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Denuncian la pérdida de 16.000 empleos en negocios eólicos en toda España.

Los sindicatos y los empresarios han dado la voz de alarma. Se han perdido más de seis mil empleos directos y diez mil indirectos. El sector del viento está parado y por ello piden al Gobierno que adelante los cupos para la instalación de molinos de viento para este año y el próximo.

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El sector eólico español no está de enhorabuena. La bonanza económica de otros años ha sufrido un parón, y también la instalación de aerogeneradores.





Los fabricantes y proveedores de este sector energético limpio y renovable aseguran que este año será nefasto. Todos los datos objetivos indican que el negocio ha sufrido un frenazo, bien sea por la situación de crisis general, por las frecuentes denuncias en los juzgados que reciben los promotores eólicos y las intervenciones judiciales o por la nueva regulación que el Gobierno aplica al sector desde el pasado año.

Así, si en 2009 se construyeron parques eólicos con una potencia de 2.898 megavatios (MW) y se comenzó la construcción de otros por 1.144, en 2010 solo se podrán poner en marcha 869 MW, una quinta parte. Y el estancamiento continúa. En el 2011 se podrán activar 1.658 MW más, y otros 961 a partir de enero de 2012.

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Todo esto provoca que no soplen buenos vientos para la energía eólica, cuyas empresas recibieron el pasado año 1.200 millones de euros en primas. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha advertido de que este recorte ya ha provocado la pérdida de 16.000 puestos de trabajo.

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El origen está en el Real Decreto 6/2009 de 7 de mayo, que fijaba un registro de preasignación al que podían concurrir todas las empresas que cumplieran unos requisitos. Algunas pudieron adaptarse rápidamente a la situación y otras no. De hecho, se presentaron solicitudes por 14.000 MW, pero solo se autorizaron 6.839, que se pondrán en marcha desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012. Hubo peticiones para instalar 7.000 MW más que no fueron autorizadas, por lo que esas empresas quedaron fuera del reparto eólico hasta 2012.






Todos ellos se sumarán a los 18.000 MW de los que ya dispone la red eléctrica. “El problema es que no negociaron la ley, la impusieron y estuvimos más de la mitad del 2009 parados, sin tener en cuenta que se tarda cinco años en tramitar y un año más en construir un parque eólico”, explica José Donoso, presidente de la Asociación Eólica Española, organización que aglutina a más de 200 empresas del sector y representa el 85 por ciento de la potencia instalada en España. El fantasma del cierre patronal ya planea sobre muchas de ellas.

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Mientras tanto, numerosos proyectos permanecen parados por la oposición vecinal y ecologista. Madrid y Extremadura son las únicas sin un solo molino de viento instalado sobre su suelo. El centenar de megavatios previsto en la zona 14 de Alicante está parado desde 2004 debido a la actuación de la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat. Mariano Tomás, de esta coordinadora, cree que “las empresas eólicas no tienen motivos para quejarse, porque han tenido ‘barra libre’ hasta 2009, que es cuando les comienzan a regular”.

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Los problemas para el sector son múltiples: por una parte se enfrenta con los ecologistas partidarios de las energías renovables, pero no a cualquier precio; con los fabricantes y promotores, que buscan rentabilidad económica y por tanto escogen emplazamientos baratos; con los vecinos del medio rural que están en contra de que les instalen molinos cerca de sus casas, y con los ayuntamientos partidarios de recibir ingresos rápidos por las licencias de obras y venta de terrenos municipales y el Ministerio de Industria y Energía.

El departamento del ministro Sebastián tiene que repartir la tarta energética entre los productores tradicionales –carbón, gas y energía tradicional–, cumplir la legislación europea en materia ecológica –que le obliga a cumplir unos baremos y unos plazos– y además debe velar porque no se dispare el precio del recibo de la luz que llega al consumidor.

En este difícil panorama el Gobierno decidió establecer unos máximos para la energía eólica desde 2010 a 2012 que no han dejado contento a nadie. José Luis García, responsable de Energía Medioambiental de Greenpeace, explica que “el sector corre un importante riesgo de reducción de actividad, ya que se montarán parques, pero no tantos.

El problema es que las renovables quitan horas de producción a las energías tradicionales. En 1997 España eligió basar su modelo energético en el gas, porque se pensaba que resultaba barato, y se firmaron contratos millonarios que ahora hay que cumplir, pero el futuro tiene que cambiar, y antes de junio de 2010 se necesita elaborar un plan para cubrir el 20 por ciento con energías renovables por ley de la UE. En el 2020 el compromiso es llegar al 40 por ciento de energía renovable”. Desde el Ministerio de Industria aseguran que van a cumplir todos los plazos de la Unión Europea y argumentan que “gracias a la nueva ley se ha conseguido estabilizar el sector y el ritmo de instalación será de 1.700 megavatios anuales como media hasta 2012, cifra algo superior a la media histórica del sector. Así que no podemos hablar de parón”.

Respecto a la ubicación de estas instalaciones, Albert Calduch, abogado tarraconense experto en temas de medioambiente, señala que: “siempre hay problemas. En Tarragona llegó a haber 70 proyectos. Hay que tener en cuenta el impacto sobre el paisaje, el impacto sobre la avifauna y problemas añadidos por el ruido o construcción de viales, la transformación del territorio…”, y añade: “El bajón que se está produciendo y se va a producir es porque al final esto no es una panacea y hay muchos riesgos que evaluar antes de iniciar la actividad”.

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Gracias a la intervención de abogados especialistas en temas medioambientales muchos vecinos han logrado paralizar la instalación de parques eólicos en su entorno.

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En enero de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resolvió a favor de varios grupos ecologistas sobre las licencias para construir dos parques en las sierras del Tallat y Vilobí. También en 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dictó dos sentencias contra la instalación de 366 molinos de viento en 17 parques eólicos de León y el Tribunal Supremo dio la razón a la propietaria de un alojamiento de turismo rural en Galicia, que logró paralizar la instalación de dos parques eólicos cerca de su alojamiento rural.

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Para Joan Ramón Mendo, de Ecologistes de Catalunya, “en esta comunidad despegaron demasiado rápido y de manera masiva. Los estudios se hacían a la medida del promotor. Los modelos masificados siempre son el problema y no se adapta el modelo industrial, siempre el forestal o el rural. Nadie piensa en los microgeneradores, más pequeños y de menor impacto. Para nosotros, los dos problemas graves de las eólicas son la especulación y la falta de legislación”.

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Desde el ministerio explican que “considerando el conjunto de energías renovables el ritmo de instalación pasará de una media de 2.300 megavatios anuales a 3.300”.

A pesar de que Extremadura es una de las dos únicas comunidades donde no se mueven las aspas de un aerogenerador, los planes aprobados en 2009 prevén instalar 22 parques eólicos, cuatro de ellos en la Sierra de Gata. Antonio Gentil, biólogo de la Plataforma para la defensa de la Sierra de Gata-El Rebollar, que incluye a nueve asociaciones ecologistas y ciudadanas, explica que “ningún parque eólico es rentable sin subvención. No entendemos por qué durante las dos últimas décadas se ha impulsado un modo de vida tradicional y rural para el fomento del turismo rural y ahora esos suelos se convertirán en industriales. Todavía no se han construido, pero ya hay cientos de alegaciones. En el decreto de la Junta se exige que se creen tres puestos de trabajo por megavatio instalado, pero eso será mientras se construyan porque después el mantenimiento es pequeño”.

Sin embargo, según la AEE, “el ministerio debe rectificar, porque para 2020 y 2030 tenemos que seguir desarrollando la eólica. Por ello insistimos en que si no se ha rectificado, no habrá una industria nacional que pueda hacerse cargo de esa nueva fase de desarrollo y tengamos que echar mano de la importación”.

No es tan grave –aseguran en Industria–.
"Los eólicos hacen cálculos escogiendo solo dos años, el 2004 y 2007, donde las cifras estuvieron claramente por encima de lo normal. Además, omiten que el año 2009 se instalaron más de 2.500 megavatios, que es uno de los valores máximos, lo que va a dificultar que se instalen más en 2010, y el problema del sector eólico son las expectativas. Se previeron dos años de punta (2009 y 2010) aprovechando el cierre del sistema regulatorio y el antecedente del sector fotovoltaico. En 2009 se pusieron por encima de la media y en 2010 pensaban hacer lo mismo, lo que hubiese provocado un cataclismo en el sistema en 2011”. Desde la AEE recuerdan que “se han perdido 16.000 empleos entre directos e indirectos y calculamos que se pueden perder otros 8.000 más durante los próximos años si no podemos crecer”.
* Información publicada y extraída de... (Enlace...)


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