a la ejecución del contrato, no a su licitación. El Ayuntamiento tiene la facultad, al final del procedimiento de licitación, de decidir qué proyecto se realizará, imponer las modificaciones que le parezcan oportunas, y decidir qué empresa lo realizará.
- Los criterios de adjudicación del contrato se apartan de lo exigido por las directivas comunitarias y por la legislación española. Los ayuntamientos disponen de facultades tan amplias como incontroladas. Las sospechas de colusión entre ayuntamientos y Agentes Urbanizadores son continuas, dados los desorbitados beneficios que se derivan de la actividad urbanizadora desarrollada al amparo de la LRAU.
- No se respetan los plazos establecidos en las directivas comunitarias ni en la legislación española.
- Quien inicia el procedimiento de gestión particular es el máximo candidato a hacerse con la adjudicación del contrato, ya que dispone de todas las ventajas, en perjuicio de posibles futuros competidores, y en violación manifiesta del principio de igualdad de oportunidades. Puede haber preparado su proyecto durante años, y elige el momento más apropiado para presentarlo, mientras que sus competidores deberán ajustarse a los estrictos plazos fijados por la LRAU y el ayuntamiento.
- Dadas las peculiaridades del sistema de la LRAU, se realiza un exceso de obra pública absolutamente innecesaria, justificada solamente por el interés del urbanizador por incrementar su cifra de negocio, en una situación en la que, dada la falta de competencia efectiva, fija los precios que más le convienen, sometido sólo a una levísima supervisión del ayuntamiento.
Ello ocurre porque la LRAU viola la legislación comunitaria sobre contratos públicos, así como la legislación española que incorporó tales directivas al ordenamiento jurídico español. En efecto, el artículo 120 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas deja bien claro que los contratos entre un ayuntamiento y un empresario que tengan por objeto actuaciones urbanísticas son contratos de obras, y están sometidos a las obligaciones contenidas en la legislación española sobre contratos de las Administraciones Públicas[7].
Sin embargo, el artículo 29.13 LRAU contiene una peculiar interpretación de la jerarquía legislativa, al sostener la primacía de la legislación regional valenciana sobre la española y la comunitaria:
"Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa se regirán por las normas rectoras de la contratación administrativa en lo que éstas no contradigan lo dispuesto por esta Ley ni sean incompatibles con los principios de la misma en los términos que reglamentariamente sean desarrollados (.)"
Esta es la base desde la que se ha construido un complejo sistema de ingeniería legal que ha permitido eludir el cumplimiento de las normas sobre contratos públicos en el urbanismo valenciano. La LRAU juega con las palabras, y llama "Programa" a un contrato de obras que se adjudica en virtud de la propuesta jurídico-económica de una empresa, pretendiendo sustraerlo a las estrictas obligaciones que impone la normativa europea sobre contratos públicos.
En el sistema creado por la LRAU, el precio de las obras es fijado sobre la base de un presupuesto global en el que no aparecen desglosados los costes de la urbanización, lo que impide a su vez que se puedan controlar y corregir las mediciones. La consecuencia es clara: el marco legal facilita que se presenten presupuestos excesivos. Dado que la LRAU estipula que el agente urbanizador debe ser retribuido preferentemente en terrenos[8], éste tiene el máximo interés en "inflar" lo más posible el presupuesto, a fin de recibir más terrenos en pago de sus servicios.
Puede ocurrir que los afectados deseen pagar en metálico en lugar de aportar sus terrenos. En ese caso, el importe de la cuota de urbanización es propuesto por el Agente Urbanizador, que tiene el máximo interés en que dicho importe sea lo más alto posible, y ello por dos razones:
(i)Por una parte, es obvio que, cuanto más alta sea la cuota de urbanización, más dinero recibirá el Urbanizador.
(ii) Pero hay un segundo motivo: cuanto más alto sea el importe de la cuota, más dificultades tendrán los propietarios de terrenos para pagarlo, y si no pueden pagar en metálico, deberán plegarse al coeficiente de aportación impuesto por el Ayuntamiento y aportar sus terrenos[9], que probablemente habrán sido valorados muy por debajo de su precio en el mercado inmobiliario. Con ello, el urbanizador obtiene ingentes cantidades de suelo urbano a un precio muy inferior al de mercado, y obtiene así beneficios atípicos que probablemente se sumen al beneficio industrial previsto en el proyecto, dependiendo de su habilidad al hacer las cuentas y de la habilidad (y/o buena disposición) del Ayuntamiento al controlar tales cuentas.
Las medidas de control público no pueden ser más livianas: el artículo 72.1.a) LRAU se limita a señalar que "las cuotas de urbanización y su imposición deberán ser aprobadas por la Administración actuante, sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada que se someterá a previa audiencia de los afectados o se tramitarán junto al proyecto de reparcelación".
Entendemos que de todo lo expuesto se desprende que la LRAU viola el derecho a la propiedad privada, así como las disposiciones comunitarias sobre contratación pública. A su amparo se siguen adjudicando contratos que superan los umbrales establecidos por las directivas y la legislación española, sin respetar las obligaciones de publicidad, transparencia y competencia efectivas, lo que posibilita todo tipo de corruptelas.
En los próximos días denunciaremos esta situación ante la Comisión Europea, y confiamos en que, en su misión de guardián de los Tratados, consiga restablecer la legalidad y obligue a respetar la legislación comunitaria sobre contratos públicos en la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, la situación es aún más preocupante, ya que el proyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV), presentado por la Generalitat Valenciana a las Cortes Valencianas para reformar la LRAU, no corrige ninguna de las violaciones de la legislación comunitaria aquí mencionadas, aunque es presentado al público como la panacea que solucionará todos los problemas creados por la LRAU.
El mejor indicador de la falta de voluntad política del gobierno valenciano para resolver los problemas creados por la LRAU es el hecho de que, además de negarse a decretar una moratoria inmediata de la LRAU (algo que fue expresamente pedido por los eurodiputados que visitaron la Comunidad Valenciana), todos y cada uno de los sucesivos borradores de la futura Ley Urbanística Valenciana contienen el mismo Derecho transitorio, que deja bien claro que la LRAU se seguirá aplicando a todos aquellos Programas que hayan sido presentados durante su período de vigencia. Tenemos LRAU para rato. si no somos capaces de restablecer la legalidad en el urbanismo valenciano.
Señor Ministro: los abusos urbanísticos que se han desarrollado en la Comunidad Valenciana han provocado una sensación de absoluta indefensión en los afectados, que han llegado a dudar sobre la vigencia del Estado de Derecho en el urbanismo valenciano. Nos encontramos frente a un poderoso conglomerado de intereses que hasta ahora ha ahogado toda posibilidad de frenar tanto desafuero (en muchos casos porque la situación es tan disparatada que parece increíble. hasta que se vive de cerca). Como ciudadanos españoles y como residentes en España, tenemos derecho a obtener la tutela jurisdiccional en España, con independencia de las vías que estamos explorando en Bruselas y en Estrasburgo.
En consecuencia, le rogamos imparta las instrucciones necesarias y facilite los medios pertinentes para que la Fiscalía Anticorrupción empiece a poner coto a los desmanes urbanísticos que se han producido y se siguen produciendo en la Comunidad Valenciana. La calidad de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho necesitan esta actuación.
Agradecemos por adelantado su atención, y nos ponemos a su disposición y a la de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar cuanta información pueda resultar de utilidad.
Reciba un atento saludo,
Charles Svoboda Enrique Climent Laguarda
Presidente Vicepresidente
[1] Charles Svoboda, ciudadano canadiense, con residencia en España (NIE X 0794198 P), presidente de la asociación. Enrique Climent Laguarda, ciudadano español, DNI nº 19.689.893 F, vicepresidente de la asociación.
[2] Para más información, véase nuestra página web: www.abusos-no.org
[3] Diario Oficial de la Generalitat Valenciana nº 2394, de 24 de noviembre de 1994.
[4] Para mayor información al respecto, les remitimos al dossier de prensa que se acompaña y al contenido de nuestra página web, www.abusos-no.org
[5] Cuestión de inconstitucionalidad nº 6248/2001. Auto del Tribunal Constitucional nº 133/2002, de 16 de julio. RTC 2002.
[6] Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana (D. Bernardo del Rosal Blasco). Informe del 19 de abril de 2004.
[7] Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, BOE de 21 de junio de 2000. Artículo 120:
"A los efectos de esta Ley se entiende por contrato de obras el celebrado entre la Administración y un empresario cuyo objeto sea:
b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, como dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, corrección del impacto medioambiental, regeneración de playas, actuaciones urbanísticas u otros análogos."
[8] "El urbanizador será retribuido con parcelas edificables", artículo 71.1 LRAU
[9] Artículo 29.9 LRAU, apartado A) El Urbanizador de una Actuación Integrada debe soportar los costes de la urbanización en la medida en que le sean compensados retribuyéndole en terrenos edificables. Los costes no compensados así, le serán resarcidos en metálico por los propietarios de terrenos edificables resultantes de la Actuación.
Los miembros españoles de AUN han preparado un manifiesto para que sea firmado por ciudadanos españoles, con el fin de dejar claro de una vez por todas que los abusos de la LRAU no afectan sólo a ciudadanos extranjeros, y que las víctimas son tanto españoles como no españoles residentes en la Comunidad Valenciana. Por favor, tratad de conseguir el máximo posible de apoyos, y enviad vuestro nombre y DNI a:
manifiesto@abusos-no.org
CARTA ABIERTA A JOAN IGNASI PLA, SECRETARIO GENERAL DEL PSPV-PSOE
Benissa, 19 de noviembre de 2004.
Sr. D. Joan Ignasi Pla
Secretario General del PSPV
C/ Blanquerias, 4
46003 Valencia
Estimado Sr. Pla:
El pasado 23 de septiembre, con motivo de la apertura del curso académico en la Universidad de Alicante, dos miembros de la Asociación “Abusos Urbanísticos No (AUN)”, británica y español, hicieron llegar al Presidente Rodríguez Zapatero una carta nuestra, de la que entregaron copia a usted y a la Secretaria de Estado Leyre Pajín.
Somos conscientes de la paradoja que supone que el PSPV aprobara en 1994 la nefasta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística en la Comunidad Valenciana (LRAU), pero dejara el poder antes de empezar a aplicarla y sin haber podido aprobar sus reglamentos de ejecución. Por su parte, el Partido Popular olvidó sus propósitos de derogación en cuanto llegó al poder, y decidió mirar para otro lado en el momento en que se comenzaron a producir las arbitrariedades que había denunciado por adelantado cuando estaba en la oposición. Algo tendrá la LRAU cuando la bendicen… los que están en el poder.
No tenemos intención de entrar en debates sobre lo que ocurrió hace diez años. Lo que pretendemos es encontrar una solución rápida y justa, y acabar con los abusos urbanísticos que se han producido al amparo de la LRAU.
Durante su visita a nuestra región el pasado mes de mayo, la delegación del Parlamento Europeo se reunió en varias ocasiones con víctimas de abusos urbanísticos. Concretamente, en la sede de la OAMI en Alicante se celebró una reunión en la que, ante las atrocidades que estaba escuchando, la eurodiputada socialdemócrata alemana Margot Kessler preguntó al auditorio: “¿Pero qué hacen sus representantes políticos que no los defienden?”.
Señor Pla:
necesitamos que nuestros representantes políticos organicen reuniones con los afectados, y escuchen lo que tienen que decir los ciudadanos, que se encuentran en situaciones de auténtica indefensión frente a un poderosísimo entramado de intereses que juega con todas las ventajas. Cuando se empiezan a escuchar casos concretos en lugar de disquisiciones teóricas, y las discusiones en torno a la LRAU se hacen sobre el terreno y no en laboratorios jurídicos de profesores universitarios o abogados urbanistas, resulta mucho más fácil entenderse. Le invitamos a escuchar a los ciudadanos afectados. Tenga por seguro que todos saldremos ganando.
En nuestra asociación valoramos positivamente los pronunciamientos de Francesc Signes, secretario de Medio Ambiente y Agua del PSPV, en los que critica la forma en que se ha aplicado la LRAU, y escuchamos con satisfacción las declaraciones de Rafael Rubio, secretario general de los socialistas de Valencia, que insiste en la necesidad de implicar a los ciudadanos en la gestión municipal a través de consultas o referendos sobre asuntos que les afectan directamente.
Sin embargo, constatamos con preocupación que también hay patéticas defensas de la LRAU por parte de concejales socialistas. Que hay ayuntamientos gobernados por el PSPV que continúan aprobando planes urbanísticos que multiplican la población sin consultar a los ciudadanos, y en algunos casos sin informarlos siquiera. Que hay ayuntamientos gobernados por el PSPV que contribuyen a cementar hasta el último metro cuadrado de terreno, pretendiendo ignorar la saturación de las vías de comunicación, la falta de agua potable, o los problemas de depuración de aguas residuales, todo ello en abierta contradicción con la política del PSPV y del Ministerio de Medio Ambiente. Que hay ayuntamientos gobernados por el PSPV que continúan adjudicando contratos públicos sin respetar las obligaciones de transparencia y competencia que imponen la legislación española y la comunitaria, como se refleja en la denuncia que hemos presentado ante la Comisión Europea (queja nº SG(2004) A/7549/2, en relación con unos proyectos de urbanización que actualmente examina el ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant). Y también hay ayuntamientos gobernados por el PSPV que, en lugar de defender la herencia cultural de los ciudadanos, la belleza del entorno y la calidad del medio ambiente, parecen prestar más atención al crecimiento urbanístico desaforado.
Hemos comunicado a Su Majestad el Rey y al Presidente del Gobierno que consideramos que alrededor del urbanismo valenciano hay una muy seria quiebra del Estado de Derecho, y no creemos haber desvelado con ello ningún secreto. Que empiecen a salir a la luz pública actuaciones claramente delictivas es cuestión de tiempo, pero nadie con un mínimo conocimiento de la situación en la Comunidad Valenciana puede sorprenderse por ello. A la recién creada delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante (¿para cuándo una en Valencia y otra en Castellón?) no le va a faltar trabajo.
Ante la magnitud de los desmanes urbanísticos en la Comunidad, y la forma como se han violado los derechos de los pequeños propietarios, es necesario ir mucho más lejos en la defensa del urbanismo sostenible, del medio ambiente, y de las víctimas de los abusos urbanísticos. Necesitamos pronunciamientos claros de los partidos políticos, y esperamos de ustedes que se pongan claramente del lado de quienes sufren las consecuencias de los abusos.
En consecuencia, pedimos al PSPV que decrete una “moratoria unilateral” de la LRAU en los ayuntamientos en que gobierne, negándose a aprobar nuevos programas basados en dicha ley. Así, los ayuntamientos que retrasen la aprobación de planes urbanísticos hasta la derogación de la LRAU y la adopción de la ley que la sustituya, posibilitarán un mayor respeto de los derechos de los pequeños propietarios, evitarán los abusos a que da lugar la LRAU… y de paso recortarán las prerrogativas de los urbanizadores, que parecen haber entrado en una carrera desenfrenada para colmatar todo el territorio valenciano antes de que se apruebe una nueva ley que sea, por lo menos, respetuosa con la Constitución y con los derechos fundamentales.
A nadie puede sorprender que los abusos urbanísticos, la depredación del medio ambiente y el desarrollo absolutamente insostenible a que ha conducido esta ley estén provocando un serio deterioro de la imagen internacional de la Comunidad Valenciana. Cualquier observador desinteresado dará fe del declive de las ventas en el sector inmobiliario en la región. Y los profesionales del sector manifiestan su preocupación por el futuro: ¿cómo van a conseguir lavar la imagen de España y de la Comunidad Valenciana si no paran de surgir escándalos de corrupción urbanística, macrourbanizaciones demenciales, y abusos de todo tipo? Los pelotazos se consuman rápidamente y benefician a unos pocos. Sin embargo, sus consecuencias perduran durante muchos años, y son soportadas por el conjunto de la ciudadanía.
Los abusos urbanísticos en nuestra comunidad han sido denunciados por el Parlamento Europeo, por el Sindic de Greuges, por diecisiete embajadores comunitarios, por un número cada vez mayor de ciudadanos… ¿están todos ellos equivocados?
Sr. Pla: los miles de ciudadanos españoles y extranjeros que somos víctimas de los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana no podemos aceptar que sea imposible encontrar una solución rápida y justa a estos problemas dentro del sistema jurídico español. No entendemos esta quiebra del Estado de Derecho, y confiamos en que los políticos valencianos cumplan con sus obligaciones y restauren la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Agradecemos por anticipado su intervención.
Reciba un atento saludo.
Charles Svoboda
Enrique Climent Laguarda
Presidente Vicepresidente
www.abusos-no.org
DIARIO INFORMACIÓN - Domingo, 21 de noviembre de 2004
INFORME DE LA SINDICATURA DE GREUGES
El Síndic insta al Consell a extremar el control sobre los procesos urbanísticos.
REDACCIÓN:
El Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, reclamó ayer un mayor control de las Administraciones públicas de los procesos urbanísticos e instó al Consell a intervenir ante la «notoria negligencia o pasividad» de los ayuntamientos en casos de infracciones graves o muy graves. El defensor de los derechos de los ciudadanos entiende que debe incentivarse más la participación de los propietarios en los planes urbanísticos y que debe haber un mayor control de los costes de urbanización, según informa la agencia Efe.
El Síndic, quien compareció en la comisión de Peticiones, anunció que ha entregado a las Cortes una comunicación especial sobre la actividad urbanística, elaborada de las quejas recibidas en los últimos ocho años. El texto, compuesto por casi un centenar de páginas, plantea una serie de recomendaciones para que se tengan en cuenta en la reforma de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). La Sindicatura remitió a Territorio el pasado mes de marzo un total de 13 recomendaciones para que fueran tenidas en cuenta a la hora de cambiar la LRAU, de las que 8 han sido aceptadas -la mitad de ellas parcialmente- y 5 rechazadas.
El Síndic exige que la ley recoja una mención expresa al valor real del mercado del suelo y de las construcciones -algo que no ha aceptado Territorio- y plantea que se garantice la transparencia del proceso selectivo, obligando a los aspirantes a urbanizador a determinar el coste total de las cargas de urbanización. Una de las principales recomendaciones del Síndic es incluir entre las personas responsables de las infracciones urbanísticas al promotor o empresario de las obras, al propietario de los terrenos y a los técnicos directores de las obras, así como que la Conselleria pueda actuar ante una «notoria negligencia o pasividad» de los ayuntamientos ante infracciones graves o muy graves.
Asimismo, el Síndic aboga por que se potencie el fomento de la ejecución de programas por los propietarios y por que se sustituya el aviso por una notificación administrativa a los titulares catastrales afectados, para evitar su indefensión.
Además, el defensor de los derechos ciudadanos cuestiona la conveniencia de mantener el privilegio del urbanizador de exigir a los propietarios el pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ABUSOS URBANÍSTICOS.
JOSÉ LUIS RAMOS, Abogado.
Docenas de asociaciones ciudadanas confluirán en Alicante para revindicar mayor participación ciudadana en las decisiones administrativas que afecten a la ordenación del territorio. Unos son propietarios y protestan porque no se les tiene en cuenta.
Otros son ecologistas que creen que el suelo es un bien común cuyo destino debe tener en consideración el bien estar social de la sociedad que lo ocupa y de las generaciones futuras. Lo curioso es que la legislación urbanística vigente establece la obligación de consultar y de formalizar acuerdos con los ciudadanos particularmente afectados, en la fase de redacción técnica de los planes y programas, obligando que el resultado se refleje el expediente.
Sin embargo, entre los muchos expedientes que por razones profesionales he consultado jamás encontré un solo folio donde se haga constancia de la preceptiva participación ciudadana. Algunos creen que el derecho de participación ciudadana se hace efectivo desde el momento que se expone el proyecto a exposición pública y se presentan alegaciones.
Quienes así piensan desconocen que la legislación urbanística establece la audiencia, la consulta y la información pública, como tres marcos de participación ciudadana diferenciados. Los dos primeros casos deben darse dentro de los actos preparatorios, en la fase de redacción técnica, anteriores a la redacción del plan o programa
Por audiencia debe entenderse la obligación de oír a los afectados e interesados antes de decidir. La consulta va referida a otras administraciones, entidades e instituciones representativas del ámbito de la actuación urbanística. En ambos casos la ley obliga a que se refleje su resultado por escrito en el expediente.
Por último la información pública tiene por finalidad poner a disposición de todos los ciudadanos en general el proyecto elaborado en la fase de redacción técnica y que se propone aprobar. En ningún caso el cumplimiento de la fase de exposición pública puede suplir el derecho de consulta y audiencia previa de los afectados.
Cabe añadir que los tres marcos de participación deben aplicarse tanto a la fase de aprobación de los proyectos como de su ejecución. Nada de lo dicho se cumple. En la práctica se limitan a remitir aviso de lo aprobado al domicilio fiscal del propietario en los casos de PAIs y ni siquiera eso en los planes. Esa falta de control democrático sobre las actuaciones urbanísticas es la causa fundamental de tantos abusos urbanísticos que se producen a lo largo de todo el litoral.
Entre todos los abusos, quizás, el someter a reparcelaciones (con la obligación de ceder terrenos para dotaciones y equipamientos) urbanizaciones y edificaciones que tenían la condición de consolidadas, según la legislación urbanística a la entrada en vigor la LRAU valenciana, es una de las cuestiones más difícil de entender y aceptar por los propietarios afectados.
A pesar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo viene declarando ilegal los promotores y la administración no se dan por enterados hasta el momento. Así se obliga a los propietarios a tener que acudir a unos tribunales que cuando dicten sentencia las fincas afectadas pueden haber sufrido transformaciones irreversible. ¿Quién se hará responsable de los daños, si al final les dan la razón?
CARTA A ANTONIO MARÍN SEGOVIA.
Jueves, 18 de noviembre de 2004
De : Enric Climent. ABUSOS URBANISTICOS NO.
Para : Antonio Marín Segovia. CERCLE OBERT DE BENICALAP
Sr. Marín Segovia.
Me dirijo a Ud. en nombre de la asociación que represento, y me complace decirle que somos lectores y seguidores de sus proclamas, artículos y denuncias, con las que coincidimos plenamente, y precisamente por ello y porque nuestra lucha esta en la misma sintonía que la suya, diría que solo cambia el territorio que abarca.
Su escrito de 13 de noviembre, en el que solicitaba la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para que investigue las conexiones e implicaciones que pueden mantener los políticos valencianos con ciertos grupos inmobiliarios, ha sido el detonante del mío ahora, ya que también nosotros en carta dirigida al Ministro de Justicia de 8 de Julio de este año y de la que le adjuntamos copia.
A la vista de que existen puntos de coincidencia en el desarrollo de nuestras reivindicaciones, e incluso acciones idénticas que señalan la dirección de nuestras reivindicaciones, me permito ofrecerle nuestra colaboración en todo aquello que sea útil y pueda reforzar sus tesis, así como a la reciproca estar abierto a sus propuestas que puedan ayudarnos en el DIA a dia de nuestra lucha.
Como Ud. dice, las personas siempre primero, y las torres , los campos de golf y el cultivo de cespitosas , cuando tengamos el nivel de vida que pueda permitírselo, poner el tejado antes que las paredes solo puede ser de idiotas descerebrados o de aprovechados con intereses ocultos, y yo personalmente no creo que nuestros gobernantes sean idiotas descerebrados.
Saludos.
Enric Climent.
Más información relacionada en Ibérica 2000, sobre este tema:
* Cercle Obert de Benicalap denuncia a las autoridades valencianas ante la Fiscalía Anticorrupción (Enlaces...)
* Contra el expolio del Cabañal
* Aproximación a la presente realidad urbanística que vivimos en Valencia
* La destrucción de la Albufera de Valencia
* Hay que luchar contra la corrupción y la pasividad institucional
* No debemos permitir que nos roben el suelo público
* ¿Es sustentable ambientalmente el crecimiento capitalista?
* Carta a una expoliadora amante del "progreso"
* Leyes, mentiras y expolios en la ciudad de las Tierras Míticas que se abrazan a todos los mares futuros
* ¿Para qué tanto crecimiento urbanístico?
* Urbanismo desbocado
* Terrorismo urbanístico, ambiental y cultural en la Valencia de Rita Barberá
* Los vecinos y ciudadanos queremos participar
* L´urbanisme, la Sra. Ministra i el País Valencià
* Urbanización y defensa del territorio
| Insertado
por: CERCLEOBERT (22/11/2004) |
| Fuente/Autor:
ABUSOS URBANÍSTICOS NO |
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Nota de prensa. 20 de diciembre de 2004.
"El inmoral negocio de urbanismo especulativo existente en Majadahonda"
El negocio inmobiliario y de la obra pública en Majadahonda, cuenca media del río Guadarrama y Comunidad de Madrid, incluidas significativas dimisiones de concejales, no responde a la necesidad de abastecer de techo y cobijo a las personas. La vivienda, el urbanismo y la política territorial del Gobierno Municipal de Majadahonda, así como la obra civil promovida por el Gobierno Autonómico, forman parte de la inmoral especulación y del trasvase improductivo de capital público a bolsillos privados.
La edificación, la construcción y los precios de la vivienda, fenómenos estadísticamente poco documentados, siguen en España evoluciones cíclicas, de forma paralela a las cotizaciones bursátiles, que aparecen más ligadas a las variaciones de la coyuntura financiera que a las variables demográficas.
Los tres últimos ciclos de vivienda observados en España no tienen nada que ver con las necesidades reales de la población. El primero se generó al comenzar la década de 1960 con 500.000 viviendas anuales y tuvo una caída en picado con la crisis energética de 1973. El segundo fue provocado por la entrada de capitales foráneos en la segunda mitad de la década de 1980 creando fuertes revalorizaciones del suelo como parte de la armonización de precios con el resto de la Unión Europea, y se desinfló con los ajustes destinados a corregir el desequilibrio exterior de nuestra economía tras los festejos de 1992. El tercero, y actual, caracterizado por una gran especulación en viviendas, en infraestructuras y en precios, contrasta con el declive demográfico existente desde principios de la década de 1970. La inmigración existente es incapaz de justificar que cada año se sigan construyendo en España más viviendas que en Alemania y Francia juntas.
Además, el empeño en forzar la propiedad de la vivienda no es un elemento habitual en nuestra sociedad, como lo demuestra el hecho de que en el censo de vivienda de 1950 sólo el 6 por ciento de las viviendas de Madrid, y el 5 por ciento de las de Barcelona, estaban habitadas por los propietarios, la gran mayoría de las personas vivía entonces en alquiler.
La degradación del medio ambiente, y de las condiciones de vida, son tan altas, debido a la especulación que deforma el uso de la vivienda, que Ecologistas en Acción de Majadahonda se ha sumado a otras muchas organizaciones sociales de la Comunidad de Madrid, reuniéndose, en Madrid el pasado sábado 18 y en Villanueva de la Cañada el pasado 11 de diciembre de 2004, con el objetivo de hacer frente al riesgo de masificación urbanística, la caída espectacular de la calidad de vida y las amenazas contenidas en la construcción de más autopistas y autovías.
Más información:
Consuelo Sanz, T 659 962 203
María Ángeles Nieto, T 656 925 082 |
| Nombre: Ecologistas en Acción (20/12/2004) |
E-mail: majadahonda@ecologistasenaccion. |
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VALENCIA AMENAZADA: ARQUITECTURA COLOSAL Y CIUDADANÍA
15 DE JUNIO DE 2005
Ignacio París Bouza
Valencia vive actualmente amenazada por una serie de espectaculares proyectos arquitectónicos que se nos presentan como una indiscutible mejora y modernización de la ciudad asociada su desarrollo económico. El listado de carísimas utopías proyectuales en la ciudad y aledaños es sorprendente; de un lado aparecen algunas sustentadas en el poder mediático de la arquitectura espectacular, como: Valencia Litoral ? una propuesta para el desarrollo urbanístico del frente marítimo de Valencia, promovido por Ignacio Jiménez de Laiglesia director de Estrategia y Negociación de Inmuebles. y liderada por Jean Nouvel, que supondría una inversión de 2.000 millones de euros para reordenar dos millones de metros cuadrados, desde Nazaret a la Malvarrosa.
Sociópolis – un proyecto de urbanización en la pedanía de la Torre de 3000 viviendas de protección oficial en 78 hectáreas concebida como un ghetto de viviendas que se pretende llevar a cabo descatalogando terrenos de huerta y bienes patrimoniales y al que se ha dado luz verde tras incorporar pequeñas demandas sobre las alegaciones en contra presentadas por Per l´Horta, grupos de oposición municipal y el Colegio de Arquitectos. Un proyecto heredado de la Bienal de Valencia que disfrazado de preocupación social, paradójicamente no preveía ningún equipamiento público, ni colegios ni jardines, ni centro de salud, y que solo sirve a los especuladores ya que libera suelo urbano y elimina competencia al alejar del la ciudad las iniciativas de construcción de viviendas de protección oficial. Eso sí cuenta con la colaboración de prestigiosos arquitectos Vicente Guallart, Abalos&Herreros, Manuel Gausa, Torres Nadal, Willy Muller, Toyo Ito, MVRDV, Alejandro Zaera, Duncan Lewis …
Las torres de Calatrava; tres rascacielos llamados ingeniosamente Valencia, Alicante y Castellón, de 308, 266 y 220 metros (inspirados en las columnas de la Lonja de valencia). Un edificio de viviendas de lujo, un hotel, y oficinas, sobre una estación del AVE, junto a un ágora. Una inmoral operación económica, al haberse proyectado sobre suelo expropiado para uso público y donde estaba prevista la construcción de 450 viviendas de protección oficial. Es “el hito final, de uso privado”, en palabras de su autor, para rematar el ruinoso proyecto público de la Ciudad de las Artes y las Ciencias
El Fodereck; un edificio para poder seguir la Copa del América junto al canal de acceso a la dársena interior del puerto del que se encargara David Chipperfield, una construcción que a pesar de suponer un importante desembolso público será de uso exclusivo.
El planeamiento de El Grau (más de 370.000 metros cuadrados en torno a la desembocadura del Turia), el Balcón al Mar, la ampliación del IVAM …
Y junto a estos proyectos aparecen meras operaciones urbanísticas, cuyo interés especulador no se disfraza con grandes firmas de arquitectos estrellas; como el pelotazo de Mestalla: que implica dos recalificaciónes la de los terrenos del actual Mestalla y la del Valle de Porxinos, (1.651.000 metros cuadrados de suelo rústico de alto valor ecológico) sobre el que se construirían además de la ciudad deportiva, 2800 viviendas La ampliación de Blasco Ibáñez – que supondría la destrucción de un entramado de calles declarado Bien de Interés Cultural y el desplazamiento de mas de 2000 vecinos.–.O el eterno del Parque Central, que consiste en el soterramiento de las vías que proceden de la Estación Norte, un proyecto de parque inicialmente al que le van creciendo rascacielos a medida que se modifica y que esta influyendo negativamente en el depredador proceso especulativo que esta sufriendo el Barrio de Russafa.
De esta superabundancia de ocurrencias urbanas espectaculares sorprende, en primer lugar, la variedad de las que aparecen ligadas a la America´s Cup y al turismo que hipotéticamente generará. Y en segundo lugar, la manifiesta incompatibilidad de algunas, (especialmente las que se disputan la reordenación de la fachada litoral de la ciudad) revelando una falta de definición y sobretodo una guerra de intereses ajenas a la ciudadanía. En cualquier caso, el sano espíritu de competición, promotor de tanta iniciativa, parece contagiar todas las operaciones urbanas y arquitectónicas a las que nos referimos; y en las que se aborda el progreso como si de otro concurso deportivo se tratara ( más alto más grande, más moderno). La propaganda institucional imbuida del espíritu de lo sublime histérico (Jameson), de una filosofía de show de los récords, ampara estas intervenciones abundando en el gesto populista, obsesionada exclusivamente por la trasgresión de la medida, en la búsqueda absurda de esa mercancía de “lo único” espectacular que convierte la desmesura en propaganda para disfrazar el sentido estrictamente mercantil de estas operaciones.
Así, ante el frenético advenimiento de ocurrencias constructivas vinculadas a la Copa del América, resulta inevitable pensar que los responsables de los gobiernos metropolitano y autonómico no se dignan a proponer, si no es a cuenta de un macro-evento cultural o deportivo que – aún a pesar de su carácter coyuntural – absorberá gran parte de nuestros recursos económicos, y se convertirá en la razón o la excusa para transformaciones definitivas de la fisonomía de la ciudad. Como si Valencia no necesitara creación de infraestructuras mantenimiento y mejoras cotidianas, como si nuestras vidas no se fueran a desplegar sobre unos proyectos que, presentándose ahora como intervenciones urgentes y necesarias –tan “necesarias” como un canal de 80 mts. de ancho por 400 mts. de largo que conecte la dársena interior del puerto con la zona de regatas en solo 15 minutos, o un club de propietarios de grandes yates con su propio helipuerto, y una zona de amarre para embarcaciones con más de 40 mts. de eslora (Carolina del Olmo)–. En realidad no son mucho más que improvisaciones concebidas para adornar esta ciudad de cara a una figura tan cómoda para el poder político como lo es le de el turista; alguien de paso, un visitante alienado que gasta mucho sin exigir tanta prestación de servicios, ni implicarse en los problemas urbanos y que parece constituirse en el único usuario legítimo del espacio público.
Pero hay que estar atentos, porque tras la hermanada estrategia del macro evento mediático y la arquitectura espectacular (cortinas de humo), subyace un modelo de desarrollo urbano neoliberal radicalmente especulativo que se propone como excluyente respecto a una planificación urbana seria, social y participativa, contrario a un proyecto democrático y definido de ciudad. Así que los poderes públicos y privados aún podrán admitir la critica al espectáculo de turno, pero difícilmente permitirán el debate público sobre el modelo urbano implícito, y a quien beneficia.
Esta manifiesta ausencia de planificación, sustituida por la avalancha de proyectos espectaculares, es una situación que, siendo el signo de los tiempos, proviene, en parte, del fracaso de las promesas transformadoras de determinadas utopías de ordenación urbana, pero sobretodo, del advenimiento de una razón económica que, despreciando el carácter prescriptivo del proyecto como instrumento de racionalidad técnica y utilidad social, pretende falazmente, que: liberando el desarrollo urbano a las dinámicas del mercado se obtienen mejoras para toda la sociedad. Esta fe en las bondades de la economía neoliberal favorece el abandono del gobierno de la ciudad en las manos de sectores económicos, tan tremendamente volátiles, como las compañías financieras y el sector inmobiliario lo cual supone un indudable riesgo económico – hay que recordar ahora el papel que jugo el hundimiento del sector inmobiliario en anteriores recesiones económicas. Pero además este triunfo ejecutivo de los flujos de inversión globales, de la flexibilidad y la desrregularización, generan una aceleración del proceso socioeconómico que influye en el cambio urbano alejándolo de la sociedad local. De hecho el desinterés del ayuntamiento de Valencia y la resistencia de los promotores valencianos ante el proyecto Valencia Litoral procedería de la imposibilidad, dada su magnitud, de su control exclusivo, de ahí que este megaproyecto desate las iras de Juan Bautista Soler y las ambiciones de Florentino Pérez.
La construcción de la ciudad, (o mejor la destrucción de la idea de ciudad), de acuerdo a una estrategia económica neoliberal, funciona coartando cualquier intento de planificación y participación de la sociedad civil y relegando la labor de las administraciones públicas a una mera gestión, desarrollada en defensa de intereses mercantiles. Pero una ciudad que crezca atendiendo exclusivamente a paradigmas económicos especuladores, y cuyo único proyecto sea un proyecto financiero, se encontrará, sin duda, con serios problemas en su desarrollo que afectaran a la calidad de vida ciudadana. Probablemente este modelo de desarrollo urbano desatenderá las relaciones espaciales entre vivienda trabajo y servicios; experimentará una agudización de los problemas medioambientales; sufrirá una baja calidad constructiva y verá sus formas de socialización, su espacio público, reducido al ámbito del centro comercial.
En cualquier caso, lo que resulta evidente que estamos inmersos en un proceso de adaptación de la ciudad a las exigencias de la economía global, y que en ese proceso la única baza que juegan los poderse locales, parece ser al explotación ad-nauseam de nuestra ubicación geográfica – de ahí las tensiones urgentes por la reordenación de la fachada litoral –; ya sea por la vía del turismo, ya por la de las comunicaciones en tanto que desarrollo de la ciudad portuaria (y aquí parece perdida la batalla con Barcelona por el liderazgo logístico de la euroregión C6). Pero las consecuencias, para la ciudad en este proceso de desarrollo urbano parecen tan graves como los efectos socioeconómicos que padecerán los ciudadanos en el incesante camino de la terciarización de Valencia: procesos de gentrificación y precariedad laboral
Así que para que no se note (ante la magnitud de los daños colaterales que se van a inflingir a la población) los poderes políticos y económicos optan por la exaltación de la cáscara y lo arbitrario, con la esperanza de crear una fascinación, un asombro, que anule las dudas sobre la necesidad de las intervenciones previstas. Pero el vecino atento, o el inmediatamente afectado (ya que nuestro papel en las disputas entre Necso y Dragados solo puede ser el de víctimas) deberá preguntarse que sentido tienen todas y cada una de estas operaciones, a quien benefician y que ofrecen realmente al ciudadano. Por ejemplo, ¿para que queremos hiperedificios como las torres de Calatrava? Las torres de Calatrava, representan lo que Fernández Alba define como la quiebra entre espacio urbano y objeto arquitectónico, carecen de utilidad urbana y, al margen de servir como símbolo al poder, son una operación innecesaria en esta ciudad si atendemos, primero a los 66.000 pisos vacíos (según el INE) y, segundo, a la utilidad de los rascacielos que no son más que una forma de descongestión; solución a una hiperdensidad metropolitana que aquí no existe.
Pero es que esta presión arquitectónica sin planteamiento urbano que amenaza Valencia revela que, tanto como la política institucional, la arquitectura -espectáculo se encuentra iluminada por el faro cegador del mercado global. La tercera ola del capitalismo, su fase posindustrial, el imparable proceso de globalización posdemocrática, o como se le quiera llamar, y que tanto incumbe a la producción de bienes simbólicos, afecta a la arquitectura dinamitando las ideas de forma y función ( Roberto Fernández). Las monumentales intervenciones arquitectónicas que nos amenazan se desarrollan mayoritariamente sin cuestionamientos, sin conciencia ética y despreciando su función social, dejando como objeto de reflexión únicamente desvaríos estilísticos, variaciones formales, y soluciones hipertecnológicas sin justificación; que rindiendo culto a lo innecesario o a la prepotencia y terminan convirtiéndose en el contenido mismo de la arquitectura. (la ampliación del IVAM es un ejemplo)
Pero la contradicción más sangrante se da entre la magnitud de tanto proyecto constructivo espectacular y el deterioro y abandono del centro (que sufre una imparable hemorragia demográfica) y de los barrios históricos. Cosa que no se entiende porque incluso desde la única razón capaz de ser contemplada por este ayuntamiento, la de la mercadotecnia competitiva de las ciudades, carece de sentido ignorar la extraordinaria importancia de los centros históricos como polos de atracción y elementos configuradores de la imagen de la ciudad. De manera que, especialmente hablando de una ciudad del viejo continente, la imagen del centro urbano es la imagen y representación misma de la ciudad entera. ( y mientras tanto Rita Barberá amenaza con convertirnos en la ciudad líder en arquitectura del mundo)
Parece, en resumen, que, en nombre del espectáculo, la razón de la acción de gobierno es crear un buen clima para los negocios a cualquier precio; lo grotesco es que el motivo elegido sea ni más ni menos que una carrera de barcos; lo trágico es, que en este proceso de creación de un entorno favorable para el desarrollo del capital privado, los perjudicados seamos precisamente la población urbana. Dice D. Harvey que cuando la inversión pública se destina a la creación de un buen clima para los negocios se esta subsidiando el capital y por lo tanto se está contribuyendo a un proceso de restablecimiento del poder y los privilegios de clase. Así que habrá que recordarle al gobierno local que la ciudad es mucho más que el precio de su metro cuadrado, es un espacio social dinámico, un producto colectivo de encuentro, y el lugar donde transcurre nuestra vida. Por eso entre la crisis histórica de un funcionalismo demiúrgico que nos deja huérfanos de utopías urbanas, y el dominio una razón económica neoliberal debe existir un espacio para la reflexión común que permita la construcción plural de la ciudad, articulando proyectos urbanos participativos que atiendan a las necesidades ciudadanas aunando los saberes técnicos o disciplinares y los saberes sociales, (la experiencia y la proximidad) desde la certeza de que la reflexión y el trabajo participativo pueden responder, si es necesario, al desafío de la competencia metropolitana sin destruir la idea de ciudad.
Gentileza de Cercle Obert de Benicalap
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro
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Los mitos inmobiliarios de nuestro tiempo
Seis tópicos sobre el mercado inmobilario en España y el comportamiento de los propietarios son desmenuzados y puestos en entredicho. La conclusión apunta a que, a pesar de lo que se diga, en nuestro país hay burbuja inmobiliaria, empujada por la espiral de compras especulativas y créditos baratos
José Manuel Naredo (La Vanguardia)
JOSÉ MANUEL NAREDO - 20/11/2005
La interpretación del panorama inmobiliario español está viciada por la pervivencia de una serie de mitos acordes con el negocio inmobiliario imperante que, a fuerza de repetirse, acaban arraigando en la población.
El primero de ellos viene a decir en España no hay cultura de alquiler: los españoles quieren vivienda en propiedad casi desde el neolítico. Esta creencia es falsa, ya que en 1950 la situación era justo la contraria: las viviendas ocupadas por sus propietarios suponían solo el 46 % del total y eran mucho más minoritarias en las grandes ciudades. En Barcelona solo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6 %, en Sevilla el 10 %, en Bilbao 12 %... La creación franquista de un Ministerio de Vivienda apuntó, entre otras cosas, a promover la vivienda en propiedad como vacuna frente a la inestabilidad social: con la retórica falangista del momento se decía que para hacer gente de orden había que facilitar el acceso de la población a la propiedad de la vivienda y atarla a responsabilidades de pagos importantes. Solamente un continuismo digno de mejor causa en lo que concierne a esta política permitió cambiar la cultura del alquiler en favor de la propiedad y otorgar a España el récord europeo en este campo.
El segundo nos dice Pagando alquiler se tira el dinero: compre una vivienda y conviértase en propietario.
Este eslogan oculta la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta quien quiere habitar una vivienda pero carece del patrimonio necesario para comprarla. La decisión oscila entre pagar una renta al propietario en concepto de alquiler o pagar la renta de una hipoteca a una entidad financiera. En ninguno de los dos casos se tira el dinero, sino que se paga por un servicio. El engaño también procede de ignorar que el titular no es propietario pleno de la vivienda hipotecada, ya que en caso de impago el prestamista pasaría a ser el propietario, desahuciando al titular de la misma. Sólo si el comprador paga religiosamente los intereses del crédito y devuelve el principal, acabará adquiriendo la propiedad ¿libre de cargas? del inmueble. Y con los plazos tan dilatados que hoy se establecen para posibilitar los pagos, esto podría ocurrir dentro de treinta o cuarenta años. Con previsiones de tipos al alza y de precios de la vivienda a la baja, el alquiler sería más recomendable que la compra y viceversa. De ahí que el afán de comprar venga avalado por el siguiente mito a comentar.
Tercero: Los precios de la vivienda nunca han bajado ni bajarán.La experiencia indica, por el contrario, que los precios bajaron en el pasado y, con mayor razón, podrán hacerlo en el futuro. Sin ir más lejos, cuando la anterior burbuja inmobiliaria se desinfló tras los festejos de 1992, el índice de precios de la vivienda ¿elaborado por el antiguo Ministerio de Fomento? registró caídas para la vivienda nueva durante 1992 y 1993 y para la vivienda usada durante 1992. Y hay que advertir que en el caso de la vivienda usada este índice tiene aversión a la baja, pues no se apoya en verdaderos precios de mercado, sino de tasación, que acusan una inercia importante: cuando decae un período de auge aumenta el período de venta y los más necesitados de liquidez acaban vendiendo por debajo de los precios inicialmente demandados en los anuncios o atribuidos en las tasaciones. En período de declive, los precios de mercado tienden a caer más que los de tasación, tal y como confirma la experiencia del ciclo anterior en el que los precios de las nuevas promociones ¿más acordes con los precios de mercado? cayeron mucho más que los de tasación de la vivienda usada. El hecho de que no tengamos experiencia de caídas estrepitosas y prolongadas de los precios de la vivienda, como las ocurridas en otros países, permite mantener impunemente el mito de la irreversibilidad a la baja de los precios de la vivienda, pese a que los espectaculares niveles alcanzados hacen mucho más previsible que nunca correcciones a la baja.
Cuarto: Hay que forzar la construcción de vivienda nueva para cubrir el déficit existente. .Cuando España encabeza a la Unión Europea en número de viviendas por cada mil habitantes, no cabe seguir hablando de déficit de vivienda. Sin embargo, España ocupa un lugar bastante modesto en número de viviendas principales por mil habitantes. La espectacular disociación entre la dotación de viviendas totales y de viviendas principales se explica porque España también es líder europeo en viviendas secundarias y desocupadas por mil habitantes. Pues en el último boom inmobiliario han comprado y acumulado viviendas quienes podían pagarlas, no quienes más las necesitaban para vivir en ellas.
Quinto: Los emigrantes son los grandes compradores de vivienda que compensan el declive de la demografía interna o, también, la demanda de viviendas se mantiene fuerte gracias a la entrada masiva de emigrantes. Cuando el estancamiento y la previsible disminución de la demografía interna no reclaman para el uso las enormes cantidades de vivienda nueva que se están construyendo, se recurre a la justificación de los inmigrantes, confundiendo dos cosas bien distintas: necesidades de alojamiento y demanda solvente de vivienda. Todo ello con tal de no reconocer que lo que mueve tan desmedidos afanes constructivos no es ningún empeño de satisfacer necesidades de alojamiento, sino el pingüe negocio de las plusvalías derivadas de las recalificaciones de suelo, siendo la construcción el medio colaborador necesario para posibilitar la transformación de los terrenos rústicos en suelo edificado, añadiendo como poco tres ceros a su valor.
Sexto: No hay burbuja inmobiliaria, la escasez de suelo es la culpable del alto precio de la vivienda. Esta idea queda sin respaldo cuando se observa que la expansión del suelo urbanizable ha venido superando ampliamente las necesidades de edificación. La confusión arranca de ignorar el carácter patrimonial del suelo (y de la vivienda) y de razonar sobre sus mercados como si de cualquier otra mercancía-flujo se tratara.
Y es que el suelo no es una materia prima como los ladrillos o el cemento, ni tampoco un salario. Ambos son bienes raíces que la gente valora y atesora por si mismos. En este caso su valor de mercado responde sólo a la pequeña fracción de dichos stocks que cambia de mano y se revela poco sensible al coste y a la producción del bien patrimonial en cuestión, dependiendo sobre todo de consideraciones y expectativas ajenas a éstos y de su comparación con el tipo de interés, que marca la retribución alternativa del dinero. De ahí que sus precios se hayan visto empujados al alza cuando la caída conjunta de la bolsa y el tipo de interés desincentivó las alternativas de inversión. La mayor demanda de terrenos y viviendas acarreó subidas de precios que atrajeron nuevas oleadas de compras y nuevas perspectivas de revalorización, originando esa espiral de revalorización y compra especulativa (apalancada con créditos) que suele llamarse burbuja inmobiliaria. Como hemos indicado, la mitología se empeña en decir, en contra de toda evidencia, que no hay burbuja inmobiliaria, sino subidas normales de precios derivadas de la escasez de suelo.
JOSÉ MANUEL NAREDO, economista y estadístico
Profesor ´ad honorem´de la escuela de Arquitectura de Madrid, y profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. Premio Nacional de Medio Ambiente 2000
(La Vanguardia)
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| Nombre: Cercle Obert de Benicalap (29/12/2005) |
E-mail: marsegan@hotmail.com |
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LA COPA AMÉRICA Y LA ESPECULACIÓN
Admira y sorprende que lo primero que han dicho los vecinos del barrio del Cabañal, al conocer la decisión del alto tribunal valenciano con la que se da vía libre a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez, es que siguen creyendo en esa misma Justicia que acaba de decretar la muerte de una barriada y un tipo de vida que parece ser pertenecen a otra época, a otros tiempos en que el barrio era un lugar de convivencia, de juegos infantiles, de solidaridad entre los vecinos.
Parece que en este caso también han pesado más los grandes intereses políticos que las protestas del vecindario y de la sociedad valenciana, los informes de urbanistas, historiadores y universidades de medio mundo, las campañas de puertas abiertas y la solidaridad de numerosos artistas. Enfrente estaban los intereses de las inmobiliarias, de las constructoras, de los especuladores y de muchos cargos públicos que sólo ven progreso en las grandes avenidas y los rascacielos para negocios elitistas.
Curioso también que sean un partido y una alcaldesa que presumen de ser los mejores defensores y protectores de la identidad valenciana, los encargados de poner en marcha la destrucción del barrio con más tradición y valor histórico de Valencia. Un entramado de calles y casas de pescadores, artesanos y obreros, donde cada fachada y cada balcón tienen un detalle de encanto y la huella de las generaciones que en El Cabañal han ido dejando su vida y sus ilusiones.
Indignante, en definitiva, que se ataque así a un barrio humilde y trabajador, y que se haga bajo el pretexto de defender el interés general. ¿De quién? Será en todo caso de las empresas constructoras, porque para nada necesita la gente de Valencia más viviendas (sobre todo si son tan caras como las proyectadas) teniendo en cuenta que ya existen 35.000 casas vacías en el municipio. Tampoco el argumento de acercar la ciudad al mar es creíble: Valencia ya está junto al mar, gracias –precisamente- a sus poblados marítimos.
Existen en la actualidad varias avenidas y calles (hasta cinco o más) que permiten llegar con facilidad a la playa, sin necesidad de partir El Cabañal por la mitad ni de gastar esa millonada que hace falta en otras zonas (pondremos sólo Orriols y Ruzafa, por no cansar al lector) donde el abandono por parte de la administración ha degradado la vida y las relaciones en estos barrios a niveles muy preocupantes. Pero, claro, en los barrios citados y en otros muchos, parece que no hay intereses especulativos en el horizonte, por lo que invertir en infraestructuras como escuelas, parques, bibliotecas, centros juveniles y ambulatorios no entra en los cálculos de quienes rigen la política y las finanzas (cada vez más unidas) de estas castigadas tierras.
Y es que parece que nuestras autoridades sienten una peligrosa adicción a los grandes eventos y obras, que les lleva a levantar costosos edificios e infraestructuras sin reparar en gastos. Pasada con más pena que gloria la Bienal, y casi sumidos en la bancarrota económica y la indiferencia social sueños como Terra Mítica o las ciudades del Cine, el Teatro, y demás ocurrencias, ahora lo que toca es otro proyecto faraónico y megalómano de nuestra alcaldesa llamado la Copa del América (de vela, añadimos, porque nadie sabe mucho sobre la elitista regata).
Se prometen beneficios sin fin para la ciudad y sus afortunados habitantes: hoteles y más hoteles, modernas tiendas, visitantes adinerados, cadenas de televisión emitiendo a todo el mundo mundial la imagen de nuestra ciudad, con sus obras de Calatrava, Foster y otros “galácticos” que llegan presurosos a picotear del rico panal… ¡la pera! Y para acallar a los inconformistas de siempre se presenta un argumento de peso: se crearán 10.000 puestos de trabajo. Lo que no explican es en qué condiciones ni de qué duración serán esos contratos, ni tampoco dicen que destinando esos 1000 millones largos de euros que se manejan como presupuesto a construir institutos, hospitales, centros culturales, jardines, etc. no sólo se crearían muchos más empleos, sino que estarían mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, de los que han pagado los impuestos que tan alegremente se malgastan en juegos y fuegos fatuos.
Si nuestras primeras autoridades se dieren una vuelta por Barcelona o Sevilla verían que todo lo que se prometió para después de Olimpiadas, Expo o Fórum se ha reducido a encarecer la vida en ambas ciudades y a destruir algunos barrios obreros para levantar viviendas y oficinas de lujo. Algo parecido es lo que puede pasar en Valencia, donde se han transferido a la iniciativa privada terrenos de dominio público en el puerto y expropiado patrimonios familiares en la fértil y entrañable huerta de La Punta.
Los vecinos de Nazaret ya han sufrido en sus carnes y sus calles las consecuencias de tanta obra irresponsable con motivo de las últimas lluvias; los del Cabañal los verán en cuanto aparezcan las primeras excavadoras para tirar sus casas. Ante tanta locura a uno se le ocurre preguntarse si es necesario arrasar con todo para perpetuar las obras y la especulación, si no existe otro tipo de progreso que no se base en las autovías, los aeropuertos, los trenes AVE, los grandes rascacielos, las prisas; la pobreza de la mayoría frente a la escandalosa opulencia de una ínfima minoría.
Somos muchos los que no nos creemos esta nueva versión del cuento de la lechera; una lechera –doña Rita Barberá- que no piensa llenar su Copa y la de sus amigos con leche, sino con muchos billetes.
El PP rechaza un plan de recuperación de la Alquería del Moro porque ya es BIC
UNA DE LAS FACHADAS DE LA ALQUERÍA. EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALQUERÍA DEL MORO EN BENICALAP.
El PP rechazó en las Cortes la propuesta del PSPV sobre un acuerdo entre Generalitat y Ayuntamiento de Valencia para garantizar la salvación de la Alquería del Moro. El PP cree suficiente la declaración de BIC.Levante-EMV, Valencia El PP rechazó ayer en la comisión de Educación y Cultura de las Cortes Valencianas una iniciativa socialista que pedía que la conselleria de Educación, Cultura y Deporte iniciara un proceso de colaboración con el Ayuntamiento de Valencia para asegurar la salvaguarda, recuperación, consolidación y puesta en valor del conjunto de edificios de la Alquería del Moro. La propuesta contó con el apoyo de EU-Entesa. El diputado popular Antonio Clemente justificó el voto en contra porque la consideración de estos inmuebles -es un BIC-, dijo, ya «pretende evitar su deterioro», al tiempo que destacó la colaboración ofrecida por la dirección general de Patrimonio al ayuntamiento. También indicó que se está realizando un proyecto de consolidación de la alquería y se están llevando a cabo los trabajos previos de documentación y desescombro a través de una escuela taller, con el seguimiento de la conselleria de Cultura. Sobre los usos, afirmó que la decisión compete al ayuntamiento. La diputada socialista Ana Noguera defendió que el conjunto de edificios que conforman la alquería (la Casa del Señor, la Lonja, la Casa de Paco Lluna, la Alquería de la Torre y el Casino del Americano o Chalet Inglés) es «uno de los de mayor valor histórico y antropológico». Noguera recordó que el ayuntamiento sólo ha expropiado el cuerpo principal y advirtió de que no sería «la primera vez que tuviéramos que lamentar, si no se toman medidas urgentes, la desaparición de edificios protegidos».
LEVANTE – EMV - MIÉRCOLES, 06 DE ABRIL DE 2005 Edición digital n. 2743
Gentileza de Cercle Obert de Benicalap
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro
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| Nombre: Cercle Obert de Benicalap (29/12/2005) |
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