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BIENESTAR INSUFICIENTE, DEMOCRACIA INCOMPLETA, OLVIDOS INTENCIONADOS...

"Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país",
de Vicenç NAVARRO.
Madrid: Anagrama, 2002. 216 pp. ISBN
Recensión por Antonio Algaba Calvo
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El libro que a continuación reseñamos realiza una depurada crítica a las tesis neoliberales que justifican el progresivo desmantelamiento del Estado del Bienestar. Y, ante el tan difundido pensamiento único, que enuncia que sólo existe una política económica posible para afrontar la temida globalización que pasa irremediablemente por la desregulación del mercado laboral y el desmantelamiento de los beneficios sociales, presenta una alternativa basada en la tradicional receta socialdemócrata de intervención activa del Estado.

El autor centra su análisis en España y cuestiona los logros de la política neoliberal aplicada por los gobiernos de derecha en los últimos años, tanto a nivel nacional como autonómico, al tiempo que denuncia el déficit social que las políticas neoliberales han provocado.

Navarro, dedica esta obra a recordarnos la razón de ser del Estado del Bienestar: paliar la incidencia de la pobreza mediante políticas sociales de redistribución de la renta. De este modo, nos explica que "El Estado del bienestar español (que añade a la capacidad adquisitiva de la población española a través de transferencias y servicios públicos y sustrae de esa capacidad a través de impuestos y tasas) rebaja el nivel de pobreza (definido como la mitad de la renta mediana del país) de un 28,2% de la población a un 10,4%, reduciendo así la pobreza en un 63,1%" (1)

Aunque posea una incidencia mucho menor que en la mayoría de países europeos. Y nos recuerda, que en este sentido, cualquier recorte social incrementa automáticamente la incidencia de la pobreza sobre la población y dificulta la cohesión social, por lo que considera que la defensa del escasamente desarrollado Estado del Bienestar español es una urgencia.

El autor, en la actualidad catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, tuvo que exiliarse de España en los años 60 por sus actividades antifranquistas e inició un periplo que le llevó, entré otros países, a Suecia, Gran Bretaña y EE.UU. donde desarrolló su actividad docente en prestigiosas universidades como The Johns Hopkins.

Paralelamente, a su actividad académica, también ha tenido una importante presencia política activa en el desarrollo de distintas políticas sociales, como asesor de Naciones Unidas, del gobierno de unidad de Salvador Allende, de Jessie Jackson, del ambicioso plan de reforma sanitaria de Hillary Clinton, o de las políticas sociales del candidato Josep Borrell, entre otros. Hoy, además, es uno de los más activos críticos nacionales a las políticas neoliberales que se están aplicando en nuestro país, tanto desde sus artículos en distintos periódicos, como desde su web www.vnavarro.org... (Enlace...)

El libro está estructurado en cuatro partes:
En la primera, el autor realiza un minucioso análisis de los déficits sociales existentes en España y Cataluña, explica como la inversión estatal y local en servicios sociales es mucho menor a la que el nivel de riqueza de la nación permite y denuncia la falacia de la inminente necesidad de mano de obra inmigrante en España, el país con mayor tasa de desempleo y menor tasa de ocupación de Europa.

En la segunda parte explica como se utiliza el fantasma de la globalización para justificar el desmantelamiento del escaso estado del bienestar existente en nuestro país y sostiene, en contra de la retórica neoliberal predominante, que son justamente los países con un estado del bienestar más desarrollado los que abordan este proceso de forma más competitiva.

La tercera parte, Vicenç Navarro la dedica a matizar algunos de los mitos tópicos del contexto político español, como la ejemplaridad del proceso de transición política desde la dictadura en ausencia de depuración de responsabilidades, o la supuesta derechización del país.

Y en la cuarta parte, incide en las causas políticas de nuestro déficit social. Para lo cual denuncia el predominio abusivo del sector bancario, eléctrico o de comunicaciones español como una herencia del franquismo, al tiempo que advierte de los riesgos de la falsificación histórica que se ha dado en nuestro país y que ha provocado que los jóvenes españoles no posean una imagen objetiva de la dictadura de Franco.


La política neoliberal y los recortes en el Estado del Bienestar
En la presente obra, el autor denuncia como los continuos recortes fiscales aplicados por los distintos gobiernos Aznar han condenado a España a un subdesarrollo social permanente, impidiendo recortar la distancia con Europa y alcanzar el promedio de calidad de vida de la Unión Europea. La inversión en políticas sociales se ha situado por debajo de lo que el nivel de riqueza del país hubiese permitido, lo que ha provocado el aumento de las desigualdades sociales y consecuentemente de la inseguridad ciudadana.

Así, la obsesión neoliberal de los gobiernos Aznar por alcanzar el déficit cero e incluso el superávit en las cuentas del Estado ha conllevado una reducción importante del gasto social, es decir, recortes continuos en educación, sanidad, políticas sociales y políticas activas de creación de empleo.

Un nivel de austeridad más difícil de justificar en un periodo en el que el país ha crecido económicamente y la factura del paro ha descendido por el decremento del número de personas en situación de desempleo, lo cual ha liberalizado recursos públicos que no se han dedicado a estos menesteres. De este modo, la doctrina política Aznar es la responsable directa de que los sistemas de cobertura social en España estén menos desarrollados de lo que nos permitiría el nivel de riqueza de la nación.

Por otra parte, los recortes fiscales que han impedido incrementar el gasto social no han beneficiado a todo el mundo por igual como difunde la propaganda popular, sino que sólo ha beneficiado a las grandes fortunas del estado (las 125.000 personas con rentas más altas) y a las grandes empresas (como las eléctricas o Telefónica) que además han recibido subvenciones públicas para financiar recortes en sus plantillas a pesar de presentar beneficios multimillonarios. Unos recortes que, a su vez, han supuesto un debilitamiento del Estado del Bienestar de la nación y, por tanto, un incremento de la incidencia de la pobreza sobre la población.

En este sentido, Vicenç Navarro nos ofrece un nutrido grupo de ejemplos del profundo déficit social existente en nuestro país. Así, en el contexto de la sanidad, explica que en España la diferencia entre la esperanza de vida de una persona de la clase alta y otra de la clase baja es de las mayores de UE, un total de diez años cuando la media europea es de siete. Y que además es uno de los países de la OCDE con mayor mortalidad susceptible de ser prevenida. Indicadores que revelan el subdesarrollo de las infraestructuras de salud pública del país[2].

En referencia a la educación, el número de alumnos por profesor desde la educación infantil a la universitaria es, tanto en el sistema público como en el privado, mayor que el promedio de la Unión Europea. Una diferencia que se ve acentuada en aquellas comunidades autónomas gobernadas por partidos de derecha; donde, como en Cataluña, el gasto público por alumno es menor, al mismo tiempo que la subvención a la escuela privada es más alta, unas circunstancias que aumentan la desigualdad de oportunidades entre la población.

En cuanto a las políticas sociales de ayuda a la familia, el autor expone y justifica que España ostenta el nivel de desarrollo más bajo entre los países europeos. De este modo, la mujer española es la que trabaja más horas a la semana en tareas familiares, cuidando de sus hijos o de sus ascendientes con problemas de autonomía, de toda la UE. La nula inversión que han realizado el Estado y las Comunidades Autónomas para la universalización de la escuela infantil gratuita o las ayudas a los ancianos mediante trabajadores sociales, junto al precario nivel del salario mínimo en España, explican la baja tasa de actividad femenina de nuestro país.

En referencia al debate sobre las jubilaciones, denuncia como la retórica neoliberal alienta y potencia la cobertura privada mediante fondos de pensión privados o colectivos, para lo que se asusta a la población con la inminente bancarrota de la Seguridad Social. Al tiempo que se promueve el retraso de la edad de jubilación, justificando esta postergación en un aumento de los trabajos cualificados que la gente no querrá abandonar, aunque el tipo de empleo que está creciendo más en los últimos años es de tipo repetitivo y de baja cualificación, por lo que incrementar la edad de jubilación es una pérdida injustificable de derechos consolidados.

Finalmente, el autor pone de manifiesto que mientras que durante los últimos años, los recortes en las políticas sociales y la desregulación del mercado laboral no han parado de acentuarse, la inversión en seguridad ciudadana y los gastos en medidas represivas no han parado de incrementarse. Así, "España es uno de los países de la UE con mayor número de policías por cada 1.000 habitantes (con mayor porcentaje de su población encarcelada) y menor número de trabajadores de atención socio-medico comunitaria por cada 1.000 ancianos[3].

Una situación que no debería sorprendernos pues forma parte del modelo de desarrollo social que aplican tradicionalmente los gobiernos neoliberales, de los partidos de derecha (hoy denominados de centro) como el Partido Popular o Convergència i Unió.

La política neoliberal y la desregulación del mercado laboral
Navarro, en este libro, critica las bases de la política neoliberal, tanto la reducción del Estado del Bienestar como la desregulación del mercado laboral. De este modo, dedica una parte considerable de su obra a refutar la doctrina neoliberales difundida como leyes incuestionables sobre el mercado y las políticas de empleo.

El autor opina que:
"No pueden considerarse políticas públicas en pro del pleno empleo aquellas que se limitan a crear las condiciones para que el sector privado cree empleo(4)" y justifica la actual vigencia de las políticas de pleno empleo con inversión del Estado propias de la tradición socialdemócrata. Y al mismo tiempo denuncia como la continua desregulación de las condiciones laborales, aunque multiplica el número de contratos, genera un mercado laboral precario que, entre otros efectos, no promueve la incorporación de la mujer, ni el sostenimiento de la seguridad social.

Navarro nos recuerda que en España, uno de los problemas más relevantes del mercado laboral (y a su vez menos comentado) es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja. En este contexto, cree que es necesaria una política donde el Estado incida directamente en la creación de empleo mediante la inversión pública en políticas y servicios sociales. En este punto, nos recuerda que políticas poco atractivas como el crecimiento del número de trabajadores públicos, el aumento del salario mínimo o la equiparación del salario de las mujeres benefician la estabilidad de la seguridad social y promueven el consumo.

En este sentido, Navarro denuncia que si España tuviera la misma tasa de población adulta que tienen los países del norte de Europa empleada en los servicios del Estado como sanidad, educación y servicios de apoyo a las familias disminuiría nuestro alto nivel de desempleo, al tiempo que aumentaría nuestra tasa de ocupación, lo que permitiría subsanar los problemas de financiación de la seguridad social y en consecuencia asegurar las jubilaciones para los próximos años.

En cambio, la doctrina neoliberal imperante insiste en las políticas de desregulación laboral que incrementan la incidencia de la pobreza en la población española. Así, en vez de incentivar la calidad del empleo, se intenta satisfacer un gran porcentaje de la oferta de trabajo existente con mano de obra inmigrante mal pagada, y se piden unas cuotas exageradas de inmigración, a fin de presionar los salarios a la baja, utilizando como excusa que los inmigrantes ocupan los lugares de trabajo que los españoles no desean, argumento que esconde que no hay puestos de trabajo intrínsicamente malos, sino solo salarios bajos.

En definitiva, hoy en España como en todo el planeta, se están enfrentando dos modelos de capitalismo: El actual sistema capitalista sostenido en una clase burguesa abundante que es retribuida a través de un sobresalario que le posibilita un consumo de tiempo, de ocio y de mercancías que se convierte en el motor de la economía y que sólo puede sostenerse mediante el Estado del Bienestar. Y un nuevo capitalismo evolucionado que ha aprendido que puede sostenerse incidiendo en la producción a bajo coste pero que no necesita de una burguesía extensa, ni de grandes masas de consumidores.

Las razones políticas del déficit social español
Navarro dedica las dos últimas partes de su libro a explicar las causas del subdesarrollo social en España. Para el autor estas causas han de buscarse en el severo déficit democrático del Estado, originado en una transición inacabada desde la dictadura, que ha favorecido a la derecha y a sus oligopolios tradicionales (banca, industria eléctricas y de distribución, constructoras y otras grandes compañías).

En este sentido, para Navarro, en España el franquismo no fue derrotado, sino que este se ha ido adaptando paulatinamente al hecho democrático. En este sentido, el autor recuerda que en España el parlamento aún no ha realizado una condena explícita de la dictadura y que la construcción de nuestra transición democrática se levantó sobre el olvido y el silencio.

Navarro considera que este modelo nacional de transición ha impuesto unos costes, entre ellos, la amnesia histórica que favorece a la derecha, ya que ha provocado que la mayoría de los jóvenes no sepan las atrocidades cometidas por la dictadura más sangrienta acaecida en Europa en el siglo XX, sino que crean que fue un régimen ligeramente autoritario más. En este contexto, no sorprende al autor que en nuestro país no existan partidos de extrema-derecha, pues sus posibles militantes se encuentran cómodos en lo que los medios de comunicación españoles insisten en presentar como un partido de centro, el Partido Popular.

En este contexto, a Navarro no le extraña que en España el neoliberalismo imperante reproducido por los medios de persuasión (como denomina el autor a los mass media) hasta el hartazgo, haya conseguido convencer a todos de que no existe otro camino para la salvación económica que desmantelar el Estado del bienestar.

Un reclamo tan repetido que ha conseguido contagiar al propio PSOE del pesimismo neoliberal, lo que ha llevado a esta formación política a adoptar las tesis de la Tercera Vía, olvidando las políticas de pleno empleo con inversión de Estado que el autor defiende junto a Lafontaine o Jospin y que fueron encarnadas por Josep Borrell en España, pero que el propio PSOE se encargó de cercenar a pesar de que, según sondeos europeos, la población española es de las que desea un mayor incremento del gasto público social.

En este punto, Vicenç Navarro incide en su denuncia contra la prensa española, en manos de la oligarquía heredera de la transición, porque no hay ningún diario español, entre los seis más importantes del país, ni tan siquiera los que se consideran periódicos de referencia de la izquierda (El País o El Periódico) que haya publicado editoriales a favor de un mayor gasto público y social, como lo han hecho, entre otros, Le Monde en Francia y The Guardian en Gran Bretaña[5].

Dentro de este contexto, donde el aumento del volumen de información ayuda a la desinformación de la población, Navarro también denuncia como en la campañas electorales se magnifican los temas de identidad (nacionalismos selecciones deportivas autonómicas), para esconder temas que no tienen tanta repercusión en el debate mediático como son los problemas de la cotidianidad que afectan y preocupan a los ciudadanos: la calidad de la escuela publica, el escaso desarrollo de la atención primaria o las altas tasas de siniestralidad laboral, provocadas por el mercado laboral más precario de Europa.

De este modo Vicenç Navarro expone, desarrolla y defiende brillantemente la tesis general del libro: como el subdesarrollo del sistema del bienestar en España es consecuencia de un déficit democrático donde la oligarquía no renuncia a los privilegios arrebatados durante la dictadura.

Pero para finalizar esta reseña, me gustaría resaltar una original idea que propone Navarro para mejorar el sistema democrático e incidir en el desarrollo del Estado del Bienestar. El autor sugiere obligar a que "todos los candidatos a políticos tengan que utilizar los servicios públicos que la mayoría de la población utiliza en caso de ser elegidos[6]", una propuesta que contribuiría a romper la distancia entre los grupos de decisión y la gestión de los servicios públicos y sus usuarios, estimularía una mayor representatividad democrática y una mayor sensibilidad hacia los problemas reales que la población tiene; pero es la población en su conjunto la que tiene la obligación de radicalizar la democracia para salvar la ciudadanía de la vorágine neoliberal.

Notas


(1) NAVARRO, V. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Madrid, 2002, p. 106.
(2) Op.cit. p. 40.
(3) Op cit. p. 107.
(4) Op.cit. p. 35.
(5) Op.cit. p. 138.
(6) Una medida, que como nos explica el autor, se está implantando en EE.UU. y que es difícil de imaginar en España. (op.cit. p. 80).
© Copyright: Antonio Algaba Calvo, 2004
© Copyright: Biblio 3W, 2004.

Ficha bibliográfica.
ALGABA CALVO, A.Navarro, Vicenç. Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Biblio 3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, Vol. IX, nº 488, 25 de enero de 2003. [http://www.ub.es/geocrit/b3w-488.htm]. [ISSN 1138-9796].

Índice de Biblio 3W
* [www.ub.es/geocrit...:www.ub.es/geocrit] (Enlace...)

Vicenç Navarro (Barcelona, 1937) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra.

Tuvo que exiliarse en 1962 debido a su participación en la lucha antifranquista. Ha vivido y trabajado en centros académicos de Suecia (Upsala y Estocolmo), de Gran Bretaña (London School of Economics, Oxford y Edimburgo) y, desde 1965, en EEUU (The Johns Hopkins University, donde ha sido catedrático de Políticas Públicas, Ciencias Políticas y Sociología). Ha sido asesor de las Naciones Unidas, de organismos nacionales e internacionales, y de muchos gobiernos, como el de la Unidad Popular chileno, presidido por Allende, en la reforma del servicio nacional de salud, y del gobierno cubano, asesorándolo en el desarrollo de los servicios sanitarios de atención primaria.

En 1993 trabajó en la Casa Blanca asesorando a Hilary Clinton en la reforma sanitaria de EEUU. En 1997 se reintegró a la vida académica española, como catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona y después como catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra, dirigiendo el Programa de Políticas Públicas y Sociales de esta universidad, patrocinado conjuntamente con la The Johns Hopkins University. En las elecciones del 2000 dirigió la Comisión "Programa del estado de bienestar" del candidato Josep Borrell.

Ha escrito veintidós libros, traducidos a varios idiomas. Los más recientes en España son Neoliberalismo y Estado del bienestar, y Globalización Económica, Poder Político y Estado del bienestar. En 2002 ganó el Premio Anagrama de Ensayo por su obra Bienestar insuficiente, democracia incompleta.

Primera parte: ¿QUÉ ES LO QUE LE IMPORTA A LA GENTE? ANÁLISIS CRÍTICO DEL ESTADO DEL BIENESTAR EN CATALUÑA Y EN ESPAÑA.

I. LOS OLVIDADOS PROBLEMAS DE LA COTIDIANIDAD
1. IDENTIDAD Y VIDA COTIDIANA

Existe en España un gran debate sobre la naturaleza del Estado español, y se discuten con gran intensidad grandes temas de Estado que tienen que ver predominantemente con problemas de identidad o identidades nacionales y su configuración y articulación dentro del espacio político del país. Los argumentos a favor y en contra del derecho a la autodeterminación, por ejemplo, y su posibilidad dentro de la Constitución Española ocupan un gran espacio en los medios de comunicación del país. Es importante constatar, sin embargo, que la intensidad de este debate está ahogando los temas de la cotidianidad que preocupan a las clases populares y a la mayor parte de la ciudadanía española.

Los enormes problemas de la vida cotidiana tales como la falta de trabajo para grandes sectores de la población (un total de 2.179.500 parados, según el último informe de la EPA, tercer trimestre de 2001), la inestabilidad e inseguridad laboral (el 64% de la población trabajadora, incluyendo a aquellos con empleo fijo, tiene miedo a perder su trabajo, lo que constituye el porcentaje más alto entre los países de la OCDE, después de estados Unidos) , la preocupación de los padres por la calidad de las escuelas de sus hijos, que condicionará en gran manera su futuro (las escuelas españolas, tanto privadas como públicas, continúan mostrando los peores indicadores de calidad de la UE en áreas fundamentales como el conocimiento de matemáticas y ciencias y la comprensión de lectura) ; la sobrecarga de responsabilidades de las familias y muy en particular de las mujeres en la atención de los niños, adolescentes y ancianos debido a la escasa ayuda estatal (la mujer española es la que más horas trabaja en el cuidado de la familia, un total de 44 horas semanales, el doble que la mujer danesa, que dedica 22 horas) ; la escasez de trabajo y vivienda para los jóvenes, responsable de que España sea uno de los países de la UE donde los jóvenes viven con sus padres hasta edades más tardías, retrasando el proceso de formación familiar, causa a su vez de la baja fertilidad (la más baja del mundo) ; las bajas pensiones (de las más bajas en la UE) , y otros muchos temas, que con razón angustian y preocupan a nuestra población, quedan postergados, cuando no olvidados, en este gran discurso sobre los temas existenciales del Estado español.

Hemos visto, por ejemplo, cómo el tema de si es necesario o aconsejable el derecho a la autodeterminación del País Vasco acapara prácticamente todo el espacio mediático de las campañas electorales en aquel país, mientras que las encuestas populares muestran que el tema que preocupa más a la juventud vasca es el paro, al que apenas se dedica espacio mediático en esas campañas. Lo mismo puede decirse de las campañas electorales en Cataluña, donde gran parte del espacio mediático se centra en cuestiones de identidad y esencia nacional, sin que temas de la cotidianidad de la población catalana alcancen prioridad.

Esta realidad explica que gran parte de la población catalana -y muy en particular las clases populares- se abstenga en las elecciones autonómicas, por considerar que los temas que verdaderamente le atañen no se tocan en el debate político, mediatizado por unos medios de comunicación que condicionan y determinan en gran manera lo que es importante y visible en él. Hemos visto en esas campañas el gran espacio que han ocupado temas de identidad (como el tener o no selecciones deportivas catalanas), ignorando que para la mayoría de la población catalana éste no es un tema prioritario.

Sí lo son en cambio temas de su cotidianidad que no aparecen en esos debates mediáticos, como la baja calidad de la escuela pública en Cataluña (que muestra uno de los peores indicadores de calidad de España), debido en parte a que el presupuesto por alumno es de los más bajos del país; el escaso desarrrollo de la atención primaria sanitaria, una de las más retrasadas de España, con el mayor porcentaje de población (en Barcelona más de la mitad de la ciudadanía) atendida en centros no reformados, donde el tiempo promedio de visita es mucho menor que en los centros reformados; las altas tasas de siniestralidad laboral, de las más altas de España (y de la UE); las mayores tasas de infección por sida de España (y de la UE), y un largo etcétera que queda ahogado en ese gran debate mediático sobre la identidad nacional que ha puesto, en ocasiones, el color de las camisetas de los deportistas catalanes en el centro.

El debate sobre la identidad (los grandes debates existenciales sobre la forma del Estado) no tendría por qué ahogar el debate sobre la cotidianidad si se explicara a la ciudadanía cómo la solución de los problemas de identidad resolvería los de la vida cotidiana, algo que no se está haciendo, en detrimento de la calidad democrática de nuestro país, donde se percibe un creciente distanciamiento entre lo que las clases populares -la mayoría de la población- consideran importante -la resolución de sus problemas cotidianos- y lo considerado por el stablishment mediático.

Este distanciamiento tiene su origen, en parte, en las diferencias de experiencia y percepción de nuestra realidad social existentes entre las elites mediáticas o políticas y la mayoría de la población. Ello contribuye a que se reproduzca un mensaje complaciente de satisfacción con la situación real del país. Vemos cómo, excepto en contadísimas excepciones, se transmite el mensaje de que estamos resolviendo el paro, que es el problema que más preocupa a la población española.

Se olvida en este mensaje que la tasa de paro es tan elevada en España que, incluso en el caso improbable de que descendiera durante varios años en la misma proporción en que lo ha estado haciendo desde 1994, nos costaría todavía muchísimo tiempo alcanzar el pleno empleo. Es más, el descenso del desempleo se ha interrumpido en la primera mitad del año 2001, lo cual ha aumentado el escepticismo sobre la posibilidad de conseguirlo alguna vez.

La concienciación de esta realidad explica que la mayoría de medios de información económica hayan abandonado ya el intento de llegar al pleno empleo, definiéndolo como un objetivo inalcanzable. Es importante informar a la población, sin embargo, de que el pleno empleo es posible en España si hay voluntad política para ello, lo cual no ha sido el caso ni en los gobiernos anteriores (tal como han reconocido algunos de los diseñadores de sus políticas económicas) ni en el gobierno conservador actual.

No pueden considerarse políticas públicas en pro del pleno empleo aquellas que se limitan a crear las condiciones para que el sector privado cree empleo. Y el caso español es un ejemplo claro de esta insuficiencia.

En momentos expansivos de la economía, España alcanza elevadas tasas de creación de empleo (mayores que las de Estados Unidos), que son insuficientes, sin embargo, para absorber la demanda creada por la gran destrucción de puestos de trabajo en la agricultura y por el creciente deseo de la mujer -sobre todo joven- de integrarse en la fuerza de trabajo, demanda que continuará creciendo durante muchos años debido al elevado porcentaje de mano de obra que todavía trabaja en la agricultura (el 6,7% de la población ocupada) y a la baja presencia aún de la mujer en el mercado laboral (el 38% de las mujeres adultas, un porcentaje de los más bajos de la UE), lo cual explica, a su vez, la baja tasa de ocupación de la población española.

En realidad, uno de los mayores problemas del mercado laboral español -y de los menos visibles en los medios de comunicación- es el bajo porcentaje de la población adulta que trabaja. No se están creando suficientes puestos de trabajo, y ello primordialmente es debido al escaso desarrollo de los servicios en este país, ya sean de tipo personal ya de tipo social. Si España tuviera, por ejemplo, la misma tasa de población adulta trabajando en servicios del bienestar como sanidad, educación y apoyo a las familias que la que tienen los países del norte de Europa (el 18% de la población adulta), nuestro nivel de desempleo desaparecería, a la vez que la tasa de ocupación aumentaría a niveles europeos.

Es más, el desarrollo de tales servicios de ayuda a la familia, incluyendo servicios de guardería y de atención domiciliaria a los ancianos e incapacitados, a demás de mejorar en gran medida la calidad de vida de las familias (y muy en particular de las mujeres), facilitaría la integración de la mujer en el mundo laboral, creando a su vez una demanda de los servicios que ella realizaba antes en su hogar y, por tanto, más empleo.

En España, estos servicios están muy poco desarrollados, a pesar de un discurso oficial pro familiar que los hechos denuncian como carente de credibilidad. Para ayudar a las familias españolas se requeriría que el acceso a los servicios como jardines de infancia, servicios de ayuda domiciliaria para los ancianos o personas dependientes y residencias para mayores, se declararan derechos de todos los españoles, como lo son hoy la educación y la sanidad. Esta universalización de los servicios de ayuda a las familias, además de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, contribuiría en gran manera a resolver el problema del paro en España.

La expansión de los servicios de ayuda a las familias no puede tener lugar, sin embargo, sin un apoyo muy notable del sector público español, un sector poco desarrollado en su dimensión social. Ahora bien, a esta expansión (así como a los cambios necesarios en el gasto público) se opondrían sectores y grupos muy poderosos en el país. Permítanme que les cite un ejemplo.

España dedica un 20% del gasto público sanitario a farmacia, uno de los porcentajes más altos en la UE. Este gasto no se debe a un supuesto abuso por parte de la ciudadanía o de los pensionistas en el uso de medicamentos. En realidad, en España el número de prescripciones por pensionista o ciudadano es ligeramente inferior al del resto de la UE. Las causas del elevado gasto público farmacéutico son otras. Veamos. El gobierno federal de Estados Unidos se gasta en farmacia sólo un 9% del presupuesto sanitario público, y ello se debe en parte a que el 68% de los productos farmacéuticos que el gobierno usa (compra o financia) son productos genéricos: medicamentos de idéntica potencia biológica que los comerciales pero que, al haber expirado la patente, son fabricados por empresas que producen genéricos y han sido estimuladas o facilitadas por el gobierno federal.

El genérico cuesta como media en Estados Unidos un 48% del producto comercial. En España, el Estado destina sólo un 3% del gasto público farmacéutico a productos genéricos (y los costes de éstos son, como media, un 70% de los precios para los comerciales), lo que es debido a la enorme oposición por parte de la industria farmacéutica a su utilización y producción masiva puesto que sus beneficios son menores en productos genéricos que en los comerciales. La tasa de beneficios de la industria farmacéutica, por cierto, es una de las más altas de la economía española.

Si gastáramos en farmacia el 9% de nuestro presupuesto sanitario público en lugar de un 20%, se liberarían millones y millones de euros para financiar, por ejemplo, servicios de atención a los ancianos que, además de mejorar la calidad de vida en las familias, contribuirían a una creación de empleo. No es sostenible -por mucho que se repita- el argumento de que la limitada extensión de nuestro Estado del bienestar sea el resultado de que no tengamos los recursos económicos para expandirlo. Los tenemos.

Pero existen intereses bien definidos responsables de este retraso, que se acentuará aún más como resultado de la disminución del gasto social per cápita en relación con el PIB al que estamos asistiendo en España, con una disminución de los fondos del Estado dedicados a gastos sociales como las pensiones. Tal como explico más adelante, estos datos son olvidados en una cultura mediática que enfatiza los asuntos de la identidad a costa de olvidar los acuciantes problemas de la cotidianidad para la mayoría de la ciudadanía española.




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