LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL VE INDICIOS CONTRA BARBERÁ, ALFONSO GRAU Y JORGE BELLVER
por malversación de caudales públicos y prevaricación...
Comunitat Valenciana. El ayuntamiento de Valencia cedió al Valencia CF. los terrenos del Mestalla por casi 30 millones de euros menos de su valor.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial ve indicios contra Barberá, Alfonso Grau y Jorge Bellver por malversación de caudales públicos y prevaricación.
(imagen omitida)
Obras del nuevo estadio del Valencia CF.
Foto: Fernando bustamante
* Información extraída de... (Enlace...)
Regina Laguna, Valencia.
A 29,5 millones de euros asciende la diferencia entre el valor real de los terrenos cedidos por el ayuntamiento al Valencia CF para la construcción del nuevo estadio del Mestalla y los solares más la cantidad pactada que recibirá a cambio el consistorio con motivo de la permuta aprobada en el Pleno municipal tras las recalificación de los terrenos en dos ocasiones.
La alcaldesa Rita Barberá aceptó una tasación del club sólo por el valor del estadio de 45.300.000 euros que no incluyen los usos de aprovechamiento, cuando lo que valen en realidad con las dos recalificaciones que permiten el uso para oficinas, comercial y hostelero asciende a casi 75 millones.
Tras una denuncia vecinal por este "trato de favor", la Fiscalía de Valencia ha estimado que hay indicios de criminalidad y considera responsables de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la alcaldesa Rita Barberá; al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, y al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, presentes en las recalificaciones.
Según el informe del fiscal, los tres participaron en este convenio "a sabiendas" de que estaba siendo infravalorado para favorecer al club de fútbol en detrimento del interés general de los ciudadanos.
Denuncia de los vecinos.
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación criminal hace más de seis meses tras la denuncia de la asociación de vecinos "Cercle Obert" de Benicalap, sobre el "trato de favor" que se le estaba dando al Valencia CF, entonces bajo la presidencia de Juan Soler -conocido constructor- para levantar el nuevo estadio del Mestalla.
(imagen omitida)
Los vecinos de la zona reclamaban que se conservara el "uso público de estos terrenos tal y como fueron reservados en el Plan General de Ordenación Urbana, para equipamientos públicos".
En su denuncia señalaban también que "Benicalap, Campanar, Beniferri, Marchalenes, Zaidia y Torrefiel carecían de zonas deportivas públicas o centros sociales y juveniles para el desarrollo de todos los valencianos".
El 20 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Valencia ratificó la permuta sobre los terrenos del nuevo Mestalla, por la que cedería al Valencia CF un solar de 80.000 metros cuadrados en la Avenida de las Cortes Valencianas que estaba calificada como de uso deportivo público, a cambio de 19 solares aún por determinar y 17 millones de euros que el club debería entregar.
Para ello, el ayuntamiento -que aún no ha recibido los solares ni el dinero- modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificando el terreno en uso deportivo privado. La Fiscalía destaca que en este primer momento ya se incurrió en prevaricación y en malversación de caudales públicos, ya que se aprobó "sin establecer los terrenos que se iban a dar a cambio" y, por tanto, se desconocía su valor.
A lo largo de la investigación, el fiscal encargado del caso tomó declaración a varios técnicos del ayuntamiento, pidió documentación y encargó una pericial basada en la tasación de los terrenos. Fue ésta la prueba definitiva del "trato de favor" por parte del Ayuntamiento de Valencia con el club de fútbol -una sociedad anónima privada con ánimo de lucro- en detrimento del interés general de todos los valencianos.
La prueba de cargo es la valoración de los terrenos en la Avenida Cortes Valencianas que el ayuntamiento permutó por siete solares del Valencia CF más 17 millones de euros en metálico, de los que el consistorio aún no ha recibido nada pese a que el estadio se comenzó a construir el 1 de agosto de 2007 y ya se encuentra a medio levantar.
Indicios tras la tasación.
El fiscal comenzó a encontrar indicios de delito cuando comprobó que el ayuntamiento había aceptado que el Valencia CF encargara la tasación a Gesval y que presentara justo dos meses antes, en junio de 2007, una valoración de los terrenos por 45.300.000 euros, "sin tener en cuenta los usos comercial y de oficinas" que incluían el proyecto del nuevo Mestalla.
A esta tasación acompañaba dos más, una de una empresa privada y otra de la Universidad Politécnica del Valencia, que se desestimaron. Hay que recordar que poco antes, el 23 de febrero de ese mismo año, el pleno del ayuntamiento había aprobado la primera recalificación de los terrenos. En ésta se aprobó el "uso compatible en la parcela para aprovechamiento comercial y de oficinas".
Pero, además, el Ayuntamiento de Valencia volvió a aprobar una segunda recalificación en mayo de 2008 -la que provocó la segunda denuncia de los vecinos- en la que "se permite el uso hotelero", lo que supone una modificación de la tasación que no se traduce en un cambio en el contrato de permuta.
El caso está a la espera en Madrid.
Esta tasación "a la baja" sin tener en cuenta los tres usos aprobados con las dos recalificaciones y sin saber de dónde sacará el dinero -17 millones de euros en metálico- un club en bancarrota y en desbandada es lo que ha permitido a la Fiscalía concluir que había indicios de delito, trámite previo a la denuncia ante el juzgado.
Como la alcaldesa Rita Barberá es, además, diputada autonómica y, por tanto, cargo aforado, el órgano competente para enjuiciar es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Ello obligó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia a remitir las diligencias de investigación al Fiscal Superior, Ricard Cabedo, con el visto bueno de la Fiscal Jefa, Teresa Gisbert, ya que recaería en aquél la causa.
No obstante, Cabedo no estimó indicios de delito y remitió a su vez las diligencias a la Fiscalía General del Estado para que sea Cándido Conde-Pumpido quien decida. El caso se encuentra a la espera de este trámite en Madrid.
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>> Autor: Alfonso143 (21/06/2009)
>> Fuente: Recopilaciones para Ibérica 2000.
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