LEYES DE SUELO Y ABUSOS URBANÍSTICOS Y AMBIENTALES EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Vivimos un momento dulce en la Tierra Mítica, llena de deudas y pelotazos...
El terrorismo urbanístico y ambiental desarrollado en los últimos años por el Partido Popular, ha logrado provocar la alarma internacional, dada la falta de respeto por lograr el bienestar ciudadano que tienen nuestras instituciones públicas y los numerosos casos de corrupción que surgen en torno al ladrillo, las recalificaciones, los campos de golf, las Copas de América, las Tierras Míticas, los estadios de fútbol...
Han tenido que ser las instituciones europeas y los organismo internacionales (Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo y Parlamento Europeo) los que reclamen a nuestros gobernantes locales y autonómicos que aprendan a respetar la normativa vigente y atender las peticiones ciudadanas, exigiendo a las instituciones valencianas que eviten hacerse los "locos" cuando los ciudadanos reclamemos nuestros legítimos y lógicos derechos...
Vivimos tiempos peligrosos y duros, dado que sufrimos un total desamparo, al no tener unos cauces de participación y denuncia capaces de acabar con el expolio y el saqueo que ejecutan los políticos y empresarios valencianos.
Leyes de Suelo y Abusos Urbanísticos: RAFAEL BLASCO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.
ASOCIACIÓN VALENCIANA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS.
(Abusos Urbanisticos No)
aun@abusos-no.org
(imagen omitida)
CIF: G-53712766 Buzon 24, Urb. Bellavista. 03720 BENISSA (ALICANTE)
Telf: 96.649.7879
Benissa, 25 de noviembre de 2004
RAFAEL BLASCO EN EL PAIS DE LAS MARAVILLAS.
Tratando de desactivar el clamor nacional e internacional contra los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, el conseller de Territorio y Vivienda, D. Rafael Blasco, se ha dirigido a los cónsules de varios países europeos para proclamar las bondades del régimen urbanístico valenciano, asegurando que no hay discriminación alguna contra los ciudadanos extranjeros, y que si hay algún problema, es por culpa del gobierno central.
La plataforma Abusos Urbanísticos NO (AUN) desea hacer las siguientes puntualizaciones:
Por segunda vez en seis meses, el Síndic de Greuges se ha visto obligado a realizar un informe especial sobre el urbanismo valenciano, para dejar claro que el anteproyecto de Ley Urbanística Valenciana (LUV) sólo recoge cinco de sus recomendaciones, mientras que rechaza cuatro de ellas, y acepta sólo de forma parcial otras cuatro.
Las recomendaciones del Síndic de Greuges suponen el mínimo indispensable para defender de forma adecuada los intereses de los afectados. Ello implica que la LRAU actualmente en vigor pisotea los derechos de los propietarios afectados, como es cada vez más público y más notorio. Dado que en la nueva legislación se rechazan total o parcialmente ocho de las trece recomendaciones del defensor del pueblo valenciano, está claro que esta legislación tampoco protegerá a los afectados por los procesos de urbanización. Por cierto, que la inmensa mayoría de las quejas recibidas por el Síndic de Greuges provienen de ciudadanos españoles.
Por muchas cortinas de humo que se quieran seguir lanzando, mantienen plena vigencia las conclusiones del Informe del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, y la carta de diecisiete embajadores comunitarios sobre la misma cuestión.
Sorprende que, siendo el urbanismo una competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana, se eche la culpa de la situación a las leyes nacionales. Léase el informe del Síndic y se verá cómo otras comunidades autónomas regulan el urbanismo sin provocar abusos y sin distorsionar el concepto de interés público.
El conseller pretende reducir el problema a la falta de información a los afectados, con lo que la solución sería informarles de manera adecuada. Sin embargo, se trata sólo de una parte del problema, que, aun siendo muy importante, no es la fundamental.
Sigue sin respetarse ni la legislación europea ni la española sobre contratación pública. Se aprueban presupuestos desorbitados, sin posibilidad de control por el ciudadano “beneficiario” que es el que al final ha de pagarlos. Ello supone un auténtico incentivo a la depredación del territorio y del patrimonio de los afectados, porque el terreno sale prácticamente regalado y no hay forma de controlar los costes de urbanización. Pese a los retoques cosméticos, mantienen plena vigencia los argumentos de la denuncia contra la LRAU que presentamos en julio ante la Comisión Europea por violación de la normativa comunitaria sobre contratos públicos.
Otros problemas que subsisten son: el Agente Urbanizador continúa siendo el beneficiario absoluto de la ley, sigue la puerta abierta a los abusos en la valoración del suelo a efectos de retribución de los costes de urbanización, las garantías exigidas al urbanizador siguen siendo insuficientes, sigue sin controlarse la solvencia de los urbanizadores, generalmente empresas creadas a tal fin con capitales exiguos, sigue sin haber audiencia pública a los propietarios del suelo antes del desarrollo de cualquier programa, las cesiones obligatorias de terrenos continúan siendo aleatorias, sin que existan criterios objetivos, y también sigue sin haber criterios objetivos para definir la utilidad pública o el interés social que justifican los programas de actuación.
Ya esta bien de esgrimir el argumento de la discriminación contra ciudadanos extranjeros, que nunca hemos denunciado desde nuestra plataforma. Lo que denunciamos es el desprecio total de los derechos de los afectados por los procesos urbanísticos, españoles y extranjeros, con independencia de su nacionalidad.
Por mucho que se empeñen en jugar con las palabras, las víctimas de los abusos urbanísticos no somos “beneficiarios” de la actividad urbanizadora. Ya nos gustaría dedicar nuestro tiempo a disfrutar de tales “beneficios”. Seguimos siendo afectados y víctimas mientras no se derogue la LRAU y se modifique sustancialmente la LUV.”
Basta ya de propaganda y de buenas palabras. Los embajadores comunitarios se dirigieron en 2002 al entonces presidente Olivas para denunciar la situación, y nada se ha hecho para atajar los abusos. Exigimos soluciones ya.
COMPORTAMIENTOS ABUSIVOS.
María del Remedio Núñez Pardo.
No hay derecho. Hace años que los ciudadanos debimos movilizarnos contra la LRAU que nos deja atados ante la codicia de los políticos en general y municipales en particular. Es tanto el poder económico que tienen los ayuntamientos que se pegan (¿matarían?) por ello, basta con echar una ojeada por aquí. He leído en este periódico los efectos que esta ley increíble, propia de la Edad Media, causa en las personas afectadas, propietarios, similares al acoso y me indigna que nadie ponga coto a este robo, a esta estafa inaudita que enriquece a políticos y constructores, a costa del esfuerzo de los de abajo.
Lanzan una ley como una apisonadora por encima de los afectados que tienen su casita o su terrenito legítimamente heredado de su familia, o legítimamente adquirido. Los propietarios (por supuesto los pequeños; con los grandes no se atreven), los propietarios, repito, son nada para unos políticos de comportamiento abusivo y por tanto dictatorial, apoyados y animados por constructores codiciosos y en algunos casos estafadores, sé de lo que hablo.
Paradójicamente, ¿casualidad?, el chalet del alcalde del municipio en el que resido, va a quedar la mar de bien situado una vez que se ejecute todo el proyecto urbanístico previsto. Con su terrenito revalorizado, su bolsillito repleto, y sus vástagos bien colocados, ya puede venir la oposición. ¿Qué le importan las casitas expropiadas (yo diría robadas) de los demás, los huertos destrozados y los dueños legítimos despojados? Y encima, en el colmo de la enajenación, nos pedirán que votemos. Y nosotros, más locos todavía, votaremos. Los políticos sí que saben.
(imagen omitida)
LA LRAU Y LAS CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN
Reproduim pel seu interés aquest correu que ens ha arribat dels companys d´Abusos Urbanísticos NO, inagurant així la secció de notícies externes.
Podreu trobar algunes de les claus de la destrucció de l´Horta (i del País Valencià) a nivell municipal.
La LRAU y las cuentas del Gran Capitán.
Erase una vez una época en la que, cuando un ayuntamiento deseaba urbanizar una zona, debía abrir un procedimiento más o menos democrático, público y transparente. Los vecinos eran informados de los planes municipales y podían presentar alegaciones respecto a un solo proyecto, el presentado por el ayuntamiento. Incluso es posible que los partidos se pronunciaran en las campañas electorales sobre la conveniencia o no de urbanizar, con lo que los ciudadanos tenían la impresión de saber lo que iba a hacer el partido por el que votaran. Al final, los vecinos afectados tenían que pagar en forma de contribuciones especiales la parte que les correspondiera del coste de las obras de urbanización.
Algunos detalles importantes: el ayuntamiento estaba sujeto a limitaciones presupuestarias, así que sólo podía realizar la obra pública estrictamente necesaria para el interés público. Y, por supuesto, tenía que someterse a las obligaciones que impone la legislación sobre contratos públicos. ¿Qué significa esto? Primero: había que establecer un pliego de condiciones, explicando exactamente lo que quisiera hacer. Segundo: había que publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (y, en su caso, en el de la Unión Europea), para que cualquier empresa interesada pudiera hacer una oferta. Al final, el ayuntamiento estaba obligado a elegir la oferta económicamente más ventajosa, y su discrecionalidad estaba limitada por una serie de criterios objetivos que tenía que respetar.
Y en estas llegó la LRAU. Esa ley que ha permitido "crear ciudad" hasta en los lugares más inimaginables de la costa o la montaña valenciana, de una forma que produce la envidia de todos los urbanistas del mundo mundial. Que ha posibilitado un desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, creador de riqueza para las generaciones futuras, y que ha dado lugar a una modélica ordenación del territorio. Todo ello, dentro de un marco democrático de participación ciudadana y socialización de las plusvalías urbanísticas que, como es público y notorio, ha producido un rápido y sostenido descenso de los precios de la vivienda en la Comunidad Valenciana.
Gracias a la LRAU, el ciudadano no tiene que molestarse en leer lo que los partidos dicen que van a hacer con el territorio. Para eso está el Agente Urbanizador (artículo 44 LRAU: iniciativa particular), que sin necesidad de ser el propietario de los terrenos (ni tan siquiera de una parte de ellos), y sin tener que tomarse la molestia de notificar a quienes tuvieron la infeliz idea de instalar en dichos terrenos su domicilio, presenta un proyecto de urbanización cuatro días después de las elecciones municipales, no vaya a ser que alguien tenga la terrible idea de preguntarle a los vecinos su opinión al respecto.
Si quisiéramos pensar mal, diríamos que el candidato que presenta primero un proyecto de urbanización ha tenido todo el tiempo que ha querido para prepararlo, y luego elige el momento más favorable para iniciar el procedimiento, disponiendo así de todas las ventajas respecto de otros posibles candidatos. Pero, en vez de pensar mal, sigamos creyendo en la igualdad de oportunidades y expliquemos cómo dice la LRAU que hay que hacer las cosas.
El ayuntamiento somete el proyecto a información pública, e informa de lo siguiente: aquí hay alguien que quiere hacer algo con unos terrenos; nosotros no decimos ni sí ni no, pero si alguien más quiere hacer algo, que lo diga. Y lo publican en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, para que en un plazo de 20 a 40 días, otros candidatos puedan presentar planes alternativos. Por cierto: ¿se trata de elegir el mejor proyecto para urbanizar una zona en defensa del interés público, o de batir el record de velocidad en la preparación de proyectos? Cuarenta días quizás sea un plazo razonable para preparar un proyecto de urbanización de unas pocas hectáreas, pero ¿alguien piensa que se puede hacer un proyecto completo de urbanización de un área de varios millones de metros cuadrados, como ocurre casi a diario en nuestra Comunidad?
Examinemos a continuación cómo se desarrolla la competencia entre los candidatos a urbanizar. Uno de ellos pudo preparar su proyecto durante años, mientras que otros han tenido entre 20 y 40 días para presentar un proyecto alternativo. Pues bien, una vez que acaban esos 40 días, cualquiera (artículo 46.1 LRAU) puede presentar una oferta de precio para ejecutar el contrato. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si "cualquiera" (es decir, hasta usted o nosotros) puede presentar una oferta, ¿dónde vamos a encontrar un sistema más democrático y que facilite más la competencia?.
Bueno, es que hay dos pequeños detalles, casi sin importancia: el ayuntamiento todavía no ha decidido qué proyecto va a aprobar (ni siquiera si va a aprobar uno o ninguno); y el plazo para presentar las ofertas es de. cinco días. O sea: que la competencia juega a ciegas, porque usted tendría que examinar todos los proyectos presentados, y presentar una oferta para cada uno de ellos, o arriesgarse a ofertar por unos sí y otros no. y la competencia juega deprisa y corriendo. O sea, que no hay competencia.
Y no estamos hablando de contratos para asfaltar cinco metros de calzada que hubo que levantar para reparar unas tuberías, sino de contratos que pueden rondar o superar los 100 millones de euros. Recordemos que, cada vez que un contrato de obras supera los 5 millones de euros, la legislación española y comunitaria exigen que la entidad pública diga exactamente qué es lo que quiere hacer (pliego de condiciones), y lo publique en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Unión Europea, para que cualquier empresa comunitaria pueda hacer una oferta. ¿Para qué? Para que la entidad pública elija la mejor oferta, la más favorable para el interés público y para la cartera de los ciudadanos que pagan. Más o menos, lo contrario de lo que ocurre aquí.
Bueno, pues ya están presentadas todas las ofertas. Ahora hay que elegir, y el ayuntamiento puede aprobar un plan, o no aprobar ninguno.Y también puede aprobar un plan de urbanización con las modificaciones que estime oportunas. Una vez que ha decidido lo que hay que hacer, el ayuntamiento tiene que decidir quién lo hace, y para ello ha de seguir unos criterios que se apartan de lo que exige la legislación española y europea. En román paladino: el ayuntamiento puede hacer lo que le dé la real gana. Al no existir pliego de condiciones, se abre la puerta a la discrecionalidad (y arbitrariedad) más absoluta, ya que cada alternativa propone obras distintas: ¿cómo comparar un proyecto que propone construir viviendas unifamiliares y un campo de golf, con otro que propone edificios de tres pisos y un palacio de congresos? ¿cómo se pueden comparar los precios, si cada uno de los candidatos propone proyectos distintos, y por consiguiente obras distintas?
No quisiéramos aburrir al lector, pero déjennos explicarles lo que dice el artículo 47.5 LRAU, porque no tiene desperdicio: si el ayuntamiento elige el proyecto de la empresa A, pero luego no tiene más remedio que decidir que lo ejecute la empresa Z porque ofrecía un precio más económico. la empresa A (que seguramente era el candidato que el ayuntamiento tenía en mente desde el principio) podrá ejecutar las obras si acepta las mismas condiciones que propuso su competidora. Bueno, no exageremos. ¿Qué tiene eso de malo, si el precio va a ser el mismo? Pues que el precio no va a ser el mismo: que el precio varía en cuanto así lo acuerden el ayuntamiento y el urbanizador. ¿Cuándo? Al fijar el ayuntamiento las cuotas de urbanización "sobre la base de una memoria y una cuenta detallada y justificada" presentada por el urbanizador.
O sea, que si el ayuntamiento y el urbanizador están de acuerdo. échense los vecinos a temblar, porque no hay ningún mecanismo de control. Ninguno. ¿Dónde se ha visto que el precio de una obra pública se fije de común acuerdo entre la entidad pública y el adjudicatario sobre la base de una cuenta detallada y justificada? ¿dónde están los concursos públicos con precio cerrado, en garantía de los ciudadanos que pagan? Los planes de urbanización de la LRAU se aprueban sobre la base de un presupuesto global en el que no aparecen desglosados los costes de la urbanización, lo que impide que se puedan controlar y corregir las mediciones.
La consecuencia es clara: puertas abiertas a presupuestos excesivos, que se plasman en cuotas de urbanización excesivas. Y si el vecino "beneficiario" de la urbanización no puede pagar en metálico las cuotas desorbitadas que se le exigen. tendrá que ceder más terreno.
Acabáramos. Ahí queríamos llegar: al final, el urbanizador se hace con enormes cantidades de terreno gracias a las corruptelas que permite (y casi diríamos que incentiva) la LRAU.
Estas son las cuentas del Gran Capitán que han permitido y siguen permitiendo el saqueo de terrenos y del medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Y la argumentación que hemos avanzado aquí la hemos desarrollado con todo tipo de detalles en la denuncia formal que presentamos en julio ante la Comisión Europea valiéndonos del ejemplo de los nueve proyectos de urbanización de Sant Joan d´Alacant por importe superior a cien millones de euros. Sin descalificaciones y sin juicios de valor. Nuestro análisis coincide con los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana cuando planteó la inconstitucionalidad de la LRAU en 2001. No vamos de farol. Estamos defendiendo la legalidad y los derechos fundamentales.
Charles Svoboda, Presidente.
Enrique Climent, Vicepresidente.
Abusos Urbanisticos NO
ASOCIACION VALENCIANA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIOAMBIENTALES Y EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANISTICOS.
aun@abusos-no.org
MANIFIESTO EN CONTRA DE LOS ABUSOS URBANÍSTICOS.
SI QUIERES EXPRESAR TU APOYO, ENVIA UN CORREO ELECTRÓNICO A manifiesto@abusos-no.org, con tu nombre y DNI. Puedes incluir tu profesión si lo deseas. Y difunde este mensaje a todos tus contactos. Gracias por tu ayuda.
Somos españoles, y estamos en contra de los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana:
* Estamos en contra de la depredación del medio ambiente y el desarrollo insostenible que ha propiciado la LRAU.
* Estamos en contra de la corrupción y la especulación urbanística generados al amparo de la LRAU.
* Estamos en contra de la actual regulación del Agente Urbanizador, en cuanto simple intermediario que encarece el proceso de urbanización.
* Estamos en contra de la indefensión en que la LRAU deja a los pequeños propietarios, y exigimos que se los deje de descalificar acusándolos de ser “propietarios privilegiados”.
* Exigimos soluciones para acabar con el desprestigio que los abusos urbanísticos está causando en la imagen internacional de España y de la Comunidad Valenciana.
* Exigimos que los gobiernos central y valenciano tomen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo de los tratados internacionales y normas europeas que garantizan el respeto de los derechos fundamentales y la protección del medio ambiente.
* Manifestamos nuestro reconocimiento por la labor de sensibilización pública que está realizando la comunidad de ciudadanos no españoles contrarios a los abusos que propicia la LRAU.
* Solicitamos que el Acuerdo del Consell Valenciano de julio pasado, en el que se recomendaba la aplicación de los principios de la ley que sustituirá a la LRAU, se traduzca de inmediato en derecho positivo vigente y aplicable
Solicitamos la inmediata designación del Fiscal Anticorrupción de Alicante, que se cree la misma figura en Valencia y Castellón, y que se les dote de un específico auxiliar experto en urbanismo.
VELLUTERS, 12 AÑOS DESPUÉS.
Juan Manuel Vera.
(Associació de veïns "El Palleter"-Barri de Velluters)
Los grandes proyectos urbanísticos concebidos para Valencia, y de manera alarmante para algunas de sus zonas históricas como Ciutat Vella, Russafa o el Cabanyal, suelen tener en común, además de consecuencias sociales y patrimoniales muchas veces injustificables, la obsesión por la línea recta como único diseño apto para comunicar la ciudad, desde sus diferentes puntos, con sus espacios naturales (la huerta, el mar y un ya virtual río), o para estructurar sus diferentes barrios.
De la escasa creatividad y ausencia de verdadera apuesta de futuro que esa obsesión traduce daría para hablar en todo un ensayo, en el cual no faltarían páginas de psicoanálisis que tratarían de dar explicación (que no excusa) a la aplicación de ciertas políticas patológicas de devastación y globalización. Pero bastará por el momento con atenernos a hechos próximos en el espacio y en el tiempo, y por tanto comprensibles (aunque nada desdeñables como síntomas de un malestar torpemente camuflado), que constituyen la actualidad de nuestro espacio público, para ilustrar la dinámica que parece haberse adueñado del mismo.
Sin ir más lejos, la realidad de un barrio como el de Velluters, el más degradado de nuestro Centro Histórico (denominado Ciutat Vella, al que también pertenecen los barrios del Mercat, Carme, Universitat-Sant Francesc y Seu-Xerea), situado por añadidura a pocos metros del Ayuntamiento como patética muestra del incumplimiento por parte de la administración de proyectos como los que ahora (sirva de aviso) se aprueban para otras zonas de la ciudad.
El PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) formulado para cada uno de los barrios de Ciutat Vella en 1991, se concretaba un año después, con la aprobación del Plan de Rehabilitación Integral de Valencia (RIVA), en un acuerdo institucional y financiero entre Ayuntamiento y Generalidad cuyo objetivo para el centro histórico de la ciudad era la ejecución, en el plazo de cinco años (1997) de 6000 viviendas de protección oficial rehabilitadas (aspecto importante por tratarse de una zona declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1978) o de nueva planta y 120000 metros cuadrados de espacios públicos reurbanizados, destinados a equipamiento social, sanitario, cultural o educativo y a zonas verdes. La inversión prevista, en pesetas, había de ser de más de 23000 millones a cargo del gobierno autonómico y más de 9000 millones a cargo de las arcas municipales.
Doce años después, los resultados en Velluters, el que fuera entre los siglos XV y XVIII barrio sedero de Valencia y exponente de su dinamismo económico y social y de la evolución de nuestro pueblo desde la artesanía hasta la pequeña industria, hablan por sí solos.
Seccionado en dos mitades separadas por una vía de circulación rápida, las actuaciones ejecutadas en ambas han tenido en común la desaparición de la trama urbana histórica, la demolición indiscriminada de edificios y la proliferación de solares, dañándose de manera irreversible tanto el tejido social y la actividad económica del barrio como su valor patrimonial de cara al conjunto de la ciudad y a un potencial turismo cultural.
Por si fuera poco, en el año 1997 la empresa municipal AUMSA anunciaba, a modo de cebo con que reactivar la ilusión de los incrédulos, que a la postre no sería sino epílogo macabro de lo anteriormente acontecido, una inversión para los tres siguientes años (2000) en el barrio de Velluters prevista en 1962 millones de pesetas destinadas a viviendas, locales y aparcamientos. El resultado de todo ello, doce años después (2004), sigue siendo el mismo. Ni se han construido las 412 plazas de aparcamiento municipales en la zona sur del barrio (ni el jardín que había de cubrirlas y que sólo tuvo existencia en las delirantes imágenes del vídeo promocional), ni se han adjudicado las 275 del tristemente célebre complejo educativo, páramo rectilíneo (volvemos a la obsesión) ubicado en su zona norte. Las viviendas destinadas al realojamiento de las numerosas familias afectadas por las expropiaciones no se han edificado o permanecen vacías, deteriorándose en espera de que unos vecinos obligados a practicar el nomadismo las ocupen.
Desapariciones intermitentes de las empresas ejecutoras favorecen la conversión del ya escandaloso número de solares en zonas de aparcamiento que saturan de tráfico rodado un barrio extenuado hasta el límite de sus posibilidades, por no hablar de la revalorización que ese suelo va adquiriendo a cada instante y que habla a gritos de la decisión de especular antepuesta a la de invertir en ciudad y para los ciudadanos. Como colofón a todo ello, la reducción del patrimonio arquitectónico a islotes incomunicados, más valorados como iconos de las empresas restauradoras que como testigos históricos de la evolución y pluralidad de nuestra colectividad, ocultos en ocasiones al conocimiento y disfrute públicos.
Como en el caso del Colegio del Arte Mayor de la Seda, cuyas obras de restauración, como tantas otras, se vieron interrumpidas un día con el surrealista pretexto del aumento de los costes, al tiempo que las bienales (que comienzan a ser anuales) derrochan no se sabe cuánto en promocionar ciudades virtuales. Mientras tanto, en los despachos oficiales, los cargos se renuevan y reestructuran a un ritmo que impide la continuidad, cuando no el simple interés, en la gestión de unos proyectos que, igual que los solares de Velluters para los que fueron aprobados, se amontonan ante ojos atónitos o (peor) escépticos como fantasmas no familiares.
* Asociación de Vecinos El Palleter del Barrio de Velluters.
VALENCIA: EL URBANISMO COMO ESPECTÁCULO.
Joan Olmos es ingeniero de Caminos.
Publicado en: EL PAÍS – 22 de noviembre de 2004.
Acostumbrados como nos tiene nuestro ayuntamiento capitalino a sacarse de cuando en cuando conejos urbanísticos de la chistera, hace dos semanas nos ofreció, sin embargo, todo un intenso festival internacional, que algunos han calificado como el punto de inflexión entre la Valencia local y la Valencia global, un antes y un después en la ya de por sí agitada historia urbana de nuestra ciudad.
En el apretado espacio de apenas tres o cuatro días aparecieron algunos prodigios que alteraron la rutina, sembrada en los últimos años de recalificaciones, ampliaciones y expolios, que habían agotado la capacidad de sorpresa de los ciudadanos.
La recalificación de suelo futbolístico, que huele a enorme pelotazo, seguía dando que hablar. Y el nonato Parque Central, cuyo embarazo dura ya 16 años, continuaba su marcha de cambios en la trastienda, revisando al alza la edificabilidad en el interior y en los bordes. A la espera de una nueva maqueta, todo parece indicar que el parto, como el de los montes, alumbrará, no un parque, sino una maceta.
Hubo otras sorpresas menores, como el intento de declarar de interés general los campos de golf, (como el fútbol de la era Cascos ¿recuerdan?), para saltar por encima de la ley del Suelo, de la ley de Aguas o del sentido común.
La sacudida mediática todavía reservaba, sin embargo, emociones más fuertes.
Volvamos a la ciudad. El primer gran sobresalto vino de la mano de Santiago Calatrava y su enésimo proyecto, ahora de unos rascacielos para la Avenida de Francia. Y otro día nos enteramos de que se ha convocado un concurso internacional para el PAI del Grau...
Pero la traca final, el colofón al fantástico festival internacional de pirotecnia urbanística, llegó hace unas semanas con el show Nouvel. De entrada, y al margen de que Jean Nouvel sea un tipo simpático y uno de los más reconocidos arquitectos del star system, habría que huir a la misma velocidad del chovinismo como del papanatismo provinciano ante lo foráneo.
Si se trata o no de una figura adecuada para resolver un asunto tan complejo, si hay que convocar actores internacionales o locales, ésa no es, a mi modesto entender, la cuestión central del espectáculo del anterior fin de semana. A falta de documentos más esclarecedores, que me temo no existen, intentemos un apunte de urgencia, asumiendo todos los riesgos de errar, sobre la presentación ofrecida a los invitados en el Oceanográfico. Tiempo habrá para analizar con más detalle la propuesta.
Que el frente marítimo estaba reclamando una ordenación razonable es algo que viene pidiéndose, por diferentes profesionales y colectivos desde hace tiempo. Y si no ha salido adelante, no será por falta de ideas, muchas de ellas absolutamente desinteresadas. Se ha propuesto, asimismo, convocar concursos de ideas para completar el tramo final del viejo cauce, reordenar la dársena interior del Puerto, rehabilitar Nazaret y formular una apuesta respetuosa con el entorno físico y social de los barrios de El Grau, Cabanyal y Malva-rosa. Pero los proyectos concretos requieren un armazón previo que los sustente, eso que tanto gusta a algunos llamar el modelo de ciudad.
Por tratarse de un asunto de máxima importancia requeriría, en todo caso, un amplio debate profesional y ciudadano. El potencial de transformación positiva de la parte oriental de la ciudad, es enorme, pero también alto el riesgo, por ser un espacio cotizadísimo para los intereses inmobiliarios, que no vienen mostrando precisamente mucha sensibilidad social ni cultural.
Pero esa necesidad urgente para la ciudad, que el ayuntamiento no ha sabido o no ha querido ofrecer al debate, actuando puntualmente según el ritmo que marca el mercado inmobiliario, no justifica ahora la apresurada llamada a un arquitecto de prestigio, presentado como acto de mecenazgo empresarial, bajo cuyo paraguas mediático se nos intenta colar una serie de asuntos pendientes y conflictivos. Cuesta creer que el señor Nouvel, sin tomar el pulso a la ciudad, a sus ciudadanos e instituciones profesionales, haya podido elaborar una propuesta de tan complejas variables.
¿De verdad ha estudiado toda la remodelación del sistema viario de la zona este de la ciudad, incluido el discutidísimo acceso Norte al puerto que ofreció? ¿No cree el señor Nouvel, como otros ilustres colegas suyos, que nuestros barrios marineros no necesitan pantallas de bloques altos y torres emblemáticas en primera línea para tapar el hoy deteriorado frente urbano litoral, sino cuidadosas operaciones de rehabilitación? ¿Le han explicado qué significa La Punta antes de proponer esa pintoresca pieza urbana compuesta de bloques en cuyo interior mantiene zonas de huerta residual? ¿Cree que el dique de Levante del Puerto es el lugar ideal para construir viviendas?...
En el fondo de esta sucesión de episodios, subyace una realidad difícilmente cuestionable, denunciada desde hace tiempo: el gobierno democráticamente elegido ha perdido el control sobre la construcción y gestión de la ciudad, que ha pasado a manos de agentes inmobiliarios y operadores de servicios, alentados por grupos de presión, si no formalmente constituidos, sí realmente operativos.
Por su parte, la oposición política, salvo algunas excepciones, ha abandonado también su función de control en este proceso de cambio vertiginoso que está experimentando la ciudad, en la defensa del marco que tanto ha costado conseguir para la cultura urbana: el planeamiento democrático y redistributivo, la participación social y la prevalencia del interés general. Más bien al contrario, esa oposición, seducida por un mal entendido electoralismo, se ha sumado a menudo a la cabalgata triunfal de los más variados y discutidos eventos.
Esas son las razones por las que han proliferado, por todo el país, multitud de colectivos en defensa de los más elementales principios cívicos y culturales, únicas voces que se escuchan contra tanto atropello; contra la mercantilización salvaje de la ciudad y el territorio, donde la nefasta figura del agente urbanizador ha sustituido a los legítimos intereses sociales y políticos.
Una más entre las incontables muestras de este desparpajo urbanístico lo encontramos estos días en Sanet i Negrals (Marina Alta), donde el promotor de un campo de golf promete a los vecinos que el proyecto redundará en "mejorar su calidad y el nivel de vida" y revalorizará sus viviendas en un 250%, porque les permitirá "tener un paraje natural inigualable, al estilo de los más tradicionales campos de golf ingleses"...
Dejo al lector, incluso al lector poco avezado en los temas urbanísticos, su particular reflexión sobre todo este cúmulo de despropósitos.
(imagen omitida)
El SÍNDROME DE LA LRAU.
Extraído de: www.diarioinformacion.com / 24 de noviembre de 2004.
Un psiquiatra describe una serie de patologías como ansiedad, insomnio o pérdida de la líbido en personas cuyas viviendas están afectadas por planes urbanísticos
Insomnio, ansiedad, episodios de enfado, alteración del apetito, pérdida de la líbido. Un abanico de patologías propias de un persona sometida a un intenso estrés crónico. Este es el cuadro diagnóstico que ha detectado Juan Ángel Ramos, psiquiatra del Hospital Provincial de Castellón, tras examinar la conducta de una serie de pacientes que han acudido a su consulta desesperados por no poder encontrar soluciones al problema que les supone que una empresa haya puesto sus ojos en el terreno donde en un día levantaron la vivienda actual y terminen perdiéndola en la urbanización del plan parcial.
La polémica aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística -LRAU- y, sobre todo, los efectos que causa sobre las personas afectadas -los «urbanizados», según el doctor-, puede acabar convirtiéndose en nueva causa de enfermedad psicológica en la Comunidad Valenciana. La Asociación Abusos Urbanísticos No cifra en 20.000 los propietarios afectados en la Comunidad Valenciana, casi todos en la provincia de Alicante. El Síndic de Greuges ha recibido cerca de 400 quejas -la mayoría de ciudadanos españoles- y el tema ha llegado ya a Bruselas, la Casa Real y el Gobierno en forma de misivas e informes.
En líneas generales, sus consecuencias son similares a las que provoca el acoso laboral y quizá «en propiedad debiéramos llamar pacientes a las personas cuyas viviendas están afectadas por planes urbanísticos», destaca Juan Ángel Ramos. Según el psiquiatra, hablar de personas afectadas por planes urbanísticos es hablar de personas sujetas a un proceso de estrés crónico, agresión crónica al marco de referencia espacio-temporal que todo ser humano tiene y sobre todo una agresión a lo que los estudiosos de la comunicación humana refieren como la «burbuja personal», que tiene en la vivienda familiar uno de sus exponentes más claros.
La secuencia de la agresión comienza en la propia semántica de la ley que es, según el informe del doctor Ramos, «intrínsicamente perversa» pues en toda su redacción se habla de «suelo» constantemente como si se tratara de un ente abstracto, sin historia, ni memoria, «como si detrás del mismo no hubiera personas, seres humanos». Sin embargo, la palabra «propietario» no se menciona más de cinco veces «y si esto no fuera bastante, en ningún sitio la ley especifica la diferencia entre propietario del suelo y propietario de una vivienda familiar, sin que se de un tratamiento especificado a esta última peculiaridad.
Para el psiquiatra, la LRAU despoja al propietario de la vivienda de su condición de persona y le convierte simplemente en «suelo», a repartir según convenga, para cubrir superficies de suelo dotacional, zonas verdes o suelo urbano. Un reparto que se realiza en despachos a los que la víctima no tiene acceso, puesto que en la mayoría de los casos esta labor no se realiza en dependencias municipales, sino por técnicos que trabajan para una figura llamada «urbanizador».
El psiquiatra denuncia en su informe que «la ley trata a la persona como una cosa y nadie pide opinión a las cosas, de forma que el propietario se termina enterando que su vivienda se convertirá en un jardín porque algún vecino ha visto un plano en el ayuntamiento de turno».
La LRAU destruye, según el psiquiatra, seis puntos claves para el desarrollo de la estructura psicológica de las personas: la posibilidad social de dar salida a la frustración, con el convencimiento de que los propios actos pueden cambiar parte de las cosas; la posibilidad de imaginar salidas a su situación de tensión; el mantenimiento de una buena red de apoyo social -destrucción de los lazos vecinales-; acceso a una información adecuada; capacidad de predecir hasta cierto punto el futuro con un manejo del parámetro tiempo que le permita situar el eje espacio-temporal de su historia personal y, por último, el derecho de las propietarios afectados a ser tratados como personas, con derechos y deberes y actor de una historia personal.
El doctor descubre en su informe reacciones de afectados por la LRAU, similares a las que se dan en personas a la que les diagnostican una enfermedad incurable, con una pérdida total de su capacidad de lucha.
CASO FABRA: ANTICORRUPCIÓN CALIFICA DE "LETALES" LAS DECLARACIONES DE TESTIGOS.
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Sáiz asume parte de las pruebas que pidió la UCE.
J. A., Castelló.
El Fiscal Anticorrupción, Carlos Sáiz, aseguró al término de la ronda de testigos que las diligencias y las pruebas testificales se encuentran en un momento crucial, que calificó de «letal». «En principio no puedo comentar nada, estas diligencias son muy extensas y muy letales, así que unas diligencias dan lugar a la práctica de otras, por lo tanto no se puede cerrar ni sacar conclusiones todavía», alegó Sáiz.
Preguntado sobre si está estudiando la posibilidad de llamar a declarar a ex ministros del Gobierno del PP para determinar si Fabra medió ante organismos oficiales fue escueto: «Todavía no». Cabe recordar que Vilar mantuvo en sus declaraciones que Fabra le proporcionó entrevistas con Celia Villalobos y Jesús Posadas, entre otros políticos del anterior ejecutivo.
Se da la circunstancia de que la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE) se adhirió al caso Fabra al presentar una querella en la que solicita la apertura de diligencias contra al menos diez altos cargos y funcionarios de la Administración que tuvieron relación con la causa.
En el escrito de UCE se instaba al juzgado a iniciar una investigación por los delitos contra la salud pública y la administración contra «diez o doce» responsables y técnicos adscritos a los Ministerios de Agricultura y Sanidad, así como a organismos de la Comunidad Valenciana.
Entre las 53 pruebas que solicitó UCE destacan un registro de la empresa Carmacas, propiedad de Fabra, así como facturas, libros de contabilidad y otros justificantes de la actividad de la citada empresa, así como de Artemis 2000, la sociedad gestionada al cincuenta por ciento por la esposa del líder del PP, María Amparo Fernández, y la ex mujer de Vilar, Montserrat Vives.
Fuentes judiciales aseguran a este diario que la juez está estudiando estas pruebas, algunas de las cuales podrían haber sido practicadas a instancia del Fiscal Anticorrupción.
Fuente: LEVANTE - EMV
SÁBADO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2004 Edición digital n. 2507
Declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, el tramo histórico de la acequia de Mislata en Quart de Poblet (Valencia)
BOE DE HOY - VALENCIA - PATRIMONIO COMUNIDAD VALENCIANA.
Resolución de 15 de octubre de 2004, de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consejería de Cultura, Educación y Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural, con categoría de monumento, a favor del tramo histórico de la acequia de Mislata en Quart de Poblet (Valencia).
* Ver...
Comunicado de prensa de "Cercle Obert" al respecto.
Jueves, 25 de noviembre de 2004.
¿Y la huerta de Benicalap? ¿Qué medidas, presupuestos y proyectos tiene previstos asumir y desarrollar la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia para recuperar el legado patrimonial de Benicalap? ¿Qué medidas e iniciativas va a adoptar el CONSELL VALENCIÀ DE CULTURA para dejar de ser un simple adorno al que nadie respeta ni valora?
Nos complace conocer que un determinado tramo de la acequia de Mislata en Quart de Poblet (Valencia) va a gozar de cierta protección al haber sido declarado Bien de Interés Cultural. Esperamos que esa "protección" sea real, no una simple maniobra publicitaria orquestada en las cloacas del PP para que así los ciudadanos de a pie no nos indignemos ante los disparatados incrementos de impuestos que se avecinan.
Ya estamos muy acostumbrados a las sucias maniobras de entretenimiento que emplea el gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Por los años que llevamos sufriendo la mala gestión de Zaplana, Rita, Camps...sabemos muy bien que no existen partidas presupuestarias ni proyectos encargados para realizar planes directores que permitan la verdadera recuperación, rehabilitación y conservación de aquellos espacios incoados como Bienes de Interés Cultural...
Siguen los barracones escolares. Siguen los recortes en áreas esenciales. Siguen los despilfarros en las Tierras Míticas, Copas de América, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz... Y sigue sin existir un interés real en dar satisfacción a las verdaderas y esenciales demandas que los ciudadanos reclamamos con legítima y lógica insistencia.
Hay que destacar que existe otro aspecto esencial que parece no despertar ningún interes a nuestros supuestos representantes. Ese aspecto clave es el hecho de que urgente favorecer una coordinación institucional, aunando esfuerzos entre todas las administraciones públicas que mantienen niveles de competencia similares. La duplicida y la falta de criterios racionales a la hora de acometer o diseñar actuaciones concretas, es un disparate que debe ser atajado con premura.
De todos modos, desde Cercle Obert de Benicalap nos alegramos sinceramente por la decisión, aunque manifestamos nuestra inquietud y cautela, dado que conocemos muy bien las formas y el estilo que emplean los señores del Partido Popular en las instituciones que controlan. Son muchos años de trato y experiencia, comprobando el nulo valor que tienen las palabray y promesas de nuestros gestores.
Por último, queremos insistir en que nuestra entidad cívica y cultural solicitó oficialmente que la huerta y acequias de Benicalap, puedan recibir el mismo tratamiento que tiene ahora el el tramo histórico de la acequia de Mislata en Quart de Poblet (Valencia). Para lograr la declaración de BIC de la singular huerta que rodea a las alquerías de Benicalap, nuestra entidad ha dirigido las oportunas peticiones a todas las entidades públicas correspondientes, dirigienco un escrito a la UNESCO, para que valore la necesidad de invitar a la Generalitat Valenciana y al Consistorio que dirige Rita Barberá, en aras a que respeten y ofrezcan medidas reales destinadas a la protección de lo que poco que tenemos de huerta, sin olvidar cuidar y proteger integralmente nuestro lago de la Albufera, así como toda la singular arquitectura rural...
También hemos insistido en que el Tribunal de las Aguas pueda seguir funcionando, dado el indudable valor e importancia histórica y jurídica que tiene su función de arbitro en los conflictos campesinos...Para que el Tribunal de las Aguas pueda seguir en activo, urge conservar los cultivos, acequias, huertas, caminos... Con voluntad política, diálogo y respeto a las propuestas que los colectivos cívicos, ecologistas... presentamos a diario, se puede lograr que Valencia mantenga sus señas de identidad, su diversidad singular...
Antonio Marín Segovia
Cercle Obert de Benicalap
Iniciativas Sociales y Culturales de Futuro.
antoniod17@ono.com
Telfs. 645.75.95.91 96.323.43.53
Más información relacionada en Ibérica 2000, sobre este tema:
Cercle Obert de Benicalap denuncia a las autoridades valencianas ante la Fiscalía Anticorrupción (Enlaces...)
Contra el expolio del Cabañal
Aproximación a la presente realidad urbanística que vivimos en Valencia
La destrucción de la Albufera de Valencia
Hay que luchar contra la corrupción y la pasividad institucional
No debemos permitir que nos roben el suelo público
¿Es sustentable ambientalmente el crecimiento capitalista?
Carta a una expoliadora amante del "progreso"
Leyes, mentiras y expolios en la ciudad de las Tierras Míticas que se abrazan a todos los mares futuros
¿Para qué tanto crecimiento urbanístico?
Urbanismo desbocado
Terrorismo urbanístico, ambiental y cultural en la Valencia de Rita Barberá
Los vecinos y ciudadanos queremos participar
L´urbanisme, la Sra. Ministra i el País Valencià
Urbanización y defensa del territorio
>> Autor: CERCLEOBERT (27/11/2004)
>> Fuente: Abusos Urbanísticos No - Cercle Obert de Benicalap
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